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Sentencia T.S.J. Canarias 129/2010, de 25 de octubre


 RESUMEN:

Instituciones penitenciarias: Funcionarios. Reconocimiento del derecho de los funcionarios a no realizar funciones relacionadas con el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad. El cumplimiento de las penas no privativas de libertad debe realizarse en Centros de Inserción Social. Se desestima el recurso.

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de octubre de 2010.

Visto por esta Sección TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS. SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO. Sección Segunda., integrada por los Sres. Magistrados, anotados al margen, el recurso Contencioso - Administrativo n.º 0000169/2009, interpuesto por CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTES Y DE FUNCIONARIOS (CSI-CSIF), representada el Procurador de los Tribunales D./Dña. José Alberto Poggio Morata y dirigido por el abogado D./Dña. Ivan González Barrios, contra MINISTERIO DEL INTERIOR, INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, habiendo comparecido en su representación y defensa el Sr. Abogado del Estado, que tiene por objeto la impugnación de la Resolución de 19 de mayo de 2009 del Subdirector General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, solicitando el reconocimiento del derecho de los funcionarios del Centro Penitenciario Tenerife II a no realizar funciones relacionadas con el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La representación de la parte actora interpuso recurso contencioso administrativo, formalizando demanda con la súplica de que se dice sentencia por la que declare no conforme a derecho la resolución impugnada y, en su consecuencia, la anule, declarando el derecho de los funcionarios del Centro Penitenciario Tenerife II a no realizar funciones relacionadas con el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad.

La representación procesal de la Administración demandada se opone a la pretensión actora y solicita se dicte sentencia que desestime el recurso interpuesto y declare la conformidad de los actos impugnados con el ordenamiento jurídico.

Segundo.-Pruebas propuestas y practicadas.

Practicada la prueba pertinente, las partes formularon conclusiones y señalado día para votación y fallo tuvo lugar la reunión del Tribunal el día señalado al efecto. Aparecen observadas las formalidades de tramitación.

Ha sido ponente el Iltmo. Sr. D. Pedro Hernández Cordobés.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Constituye el objeto del recurso examinar la conformidad o no a Derecho de la Resolución de 19 de mayo de 2009 del Subdirector General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, que desestima la solicitud de los funcionarios del Centro Penitenciario Tenerife II, sobre el reconocimiento de su derecho a no realizar funciones relacionadas con el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad.

Segundo.-La Central Sindical recurrente entiende, sintéticamente expuesto, que el personal de Administraciones Penitenciarias (AAPP) destinado en el Centro Penitenciario Tenerife II, de carácter polivalente, no tiene obligación de realizar funciones directamente relacionadas con la ejecución de las penas impuestas de trabajo en beneficio de la comunidad, puesto que el cumplimiento de las penas no privativas de libertad, conforme se infiere de los dispuesto en el artículo 163 del Reglamento Penitenciario (Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero), debe realizarse en Centros de Inserción Social.

Los Centros de Inserción Social, a los que se refiere el artículo 163 del Reglamento Penitenciario (Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero), son infraestructuras con funcionalidad propia diferente de otros Centros Penitenciarios, destinados al cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen abierto y de las penas de arresto de fin de semana, así como al seguimiento de cuantas penas no privativas de libertad se establezcan en la legislación penal y cuya ejecución se atribuya a los servicios correspondientes del Ministerio de Justicia e Interior u órgano autonómico competente.

Tercero.-El sistemas de penas y medidas de seguridad configurado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, revisado parcialmente por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, introduce la pena privativa de derechos, de trabajos en beneficio de la comunidad, atribuyendo la obligación de hacer efectivo su cumplimiento, en ejecución de las correspondientes resoluciones judiciales, a las AAPP, a través del personal a su servicio. Así lo dispone el artículo 4 del Real Decreto 515/2005, de 6 mayo, sobre circunstancias de ejecución de penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente, de determinadas medidas de seguridad y de suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad.

Pues bien, no constando nada en contrario de la afirmación de que la relación que establecen las personas condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad con los Centros Penitenciarios y el personal destinado en los mismos, se circunscribe a la actividad encomendada al penado durante las jornadas a que haya sido sometido, quedando enmarcadas entre las competencias profesionales de los empleados penitenciarios de control del personal externo que ejerce una actividad en el Centro Penitenciario; no advierte la Sala que la resolución impugnada resulte contraria a la disposición legal citada en la demanda, y por el contrario, encuentra su acomodo en aquellas otras que atribuyen a las AAPP la obligación de hacer efectivo el cumplimiento de esta pena.

Cuarto.-No se aprecian circunstancias, de las previstas en el art. 139 de la LJCA que aconsejan hacer pronunciamiento especial en materias de costas.


FALLO


 
En atención a lo expuesto, la Sala ha decidido DESESTIMAR el recurso interpuesto en nombre de CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTES Y DE FUNCIONARIOS (CSI-CSIF). Sin costas.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

No cabe recurso.

Publicación.-. Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que como Secretario de la Sala, doy fe. En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de octubre de 2010


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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