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Sentencia A.P. Madrid 437/2010 de 25 de octubre


 RESUMEN:

Entidades aseguradoras: Pago de intereses por parte de la entidad aseguradora demandada. Lucro cesante: Propietaria del camión siniestrado por haber estado paralizado treinta días y por los gastos de grúa.

 

MADRID

SENTENCIA: 00437/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE MADRID

Sección 8

1280A

FERRAZ, 41

N.I.G. 28000 1 7008713 /2009

RECURSO DE APELACION 579 /2009

Proc. Origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 447 /2008

Órgano Procedencia: JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 3 de COLMENAR VIEJO

N.I.G. 28000 1 7008713 /2009

RECURSO DE APELACION 579 /2009

Proc. Origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 447 /2008

Organo Procedencia: JDO: 1A. INST. N 3 de COLMENAR VIEJO

De: REALE SEGUROS GENERALES, S. A.

Procurador: ICIAR DE LA PEÑA ARGACHA

Contra: Africa, LA ESTRELLA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, Emilia, Luis Francisco

Procurador: JOSE MANUEL DE DORREMOCHEA ARAMBURU, JOSE MANUEL DE DORREMOCHEA ARAMBURU, SIN

PROFESIONAL ASIGNADO, SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Ponente: ILMA. SRA. DÑA. MARIA VICTORIA SALCEDO RUIZ

SENTENCIA N.º 437

Magistrados:

ILMO. SR. D. ANTONIO GARCIA PAREDES

ILMA. SRA. DÑA. CARMEN GARCIA DE LEANIZ CAVALLE

ILMA. SRA. DÑA. MARIA VICTORIA SALCEDO RUIZ

En Madrid, a veinticinco de octubre de dos mil diez. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid,

compuesta por los Sres. Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de Juicio Ordinario n.º 447/08, procedentes del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 3 de Colmenar Viejo, seguidos entre partes, de una como demandantes- apelados, D.ª Africa y LA ESTRELLA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, representados ambos por el Procurador JOSE MANUEL DE DORREMOCHEA ARAMBURU y de otra, como demandada-apelante, REALE SEGUROS GENERALES, S. A., representada por la Procuradora D.ª ICIAR DE LA PEÑA ARGACHA, y como demandados- apelados, D.ª Emilia y D. Luis Francisco, ambos sin representación procesal.

VISTO, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dña. MARIA VICTORIA SALCEDO RUIZ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Colmenar Viejo, en fecha 31 de marzo de 2009, se dictó sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando en parte la demanda interpuesta por el Procurador D. Doña Maria Luisa Rodríguez Martín-Sonseca, en nombre y representación de Doña Africa y la Entidad DE SEGUROS LA ESTRELLA, S.A., debo condenar y condeno a Doña Emilia, D. Luis Francisco y a la entidad DE SEGUROS REALE, a abonar, conjunta y solidariamente, a los actores la cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS, CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS (5.373,43 euros); de los que 4.759,92 euros corresponden a Doña Africa, y 613,51 euros corresponden a la Entidad Seguros La Estrella.

En cuanto a los intereses solicitados, respecto de la Aseguradora condenada SEGUROS REALE, es de aplicación el interés legal incrementado en un 50% desde la fecha del accidente hasta el completo pago.

Asimismo deberán los demandados abonar los intereses procesales a partir de la fecha de la presente sentencia.

Y sin hacer expresa imposición de las costas causadas".

Segundo.-Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte Reale Seguros Generales, S.A, que fue admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

Tercero.-No estimándose necesaria la celebración de vista pública para la resolución del presente recurso, quedó en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 20 de octubre de 2010.

Cuarto.-En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El presente recurso trae causa del procedimiento de Juicio Ordinario interpuesto en nombre y representación de D.ª Africa y de la entidad LA ESTRELLA, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS contra D.ª Emilia, D. Luis Francisco y REALE SEGUROS GENERALES, S. A. en reclamación de cantidad ascendente a 10.133,35 euros, de los que 9.519,84 euros corresponden a la primera de las demandantes y 613,51 euros a la segunda de ellas, del que ha conocido el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Colmenar Viejo; la reclamación tiene su base en el accidente de tráfico ocurrido en fecha 10 de marzo de 2.006, cuando el camión Volvo, matrícula.... VKL, con semi-remolque matrícula W-.... RWQ, propiedad de D.ª Africa, asegurado en La Estrella, circulaba por la carretera M-607 (Madrid-Puerto de Navacerrada), en sentido Puerto de Navacerrada, cuando al llegar a la altura del km. 57,250, fue colisionado, en su parte anterior derecha, por el vehículo Renault Clio, matrícula.... CTW, propiedad del Sr. Luis Francisco, conducido por la Sra. Emilia y asegurado en la entidad Reale. La reclamación que se formula lo es únicamente respecto del lucro cesante que se dice irrogado a la propietaria del camión siniestrado por haber estado paralizado 30 días y por los gastos de grúa.

Frente a la citada pretensión los demandados D.ª Emilia y D. Luis Francisco no han hecho manifestación alguna, ya que dejaron transcurrir el termino concedido, sin personarse en autos ni contestar a la demanda, por lo que fueron declarados en situación legal de rebeldía y la entidad REALE SEGUROS GENERALES, S. A. que reconoce la legitimación de las partes, la causación del accidente y la responsabilidad en el mismo de su asegurado, se opone a la reclamación dineraria por entender improcedente la cuantificación de los días de paralización y la cuantificación de los perjuicios en cuanto al lucro cesante solicitado y por considerar que no ha quedado acreditada la acción subrogatoria ejercitada por La Estrella en cuanto a los gastos de grúa.

La sentencia que puso fin al procedimiento data de 31 de marzo de 2.009 y la misma estima parcialmente la demanda formulada, condenando a los demandados a pagar a las actoras la cantidad de 5.373,43 euros, de los que 4.759,92 corresponden a D.ª Africa y 613,51 euros corresponden a la entidad La Estrella; imponiendo a la entidad Reale el pago de los intereses legales incrementados en un 50 % desde la fecha del accidente hasta su completo pago y a los otros dos demandados los intereses procesales a partir de la fecha de la sentencia.

Segundo.-Interpone recurso de apelación contra dicha resolución la entidad REALE SEGUROS GENERALES, S. A., quien invoca tres motivos: 1) Infracción del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Falta de acreditación del posible lucro cesante; 2) Infracción del artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro. Falta de acreditación de la acción subrogatoria ejercitada por La Estrella en reclamación de 613,51 euros e 3) Infracción del artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro. Incongruencia extra petita, por concederse los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro no pedidos respecto de la acción subrogatoria ejercitada por La Estrella respecto del importe de 613,51 euros.

En cuanto al primero de los motivos invocados, debe partirse de la base de que el artículo 1.106 del Código Civil establece que "la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor...". Según la jurisprudencia del T.S., reflejada ya en la sentencia de 22 de junio de 1.967, "el lucro cesante o ganancia frustrada ofrece muchas dificultades para su determinación y límites, por participar de todas las vaguedades e incertidumbres propias de los conceptos imaginarios, y para tratar de resolverlas, el derecho científico sostiene, que no basta la simple posibilidad de realizar la ganancia, sino que ha de existir una cierta probabilidad objetiva que resulte del decurso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso concreto".

Declara asimismo, que ha de probarse rigurosamente que se dejaron de obtener las ganancias sin que sean dudosas o contingentes y solo fundadas en esperanzas, pues no pueden derivarse de supuestos meramente posibles pero de resultados inseguros y desprovistos de certidumbre, por lo que esas pretendidas ganancias han de ser acreditas y probadas mediante justificación de la realidad del lucro cesante (Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de julio de 1.983, de 30 de noviembre de 1.993 y 11 de junio de 1.997).

En la actualidad, en que tan profusa información jurídica proporcionan las bases de datos informatizados, basta echar un vistazo a cualquiera de ellas en relación a los términos "camión" y "lucro cesante", para comprobar cómo se repiten una y otra vez los mismos argumentos sobre la dificultad de la prueba del lucro cesante en el caso de los vehiculos que sufren un siniestro de tráfico y una paralización de su actividad y cómo difieren en la valoración unos tribunales y otros; en muchos de los casos la prueba aportada para la valoración del lucro cesante ha sido la misma: la certificación de asociaciones o agrupaciones del sector de los transportes, declaraciones de los ingresos obtenidos bien de la renta de las personas físicas o jurídicas y siempre, evidentemente, el certificado de estancia del vehículo en el taller que ha procedido a su reparación a fin de comprobar el tiempo de paralización del mismo. La conclusión que se extrae de la lectura de todos esos distintos pronunciamientos judiciales no es otra que la de la insuficiencia probatoria de aquellos medios para acreditar algo tan etéreo como una ganancia dejada de obtener. De modo que al final, los tribunales acuden a una solución de equidad, basada en la moderación de lo pedido y relacionada con lo que se dice en los tribunales cercanos.

La parte reclamante, en este caso la propietaria del vehículo, para formular la reclamación por el concepto de lucro cesante aporta la certificación emitida por los talleres que han reparado el vehículo siniestrado, donde se acredita la estancia de la cabeza tractora desde el 10 de marzo de 2.006 hasta el 8 de abril de 2.006 y una certificación de ASETRA (Agrupación Segoviana de Empresarios de Transportes) en la que con carácter general informa sobre el importe que corresponde abonar por la paralización de un vehículo de las características ya indicadas, aplicando para ello lo establecido en el artículo 22.6 de la Ley 16/1.987, de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres y lo dispuesto en el artículo 2.17 del Anexo A de las Condiciones Generales de Contratación del transporte de mercancías por carretera, aprobadas por la orden del Ministerio de Fomento de 25 de abril de 1.997 (folio 69 y 70 de las actuaciones), normativa ésta prevista para un supuesto diferente del presente, habida cuenta que las previsiones del artículo 22.6 de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre tienen su fundamento en la responsabilidad por incumplimiento contractual en el ámbito del contrato de transportes y no para hechos determinantes de la responsabilidad civil extracontractual como ante la que nos encontramos, pero sin duda alguna no puede dejar de ser un punto de referencia legal.

Es cierto que la parte no ha incorporado a los autos los documentos acreditativos de las ganancias obtenidas por el vehículo siniestrado en un periodo anterior y similar al que es objeto de controversia, para lo cual ha podido acudir a la contabilidad que al respecto lleve la parte; tampoco parece que haya procedido a alquilar un vehículo para atender servicios de antemano concertados, en cuyo caso la indemnización podía haber quedado determinada fácilmente, acudiendo para ello al importe destinado a tal alquiler. Pero de lo que no cabe duda es que la reclamante se ha visto, como consecuencia del siniestro objeto de la litis, privada de la utilización del vehículo de su propiedad y, por tanto, de poder destinar el mismo al servicio de transporte de mercancías, que le es propio.

El vehículo siniestrado consta que permaneció en el taller el periodo de tiempo antes citado (folio n.º 69 de las actuaciones), aunque en el informe aportado con la demanda con el n.º 10 de los documentos conste que la duración de la reparación ascendiera a poco más de 51 horas, no pudiendo decirse que la demora en el inicio o en la conclusión de la reparación fuera por causa imputable a la reclamante, debiendo entenderse que la estancia citada fue necesaria para reparar el daño causado -el Juzgador de instancia ha detraído del periodo total de estancia los días que ha considerado festivos y, por tanto, no productivos-. Por otra parte, cabe decir que la explotación de un vehículo de las características del mencionado (dedicado al servicio público, según el folio 68 de los autoa) genera unos ingresos brutos y produce unos gastos fijos, que han sido tenidos en cuenta por el Juzgador de instancia, quien además ha acudido a criterios legales (la disposición legal antes citada) aplicados por una agrupación de empresarios de transporte, a la que debe reputarse experiencia profesional en el sector a que nos referimos, para finalmente reducir la reclamación en un 50 % respecto de lo solicitado; por lo que a juicio de la Sala no se ha cometido en la instancia ningún error en la valoración de la prueba y por ello, el motivo debe decaer.

Tercero.-El segundo de los motivos que se invocan en el recurso no puede prosperar. Considera la recurrente que la entidad La Estrella no puede reclamar importe alguno en concepto de gastos de grúa en base a un certificado aportado por ella misma y que ha sido impugnado por la apelante; se está refiriendo al documento aportado con la demanda con el n.º 16. Las razones que se esgrimen, por tanto, no se basan en la inexistencia de esos gastos sino en que los mismos hayan sido abonados por quien los reclama en esta litis.

Los gastos de grúa por importe de 613,51 euros están perfectamente justificados, según se comprueba con el examen del documento n.º 15 de la demanda, consistente en una factura emitida por la entidad Transportes Miguel Rubio, S. L., como consecuencia de los servicios prestados el día 10 de marzo de 2.006 -fecha del accidente objeto de litigio- por el rescate del camión y semi-remolque antes citados en el puerto de Navacerrada. Es cierto que dicha factura está girada a nombre de la codemandante en pleito D.ª Africa, pero también lo es que la misma no la reclama en la litis, haciéndolo su aseguradora La Estrella por ser esta entidad quien ha hecho a su asegurada pago del importe de la misma, según se acredita con la copia de la transferencia efectuada en fecha 8 de junio de 2.006 y aportada con la demanda con el n.º 9 bis de los documentos, cuyo importe comprende los daños materiales del vehículo siniestrado y los gastos de grúa, por lo que no cabe duda que La Estrella está perfectamente legitimada para resarcirse de los gastos de grúa a tenor de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro.

Cuarto.-El tercero de los motivos en que se funda el recurso y con el que muestra su conformidad la parte demandante-apelada debe prosperar. La parte actora solicitó en el "Fundamento de Derecho IX.- Intereses" de su demanda los intereses previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro únicamente respecto de la aseguradora demandada y por la cantidad reclamada por D.ª Africa, por lo que acordar otra cosa, como se ha hecho en la instancia, al aplicar el citado precepto también para la cantidad que Reale debe abonar a La Estrella, respecto de los gastos de grúa, constituye dar más de lo solicitado, debiendo señalarse a mayor abundamiento que es reiterada la jurisprudencia que estima que no es de aplicación lo dispuesto en el mencionado precepto cuando la reclamación se formula al amparo de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2.009).

Quinto.-Estimado parcialmente el recurso de apelación y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede no hacer especial pronunciamiento de las costas causadas en esta alzada.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación.


III.- FALLAMOS


 
Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto en nombre y representación de REALE SEGUROS GENERALES, S. A. contra la sentencia dictada en fecha 31 de marzo de 2.009 por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Colmenar Viejo en los autos de Juicio Ordinario seguidos a instancia de D.ª Africa y de la entidad LA ESTRELLA, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS contra D.ª Emilia, D. Luis Francisco y REALE SEGUROS GENERALES, S. A., DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS la citada resolución en el único extremo de determinar que los intereses que ha de pagar la aseguradora demandada respecto de la cantidad que debe ser abonada a LA ESTRELLA son los previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la sentencia dictada en la instancia, manteniendo el resto de los pronunciamiento contenidos en la citada resolución.

Sin hacer expresa imposición de las costas causadas en esta alzada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 208.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, póngase en conocimiento de las partes que, en su caso, contra esta resolución cabe recurso de casación o infracción procesal si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 del texto legal antes citado, en el plazo de cinco días y ante esta misma Sala.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior Sentencia fue hecha pública por los Magistrados que la han firmado. Doy fe. En Madrid, a


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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