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Sentencia A.P. Pontevedra 448/2010, de 20 de septiembre


 RESUMEN:

Liquidación de régimen económico matrimonial: La alegación de que el pasivo ganancial (contrato de préstamo) se ha ido amortizando supone una cuestión nueva y su resolución en alzada indefensión para la parte contraria. Valoración de los bienes: El procedimiento liquidatorio diferencia dos fases, inventario y liquidación, siendo lo más lógico que la valoración de los bienes se lleve a cabo en el momento más próximo a la materialización de las cuotas. Adjudicación de los bienes: Se formarán los correspondientes lotes iguales o proporcionales, no sólo cuantitativa sino también cualitativamente.

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00448/2010

Rollo: RECURSO DE APELACION (LECN) 383/10

Asunto: LIQUIDACION DE GANANCIALES 184/08

Procedencia: PRIMERA INSTANCIA NÚM. 1 CALDAS

LA SECCION PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, COMPUESTA POR LOS ILMOS

MAGISTRADOS

D. FRANCISCO JAVIER MENÉNDEZ ESTÉBANEZ

D.ª MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

D. CELSO JOAQUIN MONTENEGRO VIEITEZ,

HA DICTADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA NUM.448

En Pontevedra a veinte de septiembre de dos mil diez.

Visto en grado de apelación ante esta Sección 001 de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, los autos de liquidación de gananciales 184/08, procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Caldas, a los que ha correspondido el Rollo núm. 383/10, en los que aparece como parte apelante-demandante: D. Felisa representado por el procurador D. LOURDES MARTINEZ CABRERA y asistido por el Letrado D. MARIA JOSE MOLDES, y como parte apelado- demandado: D. Cirilo, representado por el Procurador D. DAVID GARCIA SEXTO, y asistido por el Letrado D. JESUS MARIA SANCHEZ CAMPOS, y siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. CELSO JOAQUIN MONTENEGRO VIEITEZ, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Caldas, con fecha 18 enero 2010, se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice:

"1. Rexeito a oposición formulada por dona Felisa, con imposición a ela das custas.

2. Rexeito a oposición formulada por don Cirilo, con imposición a el das custas.

3. Procede a aprobación íntegra do caderno particional elaborado pola contadora Sra. Virginia e que consta nos folios 68 a 73 dos autos."

Segundo.-Notificada dicha resolución a las partes, por D.ª Felisa, se interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos, por lo que se elevaron las actuaciones a esta Sala y se señaló el día ocho de septiembre para la deliberación de este recurso.

Tercero.-En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El procedimiento al que el presente Rollo de Apelación (n.º 383/2010) se contrae, se inició tras la presentación de solicitud de liquidación del régimen económico matrimonial por parte de Dña. Felisa, con fundamento en las previsiones del artículo 810 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado que la fase previa de inventario regulada en el artículo 809 del mismo texto legal concluyó por sentencia dictada con fecha 27 de Febrero de 2008 por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Caldas de Reis. A tal fin, y fijados, pues, los bienes que integran como activo y pasivo la sociedad de gananciales constituida por la Sra. Felisa y el Sr. Cirilo, a los efectos de proceder a la liquidación definitiva del régimen acompaña a su solicitud la correspondiente propuesta.

Admitida a trámite la solicitud, se citó a los cónyuges al objeto de comparecer ante el Secretario Judicial a los efectos prevenidos en el artículo 810.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, trámite en el que se puso de manifiesto la disconformidad del Sr. Cirilo no con la relación de bienes propuesta, sino con la valoración de los mismos efectuada en la propuesta de liquidación aportada de adverso y ratificada en el mismo acto, razón por la cual se acordó la designación de contador-partidor, quien tras solicitar la designación de perito al objeto de determinar el valor de los bienes, presentó las correspondientes operaciones divisorias que obran al folio 68 y siguientes de las actuaciones.

Conferido traslado de las operaciones divisorias a las partes litigantes -conforme a lo dispuesto en el artículo 787 de la ley procesal, al que se remite el artículo 810.5 -, ambas manifestaron oposición a las mismas, siendo de destacar -por lo que aquí nos interesa- que los motivos esgrimidos por la representación procesal de la Sra. Felisa (escrito de fecha 3 de Julio de 2009, obrante al folio 77) se concretan en los dos siguientes: Valoración del vehículo Ford Mondeo 2.0, matrícula....-RHT; y adjudicación de los bienes.

Celebrada la vista, la sentencia de instancia desestimó en su integridad las consideraciones de oposición planteadas por ambas partes en litigio, aprobando en su integridad el cuaderno particional elaborado por la contadora Doña. Virginia.

Frente a dicha resolución se alza únicamente Dña. Felisa, interesando la parte contraria la desestimación de su recurso.

Segundo.-Así, tras exponer a modo de introducción que la resolución apelada le causa un grave perjuicio "al no aplicar criterios homogéneos en la valoración de los bienes que integran el patrimonio, a fin de evitar enriquecimientos injustos", la impugnante como primer motivo parece denunciar el hecho de que en el cuaderno particional no se tenga en cuenta, a los efectos de liquidación patrimonial, el que el pasivo ganancial (contrato de préstamo con la entidad Banesto) se ha ido amortizando desde su determinación en la suma de 22.163,93 euros a Junio de 2007, tal y como fue fijado en la sentencia que resolvió la controversia relativa al inventario.

El motivo, sin más, ha de ser desestimado porque nos encontramos ante una cuestión nueva, siendo así que, según tiene declarado la jurisprudencia, no es de tener en cuenta las cuestiones que no hubieran sido planteadas adecuadamente en la fase oportuna, puesto que sólo pueden serlo en ella los que lo hayan sido en el juicio de que se trata, debido a que el no entenderlo así significaría resolver sobre cuestiones que no han sido adecuadamente conocidas por la parte contraria y articular la prueba correspondiente y que al hacerse supondría una indefensión de la parte adversa que contraría el tenor literal del artículo 24.1 de la Constitución (SSTS 28.1.86, 12.5.87, 17.10.88, 25.6.90, 20.12.91, 24.2 y 18.4.92, 12.7.93); y contraria por tanto también al principio de oportunidad de defensa, al verse sorprendida la contraparte por unas alegaciones que no fueron objeto de debate (STS 18.1.92 y 16.7.93). Aplicando la doctrina que acaba de ser expuesta al referido motivo de impugnación del recurso interpuesto, es claro su rechazo sin necesidad de su concreto análisis, a la vista de que no fue propuesta la cuestión en tiempo y forma, dado que en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil y en el ámbito del procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial, por remisión del artículo 810.5 a lo dispuesto en el artículo 784 y siguientes, todos los óbices a las operaciones divisorias habrán de efectuarse una vez conferido el traslado que contempla el artículo 787.1, incidiendo de modo expreso el referido precepto que "la oposición habrá de formularse por escrito, expresando los puntos de las operaciones divisorias a que se refiere y las razones en que se funda", de forma que, de no haber conformidad en la comparecencia respecto a las cuestiones promovidas (artículo 787.4), el órgano jurisdiccional será el que resuelva definitivamente la controversia tras sustanciar el procedimiento con arreglo a lo dispuesto para el juicio verbal (apartado quinto del mismo precepto). Dado que la cuestión acerca del pasivo no fue debidamente introducida a debate en el momento procesal oportuno -el escrito de oposición a las operaciones divisorias-, para ser discutida y resuelta del modo anteriormente aludido, sustrayéndola así del debate contradictorio y resolución en primera instancia, llano es concluir la improcedencia de su novedoso planteamiento en esta segunda instancia.

Sin perjuicio de lo anterior, una razón más conduce a la desestimación del motivo: Y es que tal pedimento de reducción del pasivo resulta incongruente con el propio posicionamiento procesal adoptado por la parte que ahora lo solicita, puesto que en el escrito por el que solicitó el inicio de la fase de liquidación indicó y fijó expresamente, en su propuesta de liquidación, el pasivo en la cantidad que posteriormente tuvo en cuenta la contadora-partidora, esto es, 22.163,93 euros, por lo que no puede ahora volverse contra sus propios actos.

Tercero.-A renglón seguido, considera la parte apelante que el vehículo, cuya depreciación -sostiene- es constante y muy tangible, ha de ser valorado no a mes de Febrero de 2009, cuando fue tasado por el perito judicialmente designado a los efectos del proceso liquidatorio, sino a Junio de 2007, "fecha en que se iniciaron estos trámites de liquidación con la solicitud de inventario que se siguió bajo el n.º 270/2007 del mismo Juzgado".

Hemos de tener presente, empero, que el procedimiento para la liquidación de la sociedad de gananciales establece dos fases claramente diferenciadas: La primera, consistente en la formación del inventario de los bienes y deudas que integran el patrimonio de la misma; y una segunda destinada a liquidar propiamente la sociedad con la adjudicación a cada uno de los cónyuges del lote correspondiente. Por consiguiente, el objeto del inventario no es otro que determinar con claridad la relación de bienes que forman el caudal partible con arreglo a los criterios establecidos en los artículos 1397 y 1398 del Código Civil. En este sentido, la referencia que efectúa el artículo 809.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil fijando como objeto del juicio verbal para la formación del inventario las controversias relativas al importe de las partidas, ha de entenderse en cuanto la existencia y determinación de las mismas, por ejemplo, saldos en cuentas, gastos, cargas, etc., pero no en relación a la determinación de la valoración de los bienes integrantes del activo de la sociedad. El avalúo de los bienes cobra sentido en el momento posterior de la liquidación en que se materializan las cuotas correspondientes a cada uno de los cónyuges, y así se desprende de lo dispuesto en el artículo 784 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al que se remite el artículo 810.5 del mismo texto legal, que asigna al contador o contadores la práctica del avalúo con el asesoramiento en su caso de peritos; y es que si el procedimiento liquidatorio diferencia dos fases: Inventario y liquidación, lo más lógico es que la valoración de los bienes, susceptible de variar sustancialmente a lo largo del tiempo, se lleve a cabo en el momento más próximo a la materialización de las cuotas, lo que, por otra parte, viene manifestado por reiterada del Tribunal Supremo cuando señala que la fecha que ha de tenerse en cuenta para valorar los bienes y determinar las deudas es la que coincide no con la de la disolución de la sociedad de gananciales sino con la de su efectiva liquidación. Todo lo cual pone de relieve que, en no pocos casos, el momento más apropiado para la valoración de los bienes que integran el activo ganancial se corresponda con la fase definitiva de adjudicación de los lotes resultantes de la división del patrimonio ganancial y no con el de la fase de inventario. Máxime si tenemos presente que la regulación actual del procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial posibilita que, como consecuencia de los recursos que puedan interponerse contra la sentencia que ponga fin a la fase de formación de inventario (809.2, 455.1 y 477.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), pueda transcurrir tiempo de consideración entre uno y otro momento.

Cuarto.-Finalmente, se interesa que las adjudicaciones se ajusten a la propuesta aportada por la propia recurrente, Sra. Felisa, pedimento que igualmente ha de ser rechazado. No sólo porque carece del más mínimo razonamiento que, introducido en el recurso, lleve a desvirtuar los argumentos de la Juez que conoció del proceso a quo, sino también porque, conforme a lo dispuesto en el artículo 1061 del Código Civil, precepto ubicado en las normas reguladoras de la partición y liquidación de la herencia pero aplicable al caso por remisión expresa del artículo 1410 del mismo cuerpo legal, en la partición se ha de guardar la posible igualdad, haciendo lotes o adjudicando a cada uno cosas de la misma naturaleza, calidad o especie. Desde esta perspectiva, evidente resulta que en la adjudicación de los bienes que integran el activo del inventario de la sociedad en liquidación, habrá que formar los correspondientes lotes iguales o proporcionales, no sólo cuantitativa sino también cualitativamente, siendo así que ello es lo que ha acontecido en el supuesto sometido a nuestra consideración, dado que de las actuaciones no entendemos que el criterio de equidad se haya conculcado cuando la contadora-partidora ha procedido a dividir y adjudicar el caudal repartible de manera equilibrada -lo que no significa igualdad absoluta o matemática- y teniendo en cuenta, en la atribución de los bienes, con cuáles se quedó cada uno de los cónyuges. De facto, la parte supuestamente afectada no efectúa alegación alguna que desvirtúe esta conclusión, lo que implica el decaimiento del motivo.

Quinto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales de esta alzada han de ser impuestas a la parte apelante al ser totalmente desestimadas sus pretensiones.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación


FALLAMOS


 
Primero.-Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dña. Lucía Latorre Búa, en nombre y representación de Dña. Felisa, contra la sentencia de fecha 18 de Enero de 2010, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Caldas de Reis.

Segundo.-Confirmar la reseñada resolución apelada.

Tercero.-Imponer las costas procesales de esta alzada a la parte apelante.

Cuarto.-Acordar la pérdida del depósito constituido a los efectos de la interposición del presente recurso de apelación, dándosele el destino previsto legalmente.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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