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Sentencia T.S.J. Canarias 123/2010, de 22 de julio


 RESUMEN:

Interpuesto recurso frente a la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada frente a las administraciones. Desestimación basada en una presunción de velocidad inadecuada, cuando no se ha practicada ninguna prueba que permita dicha conclusión. Desestabilización de la motocicleta y caída de los recurrentes. Desnivel en el asfalto. Inadmisibilidad del recurso.

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de julio de 2010.

Visto por esta TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS. SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. Sección Primera. con sede en Santa Cruz de Tenerife, integrada por los Sres. Magistrados, anotados al margen, el presente recurso de apelación número 0000108/2010, interpuesto por Virgilio y Teodora, representado el Procurador de los Tribunales D./Dña. M. Eugenia Beltrán Gutiérrez y dirigido por la Abogada D./Dña. Julio Alberto Herrera Acevedo, contra Cabildo Insular De Tenerife, Consejería De Infraestructuras y Transportes Y Viviendas, habiendo comparecido, en su representación y defensa D./Dña. Serv Jurídico De La Comunidad Autónoma De Canarias, versando sobre responsabilidad patrimonial. Siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrado Doña María del Pilar Alonso Sotorrío..


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife, dictó sentencia el 12 de enero de 2010, con el siguiente fallo: "Que, debo desestimar y desestimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Virgilio Y D.ª Teodora, sin que proceda hacer expresa imposición de las costas procesales causadas"...

Segundo.-Por la representación de la parte recurrente, antes mencionada, se interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia.

Tercero.-Seguido el recurso por todos sus trámites, se elevaron las actuaciones a esta Sala, formándose el correspondiente rollo, con señalamiento de votación y fallo para el día 27 de julio adelantándose al día de hoy.

Vistos los preceptos legales citados por las parte y los que son de general aplicación,

.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Interpuesto recurso contencioso administrativo frente a la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada frente a las administraciones hoy apeladas, se siguió por sus trámites dictándose la sentencia objeto de impugnación en el presente.

Interesa la parte apelante su revocación toda vez que la desestimación se basa en una presunción de velocidad inadecuada, cuando lo cierto es que ninguna prueba se ha practicado que permita extraer dicha conclusión; del atestado de la Guardia Civil se aprecia la existencia de un escalón en el asfalto encontrándose la zona en obras lo que tiene trascendencia al tratarse de un vehículo de dos ruedas, lo que provocó la desestabilización de la motocicleta y caída de los recurrentes; omite el jugador en su valoración la referencia a la eficiencia del desnivel en la causación del accidente, resolviendo en base a la presunción de culpabilidad de los recurrentes.

Por la administración apelada del Cabildo Insular, se opone a la admisión del recurso en aplicación del art. 81. a) de la LJCA dada la cuantía que es inferior a la fijada legalmente; el fallo no se basa en la presunción apuntada por los recurrentes, no habiendo los recurrentes probado la relación de causalidad entre las lesiones daños y la actuación de la administración; en consecuencia el nexo causal está roto. No concurren los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para proceder a la declaración de responsabilidad patrimonial de la administración. Lo cierto es que existía una obra, debidamente señalizada, con buena visibilidad el día de los hechos, tal como deriva del atestado. No habiendo presentado ni en vía administrativa ni judicial prueba alguna que desvirtúe la presunción de veracidad, objetividad y certeza del atestado. No habiendo acreditado la existencia de dejación de funciones que competente al Cabildo Insular. Sin que haya probado que la vía se encontrara en malas condiciones o mal señalizada.

Por la administración apelada de la Comunidad Autónoma se opone a la admisión del recurso por aplicación del art. 81. a) de la LJCA al no alcanzar la cuantía el topo fijado de 18.000 euros. No concurren los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente para declarar la responsabilidad patrimonial de la administración. Falta de prueba que acredite la evaluación económica realizada. Inexistencia de nexo causal.

Segundo.-La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo fija en su artículo 81 las sentencias de los juzgados de lo contencioso administrativo susceptibles de ser impugnados mediante la interposición de recurso de apelación, estableciendo en todo caso que no lo serán aquellas cuya cuantía no exceda de 18.000 euros, letra a) del mencionado artículo, conforme redacción dada por la Ley 13/2009 de 3 de noviembre.

En consecuencia, en el presente recurso donde se impugna la sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo n.º 3 recaída en el procedimiento seguido por reclamación de responsabilidad patrimonial frente a las administraciones demandadas, donde se reclama una indemnización de 3723,61 euros por daños materiales y 1371,54 por lesiones a Doña Teodora, aparece de modo evidente que no se alcanza el mínimo fijado por el legislador para acceder al recurso de apelación.

Tercero.-Asimismo, debe indicarse que no existiría vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, pues, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el acceso a los recursos puede resumirse en los siguientes términos, siguiendo la Sentencia 37/1995: " (...) el sistema de recursos se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le dé cada una de las leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales, sin que ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal (STC 140/1985, 37/1988 y 106/1988). No puede encontrarse en la Constitución ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. El establecimiento y regulación, en esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador (STC 3/1983) ". A ello cabe añadir que, según el propio Tribunal Constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva es "un derecho prestacional de configuración legal" cuyo ejercicio y prestación "están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que, en cada caso, haya establecido el legislador", de tal modo que ese derecho "también se satisface con la obtención de una resolución de inadmisión, que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, si esta decisión se funda en la existencia de una causa legal que así lo justifique (Sentencia 26/2003, de 10 de febrero, y las que en ella se citan), siendo esto último lo que aquí ocurre."

En igual sentido el TSJ de Extremadura en sentencia de 11 de marzo del 2009 declara que el "El Tribunal Constitucional ha declarado que el derecho de acceso a los recursos forma parte del contenido a la tutela judicial efectiva. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional en la sentencia STC 374/1993, que señala que es doctrina consolidada y muy reiterada (SSTC 21/1990, 23/1992 y 72/1992) que el derecho de acceso a los recursos legalmente previstos forma parte integrante del contenido a la tutela judicial efectiva, siempre que se cumplan y respeten los presupuestos, requisitos y límites que la propia Ley establezca, correspondiendo a los órganos judiciales decidir en cada caso sobre el cumplimiento o no de esas exigencias. El sistema de recursos es de configuración legal y pertenece al ámbito de libertad del Legislador (SSTC 93/1993, 230/1993 y 37/1995). Es el Legislador quien tiene libertad para configurar tal derecho, salvo en lo relativo al derecho del declarado culpable de un delito a que el fallo y la pena sean sometidos a un Tribunal Superior, derecho a los recursos reconocidos en el artículo 14,5 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos de Nueva York de 1966, y que el Tribunal Constitucional ha considerado integrado en el artículo 24,1 de la Constitución Española (SSTC 42/1982, 33/1989 y 255/1993). "

Cuarto.-En cuanto a las costas, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional.


FALLO


 
SE DECLARA LA INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO núm. 3 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, SIN EXPRESA IMPOSICIÓN DE COSTAS.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-. Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por el Ilmo./a. Sr./a. Magistrado Ponente de la misma, estando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que como Secretario de la Sala doy fe. En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de julio de 2010.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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