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Sentencia A.P. Madrid 495/2010 de 18 de octubre


 RESUMEN:

Instituto Nacional de la Salud: Alegación de falta de litisconsorcio pasivo necesario por no haberse dirigido la demanda contra la Comunidad de Madrid en virtud del traspaso de las competencias en materia sanitaria. Honorarios: Devengo. Arrendamiento de servicios: Encargo de la gestión de cobro de las facturas devengadas por la asistencia sanitaria en un centro médico, a los lesionados en accidente de tráfico. Resolución unilateral del contrato por parte del Insalud, debido a los convenios firmados con las entidades aseguradoras.

 

MADRID

SENTENCIA: 00495/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE MADRID

Sección Novena

SENTENCIA NÚMERO 495/10

RECURSO DE APELACION 575/2009

Ilmos. Sres. Magistrados:

DON JOSÉ LUIS DURÁN BERROCAL

DON JUAN LUIS GORDILLO ÁLVAREZ VALDÉS

DON JUAN ÁNGEL MORENO GARCÍA

En Madrid, a dieciocho de octubre de dos mil diez.

VISTOS en grado de apelación ante esta Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, los autos de Juicio Ordinario número 657/2002, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 35 de los de esta capital, a los que ha correspondido el Rollo 575/2009, en los que aparecen como partes: de una, como demandante y hoy apelante, respecto de la sentencia y apelada respecto de los autos, DOÑA Marta, representada por la Procuradora Sra. Doña María del Rocio Sampere Meneses; y de otra, como demandado y hoy apelado respecto de la sentencia y apelante respecto de los autos, INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD -INSALUD-, representado por el Procurador Sr. Don Luis Fernando Alvarez Wiese; sobre honorarios insalud.

SIENDO MAGISTRADO PONENTE EL ILMO. SR. D. JUAN ÁNGEL MORENO GARCÍA


ANTECEDENTES DE HECHO


 
La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia n.º 35 de Madrid, en fecha 23 de diciembre de 2004 y 10 de mayo de 2005, se dictaron autos cuyas partes dispositivas, respectivamente, dicen como sigue: "Que DEBO desestimar y desestimo las excepciones procesales planteadas, con impoisicón de las costas procesales causadas en este incidente a a parte demanda, debiendo continuar la Audiencia Previa, señalandose para ello el próximo día 30 de Mayo a las 10:30 horas de su mañana en la Sala de Audiencias de este Juzgado" y "Que debo desestimar y desestimo el recruso de repsoición interpuesto por el Procurador Don Luis Fernando Alvarez Wiese contra el auto de fecha 23.12.04, resolución que, en consecuencia, se confirma en todos sus extremos."; igualmente y con fecha 5 de julio de 2007 recayó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "Que debo desestimar y DESESTIMO la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D.ªRaquel Gracia Moneva, en representación de D.ª Marta, CONTRA EL instituo nacional de la salud (insalud), y, en consecuencia, debo absolver y ABSUELVO a la entidad demandada de los pedimentos contra ella auducidos en la demanda, Imponiendo las costas de esta instancia a la parte demandante.".

Segundo.-Notificadas las mencionadas resoluciones contra las mismas de interpusieron recursos de apelación por las partes, de los que dieron los correspondientes traslados con el resultado que obra en autos, elevándose posteriormente las actuaciones a esta Superioridad, previo emplazamiento de las partes, ante la que han comparecido en tiempo y forma bajo las expresadas representaciones.

Tercero.-Habiéndose solicitado el recibimiento a prueba por la representación procesal de la parte apelante y denegado por Auto de fecha 14 de octubre de 2009, no estimando la Sala necesaria la celebración de vista pública, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento de votación y fallo la cual tuvo lugar el día 13 de octubre de 2010.

Cuarto.-En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se aceptan los fundamentos de derecho de la sentencia apelada de fecha 5 de julio de 2007, y del auto también apelado de 10 de mayo de 2005 que deben entenderse completados con los de esta resolución.

Segundo.-Por la representación procesal del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria que ha asumido la gestión del Instituto Nacional de la Salud se impugna tanto el auto de fecha 10 de mayo de 2005 que resolvió el recurso de reposición contra el auto de fecha 23 de diciembre de 2004, por el que se desestimaron las excepciones tanto de falta de legitimación pasiva, como de litisconsorcio necesario ha de resolverse sobre dicha impugnación en primer lugar, pues si bien en el recurso de apelación se alega que el motivo principal de dicho recurso es la infracción del artículo 394 de la Ley de enjuiciamiento Civil al haberse impuesto a dicha parte las costas derivadas de dicho incidente, y que solo de forma subsidiaria se reproducía para el caso de que se estimara la pretensión de la parte actora y ahora apelante.

Teniendo en cuenta que tanto la falta de legitimación activa como el litisconsorcio pasivo necesario son excepciones de orden procesal, y que por lo tanto afectan a la correcta constitución de la relación jurídico-procesal y pudiendo ser estimadas de oficio, debe resolverse por lo tanto y en primer lugar sobre la concurrencia o no de dichas excepciones planteadas por la demandada y que fueron resueltas en los autos ahora impugnados.

En cuanto a la falta de legitimación pasiva que se alega por la parte demandada en que en virtud del Real Decreto 1479/01 de 27 de diciembre, se traspasaron a la Comunidad de Madrid las funciones y servicios del Insalud, produciéndose una subrogación en todos sus derechos y obligaciones, como se deduce del artículo 2 de dicha norma que ha de ser interpretada con relación con el artículo 43 de la Ley General Presupuestaria, interpretación que según la parte apelante se ha venido recogiendo por la jurisprudencia entre otras en la Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Primera de fecha 3 de diciembre de 1999.

El citado Real Decreto establece como se alega por la parte apelante que se tramiten a la Comunidad Autónoma de Madrid "quedan traspasados a la Comunidad de Madrid las funciones y servicios, así como los bienes, derechos y obligaciones, el personal y los créditos presupuestarios adscritos a los mismos que resultan del propio Acuerdo y de las relaciones anexas".

Ahora bien, en el propio Anexo a dicho Real Decreto se establece en el apartado f. 6 "la Comunidad de Madrid se subrogará en los derechos y obligaciones derivados de los Convenios suscritos por el Instituto Nacional de la Salud, así como en los contratos de obras, suministros, consultoría y asistencia técnica y de servicios y cualesquiera otros de diferente naturaleza vigentes en el momento del traspaso, cuyo ámbito de aplicación corresponde al territorio de la Comunidad de Madrid. El traspaso de estos bienes, derechos y obligaciones se efectúa de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto de 1959/1983, de 29 de junio, por el que se establecen las normas para el traspaso de servicios del Estado y de funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias de la Comunidad de Madrid".

De lo que se deduce que si bien se traspasan y se asumen por la Comunidad de Madrid todos los contratos que estuvieran vigentes en la fecha del momento del traspaso, nada se dice sobre aquellos contratos que ya no estuvieran vigentes a la fecha del traspaso, pero de los que puedan estar pendientes de liquidar su efectos, como ocurre en el presente caso, por lo que ante la falta de previsión alguna sobre esta cuestión, ha de entenderse legitimado pasivamente el Insalud para ser parte demandada en el presente procedimiento.

Tercero.-Como segunda excepción por la representación procesal del Insalud de alega la falta de litisconsorcio pasivo necesario por no haberse dirigido la demanda contra la Comunidad de Madrid en virtud del traspaso de las competencias en materia sanitaria a su favor por el citado Real Decreto 1479/01 de 27 de diciembre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil existirá litisconsorcio pasivo necesario "Cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa".

Implica la necesidad de traer al proceso todos los que de una forma directa e inmediata que han sido parte en la relación material que se trae al proceso. Siendo necesario para que deba apreciarse en su caso la citada excepción en el acto de la audiencia previa, y en su caso requerir al actor o actores para su subsanación, siendo necesario e imprescindible que la tutela que se pretenda obtener no pueda lograrse de no dirigirse la demanda contra una pluralidad de personas, pero dado que la parte demandada y ahora apelante lo que se está alegando es su falta de legitimación pasiva, por entender que ha existido una subrogación por parte de la Comunidad de Madrid en todos los derechos y obligaciones del Insalud, no cabe entender que concurra dicha excepción pues el efecto seria su falta de legitimación pasiva, excepción desestimada, pero no puede ser el que se traiga al proceso a una entidad que según la demandada y apelante fue la que se subrogó en sus derechos y obligaciones.

Cuarto.-Como tercer motivo del recurso de apelación contra el auto de fecha 10 de mayo de 2005 se alega la infracción del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por entender la parte ahora apelante que dicho precepto solo alude a las costas derivadas del juicio declarativo, y dado que el auto apelado y en el que se imponen las costas a la parte ahora apelante se dictó al resolver las excepciones planteadas, al no ser ningún incidente de los establecidos en el artículo 387 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procedería la condena en costas.

Tal como se recoge en esta resolución, la parte demanda en su contestación a la demanda planteó tanto la falta de legitimación pasiva, como de litisconsocio pasivo necesario, y que dada la complejidad de dichas excepciones el órgano judicial suspendió la audiencia previa a los efectos de resolver sobre dichas excepciones.

Teniendo en cuenta que las citadas excepciones debe ser calificadas de previo y especial pronunciamiento en cuanto cuestiones incidentales o que bien de ser estimadas impide resolver sobre la cuestión de fondo planteada en el litigio, como es la falta de legitimación activa, o bien es un óbice de carácter procesal, como es la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, ha de entenderse que las costas de dicho incidente deben regirse por las normas generales que en materia de costas establece el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de lo que se deduce que al haberse desestimado dichas excepciones la resolución apelada ha procedido a una correcta aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quinto.-Por la representación procesal de D.ª Marta se impugna la sentencia dictada en primera instancia, por entender que ha quedado acreditado por un lado que durante el tiempo que se encontraba vigente entre las partes la relación de servicios, se le encomendó la gestión del cobro judicial o extrajudicial de 1329 expedientes por un monto total de 260.388.824 ptas, sus honorarios debían fijarse en el 10% de dicha cantidad, más el resto de las cantidades que se reclamaban en concepto de daños y perjuicios.

Partiendo de que la relación jurídica que vincula a las partes es un contrato de arrendamiento de servicios de duración indefinida, hecho que no es discutido en esta alzada, la obligación fundamental del arrendatario es prestar los correspondientes servicios, y la obligación del arrendador el pago de la correspondiente remuneración, siendo un hecho no discutido en esta alzada que en los contratos de arrendamiento de servicios de carácter indefinido puede ser resuelto unilateralmente por cualquiera de las partes, sin perjuicio de los efectos que dicha resolución pueda tener en la liquidación del citado contrato.

A pesar de las alegaciones que se hacen en el escrito de apelación, es un hecho indiscutible que en fecha 28 de junio de 1999 se procedió a revocar el poder otorgado por el Insalud a su favor, de lo que debe entenderse que desde ese momento se encontraba resuelto el contrato de arrendamiento de servicios, toda vez que si los servicios contratados eran la gestión del resarcimiento de los gastos producidos en los centros sanitarios a los beneficiarios por las lesiones sufridas por terceros, bien por vía judicial o extrajudicial, debe entenderse que desde el momento en que se le revocó el poder se produjo la resolución del contrato, sin que por lo tanto se deba en vía judicial resolver un contrato que ya esta resuelto, siendo incluso un hecho reconocido por la parte actora en su demanda, que fue el Insalud el que procedió a la rescisión unilateral de contrato, facultad que debe entenderse incluida en este tipo de contratos de arrendamiento de duración indefinida.

Sexto.-La cuestión esencial que se plantea en el recurso de apelación es la alegación de que se infringe el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación tanto en la valoración de la prueba, como de la carga de la prueba.

Como ha señalado esta misma sección en sentencia de fecha 26 de enero de 2009 "El art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil viene a establecer la carga de la prueba al señalar "Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención. Y por su parte al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior. Debiendo el tribunal para la aplicación de estas normas sobre la carga de la prueba, la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio"..

Como tiene declarado con reiteración el Tribunal Supremo: "... cuando el hecho esté acreditado en autos es irrelevante cuál sea la parte que haya suministrado el material probatorio con tal de que el Órgano Judicial pueda extraer y valorar el hecho proclamado (Sentencias 3 de junio de 1935, 7 de noviembre de 1940 y 30 de junio de 1942)..." Cfr., Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 26 de septiembre de 1991 ("... si los hechos están suficientemente acreditados en autos, es irrelevante cuál sea la parte que haya suministrado el material de prueba, con tal que el órgano decisor pueda extraer, valorar y concretar el hecho proclamado (Sentencias de 10 de marzo de 1981, 6 de marzo y 30 de noviembre de 1982, 26 de febrero de 1983 y 26 de septiembre de 1991)..." Cfr., Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 15 de julio de 1992 (; lo relevante es que un "... hecho aparezca suficientemente demostrado, para lo que no viene a ser decisorio si la aportación proviene del actor o del demandado, tomándose para ello cuantos datos obren en el proceso (sentencias de 2 de febrero de 1952, 30 de diciembre de 1954, 23 de septiembre de 1986, 24 de julio, 28 de noviembre de 1989 y 10 de mayo de 1990)..." Cfr., Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 17 de febrero de 1992 ("... cuando los hechos declarados responden al material probatorio, directo e indirecto, vertido en las actuaciones, no cabe sino una valoración del mismo, con abstracción de quien de los litigantes lo haya aportado... (Sentencias de 29 de noviembre de 1950, 13 de enero y 23 de junio de 1951; 9 de abril y 30 de junio de 1954 y 30 de noviembre de 1982)..." Cfr., Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 13 de febrero de 1992 ("... la doctrina de esta Sala mantiene la tesis de que lo útil procesalmente, es que el Tribunal haya podido formar elementos de juicio que comporten su convicción siendo irrelevante la procedencia subjetiva del instrumental probatorio que haya contribuido a integrar la convicción del juzgador para establecer el "factum" como sustrato del tema litigioso, por lo que el motivo ha de perecer" Cfr., Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 26 de abril de 1993)".

Debe partirse en primer lugar que la valoración y carga de la prueba debe hacerse con relación a las propuestas y admitidas en el proceso, sin que tampoco sea el recurso de apelación momento procesal hábil para plantear hechos nuevos, teniendo en cuenta que el recurso de apelación alude a que el Insalud, aceptó el pago de de parte de los honorarios reclamados correspondientes al 10% de las minutas, cuando tal hecho no fue alegado en primera instancia en la demanda, y cuando tal hecho se pretende basar en unos documentos aportados a los autos con un escrito de fecha 9 de junio de 2006, fecha posterior incluso al acto de la Audiencia Previa, documentos que por lo tanto no se admitieron como prueba en el acto del juicio, ni en esta alzada, por lo que en modo alguno, en esta alzada se puede resolver o entender que existió una aceptación por parte del Insalud del pago de parte de los honorarios reclamados, cuando tal hecho ni fue alegado en primera instancia, ni ha sido probado por ninguna prueba, especialmente documental que no fue admitida por no haberse propuesto por la parte actora y ahora apelante, ni con su demanda ni siquiera en el acto de la audiencia previa.

Séptimo.-Partiendo de la carga de la prueba que se deriva del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de partirse de un hecho no discutido, que la retribución de la letrada se fijaba en el 10% del importe de las facturas que se cobraban judicial o extrajudicialmente, siendo también un hecho consentido por el Insalud que cuando el cobro se obtenía por vía judicial, la letrada hacía suyas las costas devengadas en el procedimiento.

Ha de resaltarse que el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que en la demanda se expondrán numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho, fijando con claridad y precisión lo que se pida, siendo una carga procesal de la parte actora, desde el inicio del proceso el que se cumplan esos requisitos de claridad y precisión de la demanda. Limitándose la parte demandada a fijar el importe de sus honorarios en el 10% del valor de los expedientes que en el momento de resolverse el contrato se hallaban en su poder, y en otro 10% en concepto de lucro cesante.

Ahora bien, es un hecho no discutido en esta alzada, que los honorarios de la parte apelante se fijaban de acuerdo con los honorarios del Colegio de Abogados, en la medida que el encargo realizado, no solo era de asesoramiento y de reclamación judicial, sino de llevar a cabo todas las gestiones necesarias para el cobro, ya en vía judicial como extrajudicialmente, la retribución se fijaba en el 10% de las cantidades cobradas, es decir el derecho al cobro de la remuneración no se generaba desde el momento en que se le entregaba el correspondiente expediente para su gestión, sino desde el momento en que dicha gestión era eficaz, es decir la obligación de la parte apelante era no de medios sino de resultado, cobrando su retribución desde que se obtenía el recobro de las cantidades adeudadas.

Partiendo de tal hecho en el momento en que el Insalud procedió a resolver el contrato de arrendamiento de servicios el 28-6-1999, la parte actora tenía en su poder para gestionar su cobro 1.329 expedientes que le habían sido entregados para gestionar su cobro, sin que se alegue que en ese momento en virtud de sus gestiones, que era lo que justificaba su retribución por cada expediente y no de forma global, se hubiera procedido al cobro de alguna cantidad con relación a dichos expedientes.

En segundo lugar, aunque se entienda, como parece deducirse de la sentencia apelada y de la propia contestación a la demanda, que la actora pudiera tener derecho a cobrar los honorarios, como consecuencia de las gestiones realizadas de los 1.329 expedientes que se hallaban en su poder, y que no entregó al Insalud cuando cesó su relación de servicios, dichos honorarios deberían fijarse en su caso sobre todos y cada uno de los expedientes, en función de las gestiones que hubiera podido realizar, pero en modo alguno y tal como se pretende sobre el importe global de la totalidad de los expedientes. Teniendo en cuenta el propio ejemplo que se pone por la parte actora en su escrito de apelación, debe ser la parte actora la que reclama sus honorarios la que acredite que se han prestado los servicios que reclama, en relación a todos y cada uno de los expedientes que le fueron entregados, puesto que no basta en virtud del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que la parte actora alegue y acredite la existencia de los servicios que le fueron encomendados, sino que debe ser dicha parte la que pruebe la realización de los trabajos o servicios cuya remuneración se reclama.

Octavo.-En el escrito de demanda y en el escrito de apelación se reclamaba no solo el pago de los correspondientes honorarios devengados en relación a los 1329 expedientes, sino también el 10% del valor total de los expedientes, en concepto de daños y perjuicios, dado que la retribución de la parte actora se integraba por el 10% de las cantidades cobradas de cada uno de los expedientes, y el cobro de las costas de los procesos seguidos a instancia del Insalud y a que era condenada la parte contraria.

Como señala la doctrina legal recogida entre otras en la Sentencia del tribunal Supremo de 5 de junio de 2009 "con relación al contrato de arrendamiento de servicios que la falta de señalamiento de un plazo concreto de duración del contrato, permite, de acuerdo con una doctrina jurisprudencial aplicable a toda clase de contratos de duración indefinida, la resolución unilateral del contrato. Cuestión distinta son las consecuencias derivadas de esa resolución unilateral. En este sentido la sentencia de 12 de mayo de 1997 establece que sólo existen consecuencias indemnizatorias cuando la resolución del vínculo se hubiere producido en forma abusiva, que produzca de manera necesaria daños y perjuicios a la otra parte, o si implica un aprovechamiento del trabajo ajeno, que ha de ser compensado para no pueda existir calificación de enriquecimiento injusto".

Partiendo de esta doctrina legal, y dado que el contrato de arrendamiento de servicios que vincula a las partes es un contrato sin plazo fijado de duración, partiendo de la facultad de las partes para proceder a su resolución unilateral, debe examinarse si dicha resolución se produjo de forma abusiva o injustificada, y debe tener la consecuencia de que la parte demandada indemnice o no los daños y perjuicios reclamados.

Es un hecho no discutido que el encargo realizado fue la gestión de cobro de las facturas devengadas por la asistencia sanitaria en el Centro Médico de la Paz, a los lesionados en accidente de tráfico, sin desmerecer la labor que se alega en el escrito de demanda de la letrada en la defensa de los intereses el Insalud, siendo también un hecho acreditado en los autos, que durante la vigencia del contrato, el Insalud procedió a la firma de convenios con las compañías de seguros para el cobro de las facturas derivadas de la asistencia sanitaria a los lesionados por accidentes de tráfico, a través de la patronal de las aseguradoras UNESPA y el CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS, acuerdo o convenio que fue aclarado por la Comisión de Arbitraje y de Vigilancia de dicho Convenio. Como consecuencia de dicho convenio, y los acuerdos adoptados en su seno, en fecha 7 de julio de 2008, folio 257, la jefa de sección de cargos y facturación, comunicó a la ahora apelante la nota interior de la Subdirección General de Control Económico, en la que se retraslada la preocupación mostrada por UNESPA, en el seno de la Comisión de Vigilancia y Arbitraje creado en virtud de dichos convenios, dado que se había procedido a reactivar expedientes para el cobro de las facturas de siniestros ocurridos en 1985 o incluso en fecha anterior, por lo que se indicaba la necesidad de llevar a cabo las actuaciones necesarias para paralizar dichos expedientes, o de desistir de aquellos expedientes cuyas acciones judiciales se hubieran iniciado. Ante dicha comunicación la parte ahora apelante remitió un escrito al Director Gerente del Hospital en la que exponían las razones por las que a su juicio no procedía llevar a cabo dichas actuaciones, procediendo a comunicar la asesoría jurídica a la apelante diversos procedimientos de los que debía proceder a desistir(folios 264 a 270 de los autos), ante dichas instrucción la ahora apelante remitió una nueva comunicación al Jefe de la Asesoría Jurídica Nacional del Insalud exponiendo sus alegaciones sobre los inconvenientes y dificultades de llevar a cabo dicha actuación, solicitando nuevas instrucciones y aclaraciones sobre las dudas por ella planteadas.

Partiendo de tales hechos ha de entenderse que la resolución unilateral del contrato por parte del Insalud, se debe entender justificada en la medida de que la ahora apelante, dilató de forma innecesaria el cumplimiento de las instrucciones dadas por dicha entidad, en la medida que si bien la parte ahora apelante, en su cualidad de letrada, podía hacer las alegaciones que estimara oportunas sobre la procedencia o no de la no reclamación de diversas facturas, o en su caso del desistimiento de los procesos en marcha contra las compañías aseguradoras, lo cierto es que tal consecuencia se derivaba no de una voluntad caprichosa del Insalud, sino de los convenios firmados con las entidades aseguradoras, convenios cuyo desarrollo y efectividad se vieron perjudicados por la conducta de la propia parte apelante. De lo que se deduce que al haberse resuelto el contrato de arrendamiento de servicios no de forma arbitraria ni injustificada por la entidad demandada, la resolución del contrato no puede tener los efectos indemnizatorios solicitados.

Noveno.-De conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil las costas de esta alzada han de imponerse a la parte apelante.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,


FALLAMOS:


 
Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.ª Marta, contra la sentencia dictada por el Ilmo. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 35 de Madrid en fecha 5 de julio de 2007. Todo ello con imposición de las costas de dicho recurso de apelación a la parte apelante.

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del Insalud contra el auto de fecha 23 de diciembre de 2004 y 10 de mayo de 2005, con imposición de las costas derivadas de dicho recurso de apelación a la parte apelante.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Haciéndose saber que contra la misma CABE RECURSO DE CASACIÓN, que se preparará ante este Tribunal dentro de los cinco días siguientes a esta notificación.

Publicación.-Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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