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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 3) de 2 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Pretensión de declaración de error judicial. Identificación del conductor del vehículo en el momento de la infracción origen de la sanción, se realizó transcurrido el plazo de quince días concedido para las alegaciones. Estimación de la demanda.

En la Villa de Madrid, a dos de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sección Primera de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados anotados al margen, el presente recurso de revisión para la declaración de error judicial núm 5/2010, interpuesto por Baher Carballiño, S.L., representado por la Procuradora D.ª Ana María Espinosa Troyano, contra la sentencia de 12 de mayo de 2009, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Orense en el Procedimiento Abreviado n.º 4/09, sobre sanción de tráfico.

Comparece como parte recurrida el Abogado del Estado en la representación y defensa que legalmente ostenta. Ha informado el Ministerio Fiscal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Orense dictó Sentencia el 12 de mayo de 2009, desestimatoria del Procedimiento Abreviado n.º 4/09, interpuesto por la citada mercantil contra la Resolución de la Dirección General de Tráfico de 20 de octubre de 2008, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del Subdelegado del Gobierno en Pontevedra de 7 de mayo de 2008, por la que se sanciona a la demandante con la multa de 600 euros.

Segundo.-Ante la anterior sentencia, en la que se hacía saber que contra la misma no cabía interponer recurso alguno, Baher Carballiño, S.L. instó su aclaración, que fue desestimada por Auto del Juzgado de Orense de fecha 14 de julio de 2009, procediéndose a continuación a presentar por la citada mercantil en el Registro General de este Tribunal Supremo, con fecha 5 de agosto de 2009, demanda en solicitud de declaración de error judicial en que incurrió la sentencia dictada, basada en que la misma consideró que la identificación del conductor del vehículo en el momento de la infracción origen de la sanción, se realizó transcurrido el plazo de quince días concedido para alegaciones tras la notificación de la iniciación del expediente sancionador, sin tener en cuenta que dicho escrito de alegaciones fue presentado el 14 de abril de 2008 en la Oficina de Correos, tal y como consta en el documento n.º dos acompañado al recurso contencioso-administrativo, y, por tanto, sí estaba dentro del plazo de alegaciones, al haber sido notificada la iniciación del procedimiento sancionador en fecha 27 de marzo de 2008. Añade que el error evidente cometido por el Juzgado sentenciador ha sido determinante de la decisión adoptada y ha producido efectos negativos en la esfera de su mandante.

Tercero.-Por providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal de 18 de febrero de 2010, se tuvo por personada a la parte recurrente, acordándose librar despacho al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Orense para que emplazara en forma a cuantos hubieran sido parte en el recurso, y remitiera a esta Sala Tercera el citado rollo así como el informe preceptivo a que se refiere el artículo 293.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En este último Informe, el órgano judicial pone de manifiesto, que "En la sentencia se valoró que la empresa recurrente - dedicada al alquiler de vehículos sin conductor- no había podido proceder a la identificación del conductor por la razón de que el requerimiento realizado al efecto se había llevado a cabo por medio de edictos publicados en el B.O.P. de Ourense y, por lo tanto, no había tenido conocimiento cabal del mismo. Por tal razón se valoró que la identificación llevada a cabo en el procedimiento sancionador incoado por la supuesta infracción del Art. 72.3 de la Ley de Tráfico habría resultado aceptable pero siempre que la misma se hubiera realizado dentro del plazo de 15 días hábiles concedidos para alegaciones, considerando que habida cuenta que la notificación en dicho procedimiento se había realizado el 27.03.08 se estimaba que dicha identificación sería válida y aceptable (aún cuando no se hubiese realizado en el procedimiento oportuno por la razón expresada en la falta de conocimiento efectivo del requerimiento) pero sólo si se realizaba dentro del referido plazo de 15 días hábiles. Y es aquí donde la sentencia yerra al entender que dicha identificación se realizó el 16.04.08 (fuera del plazo de los 15 días hábiles) cuando en realidad se había realizado el 14.04.08 (esto es, dentro del plazo de los 15 días hábiles) por lo que atendidos los fundamentos de dicha sentencia cabría entender que de no haber sido por el citado error el recurso contencioso-administrativo interpuesto habría sido estimado cuando en cambio fue desestimado"

Mediante escrito presentado el 14 de mayo de 2010, el Abogado del Estado se allana a la demanda de revisión por error judicial.

Cuarto.-Por diligencia de ordenación de 17 de mayo de 2010, se acordó pasar las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, que fue efectuado mediante escrito presentado el 8 de junio de 2010, en el que, tras citar la doctrina de este Tribunal recogida en la Sentencia de 4 de octubre de 2006, en la que se recogen los requisitos que pueden dar lugar a la declaración de error judicial, concluye que la presente demanda debe ser estimada, pues "Evidente resulta la equivocación padecida por la sentencia al reflejar la fecha de aportación del escrito de alegaciones, al que el juzgador -de haber advertido que se presentó en plazo- habría otorgado eficacia para excluir la responsabilidad administrativa impuesta por la falta de identificación del conductor (art. 72.3 LSV)".

Quinto.-Por providencia de 15 de noviembre de 2010 se señaló para votación y fallo el día 25 de noviembre de 2010, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Mariano de Oro-Pulido y Lopez, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se pretende en este proceso que se declare que el fallo de la Sentencia de 12 de mayo de 2009 -dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Orense en el Procedimiento Abreviado n.º 4/09- se produjo como consecuencia de error judicial, en el sentido y con los efectos de los artículos 121 de la CE y 292 y 293 de la LOPJ.

La referida Sentencia de 12 de mayo de 2009 razona, para desestimar el recurso interpuesto, aparte de considerar que no ha habido vulneración del procedimiento sancionador por falta de propuesta de resolución y consiguiente trámite de audiencia, que "... si bien es cierto que dudosamente cabría apreciar culpabilidad alguna en el recurrente por no haber procedido a la identificación del conductor del vehículo en el momento de la infracción de origen tras haber sido requerido para ello por medio de edictos, ya que, como es obvio, la notificación edictal no es más que una pura ficción y difícilmente podría haber llegado a tener dicho recurrente conocimiento real de dicha notificación/requerimiento a fin de darle el debido cumplimiento, no es menos cierto que tras la notificación de la iniciación del expediente sancionador por infracción del Art. 72.3 de la Ley de Tráfico (que aquí nos ocupa) sí tuvo la oportunidad de reparar dicha omisión dando cumplimiento a la referida identificación dentro del plazo conferido de 15 días hábiles para alegaciones; sin embargo la identificación en efecto realizada se presentó transcurrido el indicado plazo, por lo que en cualquiera de los casos no podría entenderse debidamente cumplimentado el requerimiento realizado, incurriéndose así, en definitiva, en infracción de lo dispuesto en el Art. 72.3 de la Ley de Tráfico ".

Baher Carballiño, S.L. basa su pretensión de declaración de error judicial en que la sentencia consideró que la identificación del conductor del vehículo en el momento de la infracción origen de la sanción, se realizó transcurrido el plazo de quince días concedido para alegaciones tras la notificación de la iniciación del expediente sancionador, sin tener en cuenta que dicho escrito de alegaciones fue presentado el 14 de abril de 2008 en la Oficina de Correos y, por tanto, dentro del plazo de alegaciones, al haber sido notificada la iniciación del procedimiento sancionador en fecha 27 de marzo de 2008.

Segundo.-La resolución del presente recurso debe partir de que, conforme viene reiterando la jurisprudencia de esta Sala, el proceso por error judicial, regulado en el artículo 293 LOPJ como consecuencia del mandato contenido en el artículo 121 CE, no es una tercera instancia o casación encubierta "en la que el recurrente pueda insistir, ante otro Tribunal, una vez más, en el criterio y posición que ya le fue desestimado y rechazado anteriormente", sino que este sólo puede ser instado con éxito cuando el órgano judicial haya incurrido en una equivocación "manifiesta y palmaria en la fijación de los hechos o en la interpretación o aplicación de la Ley".

En particular, esta Sala viene señalando con carácter general (por todas, Sentencia de 3 de octubre de 2008 -recurso n.º 7/2007-), que "no toda posible equivocación es susceptible de conceptuarse como error judicial, sino que esta calificación ha de reservarse a supuestos especiales cualificados en los que se advierta en la resolución judicial un error "craso", "patente", "indubitado", "incontestable", "flagrante", que haya provocado "conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas". Y, en relación con el error judicial en la interpretación o aplicación de la Ley, hemos señalado que sólo cabe su apreciación cuando el órgano judicial ha "actuado abiertamente fuera de los cauces legales", realizando una "aplicación del derecho basada en normas inexistentes o entendidas fuera de todo sentido".

En todo caso, esta Sala ha dejado claro que no existe error judicial "cuando el Tribunal mantiene un criterio racional y explicable dentro de las normas de la hermenéutica jurídica", "ni cuando se trate de interpretaciones de la norma que, acertada o equivocadamente, obedezcan a un proceso lógico", o, dicho de otro modo, que no cabe atacar por este procedimiento excepcional "conclusiones que no resulten ilógicas o irracionales", dado que "no es el desacierto lo que trata de corregir la declaración de error judicial, sino la desatención, la desidia o la falta de interés jurídico, conceptos introductores de un factor de desorden, originador del deber, a cargo del Estado, de indemnizar los daños causados directamente, sin necesidad de declarar la culpabilidad del juzgador" [en este sentido, entre muchas otras, véanse las Sentencias de esta Sala de 27 de marzo de 2006 (rec. núm. 6/2004), FD Primero; de 20 de junio de 2006 (rec. núm. 20 de marzo de 2006 (rec. núm. 13/2004), FD Primero; de 15 de enero de 2007 (rec. núm. 17/2004), FD Segundo; de 12 de marzo de 2007 (rec. núm. 18/2004), FD Primero; de 30 de mayo de 2007 (rec. núm. 14/2005), FD Tercero; de 14 de septiembre de 2007 (rec. núm 5/2006), FD Segundo; de 30 de abril de 2008 (rec. núm. 7/2006), FD Cuarto; y de 9 de julio de 2008 (rec. núm. 6/2007), FD Tercero].

Tercero.-Pues bien, examinados los autos, debemos concluir, a la luz de la doctrina expuesta, y aceptando el criterio del Ministerio Fiscal, que el error en que incurrió la sentencia objeto de la demanda de revisión es claro, manifiesto y palmario. En efecto, la Sentencia objeto de la presente demanda considera que la mercantil recurrente procedió a la identificación del conductor del vehículo el día 16 de abril de 2008, transcurrido el plazo de quince días concedido para alegaciones tras la notificación de la iniciación del expediente sancionador, que tuvo lugar el día 27 de marzo de 2008, sin tener en cuenta que, como acreditaba la mercantil recurrente con el documento número tres aportado junto al escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, dicho escrito de alegaciones fue presentado el día 14 de abril de 2008 en la Oficina de Correos, como autoriza el artículo 38.4.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo tanto, considerando por un lado que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Orense valoró en su sentencia que la identificación llevada a cabo en el procedimiento sancionador incoado por la supuesta infracción del Art. 72.3 de la Ley de Tráfico habría resultado aceptable siempre que la misma se hubiera realizado dentro del plazo de 15 días hábiles concedidos para alegaciones, y, por otro lado, que el escrito de alegaciones en el que se identificaba al conductor del vehículo sí estaba dentro del plazo de quince días hábiles siguientes al de la notificación de la iniciación del expediente sancionador, pues ésta se produjo el 27 de marzo de 2008 y el escrito se presentó el 14 de abril de 2008, procede concluir que en el presente caso ha habido un funcionamiento anormal del servicio público, sin que tenga el recurrente la obligación de soportarlo, lo que demuestra una injustificada desatención del Juzgado, pues el documento en el que la recurrente justificaba que el escrito de alegaciones lo presentó el día 14 de abril de 2008 constaba en las actuaciones desde el mismo momento de la interposición del recurso contencioso-administrativo mediante demanda, en cuyo escrito se hacía constar "En el plazo conferido por dicho acuerdo de iniciación se formularon alegaciones de fecha 14 de abril de 2008".

Resulta, pues, evidente, tanto del contenido de la sentencia como del informe emitido por el Juzgado sentenciador, que si se hubiera tenido en cuenta el dato incuestionable que el escrito de alegaciones en el que se identificaba al conductor del vehículo se presentó el día 14 de abril de 2008, y no el siguiente día 16, no hubiera llevado al Juzgado a desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Baher Carballiño, S.L. contra la Resolución de la Dirección General de Tráfico de 20 de octubre de 2008, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del Subdelegado del Gobierno en Pontevedra de 7 de mayo de 2008, por lo que estamos ante una resolución judicial viciada por un evidente error.

Cuarto.-Por las razones expuestas se está en el caso de estimar la pretensión de declaración de error judicial de que aquí se trata, bien que limitada a su función de requisito previo a la eventual pretensión de responsabilidad patrimonial a ejercitar, en su caso, contra el Estado. En efecto, la pretensión de declaración de error judicial se contrae a la exclusiva finalidad de constituir presupuesto inexcusable, junto con la sentencia dictada en recurso de revisión, de una ulterior acción resarcitoria, por responsabilidad patrimonial de Estado Juez, sin que, por tanto, la situación jurídica declarada o reconocida por la sentencia a la que se imputa dicho error se vea alterada o modificada por una declaración de existencia en la misma de error judicial. La declaración del error persigue, pues, una reparación del daño sufrido por la resolución judicial errónea y no, a diferencia de los recursos procesales, una sustitución de los pronunciamientos del fallo por otros de signo o alcance diversos, como lo pone de manifiesto el art. 293.1. apartado g) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Quinto.-Al haber de estimarse la pretensión de declaración de error judicial, no debe hacerse pronunciamiento en cuanto a costas y ha de acordarse la devolución del correspondiente depósito.

Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del Pueblo español, nos confiere la Constitución.


FALLAMOS


 
Que debemos estimar y estimamos la demanda interpuesta por Baher Carballiño, S.L. y, a los efectos expresados en el fundamento jurídico cuarto, declaramos que la sentencia dictada el 12 de mayo de 2009 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Orense en el Procedimiento Abreviado n.º 4/09, incide en error judicial, sin hacer pronunciamiento en costas y con devolución del depósito constituido.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección que edita el Consejo General del Poder Judicial lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. D. Mariano de Oro-Pulido y Lopez, Magistrado Ponente en estos autos; de lo que como Secretaria, certifico.-


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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