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Sentencia T.S.J. Castilla y León 491/2010 de 16 de Julio


 RESUMEN:

Proyecto expopiatorio: justiprecio. Se fija el justiprecio de la finca del proyecto expropiatorio de un polígono. Se propugna la nulidad o anulabilidad del acto recurrido para reclamar un mayor justiprecio por la finca expropiada. Rechazar la inadmisibilidad del recurso. Estimación.

SENTENCIA

En la ciudad de Burgos a dieciséis de julio de dos mil diez.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 428/2008, interpuesto por D. Germán y D.ª Maite, representados por el procurador D. Javier Cano Martínez y defendidos por el letrado D. Héctor-M. Nagore Sorabilla, contra Resolución de la Comisión Territorial de Valoración de Burgos adoptada en la Sesión 1/2008, de 7 de febrero en el expediente NUM000, por la que se fija el justiprecio de la finca núm. NUM001 del proyecto expropiatorio, con referencia catastral parcela NUM002 del polígono NUM003 del término municipal de Miranda de Ebro, expropiada para la ejecución del "Plan Regional de Ámbito Territorial para el Desarrollo de Suelo Industrial en Miranda de Ebro. (IRCIO)"; habiendo comparecido como parte demandada la Comunidad Autónoma de Castilla y León, representada y defendida por el letrado de la misma en virtud de la representación y defensa que por Ley ostenta, y como parte codemandada la entidad "Gestión Urbanística De Castilla y León, S.A" (GESTURCAL, S.A.), representada por el procurador D. José-María Manero de Pereda y defendida por el letrado D. Agustín Valverde Martín.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por la parte demandante se interpuso el presente recurso contencioso administrativo por medio de escrito presentado el día 25 de abril de 2.008. Admitido a trámite se reclamó el expediente administrativo; recibido se confirió traslado al recurrente para que formalizara la demanda lo que efectuó en legal forma mediante escrito de fecha 23 de junio de 2.008, que en lo sustancial se da por reproducido y en el que terminaba suplicando se dicte sentencia por la que se declare:

1).- La estimación del presente recurso contencioso-administrativo.

2).- La nulidad y/o anulabilidad de la Resolución de la CTV de Burgos impugnada por ser contraria a derecho.

3).- El derecho a la fijación del justiprecio de la parcela objeto de expropiación propiedad de mi mandante a razón de 25,11 €/m2, más el 5% de premio de afección más perjuicios por rápida ocupación, con los intereses legales que procedan al considerar los terrenos suelo urbanizable delimitado.

4.º).- Subsidiariamente, de considerarse los terrenos como suelo urbanizable no delimitado, se fije el justiprecio en 10 €/m2 más 5 % de premio de afección más perjuicios por rápida ocupación con los intereses legales que procedan y todo cuanto, además, sea procedente en Derecho.

Segundo.-Se confirió traslado de la demanda por termino legal a la Administración demandada quien contestó a la misma mediante escrito de fecha 9 de octubre de 2.008 oponiéndose al recurso y solicitando se dicte sentencia por la que se desestime el recurso.

También se confirió traslado de la demanda a la entidad codemandada "Gesturcal, S.A", quien contestó a la misma mediante escrito de fecha 14 de noviembre de 2.008 oponiéndose al recurso y solicitando se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar a la admisión del recurso; subsidiariamente, solicita que se desestimen todas las pretensiones contenidas en el mismo recurso, con expresa imposición, en ambos casos, de las costas a la parte recurrente, y con todo lo demás que sea procedente en justicia.

Tercero.-Recibido el recurso a prueba se practicó con el resultado que obra en autos y verificado el trámite de conclusiones por escrito, quedó el recurso concluso para sentencia, habiéndose señalado el día 15 de julio de 2.010 para votación y fallo. Se han observado las prescripciones legales en la tramitación de este recurso.

Siendo ponente el Ilmo. Sr. D. Eusebio Revilla Revilla, Magistrado integrante de esta Sala y Sección:


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Es objeto del presente recurso jurisdiccional la Resolución de la Comisión Territorial de Valoración de Burgos adoptada en la Sesión 1/2008, de 7 de febrero en el expediente NUM000, por la que se fija el justiprecio de la finca núm. NUM001 del proyecto expropiatorio, con referencia catastral parcela NUM002 del polígono NUM004 del término municipal de Miranda de Ebro, expropiada para la ejecución del "Plan Regional de Ámbito Territorial para el Desarrollo de Suelo Industrial en Miranda de Ebro. (IRCIO)".

Referido resolución fija el justiprecio de mencionada finca en el importe total de 238.182,00 €, de los que 224.700,00 € corresponden a los 32.100 m2 expropiados y ello a razón de 7,00 €/m2, 11.235,00 € por el concepto de 5 % de premio de afección, y 2.247,00 por el concepto de rápida ocupación a razón de 32.100 m2 x 0,07 €/m2. Mencionada CTV para obtener el citado valor unitario del m2 de suelo expropiado, acude al método comparativo previsto en el art. 26 de la Ley 6/1998 frente al método analítico, y así atendiendo a la localización de la parcela y considerando las transmisiones de otras parcelas sitas en el mismo término municipal procede a fijar el valor del suelo en 7,00 €/m2.

Segundo.-Frente a dicho acuerdo se alza la parte recurrente propugnando la nulidad o anulabilidad del acto recurrido para reclamar un mayor justiprecio por la finca expropiada en autos, esgrimiendo a tal efecto los siguientes hechos y motivos de impugnación:

1.º).- Que mediante el Decreto 86/2005 de 17 de noviembre de la Junta de Castilla y León se aprobó el "Plan Regional de Ámbito Territorial para el Desarrollo de Suelo Industrial en Miranda de Ebro (IRCIO)" promovido por GESTURCAL, S.A., que fue publicado en 23.11.2005 en el BOCyL; habiendo comparecido como parte demandada; que con fecha de 19.12.2005, GESTURCAL, S.A. remite a la Consejería de Fomento para su tramitación el Plan Parcial "IRCIO Actividades" en Miranda de Ebro con las determinaciones de carácter urbanístico del art. 128 en relación con el art. 140 del Decreto 22/2004; dicho Plan Parcial fue aprobado inicialmente por Orden del FOM/441/2006, de 16 de marzo, siendo aprobado definitivamente por Orden FOM/257/2007 de 5 de febrero (BOCyL 20.2.2007). por otro lado por Orden de 18.1.2006 de la Consejería de fomento se aprobó inicialmente el proyecto de expropiación forzosa para la ejecución de dicho Plan Regional, otorgándose un plazo de audiencia a los propietarios; por Orden FOM/1858/2006 de 16 de noviembre (BOCyL de 21.11.2006) se aprueba definitivamente el proyecto de expropiación y tras desestimarse las alegaciones formuladas por las partes se ratifica el justiprecio a razón de 2,50 €/m2.

2.º).- Que formalmente en el presente caso se ha utilizado el instrumento del Plan Regional de ámbito territorial del art. 20 y siguientes de la Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León para legitimar la presente expropiación forzosa así como la figura relativa a la reserva de terrenos previstas en el art. 128 de la Ley 5/1999 para el establecimiento de ámbitos de suelo urbanizable no delimitado para su incorporación al correspondiente patrimonio público de suelo, y de esta forma poder valorar dicho suelo a efectos expropiatorios conforme a lo preceptuado en los arts. 27.2 y 26 de la Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones; pero añade la actora que una cosa es que el Plan Regional esté previsto en la normativa autonómica y otra cosa es que la clasificación del suelo constituya un fraude de ley, un abuso de derecho e incida en desviación de poder sobre todo cuando se pretende vincular la legitimación de la expropiación y la valoración de los terrenos con el Plan Regional; considera por ello que dicho Plan Regional es un auténtico plan de ordenación, en este caso de uso industrial, que clasifica fraudulentamente el suelo como urbanizable no delimitado para vincular la valoración de los terrenos y que en ningún caso se corresponde con la reserva del art. 128 de la LUCyL. Añade por ello la actora que en efecto, o bien nos encontramos ante un Plan Regional asimilable al Plan Parcial y por tanto la valoración de los terrenos ha de efectuarse conforme al art. 27.1 de la Ley 6/1998, o nos encontramos ante la reserva del art. 128, en cuyo caso, efectivamente cabría la expropiación con valoración como suelo no urbanizable pero en este caso la posterior tramitación y aprobación del Plan Parcial o modificación del planeamiento determinarían la reversión de los terrenos conforme al art. 40.3 de la ley 6/1998. Concluye por ello la actora que vistas las fechas de los instrumentos aprobados, y relatados en el anterior apartado, la clasificación del suelo como urbanizable no delimitado deviene improcedente constituyen un fraude de ley que pretende reducir el justiprecio expropiatorio, exclusivamente, ya que, la Administración no ha tenido intención de expropiar al amparo del Plan Regional y una vez concluida la expropiación incorporar los terrenos al proceso urbanizador a través de la revisión del planeamiento general de Miranda, sino que en una muestra de prepotencia, según la actora, a la vez que se expropiaba como suelo urbanizable no delimitado, tramitaba y aprobaba el Plan Parcial al margen del cualquier procedimiento de revisión del Planeamiento de Miranda de Ebro.

3.º).- Que por lo expuesto, es totalmente improcedente la valoración efectuada de adverso y que se impugna, toda vez que como ya se reclamó en sus alegaciones al proyecto expropiatorio y en su hoja de aprecio el suelo expropiado debe valorarse como suelo urbanizable delimitado en aplicación del art. 27.1 de la Ley 6/1998 fijándose un valor unitario a razón de 26,36 €/m2, ya incluido el premio de afección de acuerdo con el informe pericial obrante en el expediente.

4.º).- Subsidiariamente solicita que en el caso de valorarse como suelo no urbanizable o urbanizable no delimitado se fije el valor unitario a razón de 10,50 €/m2, incluido el premio de afección, y ello con base también al informe pericial que obra en el expediente y de conformidad con el criterio mantenido también por la Administración que lo cuantifica a razón de 10,00 €/m2.

5.º).- Que en todo caso la resolución de la Comisión Territorial de Valoración infringe el ordenamiento jurídico, y ello: primero, porque valora el suelo como no urbanizable; y segundo, porque incluso carece de motivación y justificación cuando valora el suelo como no urbanizable al no tener en cuenta y ni siquiera mencionar las alegaciones y documentos presentados por la recurrente; añade finalmente que dicha resolución por su falta de contenido y por la propia composición de la Comisión es inaplicable la presunción de acierto, legalidad y objetividad que se predica de las resoluciones de los Jurados Provinciales de Expropiación Forzosa.

Tercero.-A dicho recurso y a los motivos en él esgrimidos se opone la representación y defensa de la Administración demandada, solicitando la desestimación del recurso por entender que el acuerdo impugnado es conforme a derecho; y en oposición al recurso esgrime los siguientes argumentos:

1.º).- Que habiéndose seguido el método de tasación conjunta, la valoración según el art. 24 de la Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones debe referirse al mes de febrero de 2.006 por haber tenido lugar el día 1.2.2006 la exposición pública del Proyecto de Expropiación.

2.º).- Que a esa fecha de valoración al no estar aún establecidas las condiciones del desarrollo del suelo del que forma parte la parcela en cuestión, ya que ello se produjo el día 20.2.2007 con la publicación de la aprobación definitiva del Plan Parcial, la parcela, al margen y con independencia de que el suelo en el que se halla enclavada sea urbanizable delimitado o urbanizable no delimitado, habrá de valorarse de conformidad con lo establecido en el art. 27.2 de la Ley 6/1998, en la forma establecida para el suelo no urbanizable sin consideración alguna de su posible utilización urbanística, es decir, y según resulta del art. 26 de la misma Ley aplicando el método de comparación, y en su defecto atendiendo al método de capitalización de rentas.

3.º).- Que se rechazan los informes aportados por la parte actora con su hoja de aprecio, el que aplica el método residual por no ser aplicable por lo ya dicho, amen de no justificar como obtiene el precio medio de venta de parcelas, el que aplica el método de comparación por cuanto que se desconoce las fincas testigo que utiliza, y el que utiliza el de capitalización de rentas por cuanto que no verifica correctamente el empleo de este método, amen de que este ultimo informe no puede prevalecer sobre el de la CTV que goza de presunción de legalidad y acierto.

4.º).- Que de conformidad con el art. 36.1 de la LEF no pueden tenerse en cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que da lugar a la expropiación; e insiste en que es lógico que el aumento de valor que sufre un terreno que se expropia y luego se urbaniza, vaya a manos de la Administración por ser la autora de los actos administrativos que motivan tales actuaciones, y no a mano de los expropiados que además de recibir el valor del suelo también se les abona el premio de afección.

Cuarto.-Igualmente se opone al recurso interpuesto la entidad codemandada, solicitando en primer lugar su inadmisibilidad y ello por cuanto que el recurso contencioso-administrativos se ha interpuesto contra la resolución de la Comisión Territorial de Valoración cuando la misma aún no ha devenido firme en vía administrativa por cuanto que dicha resolución no solo había sido recurrida en reposición por la entidad Gesturcal, S.A. y dicho recurso aún no había sido resuelto y tampoco había transcurrido el plazo legal para que actuara el silencio administrativo negativo, sino que además la parte actora era conocedora de la existencia de mencionado recurso de reposición como así resulta del expediente administrativo.

En defecto de dicha pretensión solicita la desestimación del recurso y más concretamente pide que no se fije el valor del suelo expropiado en los importes principal (25,11 €/m2) y subsidiariamente (10,00 €/m2) reclamados por la parte demandante. Y en apoyo de tales pretensiones esgrime los siguientes motivos:

1.º).- Que como quiera que por la Administración Autonómica se procedió, en aplicación del art. 128 de la LUCyL y mediante la utilización del siguiente instrumento de ordenación del territorio denominado "El Plan Regional de Ámbito Territorial para el Desarrollo Industrial de Miranda de Ebro", a verificar una reserva de un número de hectáreas como suelo no urbanizable, llevándose a cabo la expropiación a partir de ese momento no cabe ninguna duda según dicha parte, que la determinación del justiprecio de mencionado suelo ha de realizarse conforme a la calificación que el Plan Regional establecido para el mismo.

2.º).- Que la valoración del suelo expropiado en autos debe llevarse a cabo mediante la aplicación de los criterios legales de valoración dispuestos en la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y más concretamente valorando dicho suelo en aplicación de los arts. 23, 27.2 y 26 de dicha Ley, al encontrarnos ante un suelo urbanizable no delimitado, utilizándose para ello preferentemente el método de comparación y en su defecto, de no existir testigos, utilizando el método de capitalización de rentas aplicando el método analítico.

3.º).- Que en el presente caso no procedía utilizar el método de comparación y sí el analítico por cuanto que los datos obtenidos no eran representativos y tampoco se referían a fincas con la analogía exigida en el citado art. 26. Insiste por ello en que la resolución recurrida no aplica correctamente el método comparativo por cuanto que para ello utiliza el valor de transmisiones de fincas no anteriores a la fecha de 3.2.2006 a la que debe referirse la valoración según el art. 24 de la Ley 6/1998 por ser ese día cuando se somete a información pública el Proyecto de expropiación forzosa, sino posteriores a dicha fecha, como lo corrobora las copias de escritura aportadas que todas ellas se refieren a compraventas posteriores y que por tal motivo no pueden ser tenidas en cuenta en la aplicación del mencionado método comparativo.

Quinto.-Planteados en dichos términos el debate del presente recurso, procede en primer lugar enjuiciar la inadmisibilidad formulada por la parte codemandada, la Entidad Gesturcal S.A., al considerar esta parte que el presente recurso contencioso- administrativo se ha interpuesto contra la resolución de la Comisión Territorial de Valoración cuando la misma aún no ha devenido firme en vía administrativa y ello por un lado, porque dicha resolución no solo había sido recurrida en reposición por la entidad Gesturcal, S.A., sino porque además referido recurso aún no había sido resuelto y tampoco había transcurrido el plazo legal para que actuara el silencio administrativo negativo; y por otro lado, porque además la parte actora era conocedora de la existencia de mencionado recurso de reposición, como así resulta del expediente administrativo. Considera por ello la entidad codemandada que en estas circunstancias y en aplicación del art. 69.c) y e) de la LRJCA (según precisa en su escrito de conclusiones) el recurso interpuesto es inadmisible por cuanto que se ha interpuesto contra una resolución recurrida en reposición y estando aún pendiente de resolverse dicho recurso y pendiente de que venciera el plazo para que pudiera entenderse desestimado el recurso en virtud del silencio administrativo, lo que implica que la Administración podía aún modificar el justiprecio impugnado con el evidente riesgo de que lo que pudiera resolverse en dicho recurso administrativo pudiera entrar en contradicción con lo que pudiera fallar la Sala en el presente recurso contencioso-administrativo.

Sobre cuestión idéntica se ha resuelto por esta Sala entre otras sentencias del mismo tenor en las de fecha 7.6.2010 dictada en el recurso 414/2008 respecto de la finca NUM005, de 7.6.2010, dictada en el recurso 413/2008 respecto de la finca NUM006 (parcela NUM007 del polígono NUM004), expropiadas ambas para la ejecución del citado Plan Regional, y lo ha hecho en los siguientes términos que se trascriben de esta segunda sentencia (luego reiterados en la sentencia de 1.7.2010, dictada en el recurso 416/2008 respecto de la finca NUM008, parcela NUM009 del polígono NUM004, y también en posteriores sentencias dictadas por esta misma Sala respecto de otras fincas expropiadas para el mismo proyecto):

"Es cierto que el art. 46.1 de la LRJCA establece que el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso; también es cierto que el acto contra el que la parte actora ha interpuesto el presente recurso contencioso-administrativo podía ser objeto, potestativamente, de recurso de reposición, y que la parte codemandada (que alega la inadmisibilidad) interpuso este recurso de reposición, aunque no lo hizo la actora que directamente acudió a la vía jurisdiccional haciendo uso de la facultad o potestad que legalmente se le reconoce y que así se le hizo saber expresa y explícitamente al notificársele la resolución dictada por la Comisión Territorial de Valoración.

Por ello dichas alegaciones y mencionada causa de inadmisibilidad no puede se aceptada ni compartida por la Sala, y ello por cuanto que la actora: primero, no ha hecho uso del recurso de reposición cuya interposición no es preceptiva y sí potestativa; segundo porque el recurso contencioso-administrativo se interpone dentro del plazo legal de dos meses siguientes a la notificación de dicha resolución como así lo establece el art. 46.1 de la LRJCA; tercero, porque la parte actora al no recurrir previamente en reposición no tiene porqué esperar para recurrir jurisdiccionalmente a la resolución del recurso de reposición interpuesto por la entidad codemandada, y ello aunque fuera conocedor tanto de la existencia como de la pendencia de mencionado recurso de reposición; cuarto, porque de haber esperado a la resolución de este recurso de reposición el acuerdo de la Comisión Territorial de Valoración impugnado pudiera haber devenido en consentido y firme respecto de la parte actora; y quinto porque en todo caso las pretensiones formuladas por la actora de reclamar un mayor justiprecio y las pretensiones formuladas por la codemandada en vía administrativa de reclamar un menor justiprecio son pretensiones contrarias y contrapuestas frente a un mismo acto, de ahí que deba considerarse que los recursos interpuestos por una y otra parte son independientes y que se resuelven en función de las citadas pretensiones.

Estos mismos razonamientos determinan también que en el presente caso y a la vista de las circunstancias concurrentes en el mismo no existe ni existía la obligación por la parte actora de tener que ampliar el presente recurso a la impugnación de la resolución de 26.3.2009 de la CTV que desestima el recurso de reposición interpuesto por Gesturcal, S.A., toda vez que dicha resolución lo que hace es resolver el recurso de reposición que no había sido interpuesto por la parte actora y que además rechaza la pretensión formulada por Gesturcal, S.A. de que se rebaje el justiprecio al importe por ella reclamado, mientras que la demandante reclama en el presente recurso jurisdiccional que se eleve el justiprecio fijado por la Comisión Territorial de Valoración.

Es verdad que la parte actora no hace referencia en su demanda y en sus conclusiones al recurso de reposición interpuesto por Gesturcal S.A. y tampoco a la resolución de fecha 26.3.2009 que desestima expresamente mencionado recurso y que igualmente es cierto que la parte actora no ha solicitado la ampliación del recurso a dicha impugnación a pesar de guardar con el acto que es objeto de este recurso la relación prevista en el artículo 34 de la Ley 29/98, pero ello no es ni puede constituir tampoco la causa de inadmisibilidad del presente recurso esgrimida por la actora, y ello, además de por lo ya razonado en el anterior fundamento de derecho, porque el mero hecho de mantener el recurso respecto del primer acto impugnado determina que automáticamente se extienda al segundo sin necesidad de indicación expresa alguna, dada la intrínseca relación que existe entre ambos, y sobre todo en el caso presente en el que el segundo acto administrativo no viene sino a confirmar el primero al desestimar el recurso de reposición. Por ello, sin necesidad de trasladar a este segundo acto la interposición del recurso (ampliar el recurso a éste segundo acto) se entiende a su vez pedida la anulación del mismo, pues es jurídicamente imposible que mantenga la validez esta segunda resolución si se anula la primera resolución.

Todos estos razonamientos llevan a la Sala a rechazar mencionada causa de inadmisibilidad.";.

Trasladando estos mismos argumentos al presente caso procede también en este recurso rechazar mencionada causa de inadmisibilidad, dada la identidad de la causa de inadmisibilidad formulada y dado que las circunstancias tanto fácticas como jurídicas son coincidentes en uno y en otro caso.

Sexto.-También antes de entrar a examinar el recurso hemos de referirnos a las objeciones que ha realizado la parte codemandada Gesturcal S.A. en su escrito de conclusiones cuando denuncia que no se le ha dado participación en la práctica de la prueba pericial verificada en autos y que ello le ha causado indefensión. La Sala también rechaza esta objeción y denuncia, como igualmente lo hacía ante idéntica queja en sentencias de 7.6.2010 dictada en el recurso 414/2008 respecto de la finca NUM005, de 7.6.2010, dictada en el recurso 413/2008 respecto de la finca NUM006 (parcela NUM007 del polígono NUM004), y 1.7.2010, dictada en el recurso 416/2008 respecto de la finca NUM008 (parcela NUM009 del polígono NUM004), expropiadas las tres para la ejecución del citado Plan Regional, y para ello se remite a lo ya argumentado al respecto y sobre la misma cuestión en el auto de fecha 1.10.2009 en el que se rechazaba la pretensión probatoria formulada por dicha parte codemandada de ampliar la práctica de la prueba pericial, prueba que no olvidemos no fue propuesta por dicha codemandada sino solo y exclusivamente por la parte actora, mientras que por el contrario si se accedía a la petición de aclaraciones solicitada de mencionada prueba pericial.

Considera por ello la Sala frente a dicha denuncia que las partes, y también la entidad Gesturcal, S.A. han tenido en dicha prueba pericial la participación que prescribe la LECiv, de aplicación supletoria en el presente orden jurisdiccional. Y ello es así porque si bien se ha de indicar que solo puede tener la consideración de auténtica prueba pericial aquella que se practica en el seno del procedimiento jurisdiccional, con las garantías de contradicción y publicidad y con las plenas facultades de intervención de la contraparte, que derivan de los correspondientes preceptos que la Ley procesal Civil destina a este medio probatorio, reguladas en los artículos 335 al 348 y entre las que destacan la concurrencia al acto del reconocimiento pericial, formulando al perito las observaciones que estime oportunas (art. 345) y finalmente la solicitud de aclaraciones al perito en el acto de ratificación de su dictamen (art. 347), también lo es que dicha normativa no prevé actualmente la ampliación del informe en los términos postulados por la entidad codemandada, todo ello sin perjuicio de que la misma podría haber solicitado, si le hubiera convenido la práctica de otra prueba pericial distinta a la pedida por la parte demandante, lo que no verificó en su escrito de proposición de prueba, habiendo sido sometido el informe pericial a la contradicción que se ha estimado por conveniente como se deriva de las aclaraciones planteadas, que fueron admitidas por la Sala en el sentido indicado en la resolución antes citada; por todo ello, es por lo que considera la Sala que dicha prueba pericial se ha llevado a cabo en la forma que prescribe la LECiv, sin que quepa imputar al modo de practicarse la misma los vicios o defectos denunciados por dicha codemandada, y todo ello sin perjuicio de la valoración que en su momento se haya de verificar del resultado de mencionada prueba pericial.

Séptimo.-Por otro lado, antes de entrar a enjuiciar el fondo del presente recurso es preciso también recordar que en este caso es la parte actora quien denuncia en su demanda que la resolución de la Comisión Territorial de Valoración infringe el ordenamiento jurídico alegando que carece de motivación y justificación suficiente y necesaria cuando valora el suelo como no urbanizable al no tener en cuenta y ni siquiera mencionar las alegaciones y documentos presentados por la recurrente en el expediente de justiprecio; es por ello por lo que dicha parte considera que dicha resolución por su falta o deficiente contenido no es conforme a derecho.

La actora formula dicha denuncia pero en el suplico de la demanda rectora pide la nulidad o anulabilidad de dicha resolución pero no para que se retrotraigan las actuaciones al momento anterior a dictarse dicha resolución sino para que se fije el justiprecio en el importe reclamado por dicha parte. Por tanto, con dicha denuncia la parte demandante no reclama la retroacción de actuaciones sino simplemente viene a poner de manifiesto también por esta vía su queja frente a la resolución recurrida para igualmente manifestar de este modo que no está de acuerdo con la valoración efectuada por la Comisión Territorial de Valoración ni con el justiprecio finalmente fijado; y por ello al quejarse de falta de motivación y de justificación lo que en realidad pone de manifiesto es que el justiprecio fijado por dicha Comisión no puede mantenerse ni aceptarse por la Sala, que no goza por ello dicha resolución de la presunción de acierto que se predica de la resoluciones del Jurado y que por ello debe anularse para que se fije finalmente por la Sala y en el presente procedimiento jurisdiccional un justiprecio en los términos reclamados por la parte actora. Por ello el examen de esta cuestión se verificará conjuntamente al resolverse el fondo del recurso.

Por otro lado, también conviene recordar que en el presente caso quien recurre jurisdiccionalmente es solo la parte demandante que es la propietaria del terreno expropiado y lo hace para reclamar que se incremente el justiprecio fijado en la resolución recurrida, mientras que por el contrario la entidad codemandada Gesturcal S.A., que si recurrió en reposición dicha resolución solicitando la minoración del justiprecio sin embargo no consta que dicha entidad haya impugnado jurisdiccionalmente la resolución de 26.3.2009 de la Comisión Territorial de Valoración de Burgos que desestima el recurso de reposición ni tampoco la resolución impugnada en el presente recurso adoptada en sesión de fecha 7.2.2008 que fija el justiprecio de la finca de la parte actora. Por otro lado, tampoco la Administración expropiante ha declarado lesivo dicho acto y por ello tampoco en el presente orden jurisdiccional. De mencionadas circunstancia resulta por tanto que el enjuiciamiento que procede verificar en el presente caso se debe limitar a determinar si la resolución impugnada es conforme a derecho cuando fija el justiprecio en los términos en que lo hace, o que no lo es y que procede elevar dicho justiprecio en los términos reclamados por la actora o en un importe menor pero superior al fijado por la Comisión Territorial de Valoración; en ningún caso procede en el presente recurso minorar el justiprecio y ello porque se vulneraría el principio de congruencia, y se incurriría en una "reformatio in peius" perjudicándose a la actora pese a ser ella la única parte recurrente y que impugna la resolución adoptada en la sesión 1/2008 de 7 de febrero de 2.008, en el expediente 09 209/07 que fija el justiprecio de la finca núm. NUM006 del proyecto expropiatorio de autos.

Octavo.-Así las cosas, procede a continuación dilucidar si el acuerdo impugnado de la Comisión Territorial de Valoración de Burgos, es o no conforme a derecho, cuando valora el suelo expropiado en la forma en que lo hace, es decir no valorándolo como suelo urbanizable, como pretende la actora, sino como suelo urbanizable no delimitado como postula la parte demandada y codemandada, y cuando cuantifica el valor unitario del m2 del suelo expropiado en un importe inferior al reclamado tanto de forma principal como subsidiaria por la parte actora. A este respecto referida parte postula y defiende que el terreno expropiado debería haber sido valorado como "suelo urbanizable delimitado" por corresponderle esta calificación por el destino, toda vez que dicha expropiación tiene por objeto una finca que ha sido expropiada para la ejecución del Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo del Suelo Industrial de Miranda de Ebro (IRCIO).

Por tanto la actora con dicha tesis no solo se muestra disconforme con la resolución y el criterio de valoración acogido por la Comisión Territorial de Valoración sino que además viene a denunciar expresamente que a dicho acuerdo en el presente caso tanto por su falta de contenido como por la propia composición de la Comisión que lo adopta es inaplicable la presunción de acierto, legalidad y objetividad que se predica por la Jurisprudencia de las resoluciones de los Jurados Provinciales de Expropiación Forzosa.

Sobre la presunción de acierto que puede predicarse de los acuerdos de la Comisión Territorial de Valoración, también se ha pronunciado para casos idénticos esta Sala entre otras sentencias del mismo tenor, en las de fecha 7.6.2010 dictada en el recurso 414/2008 respecto de la finca NUM005, también de 7.6.2010, dictada en el recurso 413/2008 respecto de la finca NUM006 (parcela NUM007 del polígono NUM004), y de 1.7.2010, dictada en el recurso 416/2008 respecto de la finca NUM008 (parcela NUM009 del polígono NUM004), expropiadas las tres para la ejecución del citado Plan Regional, y lo hace en los siguientes términos que se trascriben de esta segunda sentencia, y que se han reiterado en otras muchas sentencias que se vienen dictando con posterioridad en el mismo procedimiento expropiatorio:

"Como quiera que en definitiva la actora está poniendo en entredicho y discutiendo el criterio acogido por la Comisión Territorial de Valoración, y dado, primero que la misma, conforme establece el artículo 139 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, sustituye al Jurado en la doble función de decidir sobre el procedimiento de justiprecio, en las expropiaciones que lleven a cabo las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Entes Locales, de emitir informes en supuestos de indemnización y ejercer otras funciones que reglamentariamente se le atribuyan (desarrollo reglamentario que se realiza en la regulación contenida en los artículos 418 y siguientes del Reglamento de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero), y dado, segundo la definición que de tales Comisiones realiza el citado artículo al indicar que las Comisiones Territoriales de Valoración de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora son los órganos permanentes, de carácter deliberante y resolutorio, especializados en materia de expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas en sus respectivos ámbitos territoriales, que coinciden con las provincias de igual nombre, es por lo que, y en vista de dicha regulación de las citadas Comisiones Territoriales de Valoración, cabe recordar igualmente y en principio la Jurisprudencia establecida entorno al alcance y presunción de acierto y veracidad de las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación forzosa, cuya aplicación ha considerado esta Sala en reiteradas sentencias que si era extensible a la actuación de las Comisiones Territoriales de Valoración.

En anteriores sentencias esta Sala ha venido indicando de forma reiterada y uniforme que, como quiera que las Comisiones Territoriales de Valoración habían venido a sustituir en determinadas expropiaciones y fijaciones de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, no ofrecía ninguna duda que el criterio Jurisprudencial referido a la presunción de acierto que se predicaba de forma reiterada y uniforme de las resoluciones del Jurado era plenamente aplicable a la actuación que en materia de justiprecio verificaran las mencionadas Comisiones en sustitución del tradicional Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Sin embargo, en el presente caso antes de predicarse de dicha Comisión y en relación con el acuerdo impugnado mencionada presunción de acierto, legalidad y de objetivad ha de tenerse en cuenta: primero, la naturaleza del proyecto que motiva la expropiación ya que se trata del "Plan Regional de Ámbito Territorial para el Desarrollo de Suelo Industrial en Miranda de Ebro (Ircio)" aprobado por la Junta de Castilla y León mediante el Decreto 86/2005; segundo, que el órgano que aprueba el expediente expropiatorio de autos es la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, interviniendo también en dicho expediente expropiatorio tanto en el procedimiento de tasación conjunta como al llevarse a efecto el acta de ocupación, como así resulta del expediente de justiprecio, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo en Burgos de la Junta de Castilla y León; tercero, que la Comisión Territorial de Valoración de Burgos, según el art. 420 del RUCyL (vigente al momento de adoptarse el acuerdo recurrido) está integrada por nueve miembros, de éllos tres tienen relación directa con el órgano expropiante, como son el propio Presidente de la Comisión, cuyo cargo corresponde al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, un letrado de dicha Delegación Territorial y un Técnico Superior designado por dicha Delegación, amen de que actuará como Secretario de cada Comisión, con voz pero sin voto, un licenciado en derecho designado por el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León entre el personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma, y amen de que "actúa como ponente de cada Comisión Territorial de Valoración, con voz y sin voto, un técnico superior designado por el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León".

Por otro lado, también debemos recordar que el art. 139.3.a) de la Ley de Urbanismo de Castilla y León ha sufrido una modificación por el artículo 7.3 de Ley 4/2008 de 15 septiembre 2008, estableciendo en la actualidad que: "a) En la composición de las Comisiones se asegurará su cualificación profesional e independencia respecto de los intereses afectados." En desarrollo de esta previsión también se modifica ligeramente por el Decreto 45/2009 el art. 420 del Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en su apartado c) relativo a la composición de dicha Comisión, señalándose que de los siete técnicos superiores que componen la Comisión junto al Delegado Territorial y el letrado de la Delegación Territorial, dos de éllos serán designados por por el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, mientras que en la anterior redacción dicho Delegado solo nombra uno de los siete.

Así las cosas y vista la composición tanto anterior como vigente de la Comisión Territorial de Valoración se comprueba que no resulta debidamente garantizada la independencia de dicha Comisión que viene propugnada expresa y recientemente desde la nueva modificación del art. 139.3.a) de la LUCyL, sobre todo cuando, como ocurre en el caso de autos, la expropiación sea llevada a cabo por la propia Administración autonómica, de quien depende o con quien tienen relación directa varios de los miembros de mencionada Comisión. Esta circunstancia lleva a considerar en el presente caso a la Sala que el criterio mantenido por este mismo Tribunal en virtud del cual se predicaba también de la Comisión Territorial de Valoración la presunción de acierto, legalidad y objetividad que tradicionalmente se ha atribuido a las resoluciones de los Jurados Provinciales de Expropiación Forzosa no puede ser mantenida, sin perjuicio de que si lo sea o pueda serlo respecto de otras expropiaciones donde el órgano expropiante sea la Administración Local o Provincial, como así se ha pronunciado en este mismo aspecto el TSJ de Madrid con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 2.ª, de 3-12-2009, n.º 2243/2009, dictada en el recurso 494/2006, de la que ha sido Ponente Don Francisco Javier Canabal Conejos, en la que se ha indicado al respecto lo siguiente:

"Alegada por la demandada la presunción de acierto de las operaciones de determinación del justiprecio realizadas por el Jurado debemos tener en cuenta la que es doctrina reiterada de esta Sala respecto la situación de las presunciones en la materia, derivada de lo expuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el recurso de inconstitucionalidad por ella misma interpuesto al respecto. Al decir la Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de julio de 2006 que las disposiciones cuestionadas de la Ley 9/1995 de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Madrid, y del Decreto 71/1997, de la misma Comunidad son conformes al Ordenamiento, este Tribunal debe extraer las oportunas consecuencias en relación con las presunciones que ocupan el núcleo de la labor defensiva de la parte demandada. De una parte debemos recordar que los actos administrativos, como son los acuerdos del Jurado, gozan de la presunción de legalidad que es sobradamente conocida y que obliga a la existencia de un pronunciamiento judicial para su remoción, tenga ésta efectos desde su dictado o desde su propia declaración. Ahora bien, la presunción jurisprudencial sobre los actos del Jurado va mucho más allá puesto que alcanza al "acierto" de sus decisiones lo que implica una presunción sobre la decisión de aplicación de un concepto jurídico indeterminado como es el justiprecio. Sin embargo, dicha extensión de la presunción que excede con mucho de la legalidad puesto que el justiprecio no es una consecuencia estricta de ésta, salvo en lo que se refiere al procedimiento, no se hace de forma estrictamente teórica, lo que carecería de sentido, sino que se basa, y así sea dice reiteradamente, en su especial composición de equilibrio de intereses que así lo convierte en un órgano prácticamente arbitral. Se trataba de la composición establecida en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. Por ello, una vez establecido que la composición del Jurado Territorial de Madrid por las normas a la sazón vigente son perfectamente legítimas hemos de decir que no existe razón alguna para que a dicho Jurado le sea aplicable la presunción de acierto fundada en una composición diferente ya que la Sala no aprecia que en dicha composición se den iguales factores que los que se tornaron para establecer la presunción de acierto. Por tanto, el acuerdo es un documento administrativo más de los que integran el expediente y ha de ser comparado a efectos probatorios con el resto de las pruebas sin que ocupe una posición privilegiada en relación con éstas que determine un esfuerzo especial para romper el privilegio de su presunción de acierto, que en todo caso, repetimos, está supeditada al juicio que merezca a estos efectos la composición del Jurado que, por cierto, es en la actualidad sustancialmente distinta a la que produjo el acuerdo impugnado y ello por decisión del legislador de la propia demandada"

Y lo mismo cabe concluir por similares razonamientos en el presente caso a la vista de lo expuesto, dado el órgano expropiante así como la falta de equilibrio de intereses en la composición de los miembros de la Comisión Territorial de Valoración, sin perjuicio de valorar la resolución de dicha Comisión conjuntamente con el resto de las pruebas practicadas como también lo pone de manifiesto el contenido de la sentencia trascrita.";

Por otro lado, la parte actora para apoyar sus pretensiones se apoya en sendos informes periciales emitidos a su instancia y que fueron aportados al expediente administrativo con su hoja de aprecio, lo cual nos lleva a recordar que también esta Sala se ha pronunciado con reiteración sobre el valor probatorio que debe darse a los informes periciales emitidos por peritos a petición de las partes y con el fin y propósito de dar cobertura y apoyo a sus pretensiones. En términos generales ha manifestado al respecto que tales informes de parte no constituye prueba de cargo bastante y suficiente como para desvirtuar en principio la presunción de acierto contenido en el acuerdo recurrido, y ello porque dichos informes se emiten a petición de la parte actora para justificar sus pretensiones formuladas en la hoja de aprecio y por ello a conveniencia e interés de dicha parte, lo que priva de la objetividad e imparcialidad necesaria y exigida a referido informe; la praxis diaria judicial nos pone de manifiesto que el resultado de dichos informes en la generalidad de los casos se inclina a favor de la parte que encarga y abona dicho informe, de tal modo que si el informe se expide a petición de la persona o entidad que tiene que pagar el importe a fijar se dictamina a la baja, mientras que si el informe lo encarga la persona que debe cobrar el justiprecio el informe verifica la valoración a la alza; ahora eso si en ambos casos, sendos peritos intervinientes tratan de justificar su dictamen en la aplicación de criterios legales y técnicos. De este mismo parecer es la STS 30-06-1992, de la que fue Ponente Don Manuel Goded Miranda cuando al respecto señala lo siguiente:

"...ello debe oponerse el carácter parcial que tienen siempre las hojas de aprecio aportadas al expediente administrativo, así como los informes que las acompañan, carentes de la necesaria objetividad, por lo que su criterio no puede prevalecer sobre el de tasaciones verificadas por un perito designado con las garantías que establecen los arts. 610 a 632 LEC, reguladores de este medio de prueba. En tal sentido, la S 16 diciembre 1988 de este Tribunal afirma que el dictamen en vía jurisdiccional, con todas las garantías procesales señaladas en los arts. 610 y ss. Ley procesal civil, tiene las mismas características de imparcialidad y objetividad que el acuerdo del jurado".

Noveno.-El examen de la pretensión planteada por la parte actora exige recordar la siguiente secuencia de hechos que resulta tanto del expediente administrativo como de los documentos aportados al presente recurso:

1.º).- Que mediante el Decreto 86/2005 de 17 de noviembre de la Junta de Castilla y León se aprobó el "Plan Regional de Ámbito Territorial para el Desarrollo de Suelo Industrial en Miranda de Ebro (IRCIO)" promovido por GESTURCAL, S.A., publicado el 23.11.2005 en el BOCyL, a través del cual se delimita una reserva de suelo de 250,41 ha. con el objeto de poder incorporarlo al Patrimonio Público de Suelo de Castilla y León para lo cual ha reclasificado el suelo de dicho ámbito como suelo urbanizable no delimitado tal y como prescribe el art. 128 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. Según dicho precepto y el art. 22.2 de L.O.T. 10/1998, dicha aprobación comporta la declaración de utilidad pública e interés social y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos que resulten necesarios para la ejecución del Plan, y todo ello a efectos de su expropiación forzosa.

2.º).- Tras lo anterior y tan solo un mes después, con fecha 19 de diciembre de 2.005 (pag. 3595 del BOCyL) GESTURCAL, S.A. remitió a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León para su tramitación el Plan Parcial "Ircio Actividades" en Miranda de Ebro, con las determinaciones de carácter urbanístico prescritas en el art. 128 en relación con el art. 140 del Decreto 22/2004 por el que se aprueba el RUCyL. En concreto, el Plan Parcial establece la Ordenación detallada en el ámbito de suelo urbanizable no delimitado clasificado por el Plan Regional.

3.º).- Dicho Plan Parcial fue aprobado inicialmente por Orden FOM/441/2006, de 16 de marzo, y definitivamente por Orden FOM/257/2007, de 5 de febrero, siendo publicada dicha orden el día 20.2.2007 en el BOCyL.

4.º).- No obstante lo anterior, y sin esperarse a la aprobación definitiva de mencionado Plan Parcial, por Orden de 18.1.2006 de la Consejería de fomento se aprobó inicialmente el proyecto de expropiación forzosa para la ejecución del Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo de suelo industrial en Miranda de Ebro (Burgos), siendo dicha Orden notificada el día 1.2.2006, dando un plazo de audiencia de 20 días a los propietarios y titulares de derechos afectados. La Orden por la que se instrumenta la información pública del Proyecto fue publicada en el BOCYL de 2.2.2006. Finalmente, por Orden FOM/1858/2006 de 16 de noviembre (BOCyL de 21.11.2006) se aprueba definitivamente el proyecto de expropiación para la ejecución del citado Plan Regional.

5.º).- En virtud de dicha resolución la adquisición de los terrenos delimitados, para su incorporación al Patrimonio Público del Suelo se va a llevar a efecto y se lleva a efecto por el procedimiento de expropiación forzosa, siendo el sistema elegido para la tramitación del presente expediente expropiatorio el procedimiento de tasación conjunta, según resulta del art. 89.4 de la LUCyL y los arts. 223 y siguientes del RUCyL. Así la hoja de justiprecio individualizada por la finca de autos fue realizada el día 16.12.2005 (folios 15 a 18 del expediente) fijándose dicho justiprecio en el importe total de 95.357,06 €, ascendiendo el valor unitario del m2 de suelo a 2,50 €; de la misma se dio traslado en el mes de febrero a la propiedad, quien presentó alegaciones tanto a la Orden dicha de 18.1.2006 como a mencionada hoja de aprecio con fecha 27.2.2006 (folios 25 a 53); posteriormente mediante la citada Orden de 16.11.2006 se rechaza mencionadas alegaciones a la vez que se aprueba la valoración de los terrenos establecida en el instrumento que legitima la expropiación. Tras dicha aprobación los actores mostraron disconformidad con la valoración contenida en su hoja de aprecio, motivo por el cual la Administración expropiante ha trasladado el expediente a la Comisión Territorial de Valoración para que fije el justiprecio, como así lo ha hecho mediante la resolución impugnada en autos.

6.º).- No obstante lo anterior, una vez se consignó con fecha 30.3.2007 el importe de la valoración aprobada, se llevó a efecto el levantamiento del acta de ocupación de la finca de autos con fecha 11 de abril de 2.007.

Décimo.-- Se trata seguidamente de dilucidar cómo debe valorarse dicho suelo, si como suelo urbanizable delimitado como pretende la parte demandante o como suelo urbanizable no delimitado como pretende las partes demandada y codemandada al entender que así estaba clasificado por el Plan Regional de Ámbito Territorial para el Desarrollo de Suelo Industrial en Miranda de Ebro (IRCIO), para después cuantificar el concreto valor unitario que corresponde fijar por el m2 de suelo expropiado en autos.

Esta cuestión ha sido ya resuelta y enjuiciada por esta Sala entre otras sentencias del mismo tenor, en las de fecha 7.6.2010 dictada en el recurso 414/2008 respecto de la finca NUM005, también de 7.6.2010, dictada en el recurso 413/2008 respecto de la finca NUM006 (parcela NUM007 del polígono NUM004), y de 1.7.2010, dictada en el recurso 416/2008 respecto de la finca NUM008 (parcela NUM009 del polígono NUM004), expropiadas las tres para la ejecución del citado Plan Regional, y lo hace en los siguientes términos que se trascriben de esta segunda sentencia, y que se han reiterado en otras muchas sentencias que se vienen dictando con posterioridad en el mismo procedimiento expropiatorio:

"Y para verificar dicho examen debemos partir en primer lugar de la consideración de que dicha expropiación se realiza para la ejecución del Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo de suelo Industrial de Miranda de Ebro IRCIO, Plan Regional que clasifica el suelo que nos ocupa como suelo urbanizable no delimitado, Plan Regional que se aprueba el 17 de noviembre de 2005 a través del cual se establece una reserva de suelo con objeto de incorporarlo al Patrimonio Público del Suelo, tal y como prescribe el artículo 128 de la Ley 5/1999; y en segundo lugar debemos tener también en cuenta que sin embargo tan solo un mes después, así el 19.12.2005 se remite por la entidad codemandada Gesturcal S.A., a cuya instancia se aprueba el citado Plan Regional, el Plan Parcial correspondiente a dichos terrenos con las determinaciones de ordenación detallada precisas, aprobándose inicialmente dicho Plan Parcial el día 16.3.2006. De la proximidad de las fechas que se aprecian en la elaboración y aprobación de dichos instrumentos resulta que a la vez que se estaba aprobando el Plan Regional, el cual se limita a establecer dicha reserva clasificando el suelo como urbanizable no delimitado, también se estaba ya elaborando el Plan Parcial "Ircio Actividades" que establece la ordenación detallada en el ámbito de suelo urbanizable delimitado clasificado por el Plan Regional; es decir, que el Plan Regional no establece esa ordenación detallada y la clasificación del citado suelo como "urbanizable delimitado", cuando el art. 23.3.b) de la Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León y el art. 21.2 del Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León autoriza a dicho Plan a verificar dicha clasificación y a establecer mencionadas determinaciones urbanísticas.

No establece referida clasificación el Plan Regional y deja dicho cometido para el Plan Parcial que se tramita casi de forma coincidente en el tiempo. Pero no solo esto es lo relevante, sino que además la Administración expropiante inicia el procedimiento expropiatorio exactamente el día 18.1.2006, es decir cuando ya estaba aprobado el Plan Regional, que conlleva la declaración de utilidad pública e interés social y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para la ejecución del Plan, y que clasificaba el suelo "como urbanizable no delimitado", y lo hace cuando ya estaba en trámite el Plan Parcial pero no espera a que se apruebe definitivamente este, que es el instrumento que establece la ordenación detallada de dicho suelo, pasando dicho suelo a ser "suelo urbano delimitado", y eso que la vigencia de mencionada declaración de utilidad y necesidad de ocupación tiene una duración máxima, según el art. 128 de la LUCyL, de cuatro años. Por ello, cuando tanto se inicia el expediente expropiatorio mediante la Orden de 18.1.2006, como el día 2.2.2006 cuando se somete a información pública la Orden que aprueba el proyecto de Expropiación, que es la fecha a la que debe referirse la valoración en un procedimiento de tasación conjunta según el art. 24 de la Ley 6/1998, el suelo de autos estaba clasificado como suelo urbanizable no delimitado, continuando con dicha clasificación el día 16.11.2006 en que se aprueba definitivamente el proyecto de expropiación, hasta que finalmente se aprueba definitivamente el Plan Parcial el día 5.2.2007 que establece la ordenación detallada de dicho suelo.";

Los términos en que se ha planteado el debate nos obliga a tener que referirnos (como también lo hacíamos en sendas sentencias de 7.6.2010 dictadas en los recursos 413 y 414/2008, y en la de 1.7.2010 dictada en el recurso 416/2008) a la sentencia de esta Sala, dictada en el recurso núm. 291/2006 de fecha 18.2.2008 (ponente. D. Jose Matias Alonso Millan) en la que en relación a la delimitación de reservas de terrenos y clasificación de suelo en Planes Regionales establecía las siguientes consideraciones que son de gran interés para la resolución del litigio de autos:

"Sin embargo, es de tener en cuenta que esta delimitación de reservas del terreno lo es para su incorporación al patrimonio público del suelo, no para desarrollar un parque tecnológico, sin perjuicio del indudable interés social y económico de un parque tecnológico y de la indudable utilidad pública que presenta el desarrollo de un parque de esta entidad. En el mismo Plan Regional se aprecia con rotundidad que no se trata de incorporar terreno al patrimonio público del suelo, sino de obtener terreno para desarrollar un parque tecnológico: así, en la introducción de este Plan, en su párrafo segundo, se indica que "el objetivo se ajusta a lo dispuesto en la Ley de Ordenación del Territorio: planificar una actuación específica que ofrezca suelo para actividades de I+D+I(Investigación, Desarrollo e Innovación) ligada a Burgos, que tiene un justificado interés para la Comunidad de Castilla y León"; igualmente, en el párrafo cuarto de esta "Introducción" se recoge que "El segundo objetivo es habilitar la opción de iniciar la gestión del suelo en función de la declaración de utilidad pública e interés social que se justifica con la aprobación de este documento". Por consiguiente, el objetivo que se pretende no es adquirir terreno para "reserva" del patrimonio público del suelo. Este objetivo se vuelve a repetir en el punto 3.1, titulado "Planteamiento y Objetivos", en el que se indica "este "Plan Regional de Ámbito Territorial para Desarrollo del Parque Tecnológico de Burgos" tiene por objeto planificar la ejecución de un Parque Tecnológico en Burgos, que se considera de interés para la Comunidad. Es cierto que el número 3.1.2 del Plan establece que el mismo "delimita un ámbito con objeto de incorporarlo al Patrimonio Público de Suelo de Castilla y León, pero esta incorporación no es sino una mera fórmula para adquirir el terreno destinado a un parque tecnológico, y sin perjuicio de que esta reserva pueda asegurar la disponibilidad de suelo para actividades productivas; pero que es distinto a que este suelo se precise de forma prácticamente inmediata, no para asegurar una disponibilidad futura, cuál es el fin primordial de delimitar reservas de terrenos, y más lógica cabe esta postura si se considera que al momento de aprobarse este Plan sólo se podían delimitar reservas del terreno en terrenos clasificados como suelo urbanizable no delimito. Ahora bien, como requisito imprescindible es que el terreno realmente se pueda clasificar como suelo urbanizable no delimitado, o, por el contrario, deba clasificarse dentro de otra categoría: suelo rústico, suelo urbano o bien suelo urbanizable delimitado; y ello por que la clasificación del suelo viene impuesta por lo establecido por la Ley 5/99, a la que también debe someterse la administración autonómica y sin perjuicio de la discrecionalidad de la que pueda disponer la administración para clasificar el suelo dentro de los parámetros establecidos en la legislación urbanística, que también es aplicable para la ordenación del territorio. ";

Y continuaba indicando mencionada sentencia en su Fundamento de Derecho Sexto que:

"Dicho lo anterior, procede concretar si realmente este suelo, conforme a este Plan, puede ser clasificado por el mismo como suelo urbanizable delimitado o como suelo urbanizable no delimitado; siendo ésta la cuestión principal y fundamental sobre la que gira todo lo debatido en este pleito, hasta el punto de que todas las demás cuestiones realmente son intrascendentes y accesorias para la resolución del mismo.

La Ley 5/99 recoge, en su artículo 13, que "tendrán la condición de suelo urbanizable los terrenos que no puedan ser considerados como suelo urbano o como suelo rústicos". Ninguna de las partes pone en duda que el suelo clasificado por este Plan como suelo urbanizable no delimitado (es sobre este suelo sobre el que existe debate) deba ser clasificado como urbano o como rústico, por lo que la clasificación como suelo urbanizable es correcta; lo que se discute es si debe clasificarse (en terminología que expone la demandante, calificarse; y que se utilizan ambos vocablos indistintamente con posteridad en la demanda y en las contestaciones) como delimitado o como no delimitado. El art. 14 de la Ley 5/99 establece las categorías de suelo urbanizable, al indicar que "en el suelo urbanizable, el planeamiento general (en este caso el Plan Regional) podrá distinguir las siguientes categorías:

a) "Suelo urbanizable delimitado, constituido por los terrenos cuya transformación en suelo urbano se considere adecuada a las previsiones de la normativa urbanística, y que a tal efecto se agruparán en ámbitos denominados sectores", donde la ordenación detallada puede ser establecida indistintamente por los instrumentos citados en el artículo 10.2 o remitirse a un Plan Parcial. En el segundo caso se señalará un plazo para su aprobación, con un plazo máximo de 8 años, trascurrido el cual los terrenos se considerarán como suelo urbanizable no delimitado, a todos los efectos. En defecto de indicación expresa, el plazo para la aprobación del Plan Parcial Será de 8 Años.

b) "Suelo urbanizable no delimitado, constituido por los demás terrenos que se clasifiquen como suelo urbanizable".

Por su parte, la "Exposición de Motivos" de la Ley 5/99 de establece que "Conforme a la legislación del Estado, el suelo urbanizable será el que no se clasifique como urbano o rústico. La Administración podrá utilizarlo para orientar el crecimiento urbano, delimitando los sectores cuyo desarrollo se considere más oportuno: será el suelo urbanizable delimitado. En el resto, el carácter imprevisto de una eventual actuación justifica mayores exigencias en cuanto a urbanización y procedimiento, incluyendo la necesaria evolución del impacto ambiental".

Con estas determinaciones es preciso concluir que el Plan Regional prevé la transformación en suelo urbano de este suelo que clasifica y lo considera adecuado, al menos en una alta porción, a las previsiones de la normativa urbanística, hasta el punto de que el del punto 7.3.1, tercer rombo, dice que "El Plazo máximo para el establecimiento de la ordenación detallada será de 8 años. El o los Planes Parciales que delimiten los sectores y establezcan la ordenación detallada, deberán establecer una secuencia de plazos para su desarrollo". En conclusión, se pretende realizar un desarrollo urbanístico para que estos suelos adquieran la condición de suelo urbano de forma inmediata a la aprobación del Plan Regional, por lo que en ningún caso procede clasificar este suelo como suelo urbanizable no delimitado, pues es contradictorio con su desarrollo inmediato, sino que debe clasificarse como suelo urbanizable delimitado en cuanto que son terrenos cuya transformación se considera adecuada a las previsiones de la normativa urbanística, hasta el punto de que se prevé su transformación en suelo urbano en un plazo de ocho años. Esta previsión de desarrollo inmediato se aprecia por la inmediata promoción por parte de GESTURCAL de un Plan Parcial (no se puede olvidar que el Plan Regional impugnado fue promovido por la misma Empresa Pública de la Administración General de Castilla y León), como se evidencia por la circunstancia de que se publique en el Boletín Oficial de Burgos de fecha 24 de abril de 2007, la Orden EYE/582/2007, de 27 de marzo, por la que se aprueba inicialmente el Plan Parcial correspondiente al Parque Tecnológico de Burgos.

Es cierto que este Plan Regional no agrupa este terreno en ámbitos denominados sectores, sino que lo deja para los Planes Parciales, pero éste no es el elemento esencial e imprescindible para clasificar como suelo urbanizable delimitado, sino que el propio Plan, una vez apreciada la previsión de transformación de este suelo, debió realizar y delimitar los sectores; pero nunca un defecto o deficiencia del Plan puede determinar que nos encontramos ante una clase u otra de suelo. La delimitación de sectores es una consecuencia de la necesaria clasificación del suelo como urbanizable delimitado, no un presupuesto imprescindible sin el cual no puede clasificarse el suelo como urbanizable delimitado. No entra dentro de la facultad discrecional de la administración el clasificar un suelo como urbanizable no delimitado cuando prevé que este suelo debe ser transformado en suelo urbano mediante la aprobación de los Planes Parciales en un plazo menor a ocho años y exige que estos Planes Parciales establezcan a su vez una secuencia de plazos para su desarrollo, que si bien no indica esta secuencia de plazos, la misma ya viene establecida en el art. 21.1 de la Ley 5/99, al indicar que el instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la ordenación detallada de los terrenos podrá señalar plazos para el cumplimiento de los deberes definidos en los artículos 18 y 20; para indicar a continuación que en su defecto, el plazo será de ocho años desde la aprobación definitiva del instrumento. Estos mismos criterios, como es lógico, los recoge el art. 27 del Decreto 22/2004 y los desarrollada en los artículos 28 y 29, recalcando que deben incluirse en la categoría de suelo urbanizable delimitado los terrenos cuya transformación en suelo urbano se considere más adecuada a los criterios y previsiones de la normativa urbanística, y resulta que esta normativa urbanística no es sino el Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo del Parque Tecnológico de Burgos (sin perjuicio de que persiga finalidades superiores a las meramente urbanísticas), que la considera adecuada a los criterios y previsiones que se recogen en el art. 7.3.1 y con los objetivos que ya hemos indicado con antelación, justificando su utilidad o interés social en base a "la necesidad de facilitar suelo para desarrollos empresariales e industriales que dinamicen económicamente la situación actual", continuando este párrafo indicando que "se trata de una intervención en un sector de interés general" (así se recoge en el punto 3.2 del Plan"), punto en el que se continúa indicando que "se integra y es consecuencia de la estrategia de desarrollo definida por la Junta de Castilla y León, coherente con las propuestas de otras administraciones, ya que se trata de un desarrollo previsto en las políticas de desarrollo económico y social de Castilla y León, que se engloba en Parques Tecnológicos de Castilla y León". Continuando justificando esta utilidad pública o interés social en la oportunidad de ofrecer empleo a personal cualificado en el entorno universitario de Burgos y en la definición de una infraestructura de justificando interés y de alcance supramunicipal.

La conclusión fundamental es que, sin perjuicio de la discrecionalidad de la Administración, este suelo debe clasificarse como suelo urbanizable delimitado por cuanto que prevé su transformación en suelo urbano mediante la aprobación de Planes Parciales que deben establecer las determinaciones de desarrollo en un plazo máximo de ocho años, y que, al no decir nada, se deben desarrollar estos Planes Parciales en otro plazo de ocho años. No se trata de un imprevisto, sino que el Plan Regional prevé este desarrollo urbanístico.

Séptimo.-Ahora bien, esto no implica la nulidad del Plan Regional, y ello porque actualmente se pueden delimitar reservas de terrenos cualquiera que sea la clasificación de estos, conforme a la redacción dada al art. 377.1 del Reglamento de Urbanismo por el Decreto 68/2006. Ello determina que no se estime el recurso en cuanto a la pretensión principal de declarar la nulidad del Plan Regional, sin perjuicio de que procede la clasificación urbanística de este suelo como suelo urbanizable delimitado, puesto que pretende desarrollarse y transformarse en suelo urbano breves plazos que se indican en el punto 7.3.1 del Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo del Parque Tecnológico de Burgos, previendo su inmediato desarrollo.";.

Por lo que a la vista de dicho precedente jurisprudencial y como bien se indicaba en la referida sentencia, si bien en esta sentencia ya se apuntaba que la redacción del artículo 377 permitía en la actualidad la realización de reservas de suelo en toda clase de los mismos, ya ha precisado al respecto la doctrina, que también se ha de añadir la específica finalidad de los Patrimonios Públicos del Suelo y que si bien la legislación ha impulsado los mismos, dicho impulso no puede llevar a una perversión del sistema, ya que no se puede buscar con esta figura una formula de financiación mediante el expediente de expropiar y luego reclasificar, o como en este caso establecer la ordenación detallada y vender a precio de mercado, con lo que la finalidad propia de los PMS desaparece quedando de ese modo privados de justificación.

Igualmente esta Sala ha resuelto una cuestión similar en el recurso 568/2007 con la sentencia de fecha 28 mayo de 2010 en el que se examinaba un supuesto de valoración del suelo afecto al Polígono Industrial el Parralejo en Melgar de Fernamental (Burgos), en la que en la que se traía a colación la sentencia del TS de 22-12-2005 de la que fue Ponente Don Jesús Peces Morate, y que volvemos a recordar su trascendencia:

"Sin embargo, lo cierto es que el Plan Especial aprobado se ha limitado a reservar suelo con dicho fin, pero aunque tal reserva legitime una ulterior expropiación de ese suelo, ello no conlleva que éste se haya de justipreciar por su valor inicial, dado que para llevar a cabo las actuaciones previstas en el referido Plan Especial puede ser necesaria la aprobación de otros instrumentos de ordenación, que reclasifiquen el suelo antes de proceder a su expropiación, o que, a la vista del propio destino del suelo según el Plan Especial, el justiprecio expropiatorio sea acorde con la nueva calificación que impone el cumplimiento de las finalidades de ese Plan Especial".

Y para resolver la presente cuestión concluía la Sala razonando en la sentencia de 7.6.2010 dictada en el recurso 413/2008, luego reiterado en otras muchas sentencias dictadas con ocasión de la expropiación de parcelas para el mismo Plan Regional, lo siguiente:

"Trasladando dichos razonamientos trascritos al caso de autos, el acuerdo recurrido de la Comisión Territorial de Valoración de la Junta de Castilla y León no es conforme a derecho cuando el suelo expropiado de la finca de autos la valora como suelo no urbanizable dado que el urbanizable no delimitado a efectos valorativos resulta como el no urbanizable, toda vez que dicho suelo debe valorarse a los efectos expropiatorios de autos como suelo urbanizable delimitado de uso industrial con ordenación detallada en base al Plan Parcial Ircio Actividades aprobado por la Orden FOM/257/2007, dado que es evidente que se ha procedido a expropiar un suelo con una finalidad como suelo urbanizable no delimitado para casi simultáneamente proceder a la ordenación detallada, cuando dicha clasificación, categorización, calificación y ordenación se podía haber realizado al amparo de lo establecido en el artículo 22.3 b) de la Ley 10/1998 por el propio Plan Regional o en su caso haber esperado a la aprobación del Plan Parcial para iniciar el expediente expropiatorio y así poder tener en cuenta el suelo expropiado con su nueva ordenación detallada a los efectos de su valoración. Por lo expuesto en este extremo se estima el recurso y se rechaza la tesis de las partes, demandada y codemandada, que insistían en que el suelo debía valorarse como suelo urbanizable no delimitado por estar así clasificado y categorizado el día 2.2.2006 que es la fecha a la que debía referirse la valoración por aplicación del art. 24 de la Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, ley cuya aplicación al presente caso no ofrece ninguna duda para ninguna de las partes, tanto por razones temporales al estar vigente al iniciarse el procedimiento expropiatorio como por razones objetivas ya que a la misma se remite la normativa urbanística antes dicha.";

Trasladando estos razonamientos y mencionada conclusión al caso de autos por ser idéntica la controversia planteada en el presente recurso tanto desde el punto de vista fáctico como desde el punto de vista jurídico, procede igualmente dilucidar que el acuerdo recurrido de la Comisión Territorial de Valoración de la Junta de Castilla y León no es conforme a derecho cuando el suelo expropiado de la finca de autos la valora como suelo no urbanizable dado que el urbanizable no delimitado a efectos valorativos resulta como el no urbanizable, toda vez que dicho suelo debe valorarse a los efectos expropiatorios de autos como suelo urbanizable delimitado de uso industrial con ordenación detallada en base al Plan Parcial Ircio Actividades aprobado por la Orden FOM/257/2007.

Undécimo.-Tras lo anterior, se trata de dilucidar el valor unitario que debe darse a dicho suelo expropiado que debe valorarse como suelo urbanizable de uso industrial con ordenación detallada. Así, la Comisión Territorial de Valoración valora el suelo como no urbanizable y lo cuantifica a razón de 7,00 €/m2 por aplicación del art. 26 de la Ley 6/1998, utilizando para ello el método comparativo; es decir que dicho acuerdo no se ajusta a los criterios adoptados por esta Sala en el fundamento de derecho anterior cuando dispone que el suelo de autos debe valorarse a efectos expropiatorios como "suelo urbanizable delimitado de uso industrial con ordenación detallada"; por ello dicho acuerdo no es conforme a derecho cuando valora el suelo en los términos en que lo hace.

Por otro lado, la parte actora reclama que, valorando el suelo como urbanizable delimitado de uso industrial, se fije dicho precio unitario a razón de 25,11 €/m2 y ello con apoyo en el informe pericial de parte que aporta al expediente con su hoja de aprecio y que ha sido emitido por el ingeniero técnico industrial D. Casimiro, mientras que las partes demandada y codemandada reclaman que se mantenga el precio fijado por la CTV y que asciende a 7 €/m2.

También esta cuestión, planteada en idénticos términos fácticos y jurídicos ha sido resuelta por esta Sala entre otras sentencias del mismo tenor, en las de fecha 7.6.2010 dictada en el recurso 414/2008 respecto de la finca NUM005, también de 7.6.2010, dictada en el recurso 413/2008 respecto de la finca NUM006 (parcela NUM007 del polígono NUM004), y de 1.7.2010, dictada en el recurso 416/2008 respecto de la finca NUM008 (parcela NUM009 del polígono NUM004), expropiadas las tres para la ejecución del citado Plan Regional, y lo hace en los siguientes términos que se trascriben de esta segunda sentencia, y que se han reiterado en otras muchas sentencias que se vienen dictando con posterioridad en el mismo procedimiento expropiatorio:

"Considera la Sala que mencionado informe de parte, que no ha sido ratificado a presencia judicial y tampoco ha sido sometido a contradicción, no constituye prueba bastante para poder estimar la pretensión de la demandante y fijar el valor unitario a razón de 25,11 €/m2, toda vez que dicho dictamen carece de la objetividad e imparcialidad necesarias por cuanto que se emite a instancia de la actora para apoyar su tesis; y no solo eso sino que además examinado dicho informe se comprueba que el mismo se la elaborado sin seguir los criterios de valoración impuestos y exigidos en el art. 27.1 de la Ley 6/1998 para el suelo urbanizable delimitado, toda vez que ante la inexistencia de los valores de las ponencias catastrales, procedía utilizar el método residual dinámico para valorar el suelo de autos, y mencionado perito como expresamente así lo reconoce no lo ha hecho.

Se trata seguidamente de enjuiciar si en autos se ha practicado prueba bastante que ampare la pretensión formulada por la parte actora. Y a este respecto, y a instancia de la demandante se ha practicada la prueba pericial por el técnico designado judicialmente, el arquitecto D. Gaspar, el cual aplicando el art. 27.1 de la Ley 6/1998, valorando el suelo como urbanizable delimitado y utilizando el método residual dinámico, como impone dicho precepto, ha obtenido un valor unitario del suelo bruto de 10,462355 €/m2 (una vez verificó el perito una corrección de errores de trascripción mediante escrito de fecha 27.7.2009), precio que posteriormente y en respuesta a una aclaración formulada por la parte actora se fija un importe alternativo de 10,156327 €/m2.

Frente a dicho informe la parte actora en el escrito de conclusiones realiza una serie de objeciones para rebatir los resultados del mismo; así, en primer lugar se indica que no se han desglosado las partidas de recursos propios, ni de los ajenos, siendo evidente que en el informe no aparecía dicho desglose, ni lo exige la fórmula del método de valoración empleado, ya que la parte actora pretendía sostener con la aclaración formulada que deberían haberse desglosado los recursos propios de los ajenos, ya que los primeros se actualizan con la tasa deflactada mientras que los ajenos se retribuyen con los intereses y si bien el Perito en aclaraciones, en el apartado 16, afirma que en el informe no aparece un capítulo de costes Financieros de la promoción, actuándose como si de todos los recursos fueran propios, lo cierto es que en el informe sí se incluye dicha partida de costes financieros, pero siendo ello lo normal como consecuencia de una financiación externa o necesidad de recursos ajenos para la realización del proyecto, pero sin que exista ninguna determinación en la regulación del método de valoración residual dinámico, que exija que sean desglosados dichos recursos por que unos deban actualizarse con la tasa deflactada y los ajenos no, a la vista de lo que determina el artículo 38.1 de la Orden ECO/805/2003, como luego veremos. Por lo expuesto procede rechazar esta primera objeción que formula la actora al citado informe pericial.

Una segunda objeción esgrimida por la actora frente a dicho informe es la referida a la Tasa de actualización, si procede o no deflactarla como propone la parte actora con el IPC, respecto a la cual también se atribuye por dicha parte un error de cálculo y además de concepto por cuanto se invoca que solo se puede sumar la Tasa Libre de Riesgo nominal, con la prima de riesgo nominal, por lo que si el Perito admite que dicha tasa se convierta en real con la deducción del efecto de la inflación, debe hacer lo mismo con la Prima de Riesgo; no obstante dicha queja se considera a la vista de lo que precisa el artículo 32 de la Orden ECO/805/2003 que la tasa libre de riesgo será real o nominal según sea constante o nominal la estimación de los flujos de caja, por lo que si estos se han tenido en cuenta el efecto de la inflación no procedería aplicar la deflación a la tasa de descuento; por tanto, no es preciso corregir del efecto inflacionista a la tasa mediante la aplicación del IPC, pero no ocurre así con la prima de riesgo, ya que conforme establece el artículo 38, de la citada Orden relativo al Tipo de actualización en el método residual dinámico:

"1. A los efectos del cálculo del valor residual por el procedimiento dinámico previsto en el art. 36 (Procedimiento de cálculo "dinámico") de esta Orden se utilizará como tipo de actualización aquel que represente la rentabilidad media anual del proyecto sin tener en cuenta financiación ajena que obtendría un promotor medio en una promoción de las características de la analizada.

Se calculará sumando al tipo libre de riesgo, la prima de riesgo.

2. El tipo libre de riesgo será el tipo de actualización establecido en el art. 32 (Tipo de actualización en el método de actualización) de esta Orden, tomándolo como real o nominal según sea constante o nominal la estimación de los flujos de caja.

3. La prima de riesgo se determinará por la entidad tasadora, a partir de la información sobre promociones inmobiliarias de que disponga, mediante la evaluación del riesgo de la promoción teniendo en cuenta el tipo de activo inmobiliario a construir, su ubicación, liquidez, plazo de ejecución, así como el volumen de la inversión necesaria.

4. Cuando en la determinación de los flujos de caja se tenga en cuenta la financiación ajena, las primas de riesgo señaladas en el apartado anterior deberán ser incrementadas en función del porcentaje de dicha financiación (grado de apalancamiento) atribuida al proyecto y de los tipos de interés habituales del mercado hipotecario. En todo caso, dicho incremento deberá ser debidamente justificado."

Por lo que a la vista de todo ello cabe indicar que la prima de riesgo no viene determinada por la corrección del IPC y solo determinaría su incremento que no su reducción si en la determinación de los flujos de caja se tiene en cuenta financiación ajena, por lo que el cálculo que realiza la parte actora en su escrito de conclusiones no resulta correcto ni ajustado al método, regulado en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, que establece, en lo que se refiere al método técnico de valoración que denomina residual por el procedimiento dinámico, en el articulo 34.2 de la Orden. Así el perito judicial, aplicando el método residual dinámico ha obtenido un valor unitario del suelo bruto de 10,462355 €/m2, conforme los valores inicialmente adoptados por el perito en su informe y de acuerdo con las correcciones realizadas en el escrito de 27 de julio de 2009, que es el finalmente aceptado por la Sala a la vista de los anteriores razonamientos. Por ello, comprobándose que el perito judicial ha verificado la valoración del suelo expropiado como suelo urbanizable delimitado de uso industrial, como así lo determina la Sala en la presente sentencia, y además lo hace en los términos exigidos en el art. 27.1 de la Ley 6/1998, es por lo que la Sala considera que el resultado de dicho informe desvirtúa el criterio acogido en el acuerdo recurrido que se anula por no ser conforme a derecho.

Por tanto, en resumen de todo lo expuesto procede por un lado rechazar la pretensión formulada por la parte actora de fijar el justiprecio en el importe reclamado en la demanda de 25,11 €/m2, y por otro lado estimar parcialmente el recurso por cuanto que el valor unitario fijado por el Jurado en el importe de 7 €/m2, se eleva al valorarse como suelo urbanizable delimitado a razón de 10,462355 €/m2, que multiplicado por el suelo expropiado -4.593 m2- arroja un valor del suelo por la cantidad de 48.053,60 €, importando el premio de afección el importe de 2.402,68 €; sumándose sendos importes y la cantidad de 321,51 € fijado por el concepto de rápida ocupación que no ha sido discutido ni impugnado resulta un justiprecio por el importe total de 50.777,79 €.";

Trasladando estas mismas valoraciones y conclusiones al presente recurso, al que también se ha aportado por vía de extensión el informe pericial emitido por el arquitecto superior D. Pedro y en el que obran también los mismos medios probatorios, procede concluir en el sentido de desestimar la pretensión de la parte demandante de fijar el justiprecio en el importe reclamado de 25,11 €/m2, y por otro lado estimar parcialmente el recurso para fijar el valor unitario del suelo urbanizable delimitado a razón de 10,462355 €/m2, que multiplicado por el suelo expropiado -32.100 m2- arroja un valor del suelo por la cantidad de 335.841,59 €, importando el premio de afección la cantidad de 16.792,08 €; sumándose sendos importes y la cantidad de 2.247,00 € fijada por el concepto de rápida ocupación que no ha sido discutido ni impugnado resulta un justiprecio por el importe total de 354.880,67 €.

Duodécimo.-La parte actora además reclama que se condene a la Administración recurrida al pago de los intereses legales que procedan sin verificar precisión ni justificación alguna. Tampoco a esta pretensión se refiere la Administración demandada. Para el examen de esta pretensión hemos de recordar que nos encontramos ante una expropiación motivada por una actuación urbanística y como consecuencia de la aprobación del Plan Regional de Ámbito Territorial para el Desarrollo del Suelo Industrial en Miranda de Ebro (IRCIO)" al amparo de lo dispuesto en los arts. 89.4 de la Ley 5/199 de Urbanismo de Castilla y León y 225 del Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

En orden al enjuiciamiento de la presente cuestión sendos preceptos remiten a la legislación estatal de expropiación forzosa. Así, el art. 89.4 citado dispone lo siguiente: "Con carácter general se aplicará el procedimiento de tasación conjunta, y si ello no fuera posible o conveniente, el regulado en la legislación del Estado para la expropiación individual. Para el desarrollo de la actuación, además de lo previsto en la legislación del Estado en cuanto a pago del justiprecio, efectos de la aprobación del Proyecto de Actuación, ocupación de los terrenos, adquisición libre de cargas e inscripción de los mismos en el Registro de la Propiedad, derechos de terceros no tenidos en cuenta y supuestos de reversión, se aplicarán las disposiciones complementarias establecidas en los siguientes artículos.". Y añade el art. 225.4 del Reglamento lo siguiente: "El pago o depósito de la valoración establecida en el instrumento que legitime la expropiación, o en su caso la aprobación del documento de adjudicación de terrenos de valor equivalente a los propietarios expropiados, habilita a la Administración expropiante para ocupar las fincas previo levantamiento de las correspondientes actas, y produce los efectos previstos en la legislación sobre expropiación forzosa, sin perjuicio de que continúe la tramitación de los procedimientos para la determinación definitiva del justiprecio ante la Comisión Territorial de Valoración.".

De sendos preceptos ha de concluirse que en orden a determinar la responsabilidad por demora tanto en la fijación como en el pago del justiprecio se ha de estar a lo que dispone la LEF para las expropiaciones que se siguen por el trámite ordinario y no por el trámite de urgencia. Igualmente para la cuantificación de los intereses es preciso traer a colación lo establecido al respecto en la Ley de Expropiación Forzosa, tal y como viene siendo interpretado por la Jurisprudencia del T.S. Y un ejemplo de esta doctrina Jurisprudencial es la extensa y competa sentencia del TS de 22.3.01 (rec. 7119/1996), la cual establece un amplio estudio a cerca de los intereses que proceden en el ámbito de la expropiación. Referida sentencia recoge los siguientes criterios, que pese a su amplitud reseñamos por su claridad:

"...la regulación en materia de intereses viene recogida por la Ley de Expropiación Forzosa en los arts. 56 y 57 de la misma, así como, en el art. 52.4 y 52.8, si de expropiación de carácter urgente se tratase y los arts. 51.2 y 71 a 74 del Reglamento EDC 1957/54.

El art. 56, incardinado en el Capítulo V del Título II de la Ley, intitulado "Responsabilidad por demora", específica que cuando hayan transcurrido seis meses desde la iniciación legal de expediente expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de las cosas o derechos, la Administración expropiante culpable de demora estará obligada a abonar al expropiado una indemnización que consistirá en el interés legal del justo precio hasta el momento en que se haya determinado, que se liquidará con efectos retroactivos, una vez que el justiprecio haya sido efectuado, siendo éstos los intereses por demora en la fijación del justiprecio, que vienen a configurarse como una indemnización a favor del expropiado, derivada del retraso por un período superior a seis meses, en la determinación del valor de los bienes y derechos, siempre y cuando el retraso sea imputable a la Administración expropiante y no resulte de la obstrucción, inoperancia o inactividad del expropiado.

Al mismo tiempo y con independencia del interés que, como concepto indemnizatorio, recoge el precitado art. 56 de la Ley, por ésta, en el siguiente art. 57, se configura otro devengo de intereses, motivado por la demora en el pago del justo precio. A diferencia del anterior, el derecho al devengo de intereses por demora en el pago del justiprecio, no tiene la naturaleza de un concepto "indemnizatorio" derivado de la demora o retraso en la determinación del justo precio, imputable en todo caso a la Administración expropiante, sino que cumple únicamente la función de resarcimiento a favor del interesado, por la indisponibilidad por su parte del montante económico que el justo precio representa y la disponibilidad de la Administración, o beneficiario, de tal masa monetaria que retiene en su poder; es decir, que en el supuesto de intereses de demora en el pago de la cantidad en que quede concentrado el justiprecio, el abono de los mismos representa el concepto de "interés" en sentido estricto, remuneratorio por el uso temporal del dinero, o su retención, por el obligado al pago, y la indisponibilidad por parte de quién tiene el derecho al percibo del justiprecio dentro del plazo legalmente señalado. Por ello el art. 57, expresa que "la cantidad que se fije definitivamente como justo precio devengará el interés legal correspondiente a favor del expropiado hasta que se proceda a su pago y desde el momento en que hayan transcurrido los seis meses a que se refiere el art. 48 ", (referente a que una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de seis meses).

Con independencia de estas dos clases de intereses, que generalmente son lo que suscitan mayor problemática y su discusión en orden a su cuantía y a la temporalidad de su devengo, -lo que será objeto de análisis más adelante-, la Ley señala o establece otro tipo de intereses. Nos estamos refiriendo a los previstos en la regla 4.ª del art. 52 de la Ley Expropiatoria, esto es, los que generan a favor del expropiado el importe de las hojas de depósito previo a la ocupación, que se deben formular en las expropiaciones de carácter urgente, y que debe ser consignado en la Casa General de Depósitos, cuya cantidad, según la expresión legal de la citada regla 4.ª del art. 52 "devengará a favor del titular expropiado el interés legal", que se liquidará al efectuar el pago del justiprecio. Estos intereses son independientes de los establecidos en la regla 8.ª del precitado artículo EDC 1954/21, que autoriza el percibo de la indemnización establecida en el art. 56 EDC 1954/21. Ambos intereses no podrán ser coincidentes en el tiempo de su devengo, toda vez que los primeros juegan desde el momento de la constitución del depósito previo a la ocupación hasta el momento en que ésta es efectivamente realizada, y los segundos, son debidos desde el día en que la ocupación se efectúa, enlazándose ambos en el tiempo. Si se cumplen los plazos señalados por la Ley para la ocupación, el periodo de devengo de intereses, por el primer concepto, realmente será muy breve, dado que desde la constitución del depósito previo hasta la ocupación del bien, debe transcurrir un plazo máximo de quince días, según la regla 6.ª del citado art. 52."

Mencionada sentencia igualmente analiza el período de devengo de intereses en uno y otro caso, y distingue los criterios para la determinación del "dies a quo" y "dies ad quem" tanto para las expropiaciones ordinarias como las declaradas de urgencia.

"Dies a quo" y "dies ad quem" en las expropiaciones ordinarias.

La Ley de Expropiación Forzosa, establece en el art. 56, a efectos de determinar el "dies a quo", como fecha de arranque para el cómputo de intereses por demora en la fijación del justo precio: "cuando hayan transcurrido seis meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio, sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de las cosas o derechos", y como quiera que el expediente expropiatorio, conforme al art. 21 de la Ley se entiende iniciado desde que se produce el acuerdo de necesidad de ocupación, el plazo de los seis meses a que alude el art. 56, se debe considerar cumplido, con carácter general, desde que transcurren dichos seis meses, contados a partir de la firmeza del acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes o derechos objeto de expropiación. Decimos, a partir de la firmeza del acuerdo de necesidad de ocupación, porque el art. 22.1 de la Ley, permite interponer recurso de alzada, contra dicho acuerdo, ante el Ministerio correspondiente, otorgando el art. 22.3, a este recurso, efectos suspensivos hasta tanto se dicte resolución expresa. Por otro lado, el art. 71.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa, explicita más esta cuestión al señalar que: "la situación de mora (a los efectos del art. 56 de la Ley se entenderá iniciada después de transcurrir seis meses, contados desde la fecha en que sea firme el acuerdo de necesidad de ocupación", siendo pues el "dies a quo" a efectos de determinar la existencia de situación de mora, en la fijación del justiprecio, y en su caso, el día inicial para el cómputo del período de devengo de intereses por este concepto, aquel en que se cumplan los seis meses desde la fecha en que adquiera firmeza el acuerdo de necesidad de ocupación, computados dichos seis meses de fecha a fecha, de conformidad con lo prevenido en el art. 60.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Sin embargo puede plantearse el problema, que la Administración expropiante no lleve a cabo la ocupación efectiva de los bienes o derechos objeto del expediente expropiatorio hasta una fecha posterior a aquélla en que se cumplan los seis meses desde la firmeza del acuerdo de necesidad de ocupación. ¿Procede en tal supuesto la indemnización prevista en el art. 56 ?. Entendemos que en principio no resultaría procedente, pese a la demora producida en la fijación el justo precio, el abono de dicha indemnización, porque los propietarios en tal caso continuarían en el uso y disfrute de los bienes objeto de expropiación, a pesar de que la tramitación del expediente sufriera demora. Sin embargo no puede predicarse esta solución con carácter general, siendo cada caso en concreto, a la vista de las circunstancias concurrentes, el que marque la pauta a seguir, pues si bien la Ley no precisa el requisito de que la finca haya sido efectivamente ocupada por el expropiante y el disfrute de los bienes o derechos por el expropiado, parece incompatible con la indemnización que la Ley establece. No obstante no puede olvidarse que el acuerdo de necesidad de ocupación de unos bienes o derechos a efectos de una expropiación, puede implicar de hecho una indisponibilidad jurídica de aquellos, pese a su uso y disfrute, o un gravamen que lo hace desmerecer en el mercado, por la afección expropiatoria, (bastará para ello pensar, a vía de ejemplo, en una expropiación de carácter urbanístico, en que determinados bienes quedan afectos al planeamiento y con destino a equipamientos de la comunidad), situación que entendemos, debe de conllevar la indemnización prevista en el art. 56, pues el mero disfrute de los bienes o derechos, no implica modificación de la carga expropiatoria que respecto de ellos existe desde el acuerdo de necesidad de ocupación; caso diferente al de una finca rústica, cuyo aprovechamiento sea el cultivo y afectada de expropiación (por ejemplo para una variante de carretera, o un desdoblamiento de la calzada), puesto que en esta situación, el propietario puede seguir, hasta el momento en el que la finca es efectivamente ocupada, explotando la finca y obteniendo los mismos rendimientos que antes de la iniciación del expediente expropiatorio, venía regularmente produciendo. De ahí que, como se ha dicho, en cada caso, y a la vista de las circunstancias que concurren, habrá de procederse en consecuencia.

"El "dies ad quem", será aquel en que el justiprecio quede definitivamente fijado en vía administrativa", esto es, cuando el Jurado resuelve el recurso de reposición deducido, en su caso, contra el originario o, el de la fecha de este, cuando no haya sido objeto de recurso de reposición.

Debe hacerse constar, por último, que si el justiprecio, resultase alterado jurisdiccionalmente, en más o menos, los intereses se devengan por el mismo período (desde la fecha de la firmeza del acuerdo de necesidad de ocupación hasta que el justiprecio se fija definitivamente por el Jurado) sirviendo de base la cantidad señalada en la Sentencia firme, habida consideración que el art. 73.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, señala que: "Si la fijación el justo precio hubiera sido impugnada, los intereses se devengarán sobre la cantidad determinada en la Sentencia firme, liquidándose con efectos retroactivos desde la fecha legal de iniciación de la mora, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 71, hasta la determinación definitiva del justiprecio en vía administrativa".

En orden a la demora en el pago del justiprecio fijado definitivamente en vía administrativa -sigue señalando dicha sentencia-, el art. 57 de la Ley de Expropiación Forzosa señala: "La cantidad que se fije definitivamente como justo precio devengará el interés legal correspondiente a favor del expropiado hasta que se proceda a su pago y desde el momento en que hayan transcurrido los seis meses a que se refiere el art. 48 "precisándose por este art. 48, que "una vez determinado el justo precio se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de seis meses".

Del análisis conjunto de ambos preceptos, fluye sin dificultad, que el "dies a quo" a efectos del periodo de devengo de esta clase de intereses, será aquel en que se cumplan los seis meses, desde que el justiprecio se haya fijado definitivamente en vía administrativa. Siendo el "dies ad quem", aquel en que efectivamente se satisfaga el justiprecio por la Administración expropiante, o beneficiario, al interesado, o se deposite o consigne, cuando fuere procedente, debiendo de computarse el plazo de los seis meses de fecha a fecha, (art. 60.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo), como en los intereses por demora en la fijación del justiprecio. Si el justo precio se modifica por decisión jurisdiccional, se deben por el mismo período sobre la cantidad determinada en Sentencia firme, liquidándose con efectos retroactivos, por aplicación analógica del contenido del art. 73.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa."....";.

Aplicando mencionados criterios al caso de autos, y teniendo en cuenta que nos encontramos ante una expropiación de naturaleza urbanística, que la resolución que aprueba el proyecto del que se deriva la necesidad de ocupación es de fecha 17.11.2005, siendo publicado dicho Decreto el día 23.11.2005 en el BOCyL, que la valoración por importe de 10.380,25 € contenida en la hoja de aprecio por la finca de autos y que fue aprobada definitivamente por la Administración expropiante por Orden de 16.11.2006 fue consignada en la Caja General de Depósitos del Servicio Territorial de Hacienda de Burgos el día 30.3.2007, que el acta de ocupación se llevó a efecto el día 11.4.2007, que la fijación definitiva del justiprecio en vía administrativa por la CTV en la cantidad total de 95.357,06 € ha tenido lugar para la parte actora el día 7 de febrero de 2.008, siendo dicho justiprecio modificado por la presente sentencia, sin que el justiprecio fijado en vía administrativa por dicha CTV y que excede de la cantidad depositada en su momento tampoco haya sido abonado, es por lo que la Sala concluye en aplicación de los criterios jurisprudenciales antes reseñados que:

a).- El justiprecio fijado en sentencia, una vez descontada la cantidad consignada, devengará intereses por demora en la fijación del justiprecio desde el día 11 (inclusive) de abril de 2007 en que se llevó a efecto el acta de ocupación, toda vez que esta se levantó una vez transcurrido el plazo de los seis meses siguientes a la fecha en que adquirió firmeza el Decreto 86/2005, hasta el día 7 de febrero de 2008 en que se fijó definitivamente el justiprecio en vía administrativa para la parte actora. Y la Sala en el presente caso, de conformidad con la casuística contemplada en la sentencia trascrita en torno a esta cuestión, fija como "dies a quo" en dicha liquidación el día en que se levantó el acta de ocupación y ello por cuanto que el propietario tras la publicación y firmeza de referido Decreto no solo ha continuado en el uso y disfrute de la finca objeto de expropiación pese a seguir tramitándose el expediente de expropiación, sino porque además ha venido explotándola, obteniendo los mismos rendimientos que antes de la iniciación del expediente expropiatorio, venía regularmente produciendo, como lo corrobora que se hayan fijado unos perjuicios por rápida ocupación.

b).- Y que el justiprecio fijado en sentencia, también una vez descontada la cantidad ya consignada, devengará intereses por demora en el pago del justiprecio a computar desde el día 8, inclusive, de agosto de 2.008 y hasta su completo pago, y ello porque el día 7.8.2008 transcurre el plazo de seis meses desde el día 7.2.2008 en que se fija definitivamente el justiprecio (luego modificado por sentencia) a que se refieren los arts. 57 y 48 de la LEF y el art. 73 del REF.

ÚLTIMO.- No se aprecian causas o motivos que justifiquen una especial imposición de costas a ninguna de las partes procesales, y ello de conformidad con el art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha dictado el siguiente:


F A L LO


 
1.º).- Rechazar la inadmisibilidad del presente recurso contencioso-administrativo esgrimida por la entidad GESTURCAL, S.A.

2.º).- Estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo núm. 428/2008, interpuesto por D. Germán y D.ª Maite, representados por el procurador D. Javier Cano Martínez y defendidos por el letrado D. Héctor-M. Nagore Sorabilla, contra Resolución de la Comisión Territorial de Valoración de Burgos adoptada en la Sesión 1/2008, de 7 de febrero en el expediente NUM000, por la que se fija el justiprecio de la finca núm. NUM001 del proyecto expropiatorio, con referencia catastral parcela NUM002 del polígono NUM003 del término municipal de Miranda de Ebro, expropiada para la ejecución del "Plan Regional de Ámbito Territorial para el Desarrollo de Suelo Industrial en Miranda de Ebro. (IRCIO)".

3.º).- Y en virtud de dicha estimación se anula por no ser conforme a derecho la citada resolución, fijándose como justiprecio por la finca de autos la cantidad total (ya incluido premio de afección) de 354.880,67 €, justiprecio que, una vez descontadas las cantidades entregadas o depositadas en su caso, devengará los intereses de demora señalados y a computar de conformidad con lo previsto en sendos párrafos finales del Fundamento de Derecho Duodécimo de esta resolución, desestimándose las demás pretensiones formuladas por la parte actora en el suplico de la demanda, y todo sin hacer especial imposición de las costas procesales devengadas en el presente recurso a ninguna de las partes personadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe preparar el recurso de casación ante esta Sala en el plazo de los diez días siguientes a su notificación, debiendo acompañar para su admisión a trámite junto con dicho escrito de preparación justificante de haber constituido el correspondiente depósito mediante su ingreso en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J. introducida por el artículo primero, apartado diecinueve de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 noviembre.

Firme esta sentencia, devuélvase el expediente al Órgano de procedencia, con certificación de esta sentencia, de la que se unirá otra a los autos originales.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la Sentencia anterior por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente Sr. D. Eusebio Revilla Revilla, en la sesión pública de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), que firmo en Burgos a dieciséis de julio de dos mil diez, de que yo el Secretario de la Sala Certifico.

Ante mí.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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