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Sentencia T.S.J. Valencia 865/2010 de 12 de julio


 RESUMEN:

Reclamación de responsabilidad patrimonial por deficiente prestación sanitaria, silencio administrativo. Daños sufridos por el contagio de hepatitis C. Indemnización. Reclamación derivada del funcionamiento de los servicios públicos. Estimación.

SENTENCIA

En Valencia, a 12 de julio del 2010

Visto por la Sección SEGUNDA de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el recurso contencioso administrativo, n.º 1477/07 promovido por la procurador/a Carlos E. Solsona Espriu en nombre y representación de Carla contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial por deficiente prestación sanitaria expediente 98/03,

Habiendo sido parte en nombre y representación de la CONSELLERIA DE SANIDAD, la abogada de la Generalitat y como codemandada MAFRE EMPRESAS; representada por la procuradora Begoña Camps Saez.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que suplicó se dictara Sentencia anulando

Segundo.-La representación de la parte demandada y codemandada contestaron a la demanda mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se desestime la demanda y se confirme la resolución recurrida.

Tercero.-Habiéndose recibido el proceso a prueba, y el trámite de conclusiones, quedaron los autos pendientes para votación y fallo señalando la votación para el día 8 de julio, teniendo así lugar.

En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. D.ª Estrella Blanes Rodríguez


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Constituye el objeto del recurso la pretensión de reclamación de responsabilidad patrimonial, por deficiente prestación sanitaria, en la cuantía de 150.000 euros, mas los intereses legales pertinentes, detrayendo a efectos de evitar la duplicidad de indemnizaciones del articulo 12 del Código Penal la cantidad percibida por la actora en el proceso penal

La recurrente expone en el escrito de demanda que le fue reconocido en Sentencia de fecha 14.5.07 de la Sección 2.ª de la AP de Valencia afectada por el contagio masivo de Hepatitis C la suma de 90.000 euros, en concepto de indemnización por los perjuicios padecidos y que interpuso en febrero del 2003, reclamación por responsabilidad patrimonial, considerando que son institutos distintos e interesando sea reconocida la responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento de los servicios sanitarios, al haberse contagiado con independencia de la responsabilidad civil dimanante de las diligencias penales, reclamando 150.000 euros cantidad otorgada por la Sala en supuesto semejantes, alegando a efectos indemnizatorios la juventud de la recurrente que tenia 24 años en 1995, persona casada y con hijos a su cargo.

Por su parte la Abogada de la Generalitat reconoce que los mismos hechos, pueden originar pluralidad de responsabilidades y que de acuerdo con el art. 121 del Código Penaln se admite la compatibilidad de reclamación administrativa derivada del funcionamiento de los servicios públicos, sin que pueda darse duplicidad indemnizatoria, considerando que la actora ha sido plenamente resarcida en virtud del ejercicio de la acción civil, por cuanto las lesiones son las mismas, sin que se justifique daños de singular gravedad o daños morales de singular trascendencia, no justificando perjuicios, distintos, ni de mayor entidad, que los considerados en la sentencia penal.

La compañía aseguradora se pronuncia en el mismo sentido resaltando que el Informe médico Forense de 1999, que consta en el folio 7 y 8 del expediente, determina que una vez diagnosticada la enfermedad a la actora, se le aplicó un tratamiento con antivirales constatándose respuesta completa, sin manifestar ningún signo clínico de enfermedad, sin hospitalización, ni impedimento alguno para su ocupaciones habituales y en el mismo sentido Informe de Dr Ángel Jesús folios 48 a 50,que refiere buen estado general y la Sentencia de la AP acudió a los criterios a efectos indemnizatorios de los Tribunales, en especial del TSJCV contencioso administrativo para caso de contagio nosocomial u hospitalario de hepatitis C, sin que la demandante, alegue ni aporte documentación que justifique la cuantía que reclama.

Segundo.-La reclamación de responsabilidad patrimonial ejercitada por la recurrente se circunscribe a la pretensión de una mayor indemnización por los daños sufridos como consecuencia del contagio sufrido de Hepatitis C, en el parto en el Hospital LA Fe el 12 de noviembre de 1995, siendo anestesista el Dr. Epifanio, habiéndole sido reconocida en la Sentencia dictada por el A.P. de Valencia una indemnización de 90. 000 euros, declarando la responsabilidad civil de Epifanio como autor de delito de lesiones, como responsable civil directa la Compañía de Seguros Mafre y como responsable civil subsidiario a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana.

El Artículo 121 del Código Penal dispone que

El Estado, la Comunidad Autónoma, la Provincia, la Isla, el Municipio y demás Entes Públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anorrmal de dichos servicios exigible, conforme a las normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una

duplicidad indemnizatoria. Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, agente y contratada de la misma o

funcionarios públicos, la pretensión deberá dirigirse simultáneamente contra la Administración o Ente Público presuntamente responsable civil subsidiario.

Nos encontramos por tanto ante dos títulos de imputación contra la Conselleria de Sanidad, el derivado de la responsabilidad penal subsidiaria por los daños causados por el Dr Epifanio, que fue condenado por delito de lesiones, en concepto de autor, consecuencia de sus funciones como anestesista en el caso que nos ocupa, en LA FE, y el derivado del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible, conforme a las normas de procedimiento administrativo.

Y no cabe la menor duda en sede jurisdiccional que se ha producido el funcionamiento anormal de los servicios de la sanidad pública, con el contagio de la recurrente de la Hepatitis C, como consecuencia de la intervención realizada en la FE de parto por cesárea, donde el anestesia interviniente fué el Sr Epifanio, resultando probado este extremo como relata la Sentencia penal y en consecuencia produciéndose la exigibilidad de la responsabilidad patrimonial de la Administración consecuencia de la concurrencia inexcusable de tres requisitos, a saber: a) la efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas, que no tengan la obligación de soportarlo, b) que la lesión patrimonial sufrida sea consecuencia de una actuación del poder público en desarrollo de funciones de la misma naturaleza en una relación de causa a efecto; y c) que el daño no se haya producido por fuerza mayor, resultando desde luego requisito sine qua non la concurrencia del nexo causal entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, sin interferencias extrañas que pudiesen anular o descartar aquel.

Y tratándose de una eventual responsabilidad médica derivada de intervenciones quirúrgicas, una reiterada y constante doctrina jurisprudencial (SSTS. de 25 de mayo de 1986, 12 de julio de 1988, 17 de julio de 1989, 6 de noviembre de 1990, 13 de octubre de 1992, 23 de marzo de 1993, 31 de julio y 15 de octubre de 1996, y 24 y 28 de junio de 1997, entre otras), ha señalado que la obligación contractual o extracontractual del médico, es el compromiso de utilizar los medios adecuados conforme a la "lex artis ad hoc" y a las circunstancias del caso, entendiéndose por "lex artis ad hoc" aquel criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina que tiene en cuenta las especiales características de su autor, de la profesión, de la complejidad y trascendencia vital del paciente y, en su caso, de la influencia de otros factores endógenos, estado e intervención del enfermo, de sus familiares o de la misma organización sanitaria-, para calificar dicho acto como conforme o no a la técnica normal requerida (SSTS. de 11 de marzo de: 1991 y 23 de marzo de 1993). De aquí que su responsabilidad ha de basarse en culpa patente que revele un desconocimiento de ciertos deberes, según el estado actual de la ciencia. Señala la S.TS. num. 11/2005, de 17/enero (Sala 1.ª) que en los casos de supuesta negligencia profesional médica hay que partir de la aplicación de la "lex artis ad hoc", o sea, la de llevar a la práctica usual en cada especialidad los medios que se consideran ordenados clínicamente respecto a la patología puesta en discusión.

Ya en el ámbito de esta jurisdicción, el Tribunal Supremo, en Sentencia de su Sala 3.ª, de 19/Octubre/04, destaca la "consolidada línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo (y que resulta también de la Doctrina del Consejo de Estado) según la cual, en las reclamaciones derivadas de la actuación medica ó sanitaria no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva mas allá de los limites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la Lex Artis como modo de determinar cual es la actuación medica correcta y solo en el caso de que se produzca una infracción de dicha lex artis respondería la Administración de los daños causados; en caso contrario, dichos perjuicios no son imputables a la Administración y no tendrían la consideración de antijurídicos por lo que deberían ser soportados por el perjudicada.

Y en el presente caso no cabe mas que concluir la responsabilidad patrimonial de la administración, sin necesidad de reiterar los hechos declarados probados en la Sentencia Penal en lo referente a la actora, apreciando una infracción de la lex artis, en el acto médico practicado a la recurrente en 1995, que le provocó el contagio de hepatitis C y que teniendo la consideración de antijurídicos, debe responder la administración por ellos.

Ahora bien constando que la actora fue indemnizada en la suma de 60.000 euros, teniendo en consideración las lesiones sufridas y su estado de salud, no se justifica en modo alguno, ante esta jurisdicción, una especial gravedad en las consecuencias de la hepatitis contraída, que requieran una suma indemnizatoria mayor a la que le fue reconocida en la Sentencia penal, sin que se justifiquen mediante prueba alguna, en especial Informes o dictámenes médicos, que las consecuencias del contagio sufrido por la recurrente, han resultado perjuicios distintos y mayores, a los considerados en la sentencia penal o de una especial y singular gravedad y sin que la genérica invocación de la edad de la actora, su estado civil y el cuidado de sus hijos, pueda llevar a la convicción de esta Sala de que la indemnización que procede reconocerle debe ser mayor que la reconocida en la Sentencia Penal, dado que no procede duplicidad indemnizatoria, y ello en aplicación de los criterios por esta Sala, seguidos en otros casos de contagios hospitalarios, en los que se dan otras circunstancias de especial relevancia de las que no existe constancia alguna en el caso que nos ocupa.

En resumen la recurrente no ha acreditado ante esta Jurisdicción, que la indemnización reconocida en la sentencia penal no haya tenido en cuenta mayores u otros daños físicos o morales, consecuencia del contagio sufrido y de la enfermedad contraída, que deban ser indemnizados por ser la administración demandada responsable en virtud del titulo de imputación previsto en el articulo 139 de la Ley de régimen Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Tercero.-En aplicación de lo dispuesto en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción, no procede condena en costas en este recurso.

VISTOS los preceptos legales citados por las partes concordantes y de general aplicación.


FALLAMOS


 
Estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por Carla contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial por deficiente prestación sanitaria expediente 98/03. la declaramos nula, con los siguientes `pronunciamientos:

1.- Declaramos la responsabilidad patrimonial de la administración por el contagio de Hepatitis C sufrido por la actora.

2.- Desestimamos la pretensión de indemnización en la cuantía de 150.000 euros mas los intereses legales pertinentes, detrayendo la cantidad percibida por la actora en el proceso penal.

Contra esta Sentencia no cabe recurso de Casación conforme dispone el articulo 86 de la LJCA por resultar la pretensión ejercitada la cuantía de 90.000 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes, y luego que gane firmeza líbrese certificación literal de la misma y remítase juntamente con el respectivo expediente administrativo al órgano demandado, sirviéndose acusar el oportuno recibo.

Así por esta nuestra sentencia de la que se llevará testimonio literal a los autos principales, juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de la que, como Secretario de la misma, certifico. Valencia, a


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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