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Sentencia T.S. (Sala 3) de 24 de Noviembre de 2010


 RESUMEN:

Centros públicos: profesores de religión. Recurso contra la resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del Ministerio de Educación y Cultura, que denegó la solicitud de que se diera cumplimiento al Convenio sobre el régimen económico de las personas encargadas de la enseñanza de religión católica en los Centros Públicos de Educación Primaria. Ha lugar al recurso.

En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Noviembre de dos mil diez.

Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores arriba anotados, el recurso de casación que con el número 7192/2005 ante la misma pende de resolución, interpuesto por doña Rosario y las demás personas que se relacionan en el antecedente quinto de esta sentencia, representadas por el Procurador don Guillermo García San Miguel Hoover, contra los autos de 17 de enero, 18 de abril y 15 de septiembre de 2005, dictados por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso -Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en el incidente de extensión de efectos de la sentencia de 14 de noviembre de 2002 dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 428/2000).

Siendo parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Mediante escrito presentado el 2 de abril de 2004 ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid "en nombre y representación de DOÑA Rosario y OTROS" se formuló la siguiente:

" SOLICITUD DE EXTENSIÓN A MIS REPRESENTADOS DE LOS EFECTOS DE LASENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SECCIÓN SEXTA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO de 14 de noviembre de 2002, recaída en el recurso núm. 428/2000, que fue declarada firme mediante providencia de fecha 3 de abril de 2003, notificada el 21 de abril del propio año 2003 se digne admitirlo y, en su virtud, previos los oportunos trámites, se sirva dictar resolución por la que se declare el derecho de mis representados a percibir, en aplicación extensiva de dicha Sentencia, las cantidades que les corresponden como diferencias por ellos no cobradas por el incumplimiento, durante los ejercicios presupuestarios de 1994 a 1998, ambos inclusive, de los compromisos adquiridos por el Gobierno y derivadas del Convenio de 1993 , más los intereses legales correspondientes desde que se les debieron abonar hasta que se les hagan efectivas (expresión textual del fallo contenido en la sentencia cuya extensión de efectos reclamamos para los hoy actores), y adoptando e instando al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a que se adopten las medidas presupuestarias pertinentes para la efectividad a dicho derecho y demás pronunciamientos que en Derecho correspondan".

Segundo.-La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, en el incidente de extensión de efectos de la mencionada sentencia de 14 de noviembre de 2002 (recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 428/2000), el Auto de 17 de enero de 2005, cuya parte dispositiva era del siguiente tenor literal:

" LA SALA ACUERDA: Denegar la extensión de efectos de la sentencia dictada en el recurso 428/2000 , a favor de los mencionados en los antecedentes de hecho de esta resolución".

Planteado recurso de súplica, un nuevo Auto de 18 de abril de 2005 decidió de nuevo esa misma denegación de efectos, pero valorando para ello unas nuevas circunstancias no tenidas en cuenta en el auto anterior y otorgando por esta razón recurso de súplica.

Este segundo auto de 18 de abril de 2005 fue objeto también de recurso de súplica, y un tercer auto de 15 de septiembre de 2005 desestimó dicho recurso y confirmó en su integridad el auto impugnado.

Tercero.-Notificado el último de los Autos antes mencionados, la representación de "DOÑA Rosario y otros" promovió recurso de casación, y la Sala de instancia lo tuvo por preparado y remitió las actuaciones a este Tribunal con emplazamiento de las partes.

Cuarto.-Recibidas las actuaciones, el Procurador don Guillermo García San Miguel Hoover, diciendo también actuar "en nombre y representación de DOÑA Rosario y otros", presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras expresar los motivos en que lo apoyaba, se terminaba con este Suplico a la Sala:

"tenga (...) por interpuesto y formulado (...) RECURSO DE CASACIÓN(...) contra Primero el AUTO de esa la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 15 de septiembre de 20005, que fue notificado a esta parte, como queda dicho el 30 de septiembre del año en curso, por el que se desestimaba el Recurso de Suplica interpuesto por esta parte contra el Auto de 18 de abril de 2005 , Segundo contra ese AUTO de esa misma Sección Sexta de fecha 18 de julio de 2002 (sic) y Tercerocontra el AUTO de 17 de enero de 2005 , que acuerda denegar la extensión de efectos de la sentencia dictada en el recurso 428/00 , se digne admitirlo y, (...) se sirva dictar en su día Sentencia que resuelva conforme a Derecho, y, con expresa nulidad de dichos autos, casándolos y declarando, por los Motivos de Casación que en el cuerpo de este escrito se desarrollan, el derecho de los actores de este incidente, previsto en el artículo 110 de la Ley 29/1998 , a la aplicación extensiva de la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 3 de abril de 2003 , cuyos beneficiarios eran, como los hoy actores, Profesores de Religión a los que era de aplicación el Convenio de 1993 , y, en consecuencia, declarando el derecho de estos actores del incidente a percibir cualquier diferencia de retribución (entre su sueldo real y el que debieron percibir de acuerdo con dicho Convenio de 1993 ) correspondiente a los ejercicios de 1994 a 1998, ambos inclusive, con sus intereses legales y en su caso el derecho, lógicamente derivado de la aplicación del Convenio de 1993 (que preveía que la integra asimilación económica a los Interinos del Ministerio de Educación tuviese lugar el 31 de diciembre de 1998), a que tal derecho consolidado a la equiparación económica con los interinos del Ministerio de Educación -que se produjo, como antes decíamos, de esa manera consolidada en fecha 31 de diciembre de 1998-, tenga igualmente efectos desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2001, con sus intereses legales también sobre cualquier cantidad que por tal concepto y tiempo se les adeude, con declaración expresa de imposición de costas a la Administración de todo el incidente y de este recurso de casación si al mismo se opusiera el Ministerio de Educación, y demás pronunciamientos que en Derecho correspondan".

Quinto.-A requerimiento de esta Sala, un nuevo escrito presentado el 5 de abril de 2006 por el Procurador don Guillermo García San Miguel Hoover indicó que los nombres de todos los recurrentes, enumerados por orden alfabético, eran los siguientes:

D.ª Rosario

D.ª y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Eugenia

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Victoria

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Rita

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Fidela

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Flor

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Leticia

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Aurora

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Almudena

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D. Franco

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Rosana

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Milagrosa

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Ana María

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Natividad

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª María

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D. Apolonio

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Purificacion

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Joaquina

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Eva

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D. Leoncio

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D. Alexis

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Eloisa

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Justa

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Julieta

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Delia

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Ana

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Genoveva

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Camila

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª María Inés

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Socorro

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D. Nicolas

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Vanesa

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Josefina

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Felisa

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Celia

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Agustina

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Florencia

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª Zaida

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D.ª María Consuelo

y otros 30 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión)

D. Camilo

y otros 15 Individuos (cuyos nombres se omiten a efectos de difusión) SEXTO.- El 3 de noviembre de 2006 el Procurador don Guillermo García San Miguel y Hoover presentó un escrito en el que, tras realizar alegaciones sobre las sentencias dictadas por esta Sala y Sección el 18 de mayo de 2004 y 17 de septiembre de 2004, terminaba con este SUPLICO:

"(...) se sirva en su día dictar resolución por la que o bien se entienda cumplido, con la solicitud de formalización de la extensión de efectos a que se contrae el presente procedimiento, el requisito de la "reclamación previa", o bien, si no, se dé a esta parte plazo en el que poder sustanciar tal reclamación previa antes de que mis mandantes acudan a la jurisdicción social una vez ya decidido el cambio de orden o competencia jurisdiccional para formalizar allí demanda que coincidirá con el objeto de la misma solicitud de extensión de efectos, y demás pronunciamientos que en derecho correspondan".

La providencia de 10 de abril de 2007 de esta Sala acordó:

"Dada cuenta; visto el anterior escrito, presentado el 3 de noviembre de 2006, por la representación procesal de D.ª Rosario y otros, en el que solicita "... se sirva en su día dictar resolución por la que o bien se entienda cumplido, con la formalización de la solicitud de extensión de efectos a que se contrae el presente procedimiento, el requisito de reclamación previa, o bien, si no, se dé a esta parte plazo en el que poder sustanciar tal reclamación previa antes de que mis mandantes acudan a la jurisdicción social una vez se haya decidido definitivamente el cambio de orden o competencia jurisdiccional para formalizar allí la demanda que coincidirá en el objeto de esa misma solicitud de extensión de efectos...", se acuerda no haber lugar a efectuar pronunciamiento alguno al respecto, al no competer a esta Sala pronunciarse sobre cualquier tema relativo al cumplimiento de la reclamación previa a la vía judicial social".

Séptimo.-El 4 de enero de 2010 el Procurador don Guillermo García San Miguel Hoover presentó un nuevo escrito con el que se aportaban la sentencia de 11 de julio de 2008 dictada por esta Sala y Sección en el recurso de casación núm. 3079/2003 y el posterior auto de aclaración de la misma de 24 de septiembre de 2008 y, después de hacer las alegaciones que se consideraban convenientes para el interés de los recurrentes, se incluía el siguiente SUPLICO:

" tenga por presentado este escrito, junto con sus dos documentos anejos, así como por hechas todas las manifestaciones que se contienen en todos ellos, se sirva admitirlo, e incorporarlo a los autos de su razón con dichos dos documentos anejos, y dictar en su día Sentencia de conformidad con lo que al respecto solicitábamos en el Suplico de nuestra demanda, dando, pues, por competente al orden jurisdiccional contencioso-administrativo para resolver la pretensión planteada por los actores y estimar de plano -y con obvia condena en costas a la Administración demandada por su obstinación en no pagar a los actores- la Extensión de efectos a que se contraen estos autos de Recurso de Casación 7192/2005, que deberá estimar igualmente la pretensión - relativa a pago de. intereses sobre las cantidades debidas y sobre lo cual también se pronuncia favorablemente y de forma literal laSentencia de referencia cuya extensión de efectos solicitamos, que es de 14 de noviembre de 2002, y demás pronunciamientos que en Derecho corresponda".

Octavo.-A la vista del escrito anterior, se dictó por esta Sala la providencia de 4 de febrero de 2010, con el siguiente contenido:

"Dada cuenta; por presentado escrito de fecha 4 de enero de 2010 por el procurador D. Guillermo García San Miguel Hoover en nombre de Da Rosario y otros y por hechas las manifestaciones que contiene.

Asimismo, dese traslado a dicho Procurador del escrito de la Subdireccíón General de Recursos del Ministerio de Educación.

Del escrito presentado el 4 de enero de 2010 por la parte recurrente se deduce que:

Con fecha 11 de julio de 2008 la Sección Séptima de esta Sala dictó sentencia declarando haber lugar al recurso de casación interpuesto por D.ª Rosario y otras contra los autos de TSJ de Madrid de 26 de julio de 2002 y 21 de enero de 2003 dictados en la pieza de extensión de sentencia recaída en el recurso contencioso administrativo 1435/96 . La sentencia de esta Sala fija el 5 de marzo de 1994 como fecha inicial de la extensión de efectos de la sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo n.º 1435/96 de la Salade instancia.

Además, mediante Auto de aclaración de fecha 8 de septiembre de 2008 la Salaprecisó que la citada extensión de efectos comprendía también el derecho a los intereses legales correspondientes a las cantidades que deben ser abonadas a los recurrentes con el carácter principal de diferencias retributivas.

Asimismo, se advertía a la parte que la extensión de efectos de cualquier otra sentencia han de solicitarla dentro del concreto proceso donde haya sido dictada y como un incidente de ejecución de la misma.

A su vez en el escrito de la Subdirección General de Recursos del Ministerio de Educación se dice que:

"Ambas sentencias (las dictadas por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo en los recursos 1435/96 y 1641/1998 ) fueron ejecutadas por este Departamento con fecha 23 de enero de 2001 y 27 de noviembre de 2003respectivamente, y en cumplimiento de las resoluciones judiciales se procedió al abono de las diferencias retributivas resultantes de la aplicación del Convenio de 20 de mayo de, 2003 , en los términos reconocidos en las sentencias...".

Lo cierto es que la pretensión que se ejercita en este recurso de casación 7192/05, según se dice en el escrito de interposición, es la de extensión de efectos de la sentencia de 14 de noviembre de 2002 en el recurso 428/00 . Sin embargo, la parte dispositiva de esta sentencia reconoce la misma situación jurídica que la recaída en el recurso 1435/96 , es decir, el derecho de los recurrentes a percibir las diferencias retributivas correspondientes desde 1994 a 31 de diciembre de 1997.

Y la sentencia de 11 de julio de 2008 de la Sección Séptima de esta Sala referida a la extensión de efectos de la sentencia recaída en el recurso 1435/96 ya ha fijado como periodo inicial del cómputo de los atrasos a abonar el 5 de marzo de 1994 precisando además que las cantidades resultantes deber ser incrementada con los intereses legales.

Quiere ello decir que lo que se pretende obtener en el presente recurso de casación 7192/05 ya ha sido reconocido de manera definitiva a los mismos recurrentes en la sentencia de esta Sala de 11 de julio de 2008 por lo que, lo procedente, no es obtener una nueva extensión de los efectos de la sentencia recaída en el recurso 428/00 de 14 de noviembre de 2002 que ya han sido reconocidos en la sentencia de esta Sala de 11 de julio de 2008 sino la ejecución de lo en ella resuelto.

En consecuencia, dese traslado por diez días a la representación procesal de D.ª Rosario y otros para que formule alegaciones sobre la posible carencia de objeto del presente recurso 7192/05".

Noveno.-El Procurador don Guillermo García San Miguel Hoover, en representación de los recurrentes, presentó el 10 de febrero de 2010 un escrito con este SUPLICO:

"tenga por presentado este escrito, y por hechas todas las manifestaciones que en el mismo se contienen, se sirva admitirlo y tener por evacuado, en tiempo y forma, en la representación que ostento, y dentro del plazo de diez días que al efecto se nos concede en la Providencia de esaSala Tercera del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo de fecha 4 de febrero de 2010, notificada el siguiente día 10 de febrero del año 2010 en curso, el trámite de Alegaciones, se digne admitirlo y, dictar en su día Sentencia de conformidad con lo que al respecto solicitábamos en el Suplico de nuestra demanda, dando, pues, por competente al presente orden jurisdiccional contencioso-administrativo para resolver la pretensión planteada por los actores y estimar de plano -y con obvia condena en costas a la Administración demandada por su obstinación en no pagar a los actores- la Extensión de efectos a que se contraen estos autos de Recurso de Casación 7192/2005, que deberá estimar igualmente la pretensión relativa a pago de intereses sobre las cantidades debidas y sobre lo cual también se pronuncia favorablemente y de forma literal la Sentencia de referencia cuya extensión de efectos solicitamos, que es de 14 de noviembre de 2002, y demás pronunciamientos que en Derecho corresponda".

Décimo.-- La providencia de 24 de marzo de 2010 acordó lo siguiente:

"Dada cuenta; por presentado el anterior escrito del Procurador D. Guillermo García San Miguel Hoover, en nombre y representación de D.ª Rosario y otros en el que, contestando a la providencia de esta Sala de 4 de Febrero de 2010sobre posible carencia de objeto del presente recurso, pone de manifiesto que no coinciden exactamente todos los aquí recurrentes con los referidos en la sentencia de esta Sala de 11 de julio de 2008 (rec. 3079/03 ) y que tampoco las cantidades que ejecución de esa sentencia se han abonado a algunos de los aquí recurrentes, se admite a trámite el recurso y se acuerda remitirlo a la Sección Séptima de esta Sala..".

Undécimo.-La ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO se opuso al recurso de casación mediante escrito, presentado el 20 de mayo de 2010, en el que, después de alegar lo que estimó conveniente, pidió:

"lo resuelva por Sentencia que DESESTIME el recurso y CONFIRME LA RESOLUCION RECURRIDA, con imposición de las costas causadas".

Duodécimo.-Conclusas las actuaciones se señaló para votación y fallo del presente recurso la audiencia de 10 de noviembre de 2010.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Nicolas Maurandi Guillen, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El presente recurso de casación, interpuesto por doña Rosario y las demás personas que se relacionan en el antecedente quinto de esta sentencia, combate los autos de 17 de enero, 18 de abril y 15 de septiembre de 2005 que fueron dictados por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el incidente de extensión de efectos que dichos recurrentes habían promovido en relación con la sentencia de 14 de noviembre de 2002, dictada por dicha Sección en el recurso contencioso-administrativo núm. 428/2000.

Tales autos, en los términos que más adelante se indicarán, no accedieron a la extensión de efectos que había sido solicitada.

Dicha sentencia [cuya extensión de efectos denegaron los autos aquí recurridos] había estimado el recurso contencioso- administrativo que varias personas, todas ellas Profesores de Religión Católica en Centros públicos de Enseñanza Primaria, interpusieron contra la resolución de 15 de septiembre de 1999, de la Dirección General de Personal y Servicios del Ministerio de Educación y Cultura, que denegó la solicitud presentada en interés de que se diera cumplimiento al Convenio de 20 de mayo de 1993 sobre el régimen económico de las personas encargadas de la enseñanza de la Religión Católica en los Centros públicos de Educación Primaria.

Y, como consecuencia de esa estimación, había incluido en su fallo el siguiente pronunciamiento:

"(...) debemos anular y anulamos la mencionada resolución en cuanto rechaza la pretensión retributiva de los interesados, reconociendo el derecho de los mismos a percibir las cantidades económicas en los términos establecidos en el aludido Convenio para los ejercicios presupuestarios 1994 a 1998 , más los intereses legales correspondientes desde las fechas en que debieron percibir tales cantidades y hasta que se le hagan efectivas.

En su virtud, condenamos a la Administración demandada a estar y pasar por la anterior declaración y a adoptar e instar las medidas presupuestarias pertinentes para la efectividad de tales derechos; y sin hacer imposición de costas".

Segundo.-Una vez delimitado el objeto del recurso de casación, resulta conveniente para entender debidamente lo que suscitan sus motivos, y tomando como punto de partida el relato que se hace en los propios antecedentes de dicho recurso y los documentos que obran en el presente proceso, destacar inicialmente los siguientes HECHOS:

1.- Cuatro colectivos de Profesores de Religión promovieron otros tantos procesos contencioso-administrativos en relación con el cumplimiento del Convenio de 20 de mayo de 1993 sobre el régimen económico de las personas encargadas de la enseñanza de la Religión Católica en los Centros públicos de Educación Primaria que dieron lugar a las tres sentencias que seguidamente se indican.

La de 29 de enero de 1998 dictada por la Sala de esta jurisdicción de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 903/1995, que anuló la denegación presunta de la reclamación formulada el 27 de febrero de 1995 y declaró el derecho de los recurrentes a percibir las cantidades económicas en los términos fijados en el Convenio para los ejercicios presupuestarios de 1994, 1995 y 1996, más los intereses legales correspondientes desde que se debieron abonar hasta que se hagan efectivas.

La de 13 de julio de 1999 dictada por la Sala de esta jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) en el recurso contencioso-administrativo número 1435/1996, que anuló la resolución administrativa expresa denegatoria de 4 de diciembre de 1995 y declaró el derecho de los recurrentes a percibir las cantidades económicas en los términos fijados en el Convenio para los ejercicios presupuestarios de 1994, 1995, 1996 y 1997, más los intereses legales correspondientes desde que se debieron abonar hasta que se hagan efectivas.

La de 7 de julio de 2001 dictada también por Sala de esta jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) en el recurso contencioso-administrativo número 1641/1998, que anuló la resolución administrativa expresa denegatoria de 20 de octubre de 1998 y declaró el derecho de los recurrentes a percibir las cantidades económicas en los términos fijados en el Convenio para los ejercicios presupuestarios de 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998, más los intereses legales.

Y la de 14 de noviembre de 2002, así mismo dictada por Sala de esta jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) en el recurso contencioso-administrativo número 428/2000, que, como ya se ha indicado, anuló la resolución administrativa expresa denegatoria de 15 de septiembre de 1999 y declaró el derecho de los recurrentes a percibir las cantidades económicas en los términos fijados en el Convenio para los ejercicios presupuestarios de 1994 a 1998, más los intereses legales.

2.- El 5 de marzo de 1999 varias de las personas que son recurrentes en la actual casación solicitaron ante el Ministerio de Educación y Ciencia la extensión de efectos de la sentencia de 29 de enero de 1998 de la Audiencia Nacional.

Ante la falta de respuesta de la Administración, el 11 de junio de 1999 solicitaron esa misma extensión ante la propia Audiencia Nacional, y en esa misma fecha tuvieron conocimiento de la contestación expresa del Ministerio de que la extensión interesada no era posible por tratarse de una sentencia dictada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

La Audiencia Nacional dictó los autos de 17 de septiembre y 27 de octubre de 1999, que desestimaron así mismo la solicitud de extensión de efectos con el argumento de no ser aplicable la LJCA de 1998.

3.- El 12 de julio de 2000 varios de los recurrentes en la actual casación solicitaron ante el Ministerio la extensión de efectos a su favor de la sentencia de 13 de julio de 1999 dictada, en el recurso contencioso-administrativo núm. 1435/1996, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El 2 de diciembre de 2000 solicitaron esa misma extensión de efectos ante la propia Sección Sexta que acaba de mencionarse.

El 27 de diciembre de 2001, mediante un nuevo escrito presentado ante esa misma Sección, solicitaron la extensión de efectos tanto de la mencionada sentencia de 13 de julio de 1999 (Recurso 1435/1996) como de la sentencia de 7 de julio 2001.

Estas solicitudes recibieron respuesta en los dos autos de 26 de julio de 2002 y 21 de enero de 2003, que decidieron lo que se expresa a continuación.

El primer Auto de 26 de julio de 2002, incluyó una parte dispositiva del siguiente tenor literal:

" LA SALA ACUERDA: declarar la extensión de efectos de la sentencia dictada en el recurso 1435/1996, con fecha 13 de julio de 1999 , a los solicitantes representados por el Procurador don Guillermo San Miguel Hoover, según consta, desde la fecha 12 de julio de 1995 (cinco años anteriores a la petición en vía administrativa) y durante los ejercicios 1996 y 1997, con los intereses correspondientes".

Lo que razonó para justificar esa fecha de 12 de julio de 1995 que establecía como inicial de los efectos reconocidos fue lo siguiente:

"Por lo que hace referencia a la prescripción (que había sido opuesta por el Abogado del Estado), no pueden tenerse en cuenta las cantidades anteriores a los cinco años anteriores a la fecha de petición administrativa de la extensión, que fue en fecha de 12 de julio de 2000, en consecuencia, deben tenerse en cuenta las cantidades comprendidas desde el 12 de julio de 1995 y durante los ejercicios de 1996 y 1997, que son los comprendidos en la sentencia dictada en este procedimiento y cuya extensión se pretende. En todo caso, dicha extensión procede para todos lo solicitantes de la relación aportada, que no hayan visto reconocido su derecho en otro procedimiento, o estuviera pendiente de ejecución en alguno de los que se han seguido al respecto".

Planteado recurso de súplica, un nuevo Auto de 21 de enero de 2003 desestimó dicho recurso y confirmó en su integridad el anterior de 26 de julio de 2002.

Este segundo auto respondió al planteamiento realizado sobre que el derecho al cobro de las diferencias se reconociera desde una fecha anterior con esta declaración:

"Debe tenerse en cuenta el período de prescripción desde la petición efectuada de extensión de efectos. No puede dotarse de otro alcance dicha solicitud, puesto que deben tenerse en cuenta los requisitos del art. 110 de la Ley de Jurisdicción contencioso-administrativa, y el hecho de que la sentencia reconozca otro período se debe a la petición inicial de los recurrentes en este procedimiento, fecha que no coincide con la solicitud de extensión de efectos. Estos efectos de la sentencia se extienden en la medida en que jurídicamente procede sin que pueda tener otro alcance la fecha de efectos reconocida que la estrictamente fijada desde la solicitud de extensión".

4.- Esos dos autos de 26 de julio de 2002 y 21 de enero de 2003 fueron objeto del recurso de casación núm. 3079/2003, en el que se combatieron principalmente estas dos decisiones de dichos autos: la fecha de inicial que en ellos se señalaba para la extensión de extensión que se acordaba en relación con la sentencia de 13 de julio de 1999 dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 1435/1996; y el silencio que esos mismos autos guardaron sobre le extensión de efectos había sido solicitada en relación con la sentencia de 7 de julio 2001.

La sentencia de 11 de julio de 2007 de esta misma Sala y Sección solo en parte acogió las tesis del recurso de casación, pues modificó esa fecha inicial y apreció incongruencia omisiva en ese denunciado silencio, pero no accedió a otorgar la extensión de efectos solicitada en relación con la sentencia de 7 de julio 2001.

Por lo cual, en su fallo declaró haber lugar a dicho recurso de casación 3079/2003 a estos sólos efectos:

"Señalar el 5 de marzo de 1994 como fecha inicial de la extensión a los recurrentes de esta casación de los efectos del reconocimiento de derecho contenido en el fallo de esa sentencia de 13 de julio de 1999 dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 1435/1996 por la Sala de instancia; y hacerles saber que la extensión de efectos de cualquier otra sentencia han de solicitarla dentro del concreto proceso donde haya sido dictada y como un incidente de ejecución de la misma".

Los razonamientos principales que llevaron a esta Sala a esos dos pronunciamientos (el de la modificación de la fecha inicial de la extensión de efectos pedida en relación a la sentencia de 13 de julio de 1999, y el denegatorio de le extensión de efectos que se pedía de la sentencia de 7 de julio de 2001) están contenidos en el fundamento jurídico cuarto, cuyo contenido fue éste:

"Las consideraciones que anteceden conducen a que la respuesta a uno y otro motivo hayan de ser las que se exponen a continuación.

El primer motivo de casación sólo en parte es fundado porque, a partir de los datos ofrecidos por el propio recurrente de casación, no desmentidos de contrario, su primera solicitud de extensión de efectos a la Administración tuvo lugar el 5 de marzo de 1999 y, en consecuencia ésta debe ser en su caso la fecha que debe operar para la limitación temporal declarada por los autos recurridos; limitación ésta que, con la salvedad de la fecha, en lo sustancial resulta correcta por todo lo que se expresa seguidamente.

No puede compartirse el argumento del recurso de que los recurridos autos hayan apreciado un presupuesto requisito para la extensión no contemplado en el artículo 110 de la LJCA . Lo que han hecho es algo distinto y, además, en una línea favorable a aplicar el mecanismo de la extensión.

Estos autos han ponderado que los solicitantes de la extensión de efectos se encontraron en una situación que sólo parcialmente era idéntica con la que presentaba la de los litigantes de la sentencia de cuya extensión se trataba, pues les separaba la fecha en que unos y otros se dirigieron a la Administración reclamando las diferencias retributivas que a su favor debían derivarse del tan repetido Convenio de 1993 ; y ante la diferencia que significa esa distinta fecha, la Sala de instancia, en lugar de descartar la identidad, lo que ha hecho ha sido, primero, ponderar el único período temporal de los solicitantes en que podía ser apreciada la identidad de situaciones y, después, ajustar los efectos de la extensión a esa identidad que tan sólo era parcial.

El segundo motivo de casación tiene tan sólo razón en la incongruencia que reprocha por el silencio que guardaron los autos recurridos sobre la extensión de efectos solicitada en relación con la sentencia de 7 de julio de 2001 y sobre la equiparación reclamada para el período comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2001, pero no en la pretensión de que esas solicitudes debieron merecer una respuesta estimatoria.

La Sala de instancia debió pronunciarse sobre ellas y no silenciarlas. Pero, de haberlo hecho, su respuesta no habría podido ser estimatoria porque, siendo la extensión de efectos un incidente de ejecución de la concreta sentencia a la que vaya referida la petición de extensión de efectos ha de plantearse, como ya se dijo, dentro del proceso donde dicha sentencia fue dictada; y esto a lo que conducía es a que la Sala de instancia lo hubiera hecho saber así a los recurrentes".

5.- El 2 de abril de 2004 se solicitó por los recurrentes en la actual casación la extensión de efectos a su favor de lo decidido en la sentencia de 14 de noviembre de 2002 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección sexta) dictada por dicha Sección en el recurso contencioso-administrativo núm. 428/2000.

Un primer auto de 17 de enero de 2005 denegó la extensión solicitada, argumentando principalmente para ello estas dos cosas: (1) la falta de identidad en relación con los litigantes del proceso principal favorecidos por el fallo cuya extensión se pedía, derivada del hecho que tales litigantes habían formulado en su día reclamación y esa misma reclamación no constaba hubiera sido presentada por los solicitantes de la extensión; y (2) que había operado el instituto de la prescripción (el transcurso del plazo establecido en el artículo 46 de la Ley General Presupuestaria) porque la petición de extensión de efectos se había producido el 2 de abril de 2004.

Planteado recurso de súplica, un segundo auto de 18 de abril de 2005 decidió lo que en él fue planteado en unos términos cuyas ideas esenciales se pueden resumir en lo que continúa.

En sus razonamientos jurídicos hizo constar que en dicho recurso se habían aducido unas nuevas circunstancias no tenidas en cuenta en el auto recurrido que exigían una valoración distinta de la cuestión suscitada.

Declaró también que esas circunstancias consistían en la constancia de que los solicitantes de la extensión habían obtenido el reconocimiento de sus derechos en esas sentencias de que se viene hablando de 29 de enero de 1998 de la Audiencia Nacional y de 13 de julio de 1999 y 7 de julio de 2001 de la Sección Sexta de la Sala de esta jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o en los Autos que decidieron los incidentes de extensión de efectos que se habían promovido en relación con dichas sentencias.

Argumentó así mismo que el incidente del artículo 110 de la LJCA no puede ser de aplicación a quienes ya han obtenido resolución en otro proceso sobre idéntica materia a la que ha de ser resuelta en los autos que deben decidir la extensión.

Lo anterior lo completó con esta literal declaración:

"Por tanto, procede rechazar la extensión de efectos solicitada sin perjuicio del derecho de los actores de interesar el abono de las cantidades correspondientes en ejecución de las sentencias en que actuaron como recurrentes directos o en aquellos procesos en los que ya obtuvieron decisiones favorables a la extensión de efectos.

Por último, en la medida en que esta resolución (contraria a las pretensiones de la parte solicitante) se ampara en fundamentos distintos a los contenidos en el Auto recurrido, procede otorgar a las partes recurso de súplica para que, si a su derecho conviene, pueda impugnarla haciendo valer las alegaciones que estime oportunas en relación con este nuevo argumento denegatorio".

Y, con base en lo anterior, este segundo auto resolvió en su parte dispositiva denegar la extensión de efectos de la sentencia dictada en el recurso y otorgar recurso de súplica para este nuevo pronunciamiento.

Impugnado también en súplica el auto anterior, un tercer auto de 15 de septiembre de 2005 desestimó la súplica y confirmó el auto impugnado; y su razonamiento jurídico único fue éste:

"Conviene, en primer lugar, reiterar lo que ya se señalaba en el Auto recurrido en cuanto a la incompatibilidad del uso coincidente de las dos vías a las que pretenden acogerse los peticionarios (la de ejecución de una sentencia favorable y la de extensión de efectos de otra sentencia distinta). Ha de insistirse en la improcedencia de aplicar el articulo 110 de la Ley Jurisdiccional a quienes han sido recurrentes directos en procesos en los que se ventilaba idéntica pretensión.

Ello determina, con especial claridad, la improcedencia de aplicar el instituto de la extensión de efectos a quienes fueron parte en el recurso que dio lugar a la sentencia de 14 de noviembre de 2002 . Pero tampoco resulta procedente tal aplicación a los recurrentes en los recursos en los que se dictaron las otras dos sentencias (de 29 de enero de 1998 y 13 de julio de 1999 ). Y ello por dos razones:. la primera, porque, como señala con acierto el Abogado del Estado, se interesa en realidad una extensión parcial del fallo de la sentencia (relativa a determinados períodos de tiempo); la segunda y fundamental, porque constituyendo el recurso contencioso administrativo un proceso de plena jurisdicción y habiendo los actores obtenido un pronunciamiento favorable respecto de sus pretensiones, no tienen por qué acudir a nuevos procesos para obtener el derecho ya declarado respecto de períodos posteriores cuando sus circunstancias de hecho no han sido modificadas. Pueden, en definitiva, acudir a la ejecución de las sentencias correspondientes (las tres) para interesar el abono en su totalidad de las cantidades adeudadas, sin que puede abrirse el cauce de la extensión de efectos. Es más, de admitirse la compatibilidad propuesta, podrían producirse soluciones contradictorias, pues lo que se deniega en un proceso principal podría otorgarse en un incidente de otro proceso y a la inversa".

Tercero.-El recurso de casación de doña Rosario y sus litis consortes invoca en su apoyo dos motivos.

El primero, amparado en la letra d) del artículo 88.1 de la Ley jurisdiccional (LJCA), denuncia la infracción del artículo 110 de dicho texto legal.

El argumento principal que se desarrolla para intentar defender esa infracción es que los autos aquí impugnados reconocen que los actuales recurrentes se encuentran en idéntica situación en que se hallaban las personas que fueron directas beneficiarias de la sentencia de cuya extensión se trata, lo cual significa reconocer que reunían los requisitos exigidos por ese artículo 110 de la LJCA para poder acceder a la extensión solicitada; y, a pesar de ello, se les deniega con unas razones que vienen a significar inventarse un requisito no legalmente previsto, consistente en declarar "no ser posible la extensión si algún actor de dicho incidente hubiera podido haber acudido a otra vía jurisdiccional".

Esa es la idea central de este primer motivo, que se completa con opiniones doctrinales sobre la importancia que tiene esta figura procesal para lograr la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, por ir dirigido a evitar los inconvenientes de una nueva tramitación que ya es innecesaria para quienes se encuentran en la misma situación jurídica que los favorecidos por la sentencia cuya extensión se pretende; y sobre que para la aplicación de tal figura no resulta exigible que no se hubiese consentido la actuación administrativa, o que no haya prescrito el derecho subjetivo cuyo reconocimiento se pretende a través de la extensión de efectos.

El segundo motivo de casación, deducido por el cauce de la letra c) del citado artículo 88.1 de la LJCA, reprocha la infracción del artículo 24 de la Constitución (CE).

Su planteamiento argumental en cierta medida es parecido al del primer motivo, pues viene a reprochar a los autos recurridos el haber exigido unos requisitos no legalmente previstos para que tenga lugar la extensión de efectos con fundamento en ese tan repetido artículo 110 de la LJCA; unos requisitos que consisten en declarar incompatible un procedimiento de previa ejecución de sentencia con otro de extensión de efectos de otra sentencia.

Se viene añadir que, por el contrario, esa compatibilidad resulta más acorde con el derecho de acceso a la jurisdicción que comporta el artículo 24 CE; y esto porque tal compatibilidad a lo que va dirigida es a facilitar al justiciable su pretensión de fondo mientras no esté ejecutada del todo.

Y se aduce, por último, que el riesgo de doble e indebido cobro que pudiera darse con la compatibilidad de procedimientos tiene mecanismos administrativos para evitarlos que no tienen nada que ver con la Administración de Justicia.

Cuarto.-Para decidir lo planteado en esos dos motivos de casación son convenientes estas consideraciones que continúan (ya hechas por esta Sala y Sección en la sentencia.de 24 de febrero de 2010, dictada en el Recurso de Casación núm. 1941/2007).

La primera es que el proceso contencioso-administrativo tiene unos plazos procesales para su iniciación que, cuando no son debidamente observados, conducen a su inadmisibilidad e impiden el examen de fondo de las pretensiones anulatorias y de reconocimiento de derecho que mediante él hayan sido ejercitadas.

Y que esos plazos y la consecuencia que acaba de apuntarse no son una gratuita exigencia sino un necesario tributo al principio de seguridad jurídica que también la Constitución garantiza en su artículo 9.3.

La segunda es que el mecanismo de extensión de efectos, regulado en el artículo 110 LJCA, es ciertamente, como señala la exposición de motivos de dicha ley, una solución para evitar procesos innecesarios; esto es, un camino para evitar la repetición del enjuiciamientos de aquellas cuestiones que ya hayan sido decididas en una sentencia firme y para extender la situación jurídica individualizada por ella reconocida a las personas que acrediten encontrarse en idéntica situación.

Que se trata, pues, de un incidente procesal que quien lo utiliza, por lo que se refiere a la obtención a su favor del reconocimiento de esa misma situación jurídica individualizada, tan sólo tiene que justificar esa identidad y no tiene que reiterar el proceso declarativo sobre la principal controversia de fondo (en esto último consiste su utilidad); pero que está sometido a los obstáculos de inadmisibilidad que regirían en el proceso principal [la cosa juzgada y el vencimiento de los plazos para la impugnación jurisdiccional que aparecen en las letras a) y c) del artículo 110.5 LJCA vienen a coincidir con las causas de inadmisibilidad d) y e) del artículo 69 LJCA ].

Y que esto último guarda relación con la finalidad y significación del mecanismo procesal de que se viene hablando: está dirigido a otorgar la ventaja que supone evitar reiterar el proceso declarativo cuando este resulta innecesario por haber sido ya decidida por sentencia firme la cuestión principal de fondo, mas no puede significar para quien lo utiliza unas posibilidades de impugnación jurisdiccional que no tendría la persona que promovió el proceso principal donde se dictó la sentencia firme cuya extensión se solicita.

Quinto.-La decisión de los motivos de casación exige también tener en cuenta que en ellos no se han discutido las declaraciones del auto de 18 de abril de 2005 sobre que los recurrentes en la actual casación ya obtuvieron pronunciamientos favorables, bien en esas sentencias que se han venido mencionando de 29 de enero de 1998 de la Audiencia Nacional y de 13 de julio de 1999 de la propia Sección Sexta de la Sala de esta jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid), bien en los autos en que se acordó la extensión de efectos de alguna de esas sentencias.

Que la mencionada sentencia de 13 de julio de 1999 (Recurso contencioso-administrativo núm. 1835/1996) se había pronunciado sobre el derecho a las diferencias retributivas reclamadas correspondientes a los ejercicios presupuestarios 1994, 1995, 1996 y 1997, y los efectos de dicha sentencia fueron extendidos a los recurrentes de la actual casación (núm. 7192/2005) en los autos de 26 de julio de 2002 y 21 de enero de 2003, resoluciones estas últimas cuya decisión de extensión confirmó la sentencia de 11 de julio de 2008 dictada por esta Sala y Sección en la casación 3079/2003.

Que en casación las apreciaciones fácticas de las resoluciones recurridas a través de ese recurso extraordinario deben ser respetadas, salvo que haya sido expresamente combatida la valoración probatoria llevada a cabo por el tribunal de instancia señalando, a través del correspondiente cauce casacional legal, las concretas normas que en esa operación valorativa puedan haber resultado infringidas.

Y que la cuestión de la prescripción fue ya descartada por la propia Sala de instancia en el auto de 18 de abril de 2005 y no ha sido replanteada por el Abogado del Estado en su oposición formulada en la actual casación.

Sexto.-Las consideraciones anteriores determinan que deba considerarse correcta la incompatibilidad declarada por los autos recurridos en la actual casación en cuanto a las diferencias de esos ejercicios 1994, 1995, 1996 y 1997, pues tales autos recurridos lo que hacen es aplicar la circunstancia desestimatoria del incidente que aparece prevista en el apartado a) del artículo 110.5 de la LJCA.

Sin embargo, no es correcta esa declaración de incompatibilidad en cuanto a las diferencias del ejercicio 1998; y esto último porque estas diferencias de 1998 sí están reconocidas en la sentencia de 14 de noviembre de 2002 (dictada en el recurso contencioso 428/2002) de cuya extensión aquí se trata y no lo fueron en esa otra anterior de 13 de julio de 1999 (recurso contencioso-administrativo núm. 1835/1996).

Consiguientemente, el recurso de casación debe estimarse a los sólos efectos de reconocer la extensión de efectos del pronunciamiento referido a ese ejercicio de 1998.

Séptimo.-Todo lo anterior sin especial pronunciamiento sobre costas por aplicación de lo establecido en el artículo 139.2 de la LJCA.


FALLAMOS


 
1.- Haber lugar al recurso de casación interpuesto por doña Rosario y las demás personas que se relacionan en el antecedente quinto de esta sentencia contra los autos de 17 de enero, 18 de abril y 15 de septiembre de 2005, dictados por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en el incidente de extensión de efectos de la sentencia de 14 de noviembre de 2002 dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 428/2000), y anular en parte los mencionados autos a los exclusivos efectos de lo que se declara a continuación.

2.- Reconocer a los recurrentes en la actual casación la extensión a su favor del fallo de la sentencia de 14 de noviembre de 2002, dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo núm. 428/2000, únicamente en lo que decide sobre las diferencias retributivas correspondientes al ejercicio presupuestario 1998 derivadas del Convenio de 20 de mayo de 1993 sobre el régimen económico de las personas encargadas de la enseñanza de la Religión Católica en los Centros públicos de Educación Primaria, y sobre los intereses legales correspondientes a dichas diferencias de 1998.

3.- Declarar que cada parte litigante abone en esta fase de casación sus propias costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal, el mismo día de su fecha, lo que certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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