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Sentencia T.S. (Sala 3) de 2 de Diciembre de 2010


 RESUMEN:

Error judicial: falta de medidas de seguridad. Accidente de trabajo sufrido por el recurrente. No dictadas actas de infracción ni recargo de prestaciones.Discrepancia con al valoración de la prueba, y con al interpretación de las normas jurídicas aplicables efectuada por el órgano judicial.  Desestimación del recurso de revisión.

En la Villa de Madrid, a dos de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los Excmos. Señores al margen anotados, el presente recurso de revisión por error judicial núm. 7/2009, promovido por la Procuradora de los Tribunales doña María del Mar Hornero Hernández, en nombre y representación de D. Romulo, contra la Sentencia de 25 de septiembre de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dictada en el recurso n.º 550/2004, instado por el citado contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz contra el Acuerdo de 29 de octubre de 2003 de la Inspectora de Trabajo, por el que se acordó que no se observaba la falta de medidas de seguridad por parte de la empresa demandada en el accidente de trabajo sufrido por el recurrente el 25 de agosto de 2000 y, en consecuencia, no dictar actas de infracción ni recargo de prestaciones.

Ha sido parte el Abogado del Estado en la representación y defensa que legalmente le corresponde. Ha informado el Ministerio Fiscal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-D. Romulo formuló, mediante escrito de 2 de enero de 2002 -reiterado por escrito de 7 de octubre de 2003-, denuncia ante la Inspección de Trabajo de Cádiz contra las mercantiles "Explotaciones Riverflor, S.L." y "Agropecuaria Gibalbín, S.L.", en materia de recargo de prestaciones del 50% por falta de medidas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Las citadas denuncias fueron resueltas por Informe de la Inspectora Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz de 29 de octubre de 2003, en el que se concluye que no se observa, en la relación causa-efecto, falta de medidas de seguridad y salud laborales que determinara el levantamiento de Acta de Infracción en materia de prevención de riesgos laborales.

Segundo.-Frente a la anterior Resolución presunta se interpuso, con fecha 29 de junio de 2004, recurso contencioso- administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, solicitando, mediante escrito presentado el 6 de abril de 2005, la ampliación del recurso al Acuerdo del Jefe de la Inspección de Trabajo de Cádiz de 2 de febrero de 2005 -dictado en contestación al recurso de alzada interpuesto contra Informe de la Inspectora D.ª Esperanza de 21 de diciembre de 2004-.

En su escrito de demanda, la parte actora tras aducir los argumentos en que fundamentaba sus pretensiones, suplicaba se anulasen los actos recurridos y se declare la obligación de la Inspección de Trabajo de Cádiz de dictar actas de infracción y recargo de prestaciones en el accidente de trabajo sufrido.

El Abogado del Estado se opuso a la demanda, instando su íntegra desestimación.

La Sentencia de 25 de septiembre de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, desestimó el recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz contra el Acuerdo de 29 de octubre de 2003 de la Inspectora de Trabajo; sin hacer expresa imposición de las costas causadas.

Tercero.-Mediante escrito presentado el 21 de septiembre de 2009, la Procuradora doña María del Mar Hornero Hernández, en nombre y representación de Don Romulo ", interpuso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recurso de revisión por error judicial (núm. 7/2009) contra la Sentencia de 25 de septiembre de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla. En dicho escrito se alega, en síntesis y tras transcribir el escrito de la demanda, que en la sentencia de instancia no se resuelve y ni siquiera se citan las infracciones alegadas en la demanda del recurso, "... cometiendo así a nuestro entender un error judicial de valoración básico, y entre otras en infracción directa del art. 11.3, art. 9.4 y art. 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, arts. 218 LEC y concordantes de la normativa legal de aplicación que preceptúa que las sentencias resolverán sobre todas las cuestiones planteadas en el procedimiento, cuya falta de resolución constituye una real indefensión al tratarse del primer y único procedimiento judicial que cabe una vez finalizado la fase administrativa en la que se cometieron todas las infracciones que el recurrente detalla con total precisión en la Fundamentación Jurídica de la Demanda de Recurso Contencioso Administrativo (siendo competencia de los tribunales el control de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican, art. 8 L.O.P.J.)", infracciones que resume a continuación, con remisión al texto de la demanda, alegando que las mismas quebrantarían la presunción de veracidad de las actas de la Inspección de Trabajo, ya que la Inspección primero y la Sentencia recurrida después, al dar veracidad al Acta incurre en desigualdad de partes y en falta de tutela judicial efectiva, pues el Acta de Inspección se basa en las explicaciones de la empresa que se limita a contestar que todo lo desconoce y que debió ser culpa del trabajador, cometiendo la Inspección abusos tan manifiestos como no llamar a declarar ni al accidentado, porque no se le localizaba por teléfono al estar hospitalizado, ni al único testigo presencial del accidente, o no pedir el Plan de Prevención y el Certificado preceptivo de la máquina con la que sufrió el accidente, o no realizar la Inspección de oficio la actividad probatoria para la investigación, o valorar el Informe de un Técnico de parte, como es el de Prevención. Añade que con una valoración correcta de la prueba, y no errónea y parcial como se ha dado, se llegaría a la conclusión de que el accidente de trabajo, con las consecuencias gravísimas que tuvo, se produjo por falta de medidas de seguridad y prevención de riesgos. Finaliza alegando que existe error en la sentencia en la confusión entre la presunción de veracidad que tienen las actas de Inspección y su total certeza y sometimiento, cuando es una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario, o por lo menos la valoración de la misma, que no se ha dado.

Cuarto.-Por providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal de 24 de septiembre de 2009, se tuvo por personada a la parte recurrente, acordándose librar despacho a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla) para que emplazara en forma a cuantos hubieran sido parte en el recurso, y remitiera a esta Sala Tercera el citado rollo así como el informe preceptivo a que se refiere el artículo 293.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En este último Informe, el órgano judicial pone de manifiesto que "tras valorar la prueba practicada en el seno del recurso jurisdiccional y el contenido del expediente administrativo, este Tribunal llegó a la conclusión, expresada en la sentencia a que se contrae este informe, de que la Inspección de Trabajo había agotado la investigación para acordar la procedencia de levantar acta de infracción sobre incumplimiento de normas de seguridad con motivo del accidente de trabajo producido, todo ello en orden a la imposición del recargo correspondiente sobre las prestaciones sociales a favor del trabajador, por lo que, en definitiva, resolvió que el acto impugnado era ajustado a Derecho. Consideramos, en conclusión, que la decisión expresada en el fallo de la sentencia se halla debidamente fundada en base a las consideraciones que en ella se reflejaron, como se explica en este informe, habiéndose valorado la prueba aportada en su conjunto y con sujeción a las reglas de la lógica y de la sana crítica"

Mediante escrito presentado el 14 de diciembre de 2009, el Abogado del Estado, en tiempo y forma, presentó escrito de contestación a la demanda de revisión por error judicial, solicitando su desestimación.

Quinto.-Pasadas las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, éste fue efectuado mediante escrito presentado el 19 de mayo de 2010, en el que, tras citar la reciente doctrina de este Tribunal recogida en la Sentencia de 8 de marzo de 2007, en la que se recogen los requisitos que pueden dar lugar a la declaración de error judicial, concluye que "... la sentencia ahora enjuiciada no ha incurrido en el error manifiesto y evidente que exige, como primer presupuesto, la doctrina jurisprudencial expuesta, toda vez que la Sala valoró la prueba practicada (informe de la Inspectora de Trabajo, informe fotográfico, informe pericial, declaración de testigo presencial, del representante de la empresa propietaria de la máquina, y del propio afectado...), y llegó a la convicción de que el informe impugnado era ajustado a Derecho al no apreciar inhibición de los Inspectores al haber agotado -dentro de sus posibilidades- la investigación para acordar la procedencia de no levantar acta de infracción alguna sobre incumplimiento de normas de seguridad por la empresa "Explotaciones Riveflor, S.L." en el accidente de trabajo producido reconociendo el valor de presunción de veracidad del informe de la Inspección de Trabajo (art. 137.3 Ley 30/1992). La decisión de la sentencia podrá haber alcanzado mayor o menor acierto, pero en ningún caso está incursa en el error que se delimita por la jurisprudencia antes citada".

Sexto.-Por providencia de 15 de noviembre de 2010, se señaló para votación y fallo el día 25 de noviembre de 2010, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El presente recurso de revisión por error judicial se interpone contra la Sentencia de 25 de septiembre de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dictada en el recurso n.º 550/2004, instado por D. Romulo contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz contra el Acuerdo de 29 de octubre de 2003 de la Inspectora de Trabajo, por el que se acordó que no se observaba la falta de medidas de seguridad por parte de la empresa demandada en el accidente de trabajo sufrido por el recurrente el 25 de agosto de 2000 y, en consecuencia, no dictar actas de infracción ni recargo de prestaciones.

Por parte de la representación procesal del recurrente promueve el presente recurso de revisión por error judicial al considerar, tal y como antes se señaló, que la sentencia incurre en un error judicial de valoración básico, al no resolver y ni siquiera citar las infracciones alegadas en la demanda del recurso contencioso-administrativo, incurriendo con ello en infracción directa de los artículos 11.3, 9.4 y 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como del artículo 218 y concordantes de la LEC.

Segundo.-La resolución del presente recurso debe partir de que, conforme viene reiterando la jurisprudencia de esta Sala, el proceso por error judicial, regulado en el artículo 293 LOPJ como consecuencia del mandato contenido en el artículo 121 CE, no es una tercera instancia o casación encubierta "en la que el recurrente pueda insistir, ante otro Tribunal, una vez más, en el criterio y posición que ya le fue desestimado y rechazado anteriormente", sino que este sólo puede ser instado con éxito cuando el órgano judicial haya incurrido en una equivocación "manifiesta y palmaria en la fijación de los hechos o en la interpretación o aplicación de la Ley".

En particular, esta Sala viene señalando con carácter general (por todas, Sentencia de 3 de octubre de 2008 -recurso n.º 7/2007 -), que "no toda posible equivocación es susceptible de conceptuarse como error judicial, sino que esta calificación ha de reservarse a supuestos especiales cualificados en los que se advierta en la resolución judicial un error "craso", "patente", "indubitado", "incontestable", "flagrante", que haya provocado "conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas". Y, en relación con el error judicial en la interpretación o aplicación de la Ley, hemos señalado que sólo cabe su apreciación cuando el órgano judicial ha "actuado abiertamente fuera de los cauces legales", realizando una "aplicación del derecho basada en normas inexistentes o entendidas fuera de todo sentido".

En todo caso, esta Sala ha dejado claro que no existe error judicial "cuando el Tribunal mantiene un criterio racional y explicable dentro de las normas de la hermenéutica jurídica", "ni cuando se trate de interpretaciones de la norma que, acertada o equivocadamente, obedezcan a un proceso lógico", o, dicho de otro modo, que no cabe atacar por este procedimiento excepcional "conclusiones que no resulten ilógicas o irracionales", dado que "no es el desacierto lo que trata de corregir la declaración de error judicial, sino la desatención, la desidia o la falta de interés jurídico, conceptos introductores de un factor de desorden, originador del deber, a cargo del Estado, de indemnizar los daños causados directamente, sin necesidad de declarar la culpabilidad del juzgador" [en este sentido, entre muchas otras, véanse las Sentencias de esta Sala y Sección de 27 de marzo de 2006 (rec. núm. 6/2004), FD Primero; de 20 de junio de 2006 (rec. núm. 20 de marzo de 2006 (rec. núm. 13/2004), FD Primero; de 15 de enero de 2007 (rec. núm. 17/2004), FD Segundo; de 12 de marzo de 2007 (rec. núm. 18/2004), FD Primero; de 30 de mayo de 2007 (rec. núm. 14/2005), FD Tercero; de 14 de septiembre de 2007 (rec. núm 5/2006), FD Segundo; de 30 de abril de 2008 (rec. núm. 7/2006), FD Cuarto; y de 9 de julio de 2008 (rec. núm. 6/2007), FD Tercero].

Tercero.-Pues bien, examinados los autos, debemos concluir, a la luz de la doctrina expuesta, que no cabe apreciar en la Sentencia de 25 de septiembre de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, el error cualificado que le imputa el recurrente.

Basta la mera lectura del escrito de demanda presentado para constatar que no se imputa a la Sentencia la aplicación de normas inexistentes o distintas de las procedentes. En primer lugar debe señalarse que al alegar que la sentencia de instancia no resuelve ni cita las infracciones alegadas en la demanda del recurso, estaría denunciando una incongruencia omisiva de la sentencia, y dejando a un lado la suficiencia o no de la argumentación, ha de significarse que la pretendida incongruencia omisiva no es subsumible en el "error judicial", al poder repararse en otras vías procesales, como la del incidente de nulidad de actuaciones, como tiene declarado esta Sala en sus Sentencias de 31 de Mayo de 2002 y 30 de Mayo de 2007. Y en segundo lugar, el recurrente simplemente expresa su disconformidad con la conclusión que, a la vista del material probatorio obrante en las actuaciones y de la normativa de aplicación, alcanzó la Sala sentenciadora, a saber: "que en la fase probatoria del procedimiento no se ha puesto de manifiesto la procedencia de continuar investigando la posible infracción de normas de seguridad en el accidente sufrido por el recurrente, pues no se han aportado, en esencia, otros medios de prueba distintos de aquellos que fueron en su momento ponderados por la Inspectora de Trabajo -que goza de presunción de veracidad a tenor de lo previsto en el artículo 137 en la Ley 30/92 - nos referimos al informe fotográfico, informe pericial y declaración de testigo presencial y del representante de la empresa propietaria de la máquina en que se produjo el accidente, sin que el resultado de dicha actividad probatoria arroje un resultado esencialmente distinto del que tuvo lugar en el expediente administrativo, a lo que ha de agregarse, como hecho de transcendental importancia, la propia desaparición de la tantas veces citada máquina, ha de concluirse afirmando que la resolución impugnada es ajustada a Derecho, pues no se aprecia inhibición o incumplimiento de las funciones de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las cuales aparecen reguladas en el Real Decreto 138/2000 de cuatro de febrero y Ley 42/1997 de 14 de noviembre reguladora de la Inspección de Trabajo".

En definitiva, como puede apreciarse, lo que, bajo el calificativo de error judicial, pone en realidad de manifiesto el recurrente, es una discrepancia con la valoración de la prueba y con la interpretación de las normas jurídicas aplicables efectuada por el órgano judicial. Pero, en la medida en que las conclusiones alcanzadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, no pueden reputarse ilógicas, irrazonables o absurdas, sino que, por el contrario, constituyen claramente el resultado de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, aquéllas no pueden ser revisadas en el procedimiento de revisión por error judicial, un proceso extraordinario en el que, como venimos señalando, está vedado a este Alto Tribunal examinar nuevamente la prueba practicada en las actuaciones de instancia (en este sentido, Sentencias de 12 de marzo de 2007, FD Segundo, y 30 de abril de 2008, FD Cuarto) ni enjuiciar el acierto o desacierto del órgano jurisdiccional al dictar su resolución.

Cuarto.-En atención a la expuesto, procede desestimar el presente recurso de revisión por error judicial, y, en consecuencia, condenar en costas a la demandante y acordar la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo dispuesto en las letras c) y e) del art. 293.1 de la L.O.P.J., en relación con los arts. 139 de la L.J.C.A. y 516.2 de la L.E.C., si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 del citado art. 139 de la L.J.C.A., señala como cantidad máxima, para los honorarios del Letrado de la parte recurrida, a efectos de las referidas costas, la cifra de 1200 euros.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y por la potestad que nos confiere el pueblo español,


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de revisión por error judicial interpuesto por la representación procesal de D. Romulo contra la Sentencia de 25 de septiembre de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dictada en el recurso n.º 550/2004, con la consecuente imposición de costas a la parte recurrente, con el límite cuantitativo expresado en el último de los Fundamentos Jurídicos, y pérdida del depósito realizado.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina, Magistrado Ponente en estos autos; de lo que como Secretaria, certifico.-


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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