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Sentencia T.S. (Sala 3) de 9 de Diciembre de 2010


 RESUMEN:

Ingeniería Técnica Forestal: derecho a la igualdad. Violación del derecho fundamental del acceso a la función pública en condición de igualdad. Relación definitiva de aprobados y vacantes a los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas deacceso libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Forestal. La Junta pidió la desestimación del recurso por no haberse vulnerado ningún derecho fundamental. Se solicitó que se le valorase con las puntuciones que solicitaba los cursos de formación impartidos. No ha lugar al recurso.

En la Villa de Madrid, a nueve de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Séptima por los magistrados indicados al margen, el recurso de casación nº 3329/2009, sobre derechos fundamentales, interpuesto por la JUNTA DE ANDALUCÍA, representada por la letrada de dicha Junta, contra la sentencia nº 425, dictada el 30 de marzo de 2009 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el recurso nº 461/2007, sobre resolución de 10 de enero de 2.007 de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, desestimatoria del recurso de alzada contra la de 25 de julio de 2.006 de la Secretaría General para la Administración Pública que hizo pública la relación definitiva de aprobados y ofreció vacantes a los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal (B.2006).

Se ha personado, como recurrida, doña Tomasa, representada por la procuradora doña Paloma Izquierdo Labrada.

Ha comparecido el MINISTERIO FISCAL.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En el recurso nº 461/2007, seguido en la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, el 30 de marzo de 2009 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"FALLO

Estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo seguido por el procedimiento especial de Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona, interpuesto por la Procuradora Doña María Fidel Castillo Funes, en nombre y representación de DOÑA Tomasa, contra la resolución de 10 de enero de 2.007, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 25 de julio de 2.006, de la Secretaría General para la Administración Pública por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y se ofertaron plazas vacantes a los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal (B.2006), que se declara nula por violación del derecho fundamental del acceso a la función pública en condiciones de igualdad y por tanto no ser conforme a derecho, reconociendo a la recurrente el incremento de su puntuación en 4 puntos correspondientes al apartado 3.3.b) de la Base Tercera de la Orden de la Convocatoria, referente a la impartición de cursos de formación y perfeccionamiento, incrementándose su puntuación total a 124,90 puntos con los efectos a que ello hubiere lugar; sin expresa imposición a las partes de las costas de este recurso".

Segundo.-Contra dicha resolución anunciaron recurso de casación, de una parte, don Constantino y doña Adriana y, de otra, la Junta de Andalucía, que la Sala de Granada tuvo por preparados por providencia de 19 de mayo de 2009, acordando el emplazamiento a las partes y la remisión de las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo.

Tercero.-Recibidas, la procuradora doña Paloma Izquierdo Labrada, en representación de doña Tomasa, en su escrito de personación, presentado el 16 de junio de 2009, alegó que

"se aprecia desde ahora una posible CAUSA DE INADMISIÓN, cual es la de que el Recurso, a juzgar por los escritos que lo preparan, pretenden fundamentarse en la interpretación de una norma de derecho autonómico, cual es la convocatoria aprobada por Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 15 de Noviembre de 2004".

Cuarto.-Por escrito presentado el 21 de julio de 2009, la Letrada de la Junta de Andalucía interpuso el recurso anunciado y, después de exponer el motivo que estimó pertinente, solicitó a la Sala que

"(...) estime dicho recurso, casando la mencionada Sentencia, por no existir vulneración alguna de derechos fundamentales".

Por auto de 23 de septiembre de 2009, se declaró desierto el recurso respecto a don Constantino y doña Adriana, al haber transcurrido el término del emplazamiento sin haber presentado el escrito de interposición.

Quinto.-Admitido a trámite el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía, se remitieron las actuaciones a esta Sección Séptima, conforme a las reglas del reparto de asuntos y, por providencia de 14 de enero de 2010, se dio traslado del escrito de interposición a la parte recurrida y al Ministerio Fiscal para que formalizaran su oposición.

Sexto.-Evacuando el traslado conferido, la procuradora doña Paloma Izquierdo Labrada, en representación de doña Tomasa, se opuso al recurso por escrito presentado el 18 de febrero de 2010 en el que suplicó a la Sala que

"(...) se dicte en su día sentencia por la que se inadmita o, subsidiariamente, se desestime íntegramente el citado recurso contra la sentencia recurrida, y todo ello con expresa condena en costas a la administración recurrente".

Por su parte, el Fiscal, con fundamento en las consideraciones expuestas en su escrito de 3 de marzo de 2010, pidió a este Tribunal que proceda a dictar sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación deducido, con imposición de las costas --dijo-- a la Administración recurrente, por el imperativo legal que establece el artículo 139.2 de la LJCA.

Séptimo.-Mediante providencia de 21 de junio de 2010 se señaló para la votación y fallo el día 1 de diciembre de este año, en que han tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Magistrado de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La Junta de Andalucía pretende que anulemos la sentencia que dictó la Sección Primera de la Sala lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, estimando parcialmente el recurso 461/2007 que interpuso doña Tomasa, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.

La Sra. Tomasa impugnó por ese cauce la resolución de 10 de enero de 2.007 de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, desestimatoria de su alzada contra la de 25 de julio de 2.006 de la Secretaría General para la Administración Pública que hizo pública la relación definitiva de aprobados y ofreció vacantes a los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal (B.2006), convocadas por Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 15 de noviembre de 2004. La recurrente obtuvo una puntuación total de 120,900 puntos, mientras que el último seleccionado logró 122,150 puntos. En su demanda sostenía que debieron adjudicársele 129,675 puntos en aplicación del baremo incluido en la convocatoria, pues tenía derecho a que se le asignaran en la fase de concurso, además de los 50,50 puntos recibidos, los siguientes adicionales: 0,90 puntos por su trabajo como ingeniero técnico durante 183 días en la Empresa Nacional de Celulosas, S.A.; 3,875 puntos por los cursos oficiales recibidos; y otros 4 puntos por los cursos de formación y perfeccionamiento impartidos. Todo ello en cumplimiento de las bases y conforme a los méritos que había acreditado. De ahí que alegara la vulneración del derecho fundamental que le reconoce el artículo 23.2 de la Constitución por no habérsele valorado méritos que se ajustaban a los requisitos exigidos y reclamara que se le adjudicara la puntuación antes indicada con las correspondientes consecuencias administrativas --la adjudicación de una plaza-- y económicas.

La Junta de Andalucía pidió la desestimación del recurso por no haberse vulnerado ningún derecho fundamental de la Sra. Tomasa ni haber sido tratada de manera diferente a los demás aspirantes. Asimismo, alegaba que la valoración de sus méritos se hizo por la Administración en el ejercicio de la discrecionalidad técnica que le corresponde. El Ministerio Fiscal, por su parte, propugnó su estimación por entender infringidos los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución.

La sentencia estimó parcialmente el recurso, declaró nula la resolución impugnada y reconoció el derecho de la Sra. Tomasa a que se le valorasen con las puntuaciones que solicitaba los cursos de formación impartidos y, por tanto, a que se aumentara en 4 puntos su calificación final con los efectos a que hubiere lugar. No acogió, en cambio, las pretensiones de que se puntuasen en la forma antes señalada su trabajo en la Empresa Nacional de Celulosas, S.A. por no haberlo justificado debidamente, ni los cursos de formación y perfeccionamiento recibidos por la misma razón de no haberse acreditado en forma. Antes, estableció la procedencia de resolver la controversia por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales. Para la Sala de Granada

"(...) al no valorarse determinado tiempo de prestación de servicios y determinada situación al aprobar ejercicios de procesos selectivos, la recurrente no ha sido incluida en la lista definitiva de aprobados. Si fuera ajustada a derecho la valoración de tales méritos, en los términos previstos en las Bases de la Convocatoria, la resolución recurrida sí habría afectado los principios de mérito y capacidad referidos en el art. 23.2 CE como parámetros para acceder a la función pública".

Por otra parte, las razones por las que consideró que debían asignársele esos cuatro puntos más, las explica de este modo:

"SEXTO.- En el apartado de impartición de cursos de formación y perfeccionamiento contemplado en la Base Tercera Apartado 3.3.b), se establece: "... impartición de cursos de formación y perfeccionamiento recogidos en el subapartado 3.2.c) de la Base, directamente relacionados con el temario de acceso a la opción del Cuerpo al que se aspire: por cada 20 horas lectivas, con un máximo de cuatro puntos. En todos los casos de participación en docencia sólo se valoraran los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita su impartición. Se justifica este mérito con copia del certificado de la entidad que lo organiza o imparte, o solicitud del mismo, del Instituto Andaluz de Administración Pública o de otros organismos equivalentes con competencia en materia de formación en el ámbito de cualquier Administración pública. En el caso de que a la instancia de participación se haya acompañado solicitud de dichos documentos deberá aportarse el correspondiente certificado con anterioridad a la fecha de realización del primer ejercicio".

La actora solicitó se le valorara como mérito la impartición de los siguientes cursos: "Curso de Reforestación", del que no presenta certificado de la entidad que lo organiza o imparte, o bien solicitud de dicho certificado, si bien presenta un contrato de trabajo para prestar un servicio determinado, de fecha tres de febrero de 1.989, celebrado con la entidad IFES, en el que se hace mención de su objeto "Curso de Reforestación", así como la jornada laboral de 37,5 horas semanales de las cuales 25 serían lectivas, aportando asimismo el certificado de empresa expedido para justificar la duración, constando en dicho certificado de empresa que su duración fue de 116 días lo que hace un total de 414 horas lectivas, por lo tanto, le corresponden por cada 20 horas, 20,7 puntos pero como el máximo de la Base son 4 puntos debieron haberle adjudicado por la impartición de dicho curso los 4 puntos.

A igual consecuencia llega la actora en cuanto a la impartición de cursos de "Formación de Incendios Forestales" en la que aporta un certificado del organismo que lo organizó y la localidad y fecha en que se celebraron, sin embargo, no queda constancia del número de horas lectivas correspondiente a cada uno de ellos, y aunque ello sea cierto, poco trabajo intelectivo le hubiera costado a la Comisión de Selección para entender que, si durante las fechas que se consignan en el certificado por el que, se impartió el curso en las distintas localidades, con un total de 120 días cotizados (según la vida laboral 17,14 semanas), sólo a una hora de curso por día alcanzaría un total de 120 horas, a las que corresponderían por baremo 6 puntos, y siendo el máximo de cuatro los que se pueden otorgar por este apartado procede reconocérselos a la actora".

Segundo.-La Junta de Andalucía dirige un único motivo de casación contra esta sentencia. Se apoya en el artículo 88.1 d) de la Ley de la Jurisdicción y afirma que ha infringido los artículos 14, 23.2 y 53 de la Constitución porque ha estimado el recurso de la Sra. Tomasa sin que se haya producido la lesión de ningún derecho fundamental. Subraya la recurrente que el proceso seguido, el especial de los artículos 114 y siguientes de la Ley reguladora, no es idóneo para plantear si ha sido o no correcta la aplicación que se ha hecho de las bases de la convocatoria. Esta es, insiste la Junta de Andalucía, una cuestión de legalidad ordinaria ajena al procedimiento escogido por la actora en la instancia.

Y mantiene que no ha habido lesión del derecho fundamental porque la Sra. Tomasa no acreditó que a ella se le aplicaran las bases de manera diferente a otros aspirantes. Es decir que, sin haber presentado el certificado exigido por el apartado 3.3 b) de la convocatoria, hubieran obtenido una puntuación distinta a la que se le dio a ella.

Tercero.-.- En su oposición la Sra. Tomasa observa que el escrito de interposición de la Junta de Andalucía no coincide --y debiera coincidir-- con el de preparación, extremo que ha pasado desapercibido a la Sección Primera de esta Sala y que comportaría la desestimación del recurso, se extiende sobre lo que considera una cuestión nueva: la inadecuación del procedimiento, excepción no planteada por la Administración en el momento de su admisión a trámite. Después, llama la atención sobre el cambio que ha supuesto la Ley de la Jurisdicción en el ámbito de enjuiciamiento del proceso especial previsto en sus artículos 114 y siguientes, precisa que la demanda sí introdujo un término válido de comparación y señala que en la instancia se acreditó que impartió los cursos por los que la sentencia le ha reconocido el derecho a obtener 4 puntos más de los que se le dieron en el proceso selectivo y que esa acreditación se extendía a su duración. Así, subraya que, si bien en los documentos expedidos por la Junta de Andalucía --por su incuria e ineficacia-- no se hicieron constar las horas, ese dato resultaba de otros por ella aportados con su solicitud: los contratos correspondientes.

En definitiva, nos pide que inadmitamos o desestimemos el recurso de casación.

Cuarto.-El Ministerio Fiscal propugna su desestimación y para ello invoca la doctrina sentada por las sentencias de esta Sala y Sección de 17 y 24 de febrero de 2010 (casación 1212/2008 y 857/2007), dictadas en supuestos semejantes a éste y plenamente aplicable al mismo, pues en el caso examinado, como en los contemplados en dichas sentencias, no se discutía sobre el establecimiento por la Administración de un criterio interpretativo de las bases de la convocatoria que las complementase y fuera tenido en cuenta de manera general para todos los aspirantes, sino de la aplicación que de ellas se hizo a la recurrente. Y, dice el Ministerio Fiscal que la Administración no ha aportado un criterio interpretativo conforme al cual se hubiera resuelto en el sentido en que se hizo aquí, ni ha justificado que se resolviera del mismo modo con los demás aspirantes. De ahí que lo constatado por la sentencia no sea un error del tribunal que se produjera en el ámbito de la discrecionalidad técnica --y quedara extramuros del control jurisdiccional-- ni tampoco una cuestión de legalidad ordinaria apoyada en una errónea interpretación de las bases, sino "una situación fáctica individualizada contraria al principio de igualdad" por lo que, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales que maneja, la exclusión de la actora en la instancia por no advertir la Administración que sí acreditaba el mérito de manera suficiente significa tratarla de modo desigual.

Quinto.-El recurso de casación no es inadmisible pues no advertimos los defectos que le atribuye la Sra. Tomasa. De un lado, no hay falta de concordancia entre el escrito de preparación y el de interposición ya que en el primero se explica que la sentencia ha hecho una interpretación incorrecta de las bases recogidas en la Orden de convocatoria en relación con el artículo 23.2 de la Constitución. Además, apunta que ha ignorado las facultades, propias de la discrecionalidad técnica, que asistían al tribunal calificador y que, dice, no se pueden revisar en sede contencioso-administrativa y rechaza que haya habido una actuación arbitraria de la Administración.

En cuanto a la introducción de una cuestión nueva, hemos de discrepar nuevamente del escrito de oposición pues la Junta de Andalucía viene sosteniendo desde el primer momento que no ha habido infracción del derecho fundamental invocado y que la demanda solamente discutía extremos propios de la legalidad ordinaria.

Dicho lo anterior, inmediatamente hemos de añadir que si el recurso no es inadmisible, si el motivo no plantea una cuestión nueva, sin embargo debe ser desestimado, porque, efectivamente, como alega el Ministerio Fiscal, la sentencia impugnada ha reparado la lesión que el proceder administrativo causó al derecho fundamental que a la Sra. Tomasa reconoce el artículo 23.2 de la Constitución. Para llegar a esa conclusión es menester tener presentes los criterios establecidos por esta Sala y Sección de las sentencias que menciona el Ministerio Fiscal y en la más reciente de 3 de noviembre de 2010 (casación 3095/2008), dictada también en el proceso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales y confirmatoria de otra sentencia de la misma Sala de Granada, autora de la que ahora se discute, a propósito de la aplicación de las bases a las que se sujetaba otro proceso selectivo. Las consideraciones que hacemos en esta última para rechazar un único motivo de casación de igual contenido al que nos ha planteado aquí la Junta de Andalucía, recogen y completan las precedentes que ha invocado el Ministerio Fiscal y fundamentan la desestimación de este recurso de casación.

Son las siguientes, que expresa su fundamento cuarto:

"Al igual que ocurrió en los Recursos de casación núms. 1212/2008 y 857/2007, también planteados por la Junta de Andalucía y resueltos en las recientes sentencias de 17 y 24 de febrero de 2010 de esta misma Sala y Sección, ese único motivo de casación lo que plantea es, tratándose de litigios sobre el acceso a la función pública, cómo se ha de efectuar el deslinde entre lo que son cuestiones directamente referibles al artículo 23 CE , y por ello enjuiciables a través del procedimiento especial regulado en los artículos 114 y siguientes LJCA , y cuestiones de legalidad ordinaria que rebasan el ámbito propio de ese procedimiento especial.

Para resolver la cuestión que acaba de apuntarse ha de tenerse en cuenta, principalmente, la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) sobre el derecho fundamental de acceso a la función pública.

Pero también debe tomarse en consideración la nueva configuración que en la LJCA de 1998 ha recibido el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, consistente, como dice su exposición de motivos, en superar la rígida distinción entre legalidad ordinaria y derechos fundamentales cuando la debida protección de estos exige tener en cuenta su desarrollo legal. Lo cual equivale a permitir enjuiciar en el procedimiento especial toda cuestión que verse sobre la directa vulneración de un derecho fundamental.

Esa doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental de acceso a la función pública, contenida, entre otras, en la STC 37/2004, de 11 de marzo (que, a su vez, incluye una abundante cita de otras muchas anteriores), está sustentada en las ideas esenciales que continúan.

Que el contenido de ese derecho fundamental no es el derecho a la ocupación de cargos o al desempeño de funciones determinados, sino el de acceder en condiciones de igualdad con los requisitos legalmente previstos y en los procesos legalmente dispuestos (por lo cual el artículo 23.2 CE es una especificación del artículo 14 CE ).

Que es un derecho de configuración legal que atribuye un amplio margen al legislador en la regulación de las pruebas de selección y en la determinación de los méritos y capacidades que se tomarán en consideración.

Que esa libertad del legislador no es absoluta porque tiene un límite positivo y otro negativo; consistiendo el positivo en la obligación de implantar unos requisitos que respondan únicamente a los principios de mérito y capacidad (lo que obliga a poner en relación los artículos 23.2 y 103.3 CE ); y concretándose el negativo en la proscripción de que la regulación de las condiciones de acceso se haga en términos individualizados que equivalgan a una verdadera y propia acepción de las personas.

Que el derecho del artículo 23.2 CE incorpora el derecho a la igualdad en la aplicación de la misma ley pero no consagra un derecho al estricto cumplimiento de la legalidad en el acceso a los cargos públicos, ya que sólo cuando la infracción de las normas o bases reguladoras del proceso selectivo implique a su vez una desigualdad entre los participantes, una vulneración de la igualdad, cabe entender que se ha vulnerado esa dimensión interna y más específica del derecho que reconoce al artículo 23.2 CE .

Y que se trata de un derecho de naturaleza reaccional porque permite impugnar no sólo las normas reguladoras del acceso que quiebren la igualdad, sino también la aplicación de esas mismas normas que se traduzca en ese mismo resultado de desigualdad.

Las premisas que acaban de exponerse permiten sentar unas conclusiones sobre ese deslinde de que se viene hablando.

La primera es que ciertamente habrán de considerarse cuestiones de legalidad ordinaria aquellas que únicamente versen sobre la interpretación que haya de darse a los concretos méritos que haya establecido el legislador en ejercicio de su amplia libertad de determinación, pero sin que al mismo tiempo susciten que se haya producido una desigual aplicación de esos méritos; y así ocurrirá cuando el correspondiente órgano calificador, a pesar de haber interpretado indebidamente las bases aplicables a un determinado proceso selectivo, ha seguido para la totalidad de los participantes en el proceso selectivo el mismo criterio de interpretación y aplicación de los méritos y, por ello, no los ha colocado en una situación de desigualdad.

La segunda es que la controversia será muy diferente a la anterior, y sí deberá considerarse directamente relacionada con el artículo 23.2 CE , en estos concretos casos: cuando esté referida a la exclusión individualizada de un determinado aspirante en un proceso selectivo, y dicha exclusión haya tenido lugar como consecuencia de un error de hecho o aritmético sobre la constatación de la realidad material de los hechos y circunstancias personales que ese aspirante haya invocado para justificar la concurrencia en él de uno o más de los concretos méritos establecidos en la convocatoria o, también, como consecuencia de haberse efectuado una valoración irracional o arbitraria de esos mismos hechos o circunstancias personales.

Así habrá de ser porque, en estos concretos casos, lo cuestionado no será la interpretación general y común para todos los aspirantes que el órgano calificador haya dado a la legalidad reguladora de los méritos, sino la denegación individualizada de esos méritos a un concreto aspirante en función de sus personales circunstancias, que, de acreditarse que ha respondido a un error de apreciación fáctica de tales circunstancias, o a una calificación irracional o arbitraria de las mismas, habría significado para él un necesario resultado de injustificada desigualdad.

Y por lo que hace al enjuiciamiento de este segundo grupo a través del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, su procedencia ha de admitirse porque el tema principal del litigio será la constatación de una situación fáctica individualizada que, de apreciarse su certeza, encarnaría una directa vulneración del principio de igualdad".

Sexto.-A tenor de lo establecido por el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, procede imponer las costas a la parte recurrente pues no se aprecian razones que justifiquen no hacerlo. A tal efecto, la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 de ese precepto legal, señala como cifra máxima a que asciende la imposición de costas por honorarios de abogado la de 2.500 €. Para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sala en razón de las circunstancias del asunto y de la dificultad que comporta.

En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,


FALLAMOS


 
Que no ha lugar al recurso de casación nº 3329/2009, interpuesto por la Junta de Andalucía contra la sentencia nº 425, dictada el 30 de marzo de 2009, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada y recaída en el recurso 461/2007, e imponemos a la parte recurrente las costas del recurso de casación en los términos señalados en el último de los fundamentos jurídicos.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, estando constituida la Sala en audiencia pública en el día de su fecha, lo que, como Secretario de la misma, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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