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Sentencia A.P. Pontevedra 353/2010 de 28 de septiembre


 RESUMEN:

Entidades aseguradoras: Responsabilidad solidaria junto con una empresa concesionaria de autopistas, que tiene la obligación de conservación de la vía en condiciones de utilización que impliquen la supresión de las causas que originan inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de la vía. Colisión de un vehículo contra un madero, cuando efectuaba una maniobra de adelantamiento. Reclamación derivada de accidente de tráfico.

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00353/2010

LA SECCIÓN TERCERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, constituida en Tribunal unipersonal por el

Magistrado Ilmo. Sr. D. JAIME ESAIN MANRESA, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL REY, la siguiente:

SENTENCIA N.º: 353/2010

En PONTEVEDRA, a veintiocho de Septiembre de dos mil diez.

Visto el recurso de apelación contra la sentencia recaída en los autos de juicio verbal civil n.º 0638/09, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Caldas de Reis (Rollo de Sala número 17/10) en el que son partes como apelante "MAPFRE FAMILIAR, S.A.", que se personó en esta instancia representada por el Procurador D.- Pedro Sanjuán Fernández; y como apelada "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.", que se personó en esta instancia representada por el Procurador D.- José Portela Leirós.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Con fecha 28 de enero de 2010, recayó sentencia en los autos de que se deja hecha mención, cuyo fallo, literalmente dice: "DESESTIMANDO la demanda promovida por Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., contra Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A., debo absolver y absuelvo al demandado de las pretensiones contra el formuladas.

Todo ello sin expresa imposición de las costas causadas en esta instancia".

Segundo.-Contra dicha sentencia se preparó, en tiempo y forma, recurso de apelación por "MAPFRE FAMILIAR, S.A.", recayendo resolución del juzgado de instancia por la que se tuvo por preparado el recurso y se acordó emplazar a la parte recurrente al objeto de que lo interpusiera en legal forma, lo que efectuó dentro del plazo legal, y conferido traslado a las restantes partes, con emplazamiento por diez días, al objeto de que formularan oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que resultara desfavorable, por "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.".

Tercero.-Remitidos los autos a esta Audiencia con los escritos de interposición al recurso y de impugnación al mismo correspondió su conocimiento a esta Sección, por turno de reparto de fecha 30 de abril de 2010, sin que por las partes se haya propuesto prueba ni se haya solicitado la celebración de vista.

Cuarto.-En la tramitación del presente recurso se han cumplido las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
No se aceptan los contenidos en la resolución impugnada.

Primero.-La sentencia apelada desestimó demanda de juicio verbal interpuesta por la mercantil MAPFRE FAMILIAR, SA - aseguradora del vehículo Toyota Corolla matrícula 5635-FDH- frente a la entidad AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, SA y a la aseguradora MUTUA VALENCIANA AUTOMOVILISTA, en reclamación principal de 704,66 euros, derivada de accidente de tráfico sucedido el 12.6.2009 a la altura del p.k. 101,7 de la Autopista A9, término municipal de Caldas de Reis (Pontevedra), en el ámbito dispositivo de los arts. 1.902 CC, 43 y 76 LCS y 27 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión.

Segundo.-Como establece SAP Barcelona (Secc. 16.ª) 29.11.2009, el concesionario de una autopista de peaje, tiene por imperativo de lo dispuesto en art. 27 de la Ley de 10 de mayo de 1972, una obligación positiva de conservación de la vía en condiciones de utilización que implican la supresión de las causas que originan inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de la vía. Esta obligación positiva del concesionario de autopista, que se traduce en una expectativa de conducción segura en alta velocidad, impone sobre la concesionaria la carga de la prueba de la inevitabilidad respecto de existencia de obstáculos; inevitabilidad, prevista en el art. 1105 del Código Civil y que eximirá de responsabilidad respecto de aquella seguridad en la conducción que el usuario tiene derecho a esperar en razón del contrato de peaje y la normativa particular de este tipo de vías. La sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1998, si bien descarta la existencia de responsabilidad objetiva, mantiene un alto componente de objetivación recordando la doctrina jurisprudencial del agotamiento de la diligencia necesaria, indicando que "no se elimina ni siquiera con el puntual cumplimiento de las precauciones y prevenciones legales y reglamentarias de las aconsejadas por la técnica si todas ellas se revelan insuficientes para la evitación del riesgo, erigiéndose como canon la exigencia de "agotar la diligencia". A igual resultado de exigencia inversión de carga de la prueba nos lleva la aplicación de las previsiones de los arts. 25 y 27.1.a) de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios.

Tercero.-En el supuesto enjuiciado se ofrece indiscutida la colisión del vehículo Toyota contra madero, cuando efectuaba maniobra de adelantamiento, recibiendo desperfectos que, en virtud de seguro a todo riesgo, desembocaron en abono por la actora de 704,66 euros, según factura y finiquito obrantes a fs. 13 y 14. Dicho siniestro tuvo lugar el 12.6.2009 en zona de rodadura de la autopista, de acuerdo a informe de DGT y testificales aportadas por la parte demandante en cumplimiento de art. 217.2 LEC.

No demuestra, por el contrario, la concesionaria codemandada (art. 217.3 LEC) haber extremado las precauciones o agotado la diligencia requeridas en labores de vigilancia y conservación en orden a evitar la producción del accidente. En tan relevante apartado se limita a incorporar informe del departamento de Conservación y Mantenimiento de la propia AUDASA en la que se acredita el trabajo de retirada posterior del madero o sus restos, sin información concreta de medidas previas relacionadas con la circunstancia espacio-temporal analizada (fs. 56 ss), imponiéndose, a la postre, el acogimiento del reproche responsable conforme a art. 27 LA, de acuerdo al principal reclamado (704,66 euros) y a aplicación de intereses legales desde la interposición de la demanda previstos en arts. 1.100 y 1.108 CC, bien entendida la inaplicación del art. 20 LCS al ejercicio de la acción de repetición del art. 43 LCS.

Se estimará sustancialmente la demanda, revocándose la sentencia en los términos fundamentados.

Cuarto.-La concluida estimación sustancial de demanda conllevará la imposición de costas de primera instancia a la parte demandada, y el no pronunciamiento en costas de la alzada, según arts. 394.1 y 398.2 LEC.

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey.


FALLO


 
Estimar el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Lucía Latorre Bua, en nombre de MAPFRE FAMILIAR SA, y revocar la sentencia impugnada, dictada en fecha 28 de enero de 2010 por el Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de Caldas de Reis, estimando sustancialmente la demanda y condenando conjunta y solidariamente a las demandadas AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, SA y MUTUA VALENCIANA AUTOMOVILISTICA, a pagar a la actora MAPFRE FAMILIAR, SA la suma de 704,66 euros, con aplicación de intereses legales desde la interposición de la demanda, con imposición de costas de primera instancia a la parte demandada, y sin hacerse pronunciamiento en costas de la alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas en la forma establecida en el artículo 248.4 de la LOPJ.

Firme esta resolución, expídase testimonio de la misma y remítase junto con los autos, al Juzgado de procedencia, tomándose las oportunas notas en los libros de registro de esta Sección.

Así, por esta Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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