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Sentencia A.P. Palma de Mallorca 389/2010 de 15 de octubre


 RESUMEN:

Responsabilidad solidaria: Indemnización por la aseguradora y la parte responsable a la actora por las secuelas, la incapacidad temporal, la incapacidad permanente, la adaptación de la vivienda, el vehículo adaptado, los gastos médicos hospitalarios y los intereses de demora. Responsabilidad del asegurado cuando con su vehículo no se percató de la señal de stop que le obligaba a detenerse en una intersección, rebasando la señal y golpeando un vehículo, que salió en dirección hacia la acera atropellando a una peatón que paseaba con su bebe.

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00389/2010

Rollo: RECURSO DE APELACION 394/10

SENTENCIA N.º 389

ILMOS. SRES.

PRESIDENTE:

DON CARLOS GOMEZ MARTINEZ

MAGISTRADOS:

DOÑA M.ª ROSA RIGO ROSSELLÓ

DON GUILLERMO ROSSELLÓ LLANERAS

En PALMA DE MALLORCA, a quince de Octubre de dos mil diez.

VISTOS por la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos juicio Ordinario seguidos ante el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 6 de Inca, bajo el número 482/07, Rollo de Sala n.º 394/10, entre partes, de una como actora-apelante Doña Angelica, representada por la Procuradora doña Juana M.ª Serra Llull y asistido por el Letrado Francisco Ramos de otra, como actores-apelantes por vía de impugnación don Jaime y la entidad la Estrella S.A. de Seguros y Reaseguros, representados por el Procurador don Juan J. Pascual Fiol asistido por el Letrado por el Letrado don Cristóbal Ripoll Sánchez.

ES PONENTE la Ilma. Sra. Magistrada doña M.ª ROSA RIGO ROSSELLÓ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado 1.ª Instancia n.º 6 de Inca, se dictó sentencia en fecha 9 de Septiembre de 2009, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Se acuerda estimar parcialmente la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales doña Juana M.ª Serra Llull, en nombre y representación de doña Angelica, y condenar a don Jaime y a la entidad La Estrella S.A. de Seguros y Reaseguros, a satisfacer solidariamente a la demandante la suma de 38.825'54 euros (s.e.u.o), que devengarán respecto a la aseguradora el interés legal previsto en el art. 20 LCS esto es el legal incrementado en un 50% desde la fecha del accidente (22 de junio de 2001), si bien pasados dos años desde dicha fecha el interés será del 20%, absolviendo a los codemandados de las demás pretensiones efectuadas en su contra. Se declaran las costas de oficio por lo que cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad. No obstante, respecto a la parte de los gastos que ha de abonar la parte codemandada, al comparecer el demandado particular y su aseguradora bajo una misma defensa y representación, el pago de dicha parte de las costas corresponde a la aseguradora codemandada, obligada a asistir jurídicamente a su cliente conforme al artículo 74 de la Ley de Contrato de Seguro y que ha provocado la reclamación al no atender las legítimas pretensiones del actor". En fecha 9 de febrero de 2010, recayó auto aclaratorio del tenor literal siguiente: "1.- Se acuerda haber lugar a la corrección de error material de la sentencia dictada en fecha 9 de septiembre de 2009 de la forma siguiente: El último párrafo del Fundamento jurídico tercero queda redactado del siguiente modo: "Por lo anterior, aplicando el baremo para el año 2002, correspondiente a la época de la sanidad, según el informe forense que entendemos ajustado a las circunstancias objetivamente acreditadas resulta una indemnización de 13.567'50 euros por los días de baja impeditivos y hospitalarios. Asi mismo el fallo de la sentencia se modifica en el siguiente sentido: "Se acuerda estimar parcialmente la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales doña Juana M.ª Serra Llull, en nombre y representación de doña Angelica, y condenar a don Jaime y a la entidad la Estrella S.A., de Seguros y Reaseguros, a satisfacer solidariamente a la demandante la suma de 39.383'71 euros (s.e.o.u), que devengarán respecto a la aseguradora el interés legal previsto en el artículo 20 LCS esto es el legal incrementado en un 50% desde la fecha del accidente (22 de junio de 2001), si bien pasados los años desde fecha el interés será del 20%, absolviendo a los codemandados de las demás pretensiones efectuadas en su contra. 2. Se acuerda no haber lugar al complemento de la sentencia en relación a la aplicación del factor de corrección sobre los días de baja".

Segundo.-Contra la expresada sentencia, y por las representaciones de las partes actora-apelante principal y demandados-apelantes por vía de impugnación, se interpusieron sendos recursos de apelación y de impugnación respectivamente, que fueron admitidos y seguidos los recursos por sus trámites por esta Sala se acordó el señalamiento para la votación y fallo el día 15 de octubre de 2010.

Tercero.-En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Se aceptan los de la resolución de instancia.

Primero.-Doña Angelica interpuso la demanda de juicio ordinario origen de los autos de que deriva el presente rollo contra don Jaime y la Compañía aseguradora La Estrella, en solicitud de que se dicte sentencia por la que se condene a los expresados demandados a abonar solidariamente a la actora la cantidad de 486.448'38 euros, a razón de:

- Secuelas ------------------------ 52.888'40 euros.

- Incapacidad Temporal ------------ 17.403'74 euros.

- Incapacidad Permanente-----------150.463'41 euros.

- Adaptación vivienda-------------- 38.793'73 euros.

- Vehículo adaptado --------------- 1.025'42 euros.

- Gastos médicos hospitalarios----- 10.065'47 euros.

- Intereses de demora--------------215.808'21 euros.

Don Jaime no compareció en autos y fue declarado en rebeldía.

La entidad aseguradora La Estrella se personó en autos concordó la responsabilidad de su asegurado en el accidente y solicitó que su condena se concretara en indemnizar por 300 días de baja impeditiva y por 7 puntos de perjuicio estético.

En fecha 9 de septiembre de 2009 recayó sentencia por la que se estimaba en parte la demanda y se condenaba a los demandados a abonar solidariamente a la actora la cantidad de 39.383'71 euros más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, a razón de:

- 13.567'50 euros por días de baja impeditivos y hospitalarios.

- 13.816'44 euros por las secuelas.

- 1.934'30 euros por factor de corrección.

- 10.065'47 euros por gastos médicos.

La expresada resolución constituye el objeto del presente recurso de apelación al haber sido recurrida por vía directa por doña Angelica y por vía de impugnación por la entidad aseguradora La Estrella.

La Sra. Angelica ha mostrado su disconformidad con la sentencia de instancia en los siguientes extremos:

1.º) Los días de bajas hospitalaria ascienden a 27 días.

2.º) Existe relación de causalidad entre la protrusión discal, lesión radicular y el accidente.

3.º) Considera que se debe apreciar la existencia de invalidez permanente.

4.º) Estima que los demandados deben abonar los gastos de adaptación de la vivienda de la Sra. Angelica y el alquiler de vehículo adaptado.

5.º) La sentencia no aplica el factor de corrección del 14% a la indemnización temporal por día de baja.

La entidad aseguradora La Estrella disiente de la sentencia de instancia en los dos extremos siguientes:

- Considera que no concurre la secuela de depresión postraumática, ya que el origen de la misma se debe a la protusión discal de carácter degenerativo o artrósico y posterior operación quirúrgica, y no a las consecuencias derivadas del accidente de tráfico.

- Estima que no procede su condena al pago de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

Segundo.-Sobre las 11'50 horas del día 22 de junio de 2001 ocurrió un accidente de circulación en la C/ Vía Suiza cruce con Avenida Centro de C'an Picafort, cuando el vehículo Renault 19 matrícula DW-....-IW conducido por su propietario don Jaime y asegurado en la compañía La Estrella, no se percató de la señal de stop que le obligaba a detenerse en dicha intersección, rebasando la señal y golpeando al vehículo Critoen Jumper RB-....-RB, que salió en dirección hacía la acera atropellando a la peatón doña Angelica, que paseaba con su bebe en el cochecito.

La Sra. Angelica fue atendida en el hospital de Muro donde se le diagnosticó: heridas inciso contusas con pérdida de sustancia en ambas piernas, afectación músculo-aponeurótica en gemelo pierna izquierda y fractura arrancamiento cabeza próximal del peroné derecho.

Obran en autos cuatro informes emitidos por la médico forense doña Sofía ratificados por su autora a presencia judicial, que expresan que la Sra. Angelica a consecuencia de las heridas anteriormente indicadas precisó 300 días para su curación, trece de los cuales con tratamiento médico intrahospitalario, quedándole como secuelas cicatrices postraumáticas en ambas rodillas.

Obra en autos, aportado por la parte demandada, un informe pericial realizado por don Arturo, especialista en traumatología y Cirugía ortopédica, ratificado por su autor a presencia judicial, que señala que la Sra. Angelica invirtió en su curación el tiempo aproximado de 231 días, de los cuales 13 fueron de hospitalización y el resto de tipo impeditivo. Considera el expresado perito que las secuelas de la Sra. Angelica consisten en cicatrices de unos 10 cm. en la cara externa de la rodilla izquierda, de unos 10 cm. en la cara interna de la rodilla derecha, de unos 5 cm. en la cara externa del muslo izquierdo y de unos 7 cm. en la cara interna de la pierna izquierda.

La parte actora ha aportado junto con su demanda un informe médico realizado por don Clemente, ratificado a presencia judicial, que establece que la Sra. Angelica curó de sus lesiones después de 300 días de tratamiento extrahospitalario y 27 de tratamiento intrahospitalario, quedándole como secuelas: Lumbociatalgia debida a protusión discal intervenida, lesión radicular post-traumática, depresión post-traumática, perjuicio estético e invalidez permanente absoluta.

La juzgadora de instancia en su sentencia considera que la protusión discal no tiene su causa en el accidente acaecido el 26 de junio de 2001, pronunciamiento que ahora es impugnado por la Sra. Angelica.

En el parte de urgencias del hospital de Muro no se hace alusión alguna a que la zona lumbar se viera afectada en el accidente -documental del folio 270-.

En el historial clínico de la Sra. Angelica no aparece referencia alguna a la protusión discal hasta el mes de febrero de 2002, siete meses después del accidente, siendo que dicha secuela produce sintomatología que se manifiesta desde el primer momento.

La Intervención quirúrgica a la que fue sometida la Sra. Angelica -microdistectomía- consistente en la liberación del nervio, no suele coincidir con un accidente de tráfico, sino con un proceso degenerativo del disco.

Los doctores Sres. Geronimo, Hugo y Jacobo no han ratificado sus informes a presencia judicial, únicamente el fisioterapeuta Sr. Lucio ha acudido a la citación judicial y ha ratificado los documentos de los folios 47 y siguientes en que señala que la operación de microdistectomía "parece estar relacionada" con el accidente de tráfico y que las limitaciones que padece la actora "parecen ser atribuidas" al trauma sufrido.

El contenido de los informes emitidos por los médicos ingleses ha sido examinado y valorado tanto por la médico Forense Sra. Sofía, como por el perito propuesto por la parte demandada don Arturo, como por el propuesto por la parte actora don Clemente, coincidiendo los dos primeros en negar relación de causa -efecto entre la protusión discal y el accidente de tráfico.

La prueba pericial es, por principio general, de apreciación libre y no tasada, pues ni el artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 ni el artículo 1240 del Código Civil (actualmente el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000), contienen una norma sustantiva, sino la mera referencia a un elemento ilustrativo para el juzgador, valorable por éste según su prudente arbitrio, tal como señalan, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 14 y 18 de octubre de 2000, 4 y 24 de julio de 2000, 12 de abril de 2000, 7 y 15 de diciembre de 1999, 26 de noviembre de 1999, 13 y 31 de octubre de 1998, 10 y 13 de mayo de 1996, 3 de marzo de 1976, 18 de febrero de 1977 y 25 de febrero de 1888. Se impone recordar también, para la adecuada resolución del presente recurso, que la ley ha establecido un sistema en virtud del cual los Jueces y Tribunales apreciaran la prueba pericial según las reglas de la sana crítica, sin estar obligados a sujetarse al dictamen de los peritos, lo que de ninguna manera significa desconocer la trascendencia de los mismos y la esencial colaboración que prestan a los Tribunales, pero si que esta facultad de elección y decisión viene atribuida a los Jueces que, en contemplación de un pluralidad de criterios periciales, deben optar por aquel o aquellos que a su juicio ofrezcan mayor aproximación o identificación a la realidad de los hechos, pudiendo acoger parte de alguno o algunos de los dictámenes, o rechazar la totalidad o parte de ellos.

Aplicando la expresada doctrina al caso de autos este Tribunal estima de todo punto correcta la solución de la juzgadora de instancia en su sentencia, que se ha decantado por el informe de la médico forense, dada la garantía de imparcialidad y objetividad que ofrece y ser coincidente con el dictamen presentado por una de las partes hoy litigantes, conclusión que no puede quedar desvirtuada por las argumentaciones de la parte actora en su recurso, que se basan en una interpretación subjetiva, parcial y sesgada del conjunto de la prueba obrante en autos.

Al no haber quedado acreditada la relación causal entre la lesión lumbar y el accidente de tráfico, no procede incrementar los días de baja hospitalaria a 27 por las dos intervenciones de microdistectomía.

Por los mismos motivos tampoco procede conceder indemnización alguna a la demandante por la adaptación de la vivienda familiar y el vehículo.

Tercero.-Solicita la actora en su recurso que se aplique el factor de corrección del perjuicio económico del 14% aplicado a la indemnización por incapacidad temporal.

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de junio de 2000, declaró la inconstitucionalidad del apartado B) de la Tabla V del Anexo de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (factor de corrección por perjuicios económicos en incapacidades transitorias), entre otras razones, por no ser apto para atender la pretensión de resarcimiento por lucro cesante de las víctimas o perjudicados con arreglo a la prueba suministrada en el proceso e infringirse, con ello, el derecho a la tutela judicial efectiva.

El Tribunal Constitucional, aceptando que los sistemas de responsabilidad objetiva cabe limitar la determinación del daño objeto de resarcimiento, considera que la inconstitucionalidad declarada afecta únicamente a los supuestos en los cuales se acredite que el conductor responde en virtud de culpa relevante. Con ello se sienta implícitamente que una valoración insuficiente del daño por la ley puede ser equivalente a una limitación de la indemnización. Esta limitación es admisible si la CE la permite y así ocurre si no hay culpa del causante del daño.

En virtud de esta Sentencia del Tribunal Constitucional se ha incorporado al anexo de Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de Vehículos a Motor una explicación para la Tabla V que exceptúa de su aplicación el caso en "que se apreciara en la conducta del causante del daño culpa relevante y, en su caso, judicialmente declarada". Se entiende que en este caso el importe de la indemnización vendrá determinado por los perjuicios efectivamente probados, si son superiores.

La Sentencia 181/2000 se ha venido interpretando mayoritariamente en el sentido que otorga potestad al juzgador para conceder, en los casos de culpa relevante, bien la aplicación de los factores de corrección o bien la indemnización por los perjuicios económicos acreditados en juicio, de modo que siempre, en defecto de prueba de perjuicios económicos mayores, se podía aplicar el factor de corrección del apartado"B" de la Tabla "V" del baremo indemnizatorio. En otro caso, atentaría contra la interpretación lógica de la sentencia del Tribunal Constitucional la posibilidad de que se considerase de peor condición al perjudicado por un accidente en el que fuera declarada en juicio la culpa relevante expresamente probada del causante, frente a aquel perjudicado que, sin haber llegado a acreditar propiamente la culpa del demandado, ésta se presumiera por aplicación de las teorías sobre la objetivación de la responsabilidad. Conclusión que, además de resultar absurda, conduciría a que podría ser más favorable al demandante una posición procesal plenamente pasiva en el orden probatorio, que la posesión procesal activa a la búsqueda de los elementos de acreditación que evidenciaran la culpabilidad relevante de la contraparte. En consecuencia, la correcta interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional determina que el factor de corrección se ha de aplicar también a los días de baja, ya sin culpa relevante, ya con presencia de ésta pero sin prueba de perjuicios mayores de aquellos que el baremo y el factor de corrección proporcionaban, por lo que procede estimar en este punto el recurso interpuesto por la parte actora.

Cuarto.-La juzgadora de instancia en su sentencia concede a la Sra. Angelica una indemnización por depresión post-traumática, pronunciamiento que es impugnado por la entidad aseguradora demandada.

Dicho recurso, a juicio de este Tribunal, debe ser desestimado por cuanto del informe médico obrante a los folios 82 y siguientes, ratificado por su autor don Rafael a presencia judicial, se desprende que la Sra. Angelica padeció síndrome depresivo post-traumático a consecuencia del accidente de circulación que aquí se enjuicia, secuela que la juez a quo valora con acierto en el máximo, con diez puntos, pues se trata de un trastorno de entidad que incide de una manera especialmente grave en su vida y sus actividades cotidianas. Puntualiza el Dr. Rafael en su declaración que si bien no atendió a la Sra. Angelica hasta ocho meses después del accidente fue debido a que al principio asumió el tratamiento su médico de cabecera, y no duda de la relación de causalidad de tal secuela con el atropello padecido el día 22 de junio de 2001.

Quinto.-La parte actora solicita en su demanda y ahora reitera en su recurso que se le conceda una indemnización por invalidez permanente absoluta, ya que la seguridad social inglesa le ha reconocido a la Sra. Angelica dicha invalidez permanente absoluta por tener un grado de discapacidad igual o superior al 80% que le impida trabajar.

Dicha petición no puede ser atendida por cuanto del examen de la documental de los folios 120 y siguientes, no consta el motivo por el que le fue concedida la invalidez en el Reino Unido, y como se ha indicado en el segundo Fundamento de Derecho de la presente resolución, no se ha acreditado que la protusión discal tenga su causa en el accidente acaecido el 26 de junio de 2001.

Sexto.-La parte demandada ha impugnado la sentencia de instancia en el extremo relativo a la condena de dicha aseguradora a abonar los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, pretensión que no puede ser estimada ya que siendo la mora definida como el retraso culpable del deudor en el cumplimiento de la obligación, establece el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro que si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación, la indemnización de daños y perjuicios, no obstante entenderse válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado, se ajustara a las siguientes reglas: 3.º Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro... 8.º No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo este fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable. En el presente caso la compañía aseguradora no procedió a efectuar la consignación de la cantidad de 18.081'41 euros hasta el 29 de noviembre del año 2007. La fecha del siniestro fue la de 22 de junio de 2001 con lo que, habiendo transcurrido más de tres meses desde la fecha del siniestro sin que la aseguradora procediese a realizar la consignación debe declararse que ha incurrido en la obligación de pago de los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro anteriormente reseñados. No pueden considerarse como causa justificada o que no le fuere imputable a la parte demandada las alegadas en su recurso.

Séptimo.-De acuerdo con lo prevenido en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se imponen a la Compañía aseguradora La Estrella las costas de esta alzada causadas por su recurso y no se hace expresa imposición de las costas causadas por el recurso de la parte actora.


FALLAMOS


 
1.- Se estima en parte el recurso de apelación interpuesto por el Procurador doña Juana M.ª Serra Llull en nombre y representación de doña Angelica, y se desestima el formulado por el Procurador don Antonio Serra Llull en nombre y representación de La Estrella S.A., contra la sentencia de fecha 9 de septiembre de 2009 dictada por la Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Inca en los autos de juicio ordinario de que deriva el presente rollo y, en consecuencia, se revoca la expresada sentencia en el único extremo de fijar la suma que deben satisfacer los demandados de forma solidaria a la actora en la cantidad de 41.283'16 euros.

2.- Se confirman los restantes pronunciamientos de la resolución de instancia.

3.- No se hace expresa imposición de las costas derivadas del recurso de la parte actora.

4.- Se imponen a La Estrella S.A., las costas de esta alzada derivadas de su recurso.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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