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Sentencia T.S. (Sala 3) de 13 de Diciembre de 2010


 RESUMEN:

Expediente de regulación de empleo: Extinción del contrato de trabajo. Readmisión en el puesto de trabajo, reingreso y abono de los salarios que dejó de percibir. Recurso procedente. Derecho del recurrente a que se modifique la resolución que autorizó el expediente de regulación de empleo excluyendo del mismo la extinción de su contrato. Ha lugar al recurso de casación.

En la Villa de Madrid, a trece de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Séptima por los magistrados indicados al margen, el recurso de casación n.º 6880/2009, sobre derechos fundamentales, interpuesto por don Jose Manuel, representado por el procurador don José Ignacio de Noriega Arquer, contra el auto de 14 de octubre de 2009, desestimatorio del recurso de súplica interpuesto contra la providencia de 24 de julio de dicho año, en relación con la ejecución de la sentencia n.º 2192/2006 dictada el 7 de diciembre de 2006 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso 93/2006.

Se han personado, como recurridos, el PRINCIPADO DE ASTURIAS, representado por el letrado del Servicio Jurídico de dicho Principado, y la entidad NAVAL GIJÓN, S.A.U., representada por el procurador don Francisco José Abajo Abril.

Ha comparecido el MINISTERIO FISCAL.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por auto de 14 de octubre de 2009, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias acordó desestimar el recurso de súplica interpuesto por el procurador Sr. Muñiz Solís, en representación de don Jose Manuel, contra la providencia de 24 de julio de 2009 dictada en la pieza de ejecución de la sentencia n.º 2192/2006, en el recurso 93/2006.

Segundo.-Contra dicha resolución preparó recurso de casación don Jose Manuel, que la Sala de Oviedo tuvo por preparado por providencia de 17 de noviembre de 2009, acordando el emplazamiento a las partes y la remisión de las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo.

Tercero.-Por escrito presentado el 18 de diciembre de 2009, el procurador don José Ignacio de Noriega Arquer, en representación del recurrente, interpuso el recurso anunciado y, después de exponer los motivos que estimó pertinentes, solicitó a la Sala que

"(...) dicte sentencia, por la que, con plena estimación del presente recurso, se case y anule el Auto recurrido al estimar oportuna la ejecución solicitada en sus términos, esto es, se acuerde la misma requiriendo a la Administración interesada y a la empresa Naval Gijón S.A.U., al cumplimiento de la sentencia en los términos contenidos en la misma, y por tanto, a excluir al actor del expediente de regulación 42/05, aprobado mediante Resolución de 22 de junio de 2005 de la Dirección General de Trabajo dependiente de la Consejería de Industria y Empleo, a reingresar a D. Jose Manuel en el puesto de trabajo al que estaba adscrito en el momento del cese, en las mismas condiciones de trabajo, junto con el abono de los salarios dejados de percibir desde el momento de su despido, 29 de diciembre de 2005, hasta el momento de readmisión del mismo en la empresa, con cuantos mas pronunciamientos sean procedentes conforme a Derecho".

Cuarto.-Admitido a trámite el recurso, se remitieron las actuaciones a esta Sección Séptima, conforme a las reglas del reparto de asuntos, y, por providencia de 1 de junio de 2010, se dio traslado del escrito de interposición a las partes recurridas y al Ministerio Fiscal para que formalizaran su oposición.

Quinto.-Evacuando el traslado conferido, el letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias se opuso al recurso por escrito presentado el 14 de julio de 2010 en el que suplicó sentencia por la que,

"desestimado el presente recurso de casación, confirme íntegramente la resolución de instancia, con expresa imposición de costas a la parte recurrente".

El procurador don Francisco José Abajo Abril, en representación de la entidad Naval Gijón, S.A.U., en su escrito de oposición, presentado el 21 de julio del corriente, ha pedido a la Sala que

"acuerde la desestimación de la ejecución instada por el recurrente, con expresa condena en costas".

Por su parte, el Fiscal, con fundamento en las consideraciones expuestas en su escrito de alegaciones, interesa que se declare no haber lugar al recurso.

Sexto.-Mediante providencia de 5 de octubre de 2010 se señaló para la votación y fallo el día 7 de diciembre de este año, en que han tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Magistrado de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El recurrente, don Jose Manuel, pretende la correcta ejecución de la sentencia n.º 2192/2006, dictada el 7 de diciembre de 2006 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso 93/2006. Esa sentencia estimó el recurso que el Sr. Jose Manuel interpuso por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales contra la resolución de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias de 22 de junio de 2005 que autorizó el expediente de regulación de empleo n.º 42/2005, correspondiente a la empresa Naval Gijón, S.A.U., estando prevista la extinción de los contratos de los 73 trabajadores incluidos en el anexo de dicha resolución en el período que iba desde la fecha de la autorización hasta el 31 de diciembre de 2007, según fueran cumpliendo la edad prevista. La empresa le comunicó la extinción de su contrato el 29 de diciembre de 2005. El Sr. Jose Manuel era secretario general de la asociación sindical Corriente Sindical de Izquierda y representante de los trabajadores y miembro del comité de empresa. Por otro lado, el día 30 de diciembre comenzaba el proceso de elecciones al correspondiente comité en Naval Gijón S.A.U.

La sentencia de cuya ejecución se trata ahora estimó su recurso y anuló la indicada resolución en lo que afectaba al Sr. Jose Manuel. La Sala de Oviedo comprobó que había otros trabajadores de mayor edad, incluso de su misma categoría de ajustador, cuyos contratos estaban pendientes de extinción. Esta circunstancia y el comienzo del proceso electoral en la empresa al día siguiente de que se comunicara la del recurrente le llevó a concluir que se había producido la lesión de su derecho a la libertad sindical, por no tenerse en cuenta la preferencia que le asistía para permanecer en la empresa según los artículos 51.9, 52 c) y 68 b) del Estatuto de los Trabajadores y la falta de justificación por parte de la empresa de que concurrían razones organizativas o productivas de entidad suficiente para exigir la exclusión de esa preferencia propia de los representantes de los trabajadores, instrumental para el desarrollo de su función.

El fallo, que disponía la anulación de la resolución impugnada, fue aclarado por auto de 24 de enero de 2007 en el sentido de que la anulación dispuesta se extendía solamente a lo que afecta al recurrente.

Esta sentencia fue confirmada por la de esta Sala y Sección de 18 de marzo de 2009 (casación 879/2007) y, por resolución de 1 de junio de 2009, el Consejero de Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, acordó "ejecutar en sus propios términos el fallo".

Debemos completar esta exposición de los antecedentes indicando que el Sr. Jose Manuel impugnó también por la vía ordinaria la mencionada resolución administrativa y vió desestimado su recurso n.º 449/08 por sentencia de la Sala de Oviedo de 30 de abril de 2008, que no impugnó. Y que acudió a la Jurisdicción Laboral, obteniendo sentencia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Gijón el 14 de agosto de 2009 que declaró improcedente su despido y le reconoció el derecho a ser readmitido o a obtener una indemnización de 91.249,2 €, dejándole a él la opción. Sentencia ésta recurrida en suplicación, según afirma Naval Gijón, S.A.U.

Segundo.-Firme la sentencia dictada en el recurso 93/2006, el Sr. Jose Manuel se presentó el día 20 de abril de 2009 en la empresa para acudir a su puesto de trabajo pero no se le permitió el acceso y el 28 siguiente solicitó por escrito su readmisión. Como no fue atendida su petición promovió incidente de ejecución de sentencia pidiendo que se requiriera a la empresa para que le reingresara en el puesto de trabajo que desempeñaba y le abonara los salarios que dejó de percibir desde el 29 de diciembre de 2005 y que se le condenara en costas.

La Sala de Oviedo dictó la providencia de 24 de julio de 2009 en la que declaró que no había lugar a la ejecución solicitada pues la sentencia "se limitaba a anular la medida adoptada por Naval Gijón con fecha de 29 de diciembre de 2005 (...) pero no la resolución de 22 de junio de 2005 de la Dirección General de Empleo, referida al expediente de la Consejería de Industria y Empleo referida al expediente de regulación de empleo n.º 42/2005 por la que se autorizaba a la empresa Naval Gijón, S.A.U., a la extinción de los contratos de trabajo de 73 trabajadores relacionados en su Anexo con efectos desde la autorización del expediente hasta el 31 de diciembre de 2007". Recurrida en súplica, la Sala de instancia, por auto de 14 de octubre de 2009, la confirmó. La desestimación de este recurso se hizo "por los propios fundamentos de la providencia recurrida".

Es preciso tener en cuenta que Naval Gijón, S.A.U. aportó, al oponerse a la ejecución, la sentencia n.º 449/08 de la misma Sala de Oviedo de 30 de abril de 2008 (recurso 1351/2005), dictada en el procedimiento ordinario, desestimatoria de la pretensión del Sr. Jose Manuel de que se declarase la nulidad de la resolución de 22 de de junio de 2005 o, subsidiariamente, de la inclusión del recurrente en la relación de trabajadores cuyos contratos se extinguirían a resultas del expediente de regulación de empleo. Sentencia ésta firme, por no haber sido recurrida. Además aportó la resolución de 9 de diciembre de 2008 de la Dirección General de Trabajo del Principado de Asturias autorizando el expediente 136/2008 para la extinción de otros 98 trabajadores.

Tercero.-En su escrito de interposición el Sr. Jose Manuel invoca los motivos previstos en los apartados a) y d) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción.

Al desarrollarlos pone de manifiesto la discordancia existente entre lo fallado por la sentencia y lo resuelto por la providencia confirmada en súplica: lo anulado, nos recuerda, fue la resolución administrativa en la parte que le afectaba. Después se hace eco de los fundamentos con los que desestimamos el recurso de casación que Naval Gijon, S.A.U. interpuso contra aquélla y subraya que, como consecuencia del pronunciamiento que obtuvo de la Sala de Oviedo, quedó excluido del expediente de regulación de empleo. Insiste en que no hay duda al respecto porque los términos del fallo aclarado no dejan lugar a ella y, además, los argumentos que llevan a él así lo confirman y se apoya en la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Gijón que declaró improcedente su despido para confirmarlo.

Cuarto.-Se han opuesto a sus pretensiones el Principado de Asturias, la empresa Naval Gijón, S.A.U. Y también ha pedido que declaremos no haber lugar al recurso el Ministerio Fiscal. Veamos, en síntesis, sus respectivos argumentos.

A) La Administración asturiana solamente dice que la sentencia cuya ejecución reclama el Sr. Jose Manuel tiene carácter declarativo y se limita a anular la medida adoptada por Naval Gijón, S.A.U. por la que se materializaba la extinción de su contrato pero no suponía la anulación de la resolución de 22 de junio de 2005.

B) La empresa, en primer lugar, pone de relieve la inadecuada formulación del recurso de casación pues se ampara en el artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción cuando el precepto aplicable es su artículo 87 y, además, no cita en qué precepto concreto se basa la argumentación del recurrente. Dado que este es un recurso extraordinario, está sometido a la observancia de las formalidades legalmente prescritas y su incumplimiento es razón suficiente para inadmitirlo. A continuación, afirma el carácter declarativo de la sentencia y la imposibilidad de ejecutarla en los términos solicitados pues para ello sería necesario un nuevo proceso ante una jurisdicción diferente. Y es que Naval Gijón, S.A.U. entiende que el orden jurisdiccional contencioso- administrativo es incompetente, alegación que hace con carácter subsidiario a las anteriores pues lo pedido por el Sr. Jose Manuel afecta a una relación laboral y el conocimiento de las controversias que en torno a ella se produzcan corresponde a la Jurisdicción Social. En todo caso, añade que la pretensión del actor contraviene la doctrina de los actos propios pues recurrió su despido y obtuvo sentencia --aun no firme pues ha sido recurrida en suplicación-- que declaró improcedente su despido. Por eso, ve sorprendente que, de forma simultánea, plantee idéntica pretensión ante dos jurisdicciones distintas.

Dice, además, que el recurso de casación pretende una incorrecta extensión de los efectos anulatorios de la sentencia. Así, explica que si ahora sostiene que anuló la resolución administrativa que autorizó el expediente de regulación de empleo en lo que le afectaba y pide que se le excluya del mismo, en la demanda se dirigió contra la ejecución del acto administrativo llevada a cabo por la empresa por considerarla discriminatoria ante el momento escogido para hacer efectiva la extinción de su contrato. Impugnó, pues, la actuación empresarial amparada en la resolución administrativa y no es lógico, observa Naval Gijón, S.A. que ahora haga abstracción de su planteamiento original pretendiendo, en ejecución de sentencia, unos efectos distintos de los planteados inicialmente.

Por último, nos dice Naval Gijón, S.A.U. que falta el objeto de la pretensión del recurrente pues, aunque esté pendiente de recurso la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 3 de los de Gijón, la empresa ha procedido a su ejecución provisional, consignando los salarios de tramitación y comunicándole que, habiéndosele reconocido judicialmente su derecho a reincorporarse a su anterior puesto de trabajo, le eximió de prestar servicios en atención a las circunstancias que atraviesa la empresa.

C) El Ministerio Fiscal sitúa la controversia que tenemos planteada en el conjunto de sentencias a que dieron lugar los distintos recursos interpuestos por el Sr. Jose Manuel. Y en ese contexto nos dice que el juez que ha de decidir sobre la ejecución de un fallo judicial ha de hacer una interpretación finalista del mismo, atendiendo no sólo a su literalidad sino también al fundamento o motivación en que se sustenta, infiriendo de él todas las consecuencias naturales en relación con la causa petendi en armonía con el todo que constituye la sentencia.

Establecidas estas premisas, reconoce que la providencia y el auto dictados en el incidente de ejecución no se corresponden con el fallo o parte dispositiva de la sentencia pero que son acordes con lo que se debatió y decidió realmente en el proceso. Añade que lo pedido ahora por el actor sería apropiado si la sentencia n.º 449/2008 no hubiese desatendido sus pretensiones. Es decir, las de que se declarase nula la resolución de 22 de junio de 2005 o que, subsidiariamente, se declarara nula su inclusión entre los trabajadores la extinción de cuyos contratos autorizaba. Sin embargo, sucede, continúa el Ministerio Fiscal, que el Sr. Jose Manuel quiere que se ejecute ahora lo que se le negó en aquél proceso valiéndose de la escasa precisión en la redacción del fallo de la sentencia n.º 2192/06. De ahí que nos diga:

"Por lo expuesto, atendiendo al sentido finalista del fallo de la sentencia a ejecutar, que ampara dentro de determinados límites la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, sentido finalista al que parece responder el esfuerzo interpretativo que recoge la Sala en la providencia de ejecución y auto impugnados, considerando la línea jurisprudencial que une las alegaciones y pretensiones de la parte actora con la argumentación jurídica de la sentencia y evitando la desvinculación de la fundamentación jurídica del objeto del debate con su parte dispositiva para evitar la producción de un apartamiento irrazonable y erróneo ante la imprecisa determinación del fallo, el Ministerio Fiscal entiende que cabe mantener la decisión de ejecución en los términos que adoptó la Sala en la Providencia y posterior Auto, rechazando el recurso de casación ante el manifiesto abuso procesal que su admisión comportaría (art. 11.2 LOPJ )".

Quinto.-Es cierto que el escrito de interposición aduce motivos propios del recurso de casación que podemos llamar ordinario, es decir del dirigido contra sentencias dictadas en única instancia por la Sala de la Audiencia Nacional o por las de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando aquí estamos ante el recurso de casación contra autos dictados en ejecución de sentencia y es el artículo 87.1 c) de la Ley de la Jurisdicción el que marca los términos en que ha de desenvolverse. Ahora bien, esta circunstancia no es suficiente en este caso para inadmitir o desestimar el recurso del Sr. Jose Manuel ya que nos plantea con toda claridad lo que ese precepto nos dice que ha de discutirse en esta sede: la adecuación o correspondencia entre el fallo y la ejecución, no en vano dispone que sean recurribles en casación los autos recaídos en ejecución de sentencia cuando resuelvan cuestiones no decididas directa o indirectamente en aquélla o contradigan el fallo que ejecutan.

Este ha de ser, por tanto, el objeto de nuestro pronunciamiento sin que nos corresponda ocuparnos de las consecuencias de las sentencias dictadas en otros procesos, ya sea en el contencioso-administrativo ordinario ya sea en el laboral ni debamos ver abuso en la actuación del recurrente. En efecto, se ha limitado a ejercer su derecho a recabar tutela judicial con todos los medios a su alcance y reclamar el cumplimiento de una sentencia confirmada por esta Sala y Sección.

Pues bien, no hay duda, como advierte el Ministerio Fiscal, de que ni la providencia ni el auto se ajustan a lo dispuesto en el fallo de la sentencia n.º 2192/06, ni antes ni después de su aclaración. La Sala anula la resolución administrativa que autorizaba el expediente de regulación de empleo que incluía al Sr. Jose Manuel y luego explica que esa anulación se extiende solamente a cuanto afecta al recurrente. Por dos veces, por tanto, la Sala que dicta la sentencia insiste en que la anulación se proyecta sobre ese acto administrativo y, aunque en los fundamentos de la sentencia parece, ciertamente, referirse al momento en que Naval Gijón, S.A.U. decidió la extinción del contrato del actor, sin embargo contiene razonamientos que pueden dar a entender que juzga lesivo de la libertad sindical, no sólo el cuándo de esa extinción sino también la inclusión del recurrente entre los trabajadores incluidos en el expediente. En particular, los del fundamento tercero y las citas que hace de los artículos 51.9 (aunque se refiere al 51.7), 52 e) y 68 b) del Estatuto de los Trabajadores y, más en concreto, las consideraciones que hace en su apartado d) cuando dice que es la empresa la que debe acreditar en el expediente las razones productivas o de entidad que justifiquen la exclusión del derecho de los representantes de los trabajadores a permanecer en ella.

No obstante, el Principado de Asturias no la recurrió y, posteriormente, nuestra sentencia de 18 de marzo de 2009 (casación 879/2007) desestimó el recurso de Naval Gijón, S.A.U. y dijo que era un acto administrativo lo que se impugnó y no una decisión empresarial. Por otra parte, los citados providencia y auto dictados en el incidente de ejecución no explican por qué afirman que lo fallado es algo claramente distinto de lo que dice la sentencia. En realidad, el auto no dice nada pues se limita a remitirse a la providencia y ésta --ya lo hemos señalado-- afirma que se anuló únicamente la medida adoptada por Naval Gijón, S.A.U. de extinguir el 29 de diciembre de 2005 el contrato del actor y no la resolución administrativa.

En estas condiciones, sin discutir que en la determinación del alcance del fallo han de tenerse en cuenta las pretensiones de las partes y los fundamentos en que descansa, hemos de tener especialmente presente lo que efectivamente dicen la sentencia y el auto que la aclaró, la pasividad de la Administración autora de la resolución impugnada --pues no la impugnó-- y que no es propio de este orden jurisdiccional enjuiciar conductas empresariales. Y el fallo en modo alguno es oscuro: no deja ninguna duda de que su objeto es la resolución de la Dirección General de Trabajo. La posterior aclaración instada por la Administración asturiana se limitó a precisar que era anulada en lo que afectaba al Sr. Jose Manuel.

En estas condiciones, lo que nos pide el Ministerio Fiscal no es tanto que hagamos una interpretación finalista del fallo, sino que le hagamos decir algo diferente a lo que fuera de toda posible duda establece. Y esto es algo que excede del ámbito propio de este recurso de casación.

Así, pues, el recurso debe ser estimado y anulados la providencia de 24 de julio y el auto de 14 de octubre, ambos de 2009.

Sexto.-Se trata de definir ahora si la ejecución de la sentencia comporta acceder a las pretensiones que ha hecho valer ante nosotros el Sr. Jose Manuel. En otras palabras, es menester decidir qué supone la anulación de la resolución administrativa en lo que le afecta.

Planteada en estos términos la cuestión poca duda cabe de que comporta excluirle de la autorización del expediente de regulación de empleo autorizado por la resolución de la Dirección General de Trabajo de 22 de junio de 2005 y así hemos de declararlo. En cambio, no llega al punto de que le reconozcamos el derecho a reincorporarse a Naval Gijón. S.A.U. ni a que se le abonen las retribuciones que reclama porque esas consecuencias, en su caso, derivarán de la actuación administrativa que ha de dar cumplimiento a la sentencia y de su proyección sobre la relación laboral del recurrente con la empresa, la cual, como alega Naval Gijón, S.A.U. queda fuera de nuestro enjuiciamiento.

Séptimo.-A tenor de lo establecido por el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción no hacemos imposición de costas.

En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,


FALLAMOS


 
1.º Que ha lugar al recurso de casación n.º 6880/2009, interpuesto por don Jose Manuel contra el auto dictado el 14 de octubre de 2009, por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el incidente de ejecución de la sentencia n.º 2192 de 7 de diciembre de 2006 recaída en el recurso 93/2006, auto que anulamos.

2.º Que reconocemos el derecho del Sr. Jose Manuel a que, en ejecución de la sentencia n.º 2192, por la Administración asturiana se modifique la resolución de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias de 22 de junio de 2005 que autorizó el expediente de regulación de empleo n.º 42/2005, correspondiente a la empresa Naval Gijón, S.A.U., modificación que consiste en excluir de la relación de contratos a extinguir incorporada en su anexo el del recurrente.

3.º Que no hacemos imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, estando constituida la Sala en audiencia pública en el día de su fecha, lo que, como Secretario de la misma, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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