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Sentencia T.S.J. Aragón 526/2010 de 12 de julio


 RESUMEN:

Desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración, por daños sufridos como consecuencia de una intervención médica, para la colocación de una prótesis de rodilla. Estimación.

SENTENCIA

En Zaragoza, a doce de julio de dos mil diez.

En nombre de S.M. el Rey.

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, integrada por los Magistrados que al margen se relacionan, el presente recurso contencioso-administrativo número 515/07-A, seguido entre partes, de una como demandante D.ª Regina representada por la Procuradora D.ª Ana Elisa Lasheras Mendo y defendida por el Letrado D. Pedro Rey Arcas y de la otra como demandada la DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, representada y dirigida por el Letrado de la Comunidad Autónoma de Aragón, y como codemandada la aseguradora ZURICH ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A., versando el juicio sobre desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada ante el Director General del Servicio Aragonés de la Salud el día 25/10/06.

Cuantía del pleito: 438.841,27 euros

Procedimiento: Ordinario

Ponente: Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO MARTÍNEZ LASIERRA.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Procuradora D.ª Ana Elisa Lasheras Mendo en la representación que ostenta, formuló recurso contencioso- administrativo contra la resolución indicada en el encabezamiento de esta sentencia, mediante escrito que tuvo entrada en la Secretaria de este Tribunal en fecha 15 de noviembre de 2007.

Segundo.-Admitido a trámite el recurso, y tras a recepción del expediente administrativo, se dedujo la correspondiente demanda en la que la parte actora, después de alegar los hechos y fundamentos de derecho que creyó pertinentes, terminó suplicando: "se dicte sentencia por la que se reconozca a la actora D.ª Regina, el derecho a ser indemnizada, por los daños sufridos por el funcionamiento anormal de la administración, en la cantidad de 438.841,27€ (cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y uno con veintisiete céntimos de euro.";

Tercero.-Efectuado el traslado de la demanda, el Letrado de la Comunidad Autónoma de Aragón, en nombre y representación de la Administración demandada contestó mediante escrito en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó solicitando se desestimara el recurso interpuesto, e igual petición formuló la entidad Zurich España.

Cuarto.-Por providencia de día 20 de noviembre de 2007 fue designado ponente del presente procedimiento el Ilmo. Sr. D. Ricardo Cubero Romeo, se recibió el pleito a prueba, una vez terminado el período legalmente establecido y en virtud de la adscripción de Magistrados de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón a la Sala de lo Contencioso- Administrativo del mismo Tribunal, por providencia del día 21 de Junio de 2010 fue designado nuevo ponente el Magistrado de la Sala Civil y Penal el Ilmo. Sr. D. IGNACIO MARTÍNEZ LASIERRA, fijándose para votación y fallo el día 29 de junio de 2010.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Es objeto del presente recurso la desestimación por silencio administrativo de la reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración interpuesta por D.ª Regina por daños sufridos como consecuencia de una intervención quirúrgica en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza para la colocación de una prótesis de rodilla.

Segundo.-Los hechos relevantes para la resolución del recurso, según resultan del expediente administrativo y de las demás actuaciones, son los siguientes:

1.- La actora presentó el 24 de octubre de 2.006 en el Registro de la Diputación General de Aragón escrito de la misma fecha (folios 1 a 3) en reclamación de 492.047,06 euros por responsabilidad patrimonial del Servicio Aragonés de Salud como consecuencia de las lesiones sufridas tras una primera intervención quirúrgica para colocación de una prótesis total de la rodilla izquierda realizada el 20 de mayo de 1.998 en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

2.- El informe del Dr. Victorio del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Miguel Servet de 4 de enero de 2.007 (folio 23), indica que la paciente fue tratada en ese Servicio por gonartrosis bilateral, precisó artroplastia en rodilla izquierda que sufrió infección y tras tres intervenciones fracasadas se realizó artrodesis de la articulación de la rodilla izquierda. Esta minusvalía, sumada a su poliartrosis (columna, cadera, rodillas) y a la obesidad mórbida crea una situación de dependencia para la deambulación.

3.- En informe anterior del Dr. Victorio, de 2 de abril de 2.001 (folio 58), se decía que se atendió a la paciente por cuadro de poliartrosis con principal afectación en: - Ambas rodillas: intervenida en la izquierda con prótesis de rodilla que se infectó y que precisó recambio; en la actualidad padece una gonartrosis avanzada en la rodilla derecha con anquilosis y dolor a la carga y en la rodilla proteizada una inestabilidad en valgo, siendo la única extremidad que acepta carga. - Lumbartrosis sin afectación neurológica. - Cervicartrosis con cervicobraquialgia bilateral y disminución de fuerza en las extremidades inferiores. Funcionalmente la paciente consigue la bipedestación y la deambulación breve de aproximadamente 20 metros. En la actualidad -dice- vive en una residencia de asistidos y precisa la ayuda de silla de ruedas ya que se puede considerar que su situación física no va a experimentar mejoría. Dada su minusvalía en las extremidades inferiores precisaría tracción eléctrica en la silla de ruedas.

4.- Al folio 62 obra informe clínico de 23 de febrero de 1.989 de la Unidad de Reumatología del Hospital Miguel Servet de la paciente D.ª Regina, de 54 años de edad, con antecedente traumático de niña en pie derecho que provocó deformación y mala utilización de la extremidad inferior derecha, diciendo que aqueja dolor de la extremidad inferior derecha con flexo de cadera y rodilla que provoca cojera e impotencia funcional.

5.- Al folio 65 obra informe de la paciente del Departamento de Rehabilitación de 19 de mayo de 1.988, con 53 años de edad, que ingresa procedente de Reumatología por presentar flexum de cadera y rodilla derecha, afirmando que tras las pruebas realizadas por la Sección de Reumatología únicamente se ha llegado a la conclusión de que existía un componente inflamatorio en cadera derecha, sin llegar a etiquetarse. Ha seguido el tratamiento rehabilitador y en el momento actual ambos flexos son muy moderados permitiendo una deambulación poco claudicante.

6.- En el informe del Dr. Damaso, Médico Inspector del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, de 31 de enero de 2.008 (folios 81 y 82), se relata que la paciente fue diagnosticada de gonartrosis izquierda y por ello fue intervenida el 21 de mayo de 1.998 colocándole una prótesis total de rodilla, sufrió una infección que obligó a una reintervención con retirada de prótesis y colocación de un espaciador de cemento y dos meses después, en mayo de 1.999, es intervenida de nuevo para recambio de la rodilla infectada. Se implanta nueva prótesis siendo el resultado satisfactorio trasladándola al Hospital San Juan de Dios para rehabilitación. En dicho Hospital se emiten dos informes de alta tras dos ingresos en los que se manifiesta el gran componente inflamatorio de la rodilla intervenida, artrosis en la no intervenida, impotencia funcional y dificultad para la bipedestación haciendo únicamente rehabilitación pasiva. La paciente fue seguida en el Servicio de Traumatología con revisiones periódicas hasta septiembre de 2.005 en que tuvo un proceso inflamatorio y como consecuencia de ello volvió a ser intervenida colocándose un nuevo espaciador, extrayéndose la prótesis para ser intervenida dos meses después practicándosele una artrodesis de rodilla con clavo de Wichita quedando en situación de minusvalía, tanto por la rigidez de la articulación como por la poliartrosis que padece y una obesidad mórbida que impiden en conjunto la bipedestación precisando la ayuda de terceros para su traslado en silla de ruedas.

Manifiesta el informante que existe una coincidencia considerable entre el relato que hace la reclamante y los informes disponibles por lo que parece bastante acreditado que todo el proceso que ha derivado en las secuelas que la paciente padece pueden derivarse en gran parte de la infección postoperatoria de la prótesis de rodilla, pero no hay que descartar otros procesos concomitantes como la poliartrosis que padece desde antes de la intervención y la obesidad mórbida, que atribuye a la continuada inmovilidad, y que no puede aceptarse como tal ya que no existe una relación causa efecto entre inmovilidad y obesidad mórbida, sino todo lo contrario.

En cuanto a la infección de la prótesis de rodilla es evidente -dice- que se trata de una complicación que de hecho se puede producir en este tipo de intervenciones y por ello no cabe hablar de negligencia o mala práctica y han quedado unas secuelas que, aunque no hay que considerar que se hayan debido a un mal diagnóstico o a un tratamiento incorrecto, es cierto que son consecuencia del funcionamiento normal de las instituciones.

Estima el informante, como conclusión, que aun siendo correcta la actuación médica debe entenderse como un daño producido en el normal funcionamiento de la Administración, y propone acceder parcialmente a la reclamación.

7.- Contra la desestimación presunta por silencio administrativo de su reclamación de 24 de octubre de 2.006 en la que solicitaba 492.047,06 euros, interpuso D.ª Regina el recurso contencioso administrativo que ahora se resuelve, en cuya demanda reclama ahora la suma de 438.841,27 euros.

Tercero.-En su escrito de contestación a la demanda opone en primer lugar el Letrado de la Comunidad Autónoma de Aragón la prescripción de la reclamación por haber transcurrido más de seis años desde que la paciente fue dada de alta de la intervención quirúrgica practicada, pasado el plazo de un año previsto en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992 para reclamar, sin que sea de aplicación la prevención establecida en el mismo precepto, de que el plazo haya de empezar a computarse desde la determinación del alcance de las secuelas porque -dice- nos encontremos ante un supuesto de secuelas, sino que las patologías alegadas se derivarían de la intervención quirúrgica del 21 de mayo de 1.998.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, el plazo comenzará a contarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas y, según reiterada jurisprudencia, el plazo no empieza a computarse hasta que se produce la estabilización o término de los efectos lesivos en la salud de la reclamante y se conoce de modo definitivo el quebranto padecido para poder reclamar (teoría de la actio nata).

Como relata sintéticamente el informe Don. Victorio del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Miguel Servet de 4 de enero de 2.007 (folio 23), la paciente fue tratada en ese Servicio por gonartrosis bilateral, precisó artroplastia en rodilla izquierda que sufrió infección y tras tres intervenciones fracasadas se realizó artrodesis de la articulación de la rodilla izquierda. De donde se deduce que la artroplastia practicada el 20 de mayo de 1.998 (el 21 de mayo según el informe de alta, folio 4, el 20 de mayo según el protocolo quirúrgico de aquella fecha, folio 56), no limitó sus efectos a dicha intervención sino que, como consecuencia de una infección de la prótesis, fue intervenida nuevamente el 11 de marzo de 1.999 y el 19 de mayo de 1.999 para su recambio en dos tiempos (informe de alta de 24 de mayo de 1.999, folio 6). Tras los tratamientos de rehabilitación, de limitados resultados (folios 7 y 8), continuó siendo objeto de revisiones (informe del Dr. Victorio de 2 de abril de 2.001, folio 58) y tras ser atendida el 28 de noviembre de 2.005 (folio 9) por un proceso inflamatorio, fue intervenida el 18 de enero de 2.006 para extracción de PTR y colocación de espaciador de cemento (folio 10) y finalmente el 16 de marzo de 2.006 para practicar una artrodesis de rodilla (folio 11).

De la cronología anterior se desprende que la actora, desde la primera intervención en mayo de 1.998, ha sido objeto de tratamientos médicos y sucesivas intervenciones en relación con la rodilla inicialmente intervenida que han impedido conocer el alcance definitivo de su evolución hasta la última de las intervenciones en marzo de 2.006 y su posterior recuperación.

Dado que hasta la definitiva estabilización del estado de la persona intervenida quirúrgicamente no es posible el conocimiento preciso de si existen secuelas que puedan llevar a la conclusión de que tal intervención no resultó adecuada, en aplicación del principio pro actione, como concreción del derecho a la tutela judicial efectiva proclamado en el artículo 24.1 CE, y habida cuenta de la restrictiva aplicación por nuestros tribunales del instituto de la prescripción, entendemos que si las sucesivas intervenciones y tratamientos, tras la primera, son debidos a ella, más allá de la simple evolución natural de la misma, el cómputo del plazo de la prescripción de la acción no se iniciaría desde la intervención sino desde el momento en que se hubiera estabilizado definitivamente el proceso tras la intervención, y en todo caso desde la aparición de las supuestas secuelas, momento a partir del cual sería posible el ejercicio de la acción (teoría de la actio nata). De la relación de las actuaciones médicas tras la intervención que se han descrito se desprende que tales actuaciones, no necesariamente las secuelas, obedecen a las consecuencias de la operación, por lo que no habría transcurrido el plazo de prescripción de la acción, aunque se pueda discutir si constituyen secuelas de una defectuosa práctica médica.

En consecuencia, debe ser rechazada la excepción de prescripción alegada.

Cuarto.-Las partes se refieren en sus respectivos escritos a los requisitos legalmente señalados para exigir a la Administración responsabilidad patrimonial como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en particular por intervenciones médicas.

La jurisprudencia exige (por todas, la STS de 20 de junio de 2.006), en aplicación de lo dispuesto en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, para que resulte viable la reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: a) que el particular sufra una lesión en sus bienes o derechos que no tenga obligación de soportar y que sea real, concreta y susceptible de evaluación económica; b) que la lesión sea imputable a la Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; y c) que, por tanto, exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor.

De los informes y antecedentes reseñados en los fundamentos segundo y tercero anteriores se desprende sin lugar a dudas que la paciente sufrió una infección de la prótesis que le había sido colocada en la intervención de mayo de 1.998 por lo que hubo de ser reintervenida, para su sustitución, el 11 de marzo de 1.999 y el 19 de mayo de 1.999. Es evidente, pues, esta primera consecuencia, que fue la necesidad de sustitución de la prótesis, derivada de la infección de la colocada en primer lugar.

Debe examinarse, además, si la evolución posterior que derivó, según la demanda, en la agravación de su situación hasta concederle la gran invalidez, y la necesidad de practicar la artrodesis final con inmovilización de la articulación de la rodilla intervenida, pueden ser achacadas a la sustitución de la prótesis por la infección de la primera.

Hemos reseñado en los apartados 4 y 5 del fundamento segundo los informes médicos de la paciente de los años 1.988 y 1.989, diez años antes de la primera intervención en 1.998, que revelan que ya entonces padecía dolor en la extremidad inferior derecha con flexo de cadera y rodilla que ya en el año 1.989 provocaba cojera e impotencia funcional, habiendo relatado la existencia de un antecedente traumático de niña en pie derecho que provocó deformación y mala utilización de la extremidad inferior derecha. Debe resaltarse que este antecedente y sus consecuencias se refieren a la extremidad derecha y no a la izquierda que es donde se le colocó en 1.998 la prótesis que resultó infectada, pero ya el informe del Dr. Victorio de 2 de abril de 2.001 (folio 58), tres años después de la primera intervención, decía que se atendió a la paciente por cuadro de poliartrosis con principal afectación en: - Ambas rodillas: intervenida en la izquierda con prótesis de rodilla que se infectó y que precisó recambio; padece una gonartrosis avanzada en la rodilla derecha con anquilosis y dolor a la carga y en la rodilla proteizada una inestabilidad en valgo, siendo la única extremidad que acepta carga. - Lumbartrosis sin afectación neurológica. - Cervicartrosis con cervicobraquialgia bilateral y disminución de fuerza en las extremidades inferiores. Ya entonces informaba que funcionalmente la paciente sólo conseguía la bipedestación y la deambulación breve de aproximadamente 20 metros y que vivía en una residencia de asistidos y precisaba la ayuda de silla de ruedas ya que se puede considerar que su situación física no iba a experimentar mejoría por lo que, dada su minusvalía en las extremidades inferiores precisaría tracción eléctrica en la silla de ruedas.

Todo ello referido al año 2.001 denota que los padecimientos de artrosis generalizada provenían de tiempo atrás y afectaba no sólo a la extremidad izquierda sino, previamente, a la derecha y que padecía igualmente lumbartrosis, cervicartrosis con cervicobraquialgia bilateral, que no tienen relación con la prótesis colocada tres años antes en la rodilla izquierda, y que ya funcionalmente estaba definitivamente afectada por tales dolencias. De donde se deduce que la intervención para la colocación de prótesis era necesaria y que su situación no derivaba de la misma.

Posteriormente el informe del Dr. Victorio de 4 de enero de 2.007 (folio 23) se refiere nuevamente a que la paciente fue tratada en ese Servicio por gonartrosis bilateral (artrosis en ambas rodillas) y que padecía, además, poliartrosis (columna, cadera, rodillas) y obesidad mórbida, lo que creaba una situación de dependencia para la deambulación.

El informe del Dr. Damaso, Médico Inspector del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, de 31 de enero de 2.008 (folios 81 y 82), indica que parece bastante acreditado que todo el proceso que ha derivado en las secuelas de la paciente pueden derivarse en gran parte de la infección postoperatoria de la prótesis de rodilla, pero que no hay que descartar otros procesos concomitantes como la poliartrosis que padece desde antes de la intervención y la obesidad mórbida, que atribuye a la continuada inmovilidad, y que no puede aceptarse como consecuencia de la intervención ya que no existe una relación causa efecto entre inmovilidad y obesidad mórbida, sino todo lo contrario.

A la vista de los antecedentes de los años 1.988 y 1.989, no tenidos en cuenta por el Dr. Damaso, deben limitarse los efectos que atribuye a la intervención del recambio de prótesis. Indica, además, que tal infección es una complicación que se puede producir en este tipo de intervenciones y que por ello no cabe hablar de negligencia o mala práctica.

Por lo tanto, no ha habido una mala práctica en la colocación de la prótesis y en su sustitución de la que hayan derivado las consecuencias señaladas por la actora, partiendo de que cuando se programó la intervención para la colocación de la prótesis en la rodilla izquierda es porque ya no soportaba una deambulación aceptable, estando ya entonces afectada con mucha anterioridad la rodilla derecha y también la columna. La intervención en sí resultó ajustada a la lex artis así como el seguimiento tras detectar la infección, lo que llevó a su sustitución. Ésta es la única que pudo ser evitada si no se hubiera producido la infección, y a ella deben limitarse las consecuencias, no de la intervención quirúrgica sino de la infección de origen desconocido que, ciertamente, la paciente no tenía que soportar.

En definitiva, no se aprecia la existencia del nexo causal entre la sustitución de la prótesis, por la infección, y las demás secuelas padecidas por la actora, incluyendo la obesidad mórbida sobre la que no se ha probado que se debiera a la inactividad por la intervención de la sustitución, pues la inmovilización ya era debida a su situación anterior, debiendo limitar el mal funcionamiento de la Administración sanitaria al padecimiento sufrido por las intervenciones de sustitución de la prótesis.

Así pues, valorado el conjunto de la prueba, se concluye que la primera intervención para la colocación de la prótesis estaba aconsejada y fue realizada correctamente, así como la propia sustitución, por lo que los padecimientos que dieron lugar a la gran invalidez de la actora, así como la obesidad mórbida y la artrodesis final no aparecen como consecuencia de la sustitución de la prótesis ni, por ello, como consecuencia de un acto revestido de la antijuridicidad exigible para dar lugar a la estimación de una reclamación de esta naturaleza que, conforme a reiterada jurisprudencia, en interpretación de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, exige una relación de nexo causal entre la actuación médica y el daño recibido (STS de 10 de mayo de 2.005), que no se da en el presente supuesto respecto a estas consecuencias.

Sin embargo, la aparición de la infección en la prótesis colocada, con la consecuencia de la sustitución de la misma, no puede ser aceptada como consecuencia normal de la actuación médica, no por la propia intervención quirúrgica sino por las condiciones de la prótesis o de las instalaciones hospitalarias, por lo que debe ser indemnizado el padecimiento por la intervención de la sustitución, con sus días de hospitalización y rehabilitación, que prudencialmente se valora en 10.000 euros, como valoración a la fecha actual, sin que proceda ninguna otra actualización o cálculo de intereses.

Quinto.-En materia de costas, no se aprecia mala fe o temeridad por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, no se hace expresa imposición de las mismas.

VISTAS las normas citadas y demás de general y pertinente aplicación,

En atención a lo expuesto, este Tribunal ha resuelto pronunciar el siguiente


FALLAMOS


 
Primero.-Estimamos parcialmente el presente recurso contencioso- administrativo número 515/07-A, interpuesto por D.ª Regina y condenamos a la Administración demandada, y solidariamente a la aseguradora Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., al pago a la recurrente de la suma de 10.000 euros.

Segundo.-No hacemos expresa imposición de costas.

Así por esta sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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