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Sentencia A.P. Murcia 314/2010 de 25 de octubre


 RESUMEN:

Accidente de circulación: Indemnización. Invalidez unida a los días de incapacidad. Prueba: Inexistencia de error en la valoración, en cuanto a los días de baja probados, las secuelas y los intereses. Incapacidad permanente absoluta: Reconocimiento.

CARTAGENA

SENTENCIA: 00314/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MURCIA

SECCION DE CARTAGENA

ROLLO DE APELACIÓN N.º 304/10

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 571/05

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 2 DE SAN JAVIER.

SENTENCIA N.º 314

Ilmos. Sres.

Don José Manuel Nicolás Manzanares.

Presidente

Don Matías Manuel Soria Fernández Mayoralas

Don José Joaquín Hervás Ortiz

Magistrados

En la ciudad de Cartagena, a veinticinco de octubre de dos mil diez.

La Sección de Cartagena de la Audiencia Provincial de Murcia, integrada por los Iltmos. Sres. Expresados al margen, ha visto los autos de juicio ordinario n. 571/05 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de San Javier, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandante Eutimio, habiendo intervenido en la alzada dichas partes, en su condición de recurrentes, representado por la Procurador Sr. Fernando Espinosa Gahete y dirigidos por el Letrado D. Antonio Garre Izquierdo y como apelada PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, representado por la Procurador Sr. Ceferino Sánchez Abril, asistido de la letrado Sr. Félix Sánchez Sánchez.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de San Javier en los referidos autos, tramitados con el núm. 571/05, se dictó sentencia con fecha 27/11/07, cuya parte dispositiva dice entre otras lo siguiente: "Que debo estimar parcialmente y estimo la demanda formulada por el procurador de os Tribunales Sra. Garcerán Martínez en nombre y representación de Eutimio frente a la Compañía de Seguros Pelayo representados por la procuradora Sra. Foncuberta Hidalgo, y debo condenar y condeno a estos demandados a abonar la cantidad de 17,880,94 euros al actor y a los intereses del artículo 20 desde la fecha del accidente hasta la fecha de la consignación judicial, y desde esa fecha hasta l presente a los intereses legales. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad"

Segundo.-Contra dicha sentencia, se interpuesto recurso de apelación por la parte demandante en tiempo y forma que fue tramitado conforme a lo dispuesto en el art. 457 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y remitidos a este Tribunal, donde se formó el correspondiente Rollo de Apelación designándose Magistrado Ponente y se señaló día para la vista, que tuvo lugar el día 5/10/10 del presente, en que comparecieron ambas partes y tras renunciar a la prueba pericial propuesta, se ratificaron en sus escritos e informaron en defensa de sus posiciones.

Tercero.-En la tramitación de ambas instancias, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Matías Manuel Soria Fernández Mayoralas.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Contra la sentencia del juzgado de 1.º instancia que estimo parcialmente la demanda, sobre reclamación de indemnización derivada de accidente de circulación. Se formula recurso de apelación por la demandante, por considerar que existe error en la valoración de la prueba, en cuanto a los días de baja señalados como probados, las secuelas, en cuanto a la invalidez y los intereses.

Por la parte apelada, se formula escrito de oposición al recurso solicitando la confirmación de la sentencia por los propios fundamentos de la misma.

Segundo.-Se alega por el apelante en su recurso cuatro motivos de apelación respecto a las consideraciones efectuadas por el juez de instancia. siendo la primera de ellas los días de incapacidad, al señalar la sentencia apelada que son 100 días, de los cuales 15 serían de hospitalización y 85 impeditivos, siguiendo la sentencia el informe del médico forense, sin tener en cuenta que el siniestro ocurrió el 20/10/01, y hasta el 15/01/03, en que se califico por el E.V.I. su situación de incapacidad permanente, no se volvió a incorporar al trabajo transcurriendo 400 días, habiendo informado la perito Dra. Lorena que los días de baja fueron 156, de los cuales 16 fueron de hospitalización y el resto 142 impeditivos, y que se basa en el informe del neurólogo que lo da de alta el 27/03/02. Alegación que debe ser desestimada, en cuanto a los días de incapacidad, pues no se puede considerar que exista error en la valoración de la prueba por parte del juzgador de instancia, al hacer constar en su sentencia que los días de incapacidad, son los señalados por el médico forense en su informe, por la cualidad del mismo como técnico especialista en la valoración del daños de carácter objetivo independiente al servicio de los tribunales, sin que se pueda considerar que la espera para el sometimiento a un tribunal médico, como es el equipo de valoración de incapacidades, y que durante dicho periodo de espera que le llevó a la incapacidad permanente no trabajara, no hubiera consolidado ya la curación con las secuelas que se le determinaron. Y ello sin perjuicio de estimar que durante dicho periodo de curación, los días de hospitalización fueran 16 en lugar de 15, por tratarse de un dato objetivo deducido de los documentos hospitalarios y tratarse de un mero error de cálculo del médico forense, lo que supone una diferencia a favor del demandante de 11,62 €.

Tercero.-Considera también el recurso que existe error en la valoración de la prueba respecto de la valoración que se da en la sentencia a las secuelas, ya que la misma y de acuerdo con el informe forense, considera que existe un síndrome conmocional que evalúa en 15 puntos, sin haber tenido en cuenta la juzgadora de instancia los informes del neurocirujano Sr. Jose Miguel, y que posteriormente ha sido reconocido por diversos especialistas, todos ellos de la mutua La Fraternidad y consideran la existencia de conmoción cerebral, contusión hemorrágica vifrontal, demencia postraumática, alteraciones cognitivas secundarias a hematomas vifrontales postraumáticos, con las limitaciones orgánicas y funcionales consistentes en trastorno de memoria, agnosia, trastorno de la función ejecutiva y trastorno visoespacial. Por lo que la secuela a tener en cuenta y de acuerdo con los informes de los facultativos obrantes en las actuaciones debe ser la de demencia postraumática, con una puntuación de 75 puntos, de acuerdo con la valoración efectuada por Doña. Lorena. Si tenemos en cuenta que lo que sufrió el demandante, y que el informe de alta hospitalaria llega a la misma conclusión que el médico forense, que se trata de una conmoción cerebral, fruto de una contusión hemorrágica bifrontal y en donde se especifica que se encuentra totalmente consciente, orientado con fases de confusión, el considerar que la secuela propia del accidente ha sido la de síndrome posconmocional, no hace sino reflejar la secuela padecida por el demandante.

Cuarto.-Se alega también en el recurso, que existe error por parte de la juzgadora de instancia en cuanto a la no concesión de la invalidez como derivada del accidente de tráfico, lo que ha quedado evidenciado porque es la propia Seguridad Social la que le ha reconocido la incapacidad permanente absoluta. La alegación debe ser estimada, pues si hemos dicho con reiteración, que una cosa son las secuelas y consecuencia de las mismas que tienen su causa en el accidente de circulación y que son valoradas como derivadas del mismo, y otra distinta la influencia que dichas secuelas, tienen influencia en el ámbito laboral que se rige por parámetros diferentes, estableciéndose la incapacidad en función del trabajo habitual. El informe del equipo de valoración de incapacidad le concede al demandante la incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo por las siguientes secuelas: broncopatía crónica obstructiva, cirrosis enólica TCE, conmoción cerebral, contusión hemorrágica vifrontal, demencia postraumática, alteraciones cognitivas secundarias a hematomas vifrontales postraumáticos. Debemos de concluir, que efectivamente y a pesar de la existencia de la cirrosis hepática y la broncopatía crónica obstructiva, las limitaciones orgánicas y funcionales que tiene en cuenta la E.V.I. para el otorgamiento de la incapacidad, son las secuelas cognitivas, trastorno de la memoria, agnosia, trastorno de la función ejecutiva y trastornos vidioespaciales, claramente relacionados con la contusión hemorrágica bifrontal, ya que ni la cirrosis ni la broncopatía lo producen. Por lo que se debe de considerar la existencia de la misma y en consecuencia condenar a la compañía de seguros al pago de 70.505,05 €, cantidad mínima ya que concurren además de las secuelas propias del accidente otras secuelas de enfermedad común, así como la edad del lesionado de 62 años de edad próxima a la jubilación, (se aplica el baremo del año 2002, que es el que corresponde a la sanidad, no procediendo el que solicita el demandante en su demanda y en el recurso de apelación que es del año 2005, aun cuando la sentencia aplica el baremo del 2007, que se mantiene en lo no recurrido).

Quinto.-Se alega también en el recurso que la sentencia debió condenar a la aseguradora al pago de los intereses moratorios del art. 20 de la Ley de contrato de seguro, hasta la consignación judicial que se produce el 8/03/04. La sentencia condena al pago del interés del 20 % desde la fecha del accidente, pero sólo a los intereses legales desde la presentación de la demanda. Por lo que debe ser estimado el recurso en cuento que procede también el pago del 20 % de la diferencia existente entre lo ya pagado y lo que resta hasta su pago, por las mismas razones no impugnadas. Y porque así lo dispuso el actual artículo 9 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, que aunque no estaba en vigor en la fecha de presentación de la demanda vale como criterio interpretativo.

Sexto.-Que a tenor de lo dispuesto en el art. 398 de la L.E.C., que al estimar en parte el recurso de apelación no procede hacer expresa condena en costas en esta instancia.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el PUEBLO ESPAÑOL.


FALLAMOS


 
Que estimando en parte el recurso de apelación formulado por Eutimio contra la sentencia del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2 de San Javier, debemos de REVOCAR y REVOCAMOS EN PARTE la misma, en el sentido de añadir a la indemnización señalada en la sentencia la de 70.505,05 € por la invalidez más 11,62 € por los días de incapacidad y condenando a la compañía aseguradora al pago de los intereses del artículo 20.4 de la Ley de contrato de seguro hasta el pago total, manteniendo en lo demás la sentencia apelada y sin que proceda hacer expresa condena en costas en esta instancia.

Notifíquese esta sentencia, conforme a lo establecido en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, haciéndose saber que contra el mismo no cabe recurso alguno, y en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otro al rollo de apelación.

Así, por esta nuestra sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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