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Sentencia T.S. (Sala 3) de 16 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Responsabilidad patrimonial: menor superficie real de la finca comprada a través de escritura pública, solicitó que fuera expedida certificación de silencio.Funcionamiento anormal del servicio público. No se aprecia error judicial. Se califica como maquinación fraudulenta al considerar que la reclamación se ha efectuado de manera correcta dentro del plazo. No se aprecia prescripción de la acción.  No ha lugar al recurso de revisión.

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Primera por los Excmos. Sres. Magistrados anotados al margen, el presente recurso extraordinario de revisión n.º 23/2009 interpuesto por D. Julián, representado por la Procuradora D.ª Gloria Arias Aranda, contra la Sentencia de 9 de marzo de 2009, dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el recurso n.º 765/05, relativa a responsabilidad patrimonial de la Administración.

Ha comparecido como parte recurrida en esta revisión la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, representada por el Procurador D. Francisco Velasco Muñoz-Cuellar, "Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.", representada por el Procurador D. Antonio Ramón Rueda López, y el Abogado del Estado en la representación y defensa que legalmente ostenta. Ha informado el Ministerio Fiscal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-- D. Julián presentó ante la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con fecha 29 de abril de 2005, solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial por los perjuicios ocasionados como consecuencia de la menor superficie real de la finca comprada al IRYDA a través de escritura pública firmada el día 7 de febrero de 1984, y con fecha 31 de octubre de 2005 solicitó de la citada Consejería que le fuera expedida certificación de silencio.

Segundo.-- Contra la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial, el Sr. Julián interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que, en la fecha indicada de 9 de marzo de 2009, dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Que estimando la causa de inadmisibilidad opuesta por la Administración demandada, debemos desestimar y desestimamos el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por D. Julián contra el acto ficticio consistente en la desestimación presunta por silencio administrativo negativo de la petición de responsabilidad patrimonial realizada contra la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, al haber prescrito dicha acción; sin costas".

Tercero.-- Contra la citada sentencia la representación procesal de D. Julián interpuso ante esta Sala el 23 de junio de 2009 el presente recurso extraordinario de revisión, que ha sido tramitado conforme a las prescripciones legales. Las representaciones procesales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de "Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A." se opusieron al mismo, pidiendo se dictara sentencia por la que se desestimase el recurso interpuesto. El Abogado del Estado alega que, no habiendo sido parte la Administración General del Estado en el procedimiento de instancia, nada tiene que manifestar en el recurso de revisión.

Cuarto.-- El Fiscal, con fecha 8 de abril de 2010, ha emitido informe en el que considera que debe declararse no haber lugar al recurso por entender que no concurren los presupuestos exigidos por la Ley.

Quinto.-- Habiéndose señalado para votación y fallo la audiencia del 9 de diciembre de 2010, en dicha fecha tuvo lugar referida actuación procesal.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Sieira Miguez, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-- La sentencia recurrida considera que ha prescrito la acción del recurrente para reclamar por responsabilidad patrimonial de la Administración, y ello de conformidad con los siguientes razonamientos:

"CUARTO.- Con carácter previo asimismo a entrar en el fondo del asunto, formula la Administración demandada una cuestión procesal cual es la prescripción del plazo para reclamar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, que como señala la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es de un año.

En el procedimiento que nos ocupa la parte actora adquirió mediante compraventa al IRYDA (págs. 23 y ss. del expediente administrativo) la finca descrita en la escritura de compraventa de fecha 9 de marzo de 1984, accediendo a continuación al Registro de la Propiedad. El problema que se plantea en este asunto es que el actor formula la primera objeción a la Administración en el escrito que consta como documento n.º 5 del expediente (pág. 13 del mismo) el 6 de agosto de 1999, quince años después de haber adquirido la finca, objeción que se materializa en el escrito del actor dirigido a la Delegación Provincial de Agricultura y medio Ambiente en Albacete el 12 de agosto de 1999, en el que manifiesta que la superficie escriturada no se corresponde con la realidad física de su parcela. Resulta poco comprensible que la parte actora no comprobase en su momento cuál era exactamente la extensión de lo que había adquirido a la Administración Pública, sobre todo si se tiene en cuenta que la diferencia existente son casi dos hectáreas. Lo cierto es que esta circunstancia motiva que haya que declarar prescrita la acción para reclamar y, en consecuencia, inadmitir el presente procedimiento sin entrar en el fondo del asunto.

QUINTO.- Uno de los requisitos necesarios para entablar una demanda de responsabilidad patrimonial a la Administración es que no haya caducado (pero con plazo de prescripción) el derecho a reclamar por el transcurso del tiempo que fija la Ley 30/92 : un año. El plazo de un año para iniciar de oficio el procedimiento o para que la víctima solicite el reconocimiento de la correspondiente indemnización es un plazo de prescripción, no de caducidad, y por ello es susceptible de interrupción. Y en concreto habrá que considerar que el plazo de un año se interrumpe por el ejercicio judicial o extrajudicial de acciones, volviendo a iniciarse el cómputo del año para reclamar. Nada impide que puedan producirse varias interrupciones del plazo de prescripción.

Es obvio que desde que el actor tomó posesión de su bien como legítimo adquirente (9 de marzo de 1984) hasta que reclamó la responsabilidad patrimonial en vía administrativa a la Consejería de Agricultura como sucesora en derechos del extinto IRYDA (29 de abril de 2005), transcurrió mucho más del año que establece el art. 142.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, ley que establece que el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En concreto, el inicio del plazo de prescripción se producirá con el hecho o acto dañoso, o si sus efectos se demoran en el tiempo, desde que se manifiesten los daños. La determinación del "dies ad quem" de la producción de una lesión indemnizable plantea dudas sobre todo en supuestos de lesiones físicas a las que siguen largos períodos de curación. Pero en el caso que nos ocupa, el actor adquirió una finca en 1984. Resulta descabellado pensar que la finca haya menguado por sí sola. El actor debió comprobar desde un primer momento y tener la suficiente diligencia como para comprobar que lo que había adquirido (la realidad jurídica) correspondía con la realidad física. Incluso podríamos hablar de "actio nata" si hubiera ejercitado la acción reivindicatoria en el momento o en un lapso temporal antes de haber transcurrido un año desde la compraventa al IRYDA. Hubiéramos podido entonces discutir sobre la interrupción del plazo de prescripción. Pero ejercitada la acción civil reivindicatoria en 2000 (16 años después de adquirir la finca), ha transcurrido el plazo de un año y el recurso no puede ser atendido.

SEXTO.- Como tiene dicho el Tribunal Supremo, por ejemplo en la Sentencia de 23 de enero de 2001 , debe reconocerse la eficacia interruptiva de un proceso (en el caso enjuiciado en dicha Sentencia, en vía penal) sobre los mismos hechos determinantes de la responsabilidad administrativa, desde el momento en que ello resulta posible por conocerse en sus dimensiones fácticas y jurídicas el alcance de los perjuicios producidos -que tiene su origen en la aceptación por este Tribunal del principio de "actio nata" -nacimiento de la acción- para determinar el origen del cómputo del plazo para ejercitarla, según el cual la acción sólo puede comenzar cuando ello es posible, y esta coyuntura se perfecciona cuando se unen los dos elementos del concepto de lesión, es decir, el daño y la comprobación de su ilegitimidad. Ya antes y en términos muy similares lo había afirmado la STS de 3 de mayo de 2000 cuando explicó que, según la jurisprudencia de la SalaTercera sobre el cómputo del plazo de prescripción de un año establecido para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial, ésta no puede ejercitarse sino desde el momento en que resulta posible por conocerse en sus dimensiones fácticas y jurídicas el alcance de los perjuicios producidos. Esta doctrina tiene su origen en la aceptación por el Tribunal Supremo (sentencias de 19 de septiembre de 1989 , 4 de julio de 1990 y 21 de enero de 1991 ) del principio de "actio nata" (nacimiento de la acción). En otros términos y de forma general( STS de 21 de marzo de 2000 ), la prescripción se interrumpe en virtud de cualquier reclamación que manifiestamente no aparezca como no idónea o improcedente encaminada a lograr el resarcimiento del daño o perjuicio frente a la Administración responsable, siempre que comporte una manifestación de la voluntad de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Administración por alguna de las vías posibles para ello.

El Tribunal Supremo tiene también declarado (STS de 4 de octubre de 1999, refrendado en la posterior de 3 de mayo de 2000 antecitada), que no sólo un proceso penal que verse sobre la posible comisión de hechos delictivos a los que pueda estar ligada la apreciación de responsabilidad civil dimanante de la infracción penal, sino incluso la pendencia de una acción civil encaminada a exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración, salvo que sea manifiestamente inadecuada, comporta una eficacia interruptiva del plazo de prescripción de un año hoy establecido por el artículo 142.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (STS de 26 de mayo de 1998, que invoca la doctrina de la STS de 4 de julio de 1980). Por tanto, el ejercicio de una acción civil encaminada a exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración, salvo que sea manifiestamente inadecuada, interrumpe el plazo de prescripción (en igual sentido, Sentencia de 4 de julio de 1980, dictada bajo el régimen equivalente integrado por el art. 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado). En relación con ello, por ejemplo, la STS de 9 de julio de 1992, ya había establecido que el ejercicio de acciones civiles por parte de los reclamantes de indemnización, que voluntariamente abandonen la vía contenciosa no es causa bastante para considerar interrumpido el plazo para ejercitar la acción ante la jurisdicción contenciosa. O, en otro orden de cosas, resultaba inadecuada la acción civil que había culminado con pronunciamiento de incompetencia de jurisdicción, con remisión a las partes a la contencioso- administrativa.

Pero la misma doctrina jurisprudencial nos dice también que dicha eficacia interruptiva no puede ser apreciada cuando, como en el caso presente, la acción civil invocada no se dirigió contra la Administración, sino contra otro sujeto privado (los colindantes a la finca del actor), y por tanto en modo alguno puede considerarse que implicara el ejercicio de una iniciativa encaminada a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Administración( STS de tres de mayo de 2000 ). En el fondo, pues, lo que late es la idea de que no puede triunfar la tesis actora, y por el hecho de haberse seguido una acción civil, la cual no afectaba ni directa ni indirectamente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha demandada (en la calidad de sucesora del IRYDA), para entender interrumpido el plazo de prescripción".

Segundo.-- El recurrente manifiesta, en síntesis, que aunque el IRYDA le vendió por escritura pública y pago una superficie de 10 hectáreas, 3 áreas y 64 centiáreas, posteriormente, realizada una medición de la propiedad, se comprobó que ésta poseía solamente 8 hectáreas, 76 áreas y 40 centiáreas, es decir, la superficie originaria menos las parcelas con número catastral 158- 1-2-3, ocupadas por quien dijo llamarse Alexis, quien le manifestó que la finca era de su propiedad y la tenía escriturada. Puesto en contacto con los funcionarios de la Consejería de Agricultura -continuadora del IRYNA-, éstos le dijeron que era imposible que la finca ocupada estuviera ocupada porque era suya, y al efecto le entregaron dos certificaciones donde se acredita que a pesar de la variación del trazado del Canal de agua de Hellín, no se varía el trazado del camino que discurría junto a éste. Enterado que el Sr. Alexis edificó una pequeña vivienda y vendió la propiedad, se personó nuevamente ante la Consejería de Agricultura, exponiendo la situación, y le reiteraron que los terrenos eran suyos y que le apoyarían en cualquier reivindicación que iniciara judicialmente, por lo que con fecha 20 de octubre de 2000 inició demanda judicial de Acción Reivindicatoria, que fue desestimada por Sentencia de 20 de diciembre de 2002, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de los de Hellín, de la que se desprende que el IRYDA no transmitió por venta al demandante la parcela objeto de la cuestión, y ello por la simple razón de que no la había expropiado previamente. Recurrida en apelación la anterior sentencia, se desestimó el recurso por Sentencia de 26 de noviembre de 2003, dictada por la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Albacete. Interpuesta ante la Administración la correspondiente reclamación por daños producidos, con fecha 18 de enero de 2008 se emite informe por el Jefe de la Sección Jurídica de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el que, por un lado, reconoce el error y asume la comisión de los fallos por la venta de terrenos que no eran de su propiedad, y, por otro lado, intenta echar balones fuera para evitar la responsabilidad en la que incurre, pero sin hablar en ningún momento de prescripción de la acción. Añade que "... no fue solo por la documentación emitida por la JCCM, por la que se acudió a los tribunales, sino también y tal vez por encima de ella, las distintas entrevistas mantenidas (tanto por el señor Julián como por el letrado abajo firmante) con los funcionarios de la administración (...), quienes claramente apoyaron y defendieron nuestra petición. Interpuesto recurso contencioso-administrativo, el mismo es desestimado, por prescripción de la acción, por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de fecha 9 de marzo de 2009, sentencia que considera que debe ser revisada, ya que se apoya en los argumentos esgrimidos por la Administración, cuya acción, como poco, debe ser calificada como fraudulenta, y, además, porque considera que la reclamación se ha efectuado de manera correcta, pues fue dentro del año siguiente a la firmeza de sentencia que establecía que no se había vendido lo escriturado, cuando se inició la reclamación. Por último, y con invocación del artículo 102.1.d) de la LRJCA, aprecia "maquinación fraudulenta" en la sentencia impugnada, por cuanto la misma "... ha sido ganada por medio de ardiles y artificios tendentes no solo a impedir la defensa de los derechos de mi mandante, con un proceder malicioso, a través del que se le induce a plantear una demanda, aduciendo respaldo administrativo, y una vez que de la misma se desprende la verdad, aparece ese mencionado proceder malicioso, no solo no existiendo el citado respaldo, sino que además ni tan siquiera se quiere devolver lo injustamente cobrado, alegando (como mantiene en la contestación a la demanda de recurso cont-adm) que cualquier tribunal nos quitaría la razón, pues no la tenemos. A lo que yo me revelo manteniendo que la razón es de esta parte y no de la administración y el no concederla sería injusto y premiaría a quien como mínimo, ha realizado mal su trabajo, sin entrar en mantener la postura, en base a su posición privilegiada y a ardiles administrativos".

Tercero.-- El ahora recurrente en revisión funda su recurso en el motivo del artículo 102.1.d) de la L.R.J.C.A.: "Habrá lugar a la revisión de una sentencia firme.... d) Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta", y ello al considerar que los razonamientos del Tribunal de instancia suponen "maquinación fraudulenta", por cuanto la sentencia que dicta ha sido ganada por medio de ardiles y artificios por parte de la Administración demandada.

Es doctrina jurisprudencial sumamente reiterada la que indica que la naturaleza especialísima del recurso extraordinario de revisión exige un enjuiciamiento del mismo inspirado en un criterio estricto de aplicación, con un análisis mesurado de los antecedentes fácticos y el cumplimiento riguroso de las normas legales que hacen viable dicho recurso, con obligada fundamentación de las causas o motivos taxativamente señalados en la Ley, todo ello porque al ser el aludido recurso de carácter extraordinario, en el que se permite la excepcional impugnación de una sentencia firme, con desviación evidente de los principios generales que informan a todos los recursos en general en cuanto a la intangibilidad de la cosa juzgada, el mismo sólo será procedente cuando se den los presupuestos que la Ley Jurisdiccional señala y se cumpla el motivo invocado. El principio de interpretación restrictiva es, por tanto, la primera consideración a tener en cuenta.

La segunda idea a tener presente viene dada, en el supuesto que nos ocupa, por la consideración de que quien invoca que la sentencia firme se obtuvo en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta, ha de probar irrefutablemente la existencia de ardides o artificios utilizados por una de las partes para impedir la defensa del adversario.

Ha de probarse, también, la existencia de un nexo causal eficiente y manifiesto entre le proceder malicioso y la resolución judicial.

Finalmente, ha de destacarse que tales maquinaciones han de haber tenido lugar precisamente en el proceso jurisdiccional, exigiéndose la prueba del elemento subjetivo del artificio o asechanza oculta (el "consilim fraudis), así como la del dato objetivo del resultado o daño cierto para la parte que no vio satisfecha su pretensión. El motivo de revisión que examinamos no se refiere, pues, a una maquinación ante los órganos administrativos, sino ante los judiciales, es decir, requiere que la sentencia se haya ganado injustamente por una de las partes en virtud de cualquier maquinación fraudulenta.

Cuarto.-- De la realidad del examen de la demanda de revisión se desprende que por el recurrente no se ofrece ningún argumento relativo a datos o circunstancias de los cuales pudiera resultar la existencia de ardides o artificios, que hubieran tenido lugar, precisamente, en el proceso jurisdiccional en el que se dictó la sentencia, utilizados por la parte por ella favorecida para impedir la defensa de la contraria.

En efecto, la Sala de instancia, acogiendo la causa de inadmisión del recurso opuesta por la Administración demandada, consideró que había prescrito la acción del recurrente para reclamar por responsabilidad patrimonial de la Administración, sin que se haya probado de manera irrefutable que a dicha conclusión se llegó a través de "maquinaciones fraudulentas", habida cuenta que no pueden ser calificadas de tales las circunstancias de que la sentencia aquí impugnada ha efectuado una interpretación de la interrupción de la prescripción diferente a la sostenida por el recurrente, y siendo ocioso invocar maquinaciones que puedan haber existido bien en la tramitación administrativa del expediente oportuno, bien con anterioridad, pues tanto unas como otras tienen el procedimiento contencioso para su corrección.

Por lo tanto, ninguna maquinación fraudulenta se ha producido. El demandante no trae a este recurso hecho nuevo del que resulte dicha maquinación, simplemente discrepa de la sentencia que impugna que considera contraria a Derecho. Es obvio que el recurrente no comparte las razones en las que la sentencia recurrida se basa para desestimar su recurso por prescripción de la acción, pero olvida que el recurso de revisión no es el cauce adecuado para expresar tal disidencia, pues en modo alguno puede desnaturalizarse el mismo al servicio de la impugnación de resoluciones cuyo contenido no se comparte, al margen de los estrechos límites que establece el art. 102 de la Ley de la Jurisdicción.

Quinto.-- En atención a la expuesto, procede desestimar el presente recurso de revisión por error judicial, y, en consecuencia, condenar en costas al demandante y acordar la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo dispuesto en las letras c) y e) del art. 293.1 de la L.O.P.J., en relación con los arts. 139 de la L.J.C.A. y 516.2 de la L.E.C., si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 del citado art. 139 de la L.J.C.A., señala como cantidad máxima, para los honorarios del Letrado de la parte recurrida, a efectos de las referidas costas, la cifra de 1200 euros.

Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del Pueblo español, nos confiere la Constitución.


FALLAMOS


 
Que debemos declarar, y declaramos, no haber lugar al recurso de revisión interpuesto por la representación procesal de D. Julián contra la Sentencia de 9 de marzo de 2009, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el recurso n.º 765/05, con expresa imposición de las costas causadas en el mismo a la parte recurrente, con el límite cuantitativo expresado en el último de los Fundamentos Jurídicos, y pérdida del depósito realizado.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leída y publicada fué la anterior Sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Sieira Miguez, Magistrado Ponente en estos autos; de lo que como Secretaria, certifico.-


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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