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Sentencia T.S. (Sala 3) de 13 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Ayudas de guardería para el personal femenino de instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. Casación en interés de la ley. La doctrina que se quiere fijar no se vincula a una norma estatal.No se justifica el grave daño para el interés general. Tampoco el error en la interpretación realizada en la instancia. No ha lugar al recurso de casación.

En la Villa de Madrid, a trece de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Séptima por los magistrados indicados al margen, el recurso de casación en interés de la Ley n.º 15/2007, interpuesto por el SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD, representado por el letrado del Gabinete Jurídico de la Junta de Extremadura, contra la sentencia n.º 297, dictada el 27 de noviembre de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida, recaída en el procedimiento abreviado n.º 131/2006, sobre ayudas de guardería para el personal femenino de instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

Han presentado escrito de alegaciones la ADMINISTRACIÓN, representada por el Abogado del Estado y el MINISTERIO FISCAL.

Se ha personado don Cosme, representado por la letrada doña María de las Flores Porro Rebollo.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En el procedimiento abreviado n.º 131/2006, seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de los de Mérida, el 27 de noviembre de 2006 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"FALLO

Que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Letrado, D.ª María de las Flores Porro Rebollo, en nombre y representación de D. Cosme, contra la desestimación presunta de reclamación ante el Servicio Extremeño de Salud interpuesta en fecha 15 de marzo de 2.005 debo declarar y declaro no ser la misma conforme a derecho y en su consecuencia se anula totalmente la resolución presunta recurrida reconociendo al recurrente el derecho a percibir la Ayuda de Guardería y condenando al Servicio Extremeño de Salud a pagarle la cantidad de 792,66 euros; todo ello sin hacer expresa declaración en cuanto a las costas causadas".

Segundo.-Por escrito presentado el 12 de marzo de 2007 en el Registro General de este Tribunal Supremo, el letrado del Gabinete Jurídico de la Junta de Extremadura interpuso recurso de casación en interés de la Ley contra la referida resolución, solicitando a la Sala que, previos los trámites oportunos, dicte sentencia por la que se fije como doctrina legal:

"La improcedencia de conceder al personal masculino de las Instituciones Sanitarias Cerradas de los Servicios Públicos de Salud, la Ayuda de Guarderías prevista en el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Previsión de 26 de noviembre de 1974, para favorecer la integración del personal femenino en la vida laboral. Ello de acuerdo con la doctrina unificada delTribunal Supremo vigente desde el 15 de abril de 1997, RC 1696/1996. Sin que dicha doctrina pueda verse alterada por el hecho de que se haya promulgado la Ley 39/1999 de 5 de noviembre para promover la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las personas trabajadoras, pues la situación socio laboral actual no se ha visto prácticamente modificada desde la (sic) por la promulgación de dicha ley".

Tercero.-Ajustándose, en principio, el recurso presentado a los requisitos exigidos en el artículo 100.3 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, se remitieron las actuaciones a la Sección Cuarta y, posteriormente, a la Sección Séptima, de conformidad con las normas de reparto de asuntos, y, por providencia de 30 de mayo de 2007, se acordó la reclamación de los autos al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida y el emplazamiento a cuantos hubiesen sido parte en los mismos. Recibidos, por diligencia de ordenación de 19 de mayo de 2010 se dio traslado del escrito de interposición al Abogado del Estado para que formulara alegaciones.

Cuarto.-Presentado escrito de personación por la letrada doña María de las Flores Porro Rebollo, en representación de don Cosme, el 14 de mayo de 2010 se le requirió para que en el término de una audiencia lo hiciera en forma, no constando que se haya dado cumplimiento a dicho requerimiento.

Quinto.-El Abogado del Estado, en su escrito de alegaciones, presentado el 21 de junio de 2010, manifestó, en síntesis, que

"(...) dejando aparte pues, las sentencias dictadas por la jurisdicción laboral, parece más razonable la doctrina expuesta por la sentencia recurrida, en orden a que, una vez aprobada la Ley 39/1999 , la negativa al reconocimiento de las ayudas a los varones, en las mismas condiciones que las otorgadas a las mujeres, vulneraría el art. 14 CE , suponiendo una discriminación respecto de estos últimos, al tiempo que no pueden oponerse razones de índole sociocultural, pues precisamente la Ley lo que trata de evitar es esa situación de discriminación o diferenciación improcedente, entre las personas de uno y otro sexo".

Y suplicó a la Sala que

"se tenga por hechas las anteriores alegaciones a los efectos de inadmitir el presente recurso extraordinario de casación en interés de ley".

Por su parte, el Fiscal, con fundamento en las consideraciones expuestas en su escrito de 7 de julio de 2010, propugna la desestimación del recurso.

Sexto.-Conclusas las actuaciones, mediante providencia de 5 de octubre de 2010 se señaló para la votación y fallo el día 7 de diciembre de este año, en que han tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Magistrado de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La Comisión Permanente del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Previsión, por acuerdo de 26 de noviembre de 1974 relativo a Ayudas de Guarderías Infantiles para el Personal Femenino de Plantilla de Instituciones Sanitarias Cerradas, autorizó la contratación de Guarderías Infantiles para los hijos menores de seis años de su personal femenino de plantilla. Ayudas extendidas por circular de 20 de junio de 1980 al personal masculino viudo. Ese acuerdo se tomó siguiendo las normas del Decreto 2310/1970, de 20 de agosto, del Ministerio de Trabajo, el cual fue dictado en aplicación de la Ley de 22 de julio de 1961, sobre derechos laborales de la mujer.

El Servicio Extremeño de Salud nos pide que establezcamos como doctrina legal respecto de dicho Acuerdo que no procede conceder estas ayudas de guardería al personal masculino. Articula tal pretensión en el presente recurso de casación en interés de la Ley a raíz de que, por sentencia n.º 297, de 27 de noviembre de 2006, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Mérida, reconociera el derecho a percibirla a don Cosme, personal estatutario del Insalud, a la sazón celador del "Complejo Hospitalario C", frente a la denegación por silencio por parte del Servicio Extremeño de Salud de su solicitud de una ayuda de guardería de 4.000 pesetas mensuales en el curso 1999/2000.

Segundo.-El recurrente sostiene que la interpretación realizada por esta sentencia es errónea y gravemente dañosa para el interés general.

Lo primero lo afirma porque considera que se aparta del criterio seguido por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que concreta en las sentencias de su Sala Cuarta de 15 de abril de 1997 (casación 1696/1996) y 20 de marzo de 1997 (casación para la unificación de doctrina 2761/1996) --últimas, dice, que se pronunciaron sobre la posibilidad de que el personal masculino al servicio de la Administración Sanitaria percibiera la ayuda de guarderías-- y que, desde el punto de vista socio-laboral, entiende que puede considerarse muy cercano. Destaca del mismo que se fundamenta en esta constatación: "no puede desconocerse que según las últimas estadísticas en España, las mujeres dedican una media de 4 horas y media diarias a tareas domésticas y familiares, mientras que los varones sólo emplean en esta actividad media hora al día. La situación es, pues, manifiestamente desigual, y en consecuencia, el tratamiento ajustado a esta diferencia no es discriminatorio".

Por lo demás, mantiene que no es óbice a lo anterior la promulgación de la Ley 39/1999, de 15 de abril, de Conciliación de la Vida Laboral y Personal, ya que la situación socio-laboral no se ha modificado suficientemente a lo largo del tiempo. De otro lado, insiste en la vigencia del Acuerdo de 26 de noviembre de 1974, conforme a la disposición transitoria primera 2 de la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura, y en que por el Acuerdo para la Mejora de la Sanidad de Extremadura de 24 de septiembre de 2003 se asumieron los pactos y acuerdos suscritos en el ámbito del INSALUD con el compromiso de respetarlos mientras conservaran vigencia.

En fin, insiste en que la realidad social es muestra diaria de la inexistencia de la deseada igualdad socio-laboral entre hombre y mujer y que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (sentencia de 19 de marzo de 2002, asunto Lommers contra Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) ha juzgado conforme a Derecho la concesión de ayudas de guardería en exclusiva para el personal femenino. Asimismo, cita sentencias de Salas de lo Social que, tras la entrada en vigor de la Ley 39/1999 han mantenido la negativa a extender la ayuda al personal masculino.

Por lo que hace al grave daño al interés general que se seguiría en el caso de que se mantuviera el criterio seguido por el Juzgado, nos dice que derivaría de la "gran cantidad de personal que presta sus servicios profesionales en los Hospitales del Servicio Extremeño de Salud" y acompaña un informe ilustrativo del personal masculino de este Servicio.

Tercero.-Tanto el Abogado del Estado como el Ministerio Fiscal propugnan la inadmisión o, subsidiariamente, la desestimación de este recurso. Las razones que sus respectivos escritos aducen en apoyo de esa pretensión son, en esencia, que la doctrina pedida no se vincula a una norma estatal, ya que el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Previsión no tiene carácter normativo, y, por otro lado, que no se ha justificado la existencia de un grave daño al interés general y que tampoco es errónea la interpretación efectuada por la sentencia del Juzgado. A este respecto, llaman la atención el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal sobre la circunstancia de que las sentencias del Tribunal Supremo citadas por el recurrente son anteriores a la Ley 39/1999 y consideran más razonable la posición del juzgador en la instancia.

Cuarto.-El artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción define en términos muy estrictos el recurso de casación en interés de la Ley. 1) Respecto del objeto, pues solamente cabe contra sentencias firmes, dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y contra las pronunciadas por las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional que no sean susceptibles de recurso de casación ordinario o para la unificación de doctrina. 2) A propósito de los sujetos legitimados para interponerlo, que son únicamente la Administración Pública territorial que tenga interés legítimo en el asunto, las Entidades o Corporaciones representativas de intereses generales o corporativos que tengan interés legítimo en el asunto, el Ministerio Fiscal o la Administración General del Estado. 3) En cuanto a los presupuestos que han de darse conjuntamente para que pueda utilizarse: grave daño para el interés general y error en la resolución dictada. 4) Respecto de las exigencias de tiempo --tres meses de plazo para interponerlo-- y forma --escrito razonado en el que se fijará la doctrina legal que se postule a presentar ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo con copia certificada de la Sentencia impugnada en la que conste la fecha de su notificación--, pues, advierte la Ley de la Jurisdicción, su incumplimiento obligará a que se ordene de plano el archivo. 5) Sobre el alcance del enjuiciamiento, ya que sólo puede extenderse a la correcta interpretación y aplicación de normas emanadas del Estado que hayan sido determinantes del fallo recurrido. 6) En fin, el pronunciamiento también se ve restringido pues debe respetar en todo caso la situación jurídica particular derivada de la Sentencia recurrida y, de ser estimatorio, habrá de fijar en el fallo la doctrina legal, publicándose la Sentencia del Tribunal Supremo en el Boletín Oficial del Estado.

Vemos, pues que si, ya en los recursos de casación contemplados en los artículos 86 y 96, la Ley de la Jurisdicción impone requisitos severos cuyo cumplimiento se vigila por la Sala, en este caso, lo hace especialmente. Por eso, procede exigir con rigor su observancia para cumplir fielmente las determinaciones del legislador. En realidad, ese es el criterio mantenido reiteradamente por la jurisprudencia, por ejemplo, en las Sentencias de 5 de mayo (casación en interés de la Ley 3456/2001) y 23 de junio de 2003 (casación en interés de la Ley 2829/2001), y en las allí citadas, o en la de 23 de julio, también de 2003, (casación en interés de la Ley 9450/1997), entre otras. Jurisprudencia que ha añadido, más bien explicitado, requisitos adicionales que resultan de la interpretación de la Ley de la Jurisdicción. El primero es que la doctrina cuya fijación se pretende se refiera a un concreto precepto [ Sentencias de 6, 8 y 20 de junio de 2005 (recursos de casación en interés de la Ley 26 y 21/2004 y 46/2003)]. El segundo estriba en que no haya sido establecida ya por esta Sala [Sentencia de 28 de enero de 2003 (recurso de casación en interés de la Ley 8199/2000) con cita de una larga lista de otras anteriores coincidentes]. Otro consiste en que el recurso tenga utilidad, lo que no sucede cuando la doctrina cuya fijación se solicita ya resulta por sí misma de las propias normas [ Sentencias de 8 de junio de 2005 (casación en interés de la Ley 21/2004), de 15 de febrero de 2005 (casación en interés de la Ley 66/2003) y de 23 de enero de 2004 (casación en interés de la Ley 30/2004)].

Quinto.-Pues bien, examinado desde la perspectiva que impone cuanto acabamos de decir, hemos de coincidir con el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal en que faltan los requisitos a los que el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción, en la interpretación que le ha dado la jurisprudencia de la Sala, somete al recurso de casación en interés de la Ley. En efecto, la doctrina cuya fijación pretende el Servicio Extremeño de Salud, ni se refiere a una norma estatal, ni es gravemente dañosa para el interés general la seguida por la sentencia del Juzgado, ni se ha demostrado que incurra en error.

Así, el acuerdo respecto del que se quiere que hagamos el pronunciamiento no es una norma sino, como el mismo escrito de interposición explica, un acto de aplicación de un reglamento dictado, a su vez, en aplicación de una Ley. Y ya hemos dicho que la Ley de la Jurisdicción solamente contempla el establecimiento de la doctrina legal respecto de normas.

Por otro lado, es verdad que no ha explicado el recurrente el grave perjuicio que derivaría de la falta de fijación de la doctrina propuesta. No es suficiente con decir que es muy numeroso el personal del Servicio Extremeño de Salud ni tampoco la información sobre los hombres que trabajan en él. Para estimar gravemente dañosa para el interés general una sentencia, mejor dicho la interpretación que le lleva al fallo, es necesaria una justificación más precisa que la que se nos ha ofrecido.

Finalmente, no es en absoluto claro que la mejor realización de la igualdad entre hombres y mujeres pase por proscribir que también puedan los primeros beneficiarse de ayudas como estas de guardería. Y, desde luego, no bastan las sentencias de este Tribunal citadas porque, efectivamente, son anteriores a la Ley 39/1999.

En definitiva, este recurso no puede prosperar.

Sexto.-De conformidad con el artículo 139.2 y dada la naturaleza del recurso de casación en interés de la ley, no procede hacer pronunciamiento sobre costas.

En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,


FALLAMOS


 
Que no ha lugar al recurso de casación en interés de la ley n.º 15/2007, interpuesto por el Servicio Extremeño de Salud contra la sentencia n.º 297, dictada el 27 de noviembre de 2006, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Mérida, recaída en el recurso n.º 131/2006.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, estando constituida la Sala en audiencia pública en el día de su fecha, lo que, como Secretario de la misma, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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