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Sentencia A.P. Madrid 616/2010 de 6 de octubre


 RESUMEN:

Accidente de circulación: Estimación parcial de la demanda de daños y perjuicios contra la mutua de seguros y el responsable del accidente, de forma solidaria. Lesiones y secuelas: Ocupantes de los vehículos. Factor de corrección: Invalidez permanente absoluta que obedece al accidente de tráfico acaecido, pese a que la apelante tuviese padecimientos previos.

 

MADRID

SENTENCIA: 00616/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCION DUODECIMA

ROLLO N.º: 459/2009

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 60 DE MADRID

AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO N.º 636/2008

DEMANDANTE/APELANTE: D.ª Raquel

PROCURADOR: D. ANTONIO ANGEL SANCHEZ-JAUREGUI ALCAIDE

DEMANDADA/APELADA: MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA

PROCURADOR: D. JORGE DELEITO GARCIA

DEMANDADO/APELADO/INCOMPARECIDO: D. Juan Enrique

PROCURADOR: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

PONENTE: ILMA. SRA. DÑA. ANA MARIA OLALLA CAMARERO

SENTENCIA N.º 616

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. FERNANDO HERRERO DE EGAÑA Y OCTAVIO DE TOLEDO

D.ªANA MARIA OLALLA CAMARERO

D.ªMARGARITA OREJAS VALDES

En MADRID, a seis de octubre de dos mil diez.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección duodécima de la Ilma. Audiencia Provincial de MADRID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO N.º 636/2008, procedentes del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 60 de MADRID, a los que ha correspondido el Rollo 459/2009, seguido entre partes, de una como demandante/apelante D.ª Raquel representada por el Procurador D. ANTONIO ANGEL SANCHEZ-JAUREGUI ALCAIDE, y como demandados/apelados MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA representada por el Procurador D. JORGE DELEITO GARCIA y D. Juan Enrique no personado en esta instancia, sobre reclamación de cantidad por daños y perjuicios por accidente de tráfico, y siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. D.ª ANA MARIA OLALLA CAMARERO.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.

Segundo.-Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 60 de MADRID, por el mismo se dictó sentencia con fecha 30 de marzo de 2009, cuya parte dispositiva dice: "Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador D. Antonio Angel Sánchez-Jáuregui Alcaide en la representación que ostenta, 1. Condeno a Mutua Madrileña Automovilista y a D. Juan Enrique a pagar solidariamente a D.ª Raquel la cantidad de 36.626,62 euros. 2. Condeno a los demandados a satisfacer los intereses de demora de dicha cantidad conforme a lo desglosado en el fundamento de derecho sexto de esta resolución. 3. No procede hacer expresa condena en costas". Notificada dicha resolución a las partes, por la representación procesal de D.ª Raquel se interpuso recurso de apelación, que fue admitido, dándose traslado a la parte contraria que se opuso, y cumplidos los trámites correspondientes, se remitieron los autos originales del juicio a este Tribunal donde han comparecido los litigantes, sustanciándose el recurso en la forma legalmente establecida, señalándose para llevar a efecto la deliberación, votación y fallo del mismo el pasado día 29 DE SEPTIEMBRE, en que ha tenido lugar lo acordado.

Tercero.-En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución impugnada, en todo cuanto no aparezca contradicho o desvirtuado, por los que se expresan a continuación.

Segundo.-El recurso de apelación dimana de la Acción ejercitada en Primera Instancia por D.ª Raquel, contra Mutua Madrileña Automovilista y D. Juan Enrique en reclamación de una indemnización en la suma de 209.636,99 €, por las lesiones y secuelas sufridas cuando iba como ocupante en un vehículo, desplazándolo hacia otro que se encontraba detenido por otro accidente. El vehículo que impactó con el de la demandante se encontraba asegurado en MUTUA MADRILEÑA.

Habiéndose dictado sentencia que estima en parte la demanda respecto a las sumas peticionadas en concepto de lesiones y secuelas.

Tercero.-Se interpone recurso por la representación de D.ª Raquel, no discutiendo la dinámica del accidente sino las sumas que se han reconocido como indemnizaciones en su favor respecto de los días de incapacidad temporal padecidos y el importe asignado al factor de corrección derivado de la situación de incapacidad permanente absoluta, no la indemnización por secuelas permanentes.

En primer lugar, se impugna por la que fuera demandante, la valoración de la indemnización correspondiente al factor de corrección fundado en la situación de invalidez absoluta. La sentencia reconoce dicha incapacidad permanente absoluta y la cuantifica en 75.231,71€, cuantificación que tampoco cuestiona la apelante, pero la sentencia reduce dicha suma en un 70%, moderación que no acepta la recurrente.

Entiende la recurrente que la sentencia fundamenta dicha resolución en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 2 de Sevilla de fecha 13/2/07, que reconoce una incapacidad permanente absoluta derivada del accidente no laboral a D.ª Raquel, recogiendo a la vez que las lesiones derivadas del accidente, otras que existían con anterioridad como la fibromialgia, indicando esta resolución como causa de dicha invalidez el accidente de circulación por lo que determina que la contingencia aplicable es la de accidente no laboral, dato que no ha tenido en cuenta la sentencia apelada. Considerando que la reducción efectuada es improcedente o en todo caso excesiva, pues pese a que D.ª Raquel padecía fibromialgia y dolencias cardiacas antes del accidente llevaba a cabo una vida normal en su ámbito laboral, y sólo tras el accidente es cuando se inicia un proceso de incapacidad temporal que devino en la declaración de invalidez absoluta.

La Sala efectivamente no comparte el criterio del Juzgador de Instancia pues si bien es un hecho que nadie discute que D.ª Raquel padecía de una serie de enfermedades como eran la fibromialgia y problemas cardiacos ya antes de que ocurriese el accidente. Pero no se ha acreditado por la demandada, que es la que opone esta razón como causa determinante de las secuelas, que antes del accidente sufriera por estas lesiones bajas laborales, o le afectara en modo alguno al desempeño de su trabajo, por lo que no cabe afirmar que fuese este el factor desencadenante de la incapacidad laboral que se le ha reconocido en este momento.

En el presente caso la Sala considera que no sólo hemos de tener en cuenta la lectura de la sentencia de lo social, sino también el informe médico del perito que ha reconocido a la demandante, haciendo hincapié en el razonamiento de la sentencia de instancia sobre la irrelevancia probatoria del peritaje del técnico propuesto por la demandada que ni reconoció a la paciente, ni lo solicitó para elaborar su diagnostico, con lo cual se basa en consideraciones generales que no tienen en cuenta los padecimientos y estado de la paciente concreta, a la que en ningún momento ha estudiado y reconocido.

En este extremo de la eficacia probatoria de la prueba pericial la doctrina que sienta la STS 11 mayo 1981, al indicar que "la fuerza probatoria de los dictámenes periciales reside esencialmente, no en sus afirmaciones, ni en la condición, categoría o número de sus autores, sino en su mayor o menor fundamentación y razón de esencia, debiendo tener por tanto como prevalentes en principio aquellas afirmaciones o conclusiones que vengan dotadas de una superior explicación racional, sin olvidar otros criterios auxiliares como el de la mayoría coincidente o el del alejamiento al interés de las partes". Y en el presente caso es evidente que el estudio directo de la paciente, otorga un mayor peso adveraticio a este informe frente al presentado de contrario.

Pues bien, lo que se deduce tanto de dicho informe pericial como de la sentencia de lo Social es que efectivamente existían unas patologías previas como fibromialgia y lesiones cardiacas, pero las mismas no habían ocasionado hasta el momento la declaración de incapacidad permanente absoluta, lo que desencadenó esta declaración de incapacidad es evidente que fue el accidente ocurrido, sin que hubiera iniciado procedimiento previo a la accidente para conseguir esta declaración de incapacidad. Por lo que podemos deducir que en el caso de que este no hubiera ocurrido, la demandante con sus enfermedades y padecimientos hubiera seguido trabajando sin que se produjera esta declaración de incapacidad permanente absoluta.

Por ello entendemos que el discurso del apelante es lógico, y debe ser apreciado, es evidente que la demandante tenía unos padecimientos previos, pero la declaración de incapacidad en el grado que se produjo obedeció al accidente de tráfico acaecido.

Por lo cual, la Sala considera ya no excesiva la moderación de dicha indemnización, sino improcedente, dada la escasa incidencia de dichos padecimientos previos en la incapacidad declarada a D.ª Raquel cuyo factor determinante fue claramente el accidente de trafico. Sin que tenga trascendencia adveraticia el informe de los detectives Lince & Crinfe, pues lo único que prueban es que D.ª Raquel no sigue las prescripciones médicas que mejor la convendrían para sus padecimientos, al coger pesos o permanezca de pie, pero esto no resta credibilidad a sus padecimientos claramente diagnosticados por un especialista en medicina, y reconocidos por una sentencia del orden social.

En consecuencia debe estimarse este motivo del recurso, revocando este pronunciamiento y reconociendo a la demandante, que debe ser indemnizada en la cantidad fijada de 75.231,71€, la incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo que le ha sido reconocida al actor.

Cuarto.-Igualmente se impugna por la representación de D.ª Raquel que se hayan limitado los días en los que ha estado incapacitada temporalmente a 90 días, refiriendo este periodo de curación sólo a las lesiones cervicales, e ignorando no sólo las otras lesiones detectadas, sino también el agravamiento de lo padecimientos previos de la demandante. Es por ello que todas estas circunstancias son las que han motivado que el tratamiento medico haya sido más complejo y largo de lo habitual hasta los 565 días reclamados.

La Sala igualmente tras estudiar el informe pericial elaborado por D. Jose Ignacio y auditar la grabación en juicio, llega a diferente conclusión que el Juzgador de Instancia, efectivamente el tiempo de duración media de unas lesiones cervicales son 90 días, normalmente. Pero este protocolo no es aplicable de modo uniforme a todas las personas que lo sufren, habrá de estarse a las características y circunstancias que confluyen en la tipología de cada paciente en orden a reconocer un mayor o incluso un menor periodo de curación. Y en el caso que nos ocupa lo que se ha acreditado claramente es que D.ª Raquel no presentaba un óptimo estado de salud, presentaba unas patologías previas, que condicionaron su recuperación y la alargaron. No se había logrado según dictaminó claramente el perito D. Jose Ignacio en el acto del Juicio una estabilidad de sus lesiones antes del periodo de 575 días, como lo evidenciaban los partes de baja de su médico de cabecera, que era quien llevaba el seguimiento continuada de la paciente. Pero es que además como el mismo especialista claramente estableció no se trataba sólo de curar un simple esquince cervical, sino también unas protusiones de tipo traumático que el perito claramente la diagnostica en base las pruebas practicadas a la paciente, y cada persona evoluciona de una manera diferente, que escapa a los protocolos de duración normal, sobre todo con los padecimientos previos que agravaron y retardaron la curación de D.ª Raquel.

Por tanto, también este pronunciamiento debe ser revocado, considerando la Sala que el tiempo de curación debe ser el diagnosticado de 575 días, lo que se corresponde con una indemnización de 26.340,75€, mas el 10% que reconoce la sentencia de 3.499,67€.

Lo que en consecuencia y teniendo en cuenta lo razonado y las conclusiones del fundamento anterior nos llevan a la revocación en parte de la sentencia en cuanto a estos dos conceptos indemnizatorios impugnados, y consiguientemente la indemnización a reconocer a D.ª Raquel será la instada en su recurso de apelación de 113.728,10€ a que se condena solidariamente a los demandados, manteniéndose los restantes pronunciamientos.

Quinto.-Dado que la revocación de la sentencia mantiene la estimación parcial de las pretensiones de la demandante, es correcta la no imposición de costas en primera Instancia pronunciamiento que se mantiene.

En cuanto a las costas de esta alzada, al estimarse en parte el recurso de apelación, no procede formular condena en las costas de esta alzada, a tenor del reiterado Art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que, estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por D.ª Raquel representada por el Procurador D. Antonio Angel Sánchez-Jáuregui Alcaide, contra la sentencia dictada en fecha 30 de marzo de 2009 por el Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 60 de Madrid, en el juicio de que dimana el presente rollo, procede REVOCAR en parte la expresada resolución:

1.º) Condenando a los demandados Mutua Madrileña Automovilista y D. Juan Enrique a abonar a la demandante, solidariamente, D.ª Raquel, la suma total de 113.728,10€.

2.º) Se mantienen los restantes pronunciamientos en cuanto al devengo de intereses.

3.º) Sin imposición de costas en ambas instancias.

Esta sentencia es definitiva y cabe interponer contra ella recurso de casación o el recurso extraordinario por infracción procesal, si se cumplen los requisitos legales.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, acompañados de certificación literal de esta resolución para su cumplimiento y ejecución.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala y se notificará conforme al art.208.4 L.E.C., lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por la Ilma. Magistrada Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretaria certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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