Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S.J. Canarias 561/2010 de 2 de noviembre


 RESUMEN:

ITP. Exención para las inversiones en Canarias. Requisitos de cumplimiento: Se dispone de un local para la gestión de la actividad y un trabajador a jornada completa. Prueba: Consta el alta en el IAE de la actividad de alquiler de inmuebles, y la subrogación en el contrato de trabajo. Falta de acreditación del punto de partida: No se ha probado la afectación real del inmueble a la actividad de arrendamiento. Desestimación.

SENTENCIA n.º 561/10

Ilmos. Sres:

Presidente:

D. César José García Otero

Magistrados:

D. Jaime Borrás Moya

D. Francisco José Gómez de Lorenzo Cáceres

D. Francisco Javier Varona Gómez Acedo

D. Alfonso Rincón González Alegre (Ponente)

En Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de noviembre de 2010.

Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del presente recurso contencioso-administrativo número 340/2009, interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Tomás Ramírez Hernández, en representación de Salcan e Hijos S.L., contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias de fecha 27 de febrero de 2009 recaída en la reclamación económico administrativa número 35/00273/2008 sobre el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales Onerosas

Ha sido parte el Abogado del Estado y el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Interpuesto el presente recurso y previos los oportunos trámites, se confirió traslado a la parte actora por plazo de veinte días para formalizar la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 17 de noviembre de 2009 en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, suplica que se dicte sentencia estimatoria del recurso por la que se anule la resolución impugnada.

Segundo.-La Administraciones demandadas, una vez conferido el trámite para contestar a la demanda, presentaron escrito en el que, tras aducir los hechos y los fundamentos de derecho que consideran de aplicación, suplican que se dicte sentencia que desestime el recurso.

Tercero.-Tras las conclusiones escritas de las partes se declaró el pleito concluso para sentencia señalándose el acto de votación y fallo el día 29 de octubre de 2010, en cuya fecha tuvo lugar.

Cuarto.-La cuantía del presente recurso se estima en 36.607,78 euros.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Alfonso Rincón González Alegre.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se impugnan en el presente proceso contencioso-administrativo la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias de fecha 27 de febrero de 2009 recaída en la reclamación económico administrativa número 35/00273/2008 en cuanto confirma el Acuerdo de liquidación del Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales Onerosas practicada a la recurrente y, naturalmente, este último acto.

El Acuerdo de liquidación funda la regularización practicada en lo siguiente, literalmente copiado:

"De acuerdo con lo expuesto en el antecedente sexto de esta resolución procede denegar la exención que se recoge en el artículo 25 de la Ley 19/94, dado que no se ha acreditado que se disponga de un local destinado de forma exclusiva para la gestión de arrendamientos ni de al menos un trabajador a jornada completa dedicado a dicha labor.

Por otro Lado, tampoco resulta probado que el inmueble se encuentre en explotación, ni que entrara en funcionamiento inmediatamente después de su compraventa, sin que baste a estos efectos la inclusión del bien en el capítulo de "inmovilizaciones materiales" de la contabilidad, según ha declarado la sección 11 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de justicia de Canarias, en Sentencia de 26 de octubre de 2005"

Posteriormente, el TEAR, tras transcribir el artículo 25 de la Ley 19/1994 y el artículo 25 de la Ley 40/1998 al que se remite el apartado 7 del anterior, señala lo que sigue:

"Sentado lo que antecede, no cumpliéndose en el presente caso los dos requisitos establecidos en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, fiscalmente el inmueble adquirido no debe calificarse como bien de inversión.

Efectivamente, como apunta la Oficina Gestora del Impuesto en el contrato laboral figura como parte contratante una persona física en nombre propio. Pero es que, además, el inmueble adquirido, una vivienda familiar sita en Tafira Baja, municipio de Las Palmas de Gran Canaria, no se acredita que haya sido objeto de arrendamiento pese al tiempo transcurrido entre su adquisición, el 31 de julio de 2003 y la fecha del escrito de alegaciones, 19 de junio 2008."

La recurrente insiste en que cumple con los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 40/1998 y que el bien litigioso constituye un bien de inversión que ha entrado en inmediato funcionamiento, pues ha estado desde el primer momento en disposición de ser arrendado por más que no haya sido objeto de efectivo arrendamiento.

El Abogado del Estado y el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por remisión a lo alegado por el primero, niegan la concurrencia de los requisitos del apartado 2 del artículo 25 de la Ley 40/1998 y aducen que la vivienda adquirida no constituye un bien de inversión a los efectos del artículo 25 de la Ley 19/1994.

Segundo.-Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en su redacción vigente en la fecha del devengo, señalaba en su artículo 25. 1 que "las sociedades domiciliadas en Canarias, que sean de nueva creación o que, ya constituidas, realicen una ampliación de capital, amplíen, modernicen o trasladen sus instalaciones, gozarán de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su constitución, en la ampliación de capital y en las adquisiciones patrimoniales de bienes de inversión situados en Canarias, durante un período de tres años a partir del otorgamiento de la escritura pública de constitución o de ampliación de capital, cuando el rendimiento del impuesto se considere producido en este territorio.

A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, el concepto de bien de inversión será el contenido en la normativa del Impuesto General Indirecto Canario."

El apartado 7 de dicho precepto, tras reiterar que "a los efectos de lo establecido en este artículo, el concepto de bien de inversión será el contenido en la normativa del Impuesto General Indirecto Canario", señalaba que "no obstante, tratándose de la adquisición de un bien inmueble no se aplicarán las exenciones previstas en los apartados anteriores cuando este bien inmueble se afecte a la actividad de arrendamiento, salvo que tal arrendamiento constituya el objeto social de la entidad y además concurran las circunstancias recogidas en el apartado 2 del art. 25 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. "

Este último precepto establecía: "A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que el arrendamiento o compraventa de inmuebles se realiza como actividad económica, únicamente cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que en el desarrollo de la actividad se cuente, al menos, con un local exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la misma.

b) Que para la ordenación de aquella se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa."

Tercero.-Convenimos con la entidad recurrente en que la misma ha justificado suficientemente los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 40/1998 (disponer de un local para la gestión de su actividad y un trabajador a jornada completa).

Respecto de lo primero, obra en el expediente administrativo (folios 72 a 75) la declaración de alta del IAE (ejercicio 1999) donde consta la declaración de un local en que se ejerce la actividad de "alquiler de inmuebles".

Respecto del segundo, es de apreciar la subrogación de la recurrente en el contrato de trabajo suscrito por D. Juan Ramón como empleador como consecuencia de la transmisión empresarial. Así resulta de la escritura de elevación a público de los acuerdos sociales de la entidad recurrente de 14 de febrero de 2003 (folios 32 y siguientes). En concreto consta que "D. Juan Ramón "suscribe la totalidad de la ampliación de capital, mediante la aportación de una empresa mercantil"...

Convenimos también con el recurrente en que, a los efectos que nos ocupan, la entrada en funcionamiento inmediato del bien de inversión, cuando se trata de bienes destinados al arrendamiento, no exige que sean efectivamente objeto de arrendamiento inmediato, por ser esta una obligación de contenido imposible al depender de las vicisitudes del mercado de alquileres y de la propia temporalidad de los arrendamientos. Por la misma razón, el mantenimiento de la inversión -a efectos fiscales- no exige que el bien se halle permanentemente arrendado sin solución de continuidad.

Ahora bien, lo que aquí no se ha acreditado es el punto de partida: la afectación real del inmueble concreto en cuestión a la actividad de arrendamiento, que es lo que hace que el bien pueda considerarse un bien de inversión como "medio de producción".

Resulta más que dudoso que las vicisitudes del mercado -para desgracia de la recurrente, como afirma en su escrito de demanda- hayan impedido arrendar el inmueble una sola vez en un periodo de siete años. Pero es más, no se ha tratado de probar la actividad desplegada por la recurrente para alquilar la vivienda (anuncios, gestiones, visitas etc.), ni tan siguiera se han relatado las condiciones de la presunta oferta a fin de valorar si la misma es razonable y encierra un serio, firme y decidido propósito de alquilar el inmueble.

Procede desestimar el recurso contencioso-administrativo.

Cuarto.-No se aprecian meritos para efectuar condena en costas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley reguladora de esta jurisdicción.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación.


FALLAMOS


 
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Tomás Ramírez Hernández, en representación de Salcan e Hijos S.L., contra los actos a que hace referencia el Fundamento de Derecho Primero de esta resolución. Todo ello, sin imposición de costas procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno. Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta nuestra Sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

Publicación.-Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el mismo Magistrado Ponente, estando celebrando audiencia pública en Las Palmas de Gran Canaria en el día de la fecha, de lo que yo el Secretario doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación