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Sentencia T.S. (Sala 3) de 15 de Diciembre de 2010


 RESUMEN:

Óptica: intalación de establecimiento. Principio de invariabilidad de las sentencias.Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Se inadmitió la revisión de oficio de las resoluciones de la Delegación Provincial por la que se autorizaba la instalación de un establecimiento de óptica, se concedía también la autorización de funcionamiento de ese establecimiento, solo en cuanto a la actividad óptica. No ha lugar al recurso de casación.

En la Villa de Madrid, a quince de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sala Tercera, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo, el recurso de casación número 2088/2009, que ante la misma pende de resolución, interpuesto por la Letrada de la Junta de Andalucía, en la representación que le es propia, contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de fecha veintiocho de mayo de dos mil uno, complementada por auto de veintitrés de diciembre de dos mil ocho, recaída en los autos 33/2000.

Habiendo comparecido en calidad de parte recurrida el procurador don Federico José Olivares de Santiago, en nombre y representación del Colegio Nacional de Opticos-Optometristas.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en los autos número 33/2000 dictó sentencia el veintiocho de mayo de dos mil uno, cuyo fallo dice: " Que debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía representada y defendida por Letrado de su Gabinete Jurídico y por D. Gumersindo, representado por la Procuradora Sra. Fernández Eugenio y defendido por Letrado contra Sentencia dictada el día 30 de Noviembre de 1999 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de Sevilla que anulamos por concurrir la causa de inadmisibilidad referida en el cuerpo de la sentencia. No hacemos pronunciamiento sobre costas.";

Dicha sentencia fue complementada por auto de fecha veintitrés de diciembre de dos mil ocho, que acuerda: " Complementar lasentencia dictada en estas actuaciones y declarar contrarias a derecho la Resolución de nueve de octubre de 1998del Excmo. Sr. Consejero de Salud de la Junta de Andalucía y las de la Delegación de Sevilla de la citada Consejería de treinta de enero y quince de julio de 1997, por no ser conformes a derecho, y por ello se anulan.";

Segundo.-La Letrada de la Junta de Andalucía interpuso recurso de casación por escrito de fecha diez de junio de dos mil nueve.

Tercero.-Mediante providencia dictada por la Sección Primera de esta Sala el día siete de septiembre de dos mil nueve, se admite el recurso de casación interpuesto y se remiten las actuaciones a esta Sección Cuarta, conforme a las reglas del reparto de asuntos; donde se tienen por recibidas el veintiuno de octubre de dos mil nueve, confiriéndose traslado a la parte recurrida para formular oposición.

Cuarto.-El representante procesal del Colegio Nacional de Opticos-Optometristas presentó escrito de oposición el veintiocho de diciembre de dos mil nueve.

Quinto.-Conclusas las actuaciones se señaló para votación y fallo de este recurso el día nueve de diciembre de dos mil diez, fecha en que tuvo lugar, habiéndose observado los trámites establecidos por la ley

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Enrique Lecumberri Marti,


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-En el recurso de casación que enjuiciamos se impugna por la Letrada de la Junta de Andalucía la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -con sede en Sevilla- de fecha veintiocho de mayo de dos mil uno, completada por auto de veintitrés de diciembre de dos mil ocho.

Para la mayor claridad expositiva de nuestra sentencia debemos partir de los siguientes hechos:

. El Colegio Nacional de Opticos-Optometristas interpuso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Sevilla recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Consejería de Salud, de nueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, que inadmitió la revisión de oficio de las resoluciones de la Delegación Provincial de la citada Consejería, de treinta de enero y quince de junio de mil novecientos noventa y siete por la que autorizándose -mediante la primera- la instalación de un establecimiento de óptica, se concedía también -por medio de la segunda- a don Gumersindo, técnico especialista en "Optico de Anteojería", la autorización de funcionamiento de ese establecimiento, solo en cuanto a la actividad de óptica, disponiéndose al propio tiempo su inscripción en el Registro de Centros y Establecimientos Sanitarios.

. Anulados por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo los actos administrativos recurridos se interpuso por la Junta de Andalucía y por la representación procesal de don Gumersindo, recurso de apelación que fue estimado por el Tribunal Superior de Justicia en sentencia de veintiocho de mayo de dos mil uno por concurrir la causa de inadmisibilidad por carecer el órgano sentenciador de competencia objetiva para conocer el fondo del asunto.

. Notificada la anterior sentencia, el Colegio Nacional de Opticos-Optometristas, en escrito presentado el veinticuatro de octubre, solicitó aclaración de la sentencia en el sentido que " se aclare a las partes si el mismo determina que se retrotraigan las actuaciones judiciales a un momento anterior a dictarse sentencia, y a qué momento, para que las mismas sean remitidas al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Sevilla, para que ante él siga su curso el proceso según establece el artículo 7.3 de la Ley de la Jurisdicción de 1988 ".

. Presentado el anterior escrito la Sala por providencia de veinticuatro de octubre de dos mil uno, acordó unirlo a los autos y dar traslado a la parte contraria para que en el plazo de tres días alegue lo que a lugar tenga en Derecho.

. Por escrito de veintisiete de enero de dos mil cuatro el Colegio Nacional de Opticos-Optometristas, reiteró ante la Sala que se proveyera su anterior escrito de veinticuatro de octubre de dos mil uno.

. Sin más diligencias posteriores, la Sala al amparo del artículo 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dictó auto en fecha veintitrés de diciembre de dos mil ocho, por el que se acordó, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 85.10 de la Ley Jurisdiccional, completar la sentencia dictada y entrar en el fondo del asunto declarando contrarias a Derecho las resoluciones administrativas impugnadas por considerar que el título que ostenta el solicitante - Especialista en óptica de anteojería- no es suficiente para autorizar la apertura y funcionamiento de un establecimiento de óptica, ya que sería exigible el de Diplomado en Optica.

Segundo.-Al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional se aduce un primer motivo de casación que se fundamenta en la infracción de los artículos 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 68.1.a) y 69 de la Ley Jurisdiccional, 214 y 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 9.3 y 24.1 de la Constitución en relación con el principio de invariabilidad de las sentencias y con los plazos para dictar resoluciones judiciales, así como incongruencia omisiva, por vulneración del artículo 33 de la citada Ley Jurisdiccional, pues, sostiene la Administración recurrente que la Sala de instancia al completar a través del auto de veintitrés de diciembre de dos mil ocho la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil uno, vulneró el derecho a la tutela judicial, no solo en razón al tiempo transcurrido, siete años y siete meses después de dictarse la sentencia en su redacción originaria, sino también en razón que se modificó el sentido del fallo de la sentencia que ha pasado de ser de inadmisibilidad del recurso, y, en consecuencia favorable a sus intereses, a ser un pronunciamiento estimatorio, anulándose las resoluciones administrativas impugnadas que habían ganado firmeza en vía administrativa; y en esta línea argumenta, que el artículo 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no es de aplicación, por razones temporales, a la sentencia que se ha completado por corresponder ésta a un procedimiento iniciado en el año mil novecientos noventa y nueve y en todo caso, el complemento de la sentencia excede del plazo de cinco días que contempla el citado precepto.

No compartimos ninguno de estos argumentos utilizados para combatir la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil uno, completada por auto de veintitrés de diciembre de dos mil ocho.

El artículo 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de supletoria aplicación según la Disposición Final Primera, que permite la subsanación y complemento de sentencias y autos, ya regía y por ende era aplicable a la fecha en que se dictó y notificó la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil uno, y, la Sala aunque no proveyó la aclaración solicitada por la representación procesal del Colegio Nacional de Opticos-Optometristas, en el plazo establecido por el artículo 214 de la Ley Procesal Civil al que se remite el citado artículo 215, no por ello, conculcó este último precepto, pues la vía para aclarar la sentencia estaba abierta merced a la presentación del escrito de veinticuatro de octubre de dos mil uno, reiterado y recordado al Tribunal el veintisiete de enero de dos mil cuatro.

Cierto es, que la Sala en vez de aclarar la sentencia en los términos interesados por el Colegio Nacional, procedió de oficio mediante auto completar su resolución, al adicionar un pronunciamiento omitido, totalmente necesario y permisible por la aplicación analógica que se hizo del artículo 85.10 de la Ley Jurisdiccional, pues, si no hubiera procedido de esta forma, hubiera ocasionado indefensión a la parte demandante en el proceso contencioso-administrativo iniciado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Sevilla; de ahí, y, a pesar del tiempo transcurrido entre la fecha en que se dictó la sentencia en su redacción originaria y el auto que la complementa, no podemos afirmar que se infringiera el principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales.

Tampoco la resolución recurrida en casación incurrió en el vicio de incongruencia, dado que, como reconoce la propia recurrente en su escrito de interposición la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, desestimó las causas de inadmisibilidad y " entrando a conocer del fondo, resuelve, en primer lugar, que la solicitud de revisión es admisible, no admitiendo el fundamento de la resolución administrativa conforme al cual el Colegio peticionario no tenía la condición de interesado y la solicitud de revisión la había realizado el presidente y no lo órganos colegiados competentes ", y, esto es así, como se demuestra de la lectura del propio auto que complementa la sentencia en el que sin modificar ni rectificar lo acordado en aquella, señala que " es preciso traer a colación los argumentos de la bien fundada sentencia de instancia que hacemos nuestro..." y en el fundamento tercero "in fine" concluye: " Como decíamos al principio damos por reproducida la fundamentación de la sentencia de instancia para llegar a la misma conclusión..."

En consecuencia este motivo no puede prosperar.

Tercero.-El segundo motivo de casación se fundamenta en el apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional y en el que se denuncia la infracción de los artículos 31, 32, 62, 63, 102, 103 y 106 de la Ley 30/1992, pues, según la recurrente la Corporación demandante en la instancia, no podía invocar al amparo del citado artículo 31 un interés directo, toda vez que ya habían sido dictadas las resoluciones de autorización y apertura y de funcionamiento del establecimiento de óptica y por tanto su condición de interesado lo era así en relación con el interés en que dichas resoluciones fuesen declaradas nulas por la vía del artículo 102 de la mentada Ley.

Este motivo también debe ser desestimado.

El Colegio Nacional de Opticos-Optometristas, como Corporación de derecho público está legitimado para la defensa de la profesión de óptico, y precisamente, esta cuestión era la que se suscitaba en litis, en donde se solicitaba en vía administrativa la revisión de oficio de las resoluciones impugnadas que autorizaban un establecimiento sanitario de óptica regentado por un Técnico Especialista en "Optica de Anteojería" por considerar de acuerdo con una reiterada doctrina jurisprudencial, sustentada, entre otras, en nuestras sentencias de veintidós de octubre de mil novecientos noventa y ocho y cuatro de diciembre de dos mil tres, que la titulación de Formación de Segundo Grado, de Técnico Especialista en Optica de Anteojería, no habilita para estar al frente de un establecimiento de óptica.

Siendo esto así, es incuestionable que conforme al artículo 19.1 de la Ley Jurisdiccional podía accionar contra las resoluciones administrativas que se aprobaron sin su conocimiento, dado que su carácter de interesado según el artículo 5.g) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales y 1.f) de sus propios Estatutos aprobados por Real Decreto 2207/1979, exige el trámite de audiencia.

Cuarto.-Por lo razonado procede desestimar el presente recurso de casación y la causa de inadmisibilidad alegada por la representación procesal del Colegio Nacional de Opticos-Optometristas al amparo del artículo 86.1 de la Ley Jurisdiccional ya que al haber anulado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo, por falta de competencia objetiva para resolver el recurso, hay que entender que la sentencia del Organo colegiado fue pronunciada en primera instancia.

Quinto.-De conformidad con lo establecido por el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo procede imponer las costas de este recurso de casación a la parte recurrente, si bien la Sala de acuerdo con lo establecido en el apartado tercero del citado precepto limita el importe máximo a percibir por los honorarios del Letrado de la parte recurrida en la cantidad de tres mil euros (3.000€).

Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,


FALLAMOS


 
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Letrada de la Junta de Andalucía contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, -con sede en Sevilla-, de fecha veintiocho de mayo de dos mil uno, completada por auto de veintitrés de diciembre de dos mil ocho; con expresa condena a la Administración recurrente de las costas de este recurso de casación dentro de los límites señalados en el fundamento jurídico quinto de ésta, nuestra sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. Don Enrique Lecumberri Marti, en audiencia pública celebrada en el día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria, doy fe.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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