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Sentencia A.N. de 16 de junio de 2010


 RESUMEN:

Responsabilidad patrimonial: Defectuosa asistencia sanitaria. Daños cerebrales en el parto que provocan epilepsia. No resulta de la Historia Clínica ni de los informes médicos una actuación contraria a la "lex artis". No existe un lesión imputable a la Administración. Se desestima el recurso.

Madrid, a dieciseis de junio de dos mil diez.

Visto por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el presente Recurso tramitado

con el número 16/2009, seguido a instancia de DOÑA María Dolores y DON Teofilo,

representados por la procuradora Doña Carmen Medina Medina y defendidos por letrado, contra la presunta desestimación de la

reclamación que en concepto de responsabilidad patrimonial promovieron con fecha 30 de julio de 2008 ante el INSTITUTO DE

GESTIÓN SANITARIA, siendo demandada la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y asistida por el Sr. Abogado del

Estado, habiendo intervenido ZURICH ESPAÑA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, representada por el procurador Don

Federico José Olivares de Santiago, y defendida por letrado, sobre responsabilidad patrimonial derivada de asistencia sanitaria


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Con fecha 3 de febrero de 2009 fue presentado escrito por la procuradora Doña Carmen Medina Medina, en nombre y representación de DOÑA María Dolores y DON Teofilo, interponiendo recurso contencioso- administrativo frente a la presunta desestimación de la reclamación que en concepto de responsabilidad patrimonial promovieron con fecha 30 de julio de 2008 ante el INSTITUTO DE GESTIÓN SANITARIA, en la que reclamaban la suma de 150.000 € en concepto de daños causados como consecuencia de la defectuosa asistencia sanitaria prestada con ocasión del nacimiento y posterior tratamiento de su hija menor de edad Ana María en Melilla.

Segundo.-Admitido a trámite el escrito se tuvo por interpuesto el recurso, se acordó su sustanciación de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contenciosa-administrativa, teniendo por personado y parte a la procuradora indicada, y reclamado el expediente de la Administración demandada, se dio traslado del mismo a la recurrente para que presentara demanda en legal forma; Evacuado el traslado conferido dentro de plazo, formuló escrito de demanda, en el que tras expresar los hechos y fundamentos que estimó de aplicación al caso, terminó suplicando que se dictara sentencia en la que se declare la responsabilidad sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo - Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA)- a través del Hospital Comarcal de Melilla y del Centro de Atención Primaria y se le condene a indemnizar a mis representados los daños y perjuicios causados por la asistencia sanitaria recibida, en la cantidad de 600.000 €, así como los intereses de demora correspondientes.

Tercero.-Dado traslado de la demanda, la Abogacía del Estado presentó escrito de contestación, en el que suplicaba que se dictara sentencia desestimando el recurso, en mérito a los hechos y fundamentos que estimó de aplicación al caso.

La Compañía Zurich, que compareció en su condición de aseguradora del INGESA, presentó escrito oponiéndose a la demanda, por considerar que no concurrían los requisitos que eran necesarios para dar lugar a la responsabilidad patrimonial demandada.

Cuarto.-A instancia de la parte actora se recibió el procedimiento a prueba y se fijó la cuantía del proceso en 600.000 euros, practicándose prueba documental y pericial, con el resultado que obra en autos, tras lo cual las partes presentaron sus escritos de conclusiones, en los que tras valorar el resultado de la prueba y exponer los fundamentos que estimaron de aplicación al caso, reiteraron los pedimentos contenidos en sus escritos de demanda y contestación.

Quinto.-Cumplimentados los trámites, quedaron los autos pendientes que señalamiento para votación y fallo, el cual quedó fijado para el día 9 de junio de 2010.

Expresa la magistrado de la Sala, designada ponente, Ilma. Sra. Doña ANA MARIA SANGUESA CABEZUDO, el parecer de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Los hechos que han dado lugar al presente recurso contencioso-administrativo se enmarcan en el hecho del nacimiento de la menor de edad Ana María, del que se afirma ha surgido el actual padecimiento de la menor, que le genera una discapacidad o minusvalía del 61% (discapacidad del sistema neuromuscular por encefalopatía y retraso madurativo secundario).

Los demandante, alegan que Doña María Dolores fue asistida de parto de la menor Ana María el día 7 de septiembre de 2007, en el Hospital Comarcal de Melilla, tratándose de parto único, espontáneo, sin incidencias ni complicaciones, según consta en la cartilla de embrazo. La realidad es otra, dicen, puesto que la menor sufrió daños cerebrales en el parto, que precisaron que la menor permaneciera en sus primeras horas de vida con la cabeza vendada, observando la madre que tenía una herida en la cabeza.

A dichas irregularidades se suma el hecho de que no se observó la existencia de parto gemelar hasta la realización de la prueba de amniocentesis en el Hospital Materno Infantil de Málaga.

Tras el nacimiento la menor ha venido recibiendo tratamiento en el Servicio de Pediatría del Centro de Atención Primaria de Melilla y por los Servicios de Urgencia del Hospital Comarcal de Melilla, donde se le ha prescrito tratamiento prolongado con Stensolid desde mayo de 2005, a pesar de la corta edad de la menor, sin un diagnóstico previo por parte de especialista.

Con fecha 8 de febrero de 2008 fue atendida en el Servicio de Neuropediatría del Hospital Materno Infantil de Málaga siéndo diagnosticada de epilepsia mioclónica derivada de parálisis cerebral, no obstante lo cual previamente había sido tratada con stensolid. El 26 de mayo de 2008 el IMSERSO reconoce a la menor la situación de dependencia de carácter permanente con un grado de minusvalía del 61%.

La asistencia resulta, a juicio de los demandantes, contraria a la "lex artis", siendo la que ha provocado la minusvalía, por la que reclaman el importe de 600.000 euros.

Segundo.-La Abogacía del Estado se opone a la demanda alegando que, de un lado, niega los hechos por cuanto del expediente se desprende que el parto de la menor se desarrolló sin complicaciones. En vía administrativa la reclamante solicitó una suma distinta de la solicitada en la demanda. En todo caso, señala que no se aporta prueba alguna de las alegaciones que se efectúan, ni se desprende vulneración de la "lex artis", ni que exista una relación entre la epilesia que padece la menor de edad y el parto. En todo caso, opone, la suma que se demanda es exorbitante.

La Compañía Zurich se opone a la demanda, invocando en primer lugar, desviación procesal, en función de las diferentes sumas que se reclaman en vía administrativa y en vía jurisdiccional, lo que debe dar lugar a la inadmisibilidad del recurso. Por lo que respecta al fondo de la cuestión planteada, la aseguradora aduce que no concurren los requisitos que serían necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial, puesto que a lo largo del parto no acaeció ningún acontecimiento que pueda generar la epilepsia que padece la menor Ana María; El diagnóstico se produjo con 3 años y 5 meses, siéndole prescrito el fármaco Stensolid en tres ocasiones, de forma puntual. Adjunta informe pericial en apoyo de los argumentos que aporta a fin de rebatir las alegaciones que sustentan la demanda.

Tercero.-En primer lugar hemos de resolver acerca de la desviación procesal que invocan las demandadas, alegando que la reclamación que se realizó en vía administrativa y la efectuada a través de la demanda, tienen distinto contenido y pretenden reclamar sumas distintas (150.000 € en el primer caso, y 600.000 € en el segundo). Es cierto que se ha producido tal desviación, sin que nos conste la razón. Sin embargo, ello no puede provocar la inadmisión de la pretensión, invocando el carácter revisor de la jurisdicción, puesto que la pretensión es en esencia la misma, con la sola diferencia de la alteración de la suma reclamada, sin que se hayan producido nuevas circunstancias.

La Sentencia de 6 de febrero de 1999 del Tribunal Supremo recuerda que la naturaleza revisora de la Jurisdicción contencioso- administrativa sólo exige la existencia de un acto o actuación de una Administración Pública sometida al Derecho Administrativo para que, respecto de él o en relación con ella, puedan deducirse por el interesado las pretensiones que estime pertinentes, recalcando que "no es el contenido del acto el que determina la extensión y los límites de la revisión jurisdiccional, sino las peticiones de la demanda, en relación con él, las que acotan, cuantitativa y cualitativamente, el contenido de la pretensión impugnatoria".

Así el requisito de que la Administración, previamente a la vía jurisdiccional, haya tenido la oportunidad de resolver sobre lo que el interesado postule en su demanda, no puede interpretarse como una exigencia de coincidencia total, ya que el recurrente en el proceso puede perfilar, ampliar o extender la inicial pretensión impugnatoria deducida en vía administrativa, en palabras de la propia sentencia del Tribunal Supremo que se acaba de citar "siempre que no desborde el marco general de referencia del acto o actuación correspondientes. Tampoco puede significar, y esto es estricto mandato legal -artículo 69 y 56 de la anterior y vigente Ley Jurisdiccional -, que no pueda apoyar su pretensión en motivos distintos de los utilizados en la vía administrativa".

Por lo tanto, si bien es cierto que la demandante podrá apoyarse en nuevos motivos o argumentos jurídicos, lo que no podrá es alterar la pretensión, modificándola como pretende a través de su demanda (Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6.ª, Sentencia de 21 Febrero 2008, rec. 5146/2003; Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6.ª, Sentencia de 12 Febrero 2000, rec. 3342/1992). Ello no significa que la misma, tal y como ha sido deducida deba ser inadmitida, sino que habrá de quedar circunscrita a los términos cuantitativos que se concretaron en vía administrativa, máxime cuando los hechos no han ofrecido variación sustancial, conforme al carácter revisor de esta jurisdicción (artículos 1, 31 y 71 LRJCA).

Cuarto.-Por lo que respecta al fondo de la reclamación efectuada, al amparo del artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los hechos que resultan del expediente no son coincidentes con los que se exponen en la demanda, con objeto de otorgar sustento a la responsabilidad de la Administración que se reclama.

En efecto, tanto la Historia Clínica como los informes médicos obrantes en autos, ponen de manifiesto que Doña María Dolores fue atendida en consulta de obstetricia el día 15 de mayo de 2004 cuando presentaba una gestación de 23 semanas de amenorrea, realizándose ecografía que evidenció gestación única, con biometría acorde a la edad gestacional, con feto con actividad cardiaca positiva, placenta normo inserta y líquido amniótico en cantidad normal. El facultativo que atendía a la demandante acordó realizar pruebas complementarias al conocer a través de la paciente que el parto era gemelar; ante la falta de constancia del hecho, se realiza nueva ecografía de alta resolución, que confirma el resultado de feto único (Informe del Doctor Porfirio, Jefe de Obstetricia y Ginecología - folio 17-).

Con fecha 7 de septiembre de 2004 la paciente ingresa a las 14,23 con diagnóstico de parto en curso, siendo asistida en el paritorio, con una evolución normal y rápida dilatación, dando a luz a las 16,10 horas una niña de 3260 gramos y apgar 9/10, mediante parto eutócico, sin precisar ningún tipo de asistencia ginecológica. El recién nacido fue asistido por el personal de neonatología que procedió según protocolo a cubrir la cabeza, ya mediante vendaje o gorro, según disponibilidad, para evitar la pérdida de calor. No precisó actuación del médico de guardia. A las 48 horas fueron dados de alta sin incidencias reseñables (Informe del Servicio de Tocoginecología, firmado por la Doctora Doña María Teresa - folio 18-).

La información que resulta de tales informes aparece corroborada en la historia de la paciente (folio 128, 132, 148, 152 y 158), en la que queda constancia de que el parto se desarrolló de forma normal, sin que la madre o el recién nacido sufrieran daño alguno a consecuencia del parto. En el mismo sentido se pronuncian los informes de la Inspección Médica de 1 de septiembre de 2009 y de la Doctora Francisca ratificado en el ramo de prueba de la aseguradora.

En los referidos informes se da una explicación acerca del primitivo parto gemelar, posteriormente frustrado, como consecuencia de un proceso natural de reabsorción durante los tres primeros meses de desarrollo del embrión (" síndrome del gemelo evanescente"). Asimismo, se puede constatar, a través de la Historia Clínica de la menor Ana María que la misma fue diagnosticada de epilepsia, a la edad de 3 años y 5 meses, tras presentar un cuadro de crisis convulsivas (folio 237). Sin embargo, en la referida historia no se puede constatar la existencia de la relación que sugiere la demandante, hecho que también se pone de manifiesto en los informes de la Inspección Médica y de Doña Francisca (DOC. 1 y 2 de la demanda).

En la Historia Clínica también se expresa que las crisis mioclónicas fueron tratadas con anticolvulsivantes (folio 245, 255), y que se prescribió a la menor diazepam (Stensolid 5mg.) de forma puntual en cinco ocasiones (folios 286 a 301). En este sentido la Inspección Médica, en su informe de 1 de septiembre de 2009, expresa que ello no evidencia una actuación contraria a la "lex artis", puesto que fue tratada con Stensolid " de forma puntual y para tratamiento de las crisis comiciales, crisis convulsivas y episodios hipertónicos con las que en repetidas ocasiones acude a dicho servicio. Según consta en la Historia Clínica de la menor, en total se han contabilizado durante los años 2006, 2007 y 2008 nueve prescripciones correspondientes a mayo y septiembre de 2006, dos en octubre de 2007 y dos en marzo, una en mayo y 2 en junio de 2008".

Quinto.-A la vista de lo expuesto, resulta, de un lado, que no puede apreciarse la existencia de ningún episodio generador del daño (encefalopatía de etiología no filiada según el certificado de minusvalía y retraso madurativo secundario) que la demandante atribuye al actuar médico; y de otro, tampoco se observa que la atención médica se haya desarrollado fuera de los parámetros que impone la "lex artis". Por lo tanto, la acción que se ejercita al amparo del artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no puede prosperar puesto que no existe un lesión imputable a la Administración. Dicho precepto establece que " 1.Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos". Sin embargo, los padecimientos que aquejan a la menor no tienen su origen en una defectuosa asistencia, pues nada de ello se desprende de las actuaciones, y en especial de la Historia Clínica de la paciente y de su madre.

Existe, sin embargo, una referencia que se recoge en el folio 37 de la Historia Clínica, en la que obra una anotación de 21 de marzo de 1993, referente al nacimiento de una hija de los recurrentes, en la que se puede leer: " RN: toma suero, pendiente de mecomio y micción, madre epiléptica". Fuera de esta indicación, nada se expresa con posterioridad, si bien este hecho tal vez pudiera explicar la etiología de la epilepsia.

Sexto.-Debe desestimarse el recurso, sin que proceda efectuar pronunciamiento sobre las costas causadas, dado que no resultan méritos para ello, de acuerdo con los criterios de temeridad o mala fe que establece el artículo 139.1 de la LRJCA.

Vistos los preceptos legales citados,


FALLAMOS


 
DESESTIMAMOS

EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO promovido por contra la presunta desestimación de la reclamación que en concepto de responsabilidad patrimonial promovieron con fecha 30 de julio de 2008 ante el INSTITUTO DE GESTIÓN SANITARIA, por ser conforme a derecho; sin pronunciamiento sobre las costas causadas.

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen, junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Contra la presente sentencia cabe recurso de casación ordinario.

Publicación.-Fue publicada la anterior sentencia en la forma acostumbrada. Madrid a


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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