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Sentencia T.S. (Sala 3) de 16 de Diciembre de 2010


 RESUEMEN:

Huelga: servicios mínimos. Protección de los Derechos Fundamentales, se anuló la Orden 305/2008 del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen los servicios mínimos de la Consejería de Sanidad durante la huelga convocada por las organizaciones sindicales, que afecta la personal laboral y funcionario qeu realiza funciones de inspección, salud pública, sanitarias, asistenciales, análogas o equivalentes.Servicios mínimos fijados en un 100%, impiden conocer las razones por las que se fijan concretos porecentajes, dejando en manos del empleador su determinación. Desestimación del recurso.

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación número 5037/2009, interpuesto por la COMUNIDAD DE MADRID, representada por el Letrado de su Servicio Jurídico, contra la sentencia dictada el 14 de julio de 2009 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso administrativo número 382/08 tramitado por el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, contra la Orden 305/2008, de 18 de abril, del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen los servicios mínimos en la Consejería de Sanidad durante la huelga convocada por las organizaciones sindicales CCOO, CSIT-UP y UGT para los días 22 de abril y 27 de mayo de 2008.

Ha comparecido como parte recurrida la FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE MADRID, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Paloma Izquierdo Labrada y la coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid (CSIT UNIÓN PROFESIONAL), representada por la Procuradora doña Asunción Saldaña Redondo y en defensa de la legalidad el MINISTERIO FISCAL.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 14 de julio de 2009, dictó sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 382/08, seguido por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que ESTIMANDO el presente recurso contencioso- administrativo n.º 382/08, tramitado como procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Paloma Izquierdo Labrada, en nombre y representación de la Federación de Servicios Públicos de Madrid de la U.G.T., contra la Orden 305/2008, de 18 de abril, del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen los servicios mínimos en la Consejería de Sanidad durante la huelga convocada por las organizaciones sindicales CCOO, CSIT-UP y UGT, debemos ANULAR Y ANULAMOS dicha resolución por vulnerar el derecho fundamental de huelga. No ha lugar a la imposición de las costas procesales causadas en esta instancia";.

Segundo.-Contra la citada sentencia anunció recurso de casación el Letrado de la Comunidad de Madrid, que la Sala de instancia tuvo por preparado por providencia de 3 de septiembre de 2009, acordando el emplazamiento a las partes y la remisión de las actuaciones a este Tribunal Supremo.

Tercero.-Por escrito presentado el 4 de noviembre de 2009, el Letrado de la Comunidad de Madrid interpuso el recurso anunciado y, después de exponer los motivos que estimó oportunos, solicitó a la Sala: "Se sirva admitir este escrito, y teniendo por interpuesto el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid n.º 1009, de 14 de julio de 2009, dictada en el recurso referenciado, en su día dicte otra casando aquélla, y declare ajustada a derecho la Orden 305/08 del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid";.

Cuarto.-Admitido a trámite, se remitieron las actuaciones a esta Sección Séptima, conforme a las reglas del reparto de asuntos y se concedió traslado a los recurridos a fin de que, en plazo de treinta días, formalizaran escrito de oposición, trámite evacuado por el Ministerio Fiscal y por la FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MADRID DE LA UGT respectivamente mediante escritos de 22 de febrero y 25 de marzo de 2010.

Quinto.-Por diligencia de ordenación de 13 de abril de 2010 se declaró precluído el trámite de oposición respecto de la CSIT UNIÓN PROFESIONAL.

Sexto.-Cumplidas las prescripciones legales se señaló para votación y fallo el día 7 de diciembre de 2010.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Jose Gonzalez Rivas,


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El objeto del recurso se concreta en determinar la conformidad al ordenamiento jurídico de la sentencia de fecha 14 de julio de 2009 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 382/08, tramitado por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, en la que, estimando el recurso interpuesto por la Federación de Servicios Públicos de Madrid de la UGT, anuló la Orden 305/2008, de 18 de abril, del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen los servicios mínimos en la Consejería de Sanidad durante la huelga convocada por las organizaciones sindicales CCOO, CSIT-UP y UGT, desde las 22.00 horas del día 22 de abril hasta las 22.00 horas del día 23 de abril de 2008 y desde las 22.00 horas del día 27 de mayo hasta las 22.00 horas del día 28 de mayo de 2008, que afecta al personal laboral y funcionario adscrito al Área Sanitaria- Asistencial que realiza funciones de inspección, salud pública, sanitarias, asistenciales, análogas o equivalentes.

Segundo.-La sentencia, después de trascribir la doctrina constitucional sobre la motivación de las resoluciones que limitan el derecho de huelga -contenida en las STC 8/92, de 16 de enero y 27/89, de 3 de febrero -, concluye que la Orden impugnada carece de aquella motivación y por ello vulnera el derecho fundamental de huelga en base a las siguientes razones expuestas en su fundamento de derecho cuarto que a los efectos de la resolución de este recurso, extractamos, en lo esencial:

- La resolución impugnada, tras explicar en sus antecedentes de hecho, quiénes son los convocantes de la huelga (las organizaciones sindicales ya mencionadas) y su duración de dos días completos de 24 horas cada uno, pero separados por más de un mes de diferencia, y el personal laboral y funcionario afectado por la huelga, así como los centros concretos afectados, contiene en su fundamentación jurídica una amplia referencia general a la doctrina constitucional sobre el derecho de huelga y, tras determinar el carácter esencial del servicio al que la huelga afecta por estar concernida la protección de la salud (art. 43 CE), sin más, remite a su Anexo la determinación de los concretos servicios mínimos. En este Anexo se fijan los servicios mínimos en sus cinco apartados: el primero, referido a los centros no hospitalarios; el segundo, a los centros hospitalarios; el tercero, al centro de transfusión; el cuarto, al personal y dependencias de salud pública; y el quinto, a las inspecciones sanitarias.

- Como se argumenta en la demanda, no se contiene motivación alguna que explique por qué en los centros no hospitalarios, se establece en el 100%, los servicios mínimos del Servicio Summa 112, los del personal de atención pública domiciliaria y también en el Centro ARCO, carencia de motivación que contrasta con el hecho de que la fijación de servicios mínimos en el total de la plantilla supone la eliminación del derecho de huelga para quienes prestan sus servicios en tales actividades. En los restantes servicios del apartado relativo a centros no hospitalarios, se establece un número concreto de personal de determinada categoría, sin que se sepa siquiera cuál es la plantilla ordinaria para poder examinar la proporción que el número de personas indicado supone.

- Esta misma técnica se sigue también en el apartado relativo a "personal y dependencias de salud pública" y en el relativo a "Inspecciones sanitarias", sin que se explique, tampoco, el por qué de la esencialidad de tales servicios (áreas 1 a 11, laboratorio, inspección sanitaria, etc.) en una huelga de la duración indicada.

- En cuanto a los servicios mínimos del Centro de Transfusiones, se fijan éstos, en unos casos, mediante porcentajes que van desde el 20% en algunos casos hasta el 100% en otros, sin que se ofrezca explicación alguna de por qué se han establecido estos porcentajes y no otros distintos; en otros casos, se establece también un número concreto de personal de determinada categoría, sin que se sepa siquiera cuál es la plantilla ordinaria para poder examinar la proporción que el número de personas indicado supone; y en fin, tampoco se explica por qué se fijan servicios mínimos en esos concretos departamentos cuya esencialidad no se justifica.

- Respecto de los centros hospitalarios, se establecen como servicios mínimos, con carácter general, el personal de domingo y festivos, salvo diversas excepciones que se relatan a continuación en la resolución impugnada, sin que se explique por qué ha de establecerse un personal superior al de domingos y festivos (por ejemplo en Informática, Admisión y Archivo, Recepción y Atención al usuario, etc.) en una huelga de dos jornadas de 24 horas de duración cada una, pero separadas por más de un mes, sino que los servicios mínimos se fijan de forma imprecisa, pues se utiliza la fórmula de "se garantizará" y así, por ejemplo en Informática: se asegurará la presencia de la plantilla que garantice el funcionamiento adecuado de las aplicaciones informáticas de uso general y departamentales necesarias para el normal funcionamiento de las distintas unidades; en Recepción y atención al usuario: se garantizará la atención e información de los usuarios en el área de recepción de urgencias y la atención y recogida de las reclamaciones que puedan presentarse en el servicio de atención al usuario, sin que pueda saberse, con un mínimo de precisión, cuánto personal y de qué tipo y categoría es éste, dejando, por tanto, en manos del empleador la determinación de los servicios mínimos.

En este punto la sentencia recurrida invoca las SSTC 26/81, 51/86, 53/86, 27/89 y 16 de enero de 1992.

Concluye la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida basándose en los siguientes criterios extractados:

- En el presente caso, la fórmula utilizada para la determinación de los servicios mínimos en algunos de los departamentos, servicios o tareas mencionados en el apartado atinente a los centros hospitalarios adolece de tal grado de indefinición que no es que remita al empleador la concreta fijación técnica y funcional o la puesta en práctica de unos servicios mínimos previamente determinados y concretados por la autoridad gubernativa, sino que deja, realmente, en sus manos, ante la imprecisión de algunos de sus apartados, la determinación misma de los servicios mínimos, incumpliéndose así los postulados de la doctrina constitucional sobre el derecho de huelga.

- Tampoco se explica en la resolución impugnada por qué se considera esencial el servicio de presentación de reclamaciones de los usuarios, o la asistencia programada sanitaria no urgente. Ninguna explicación se contiene en la resolución impugnada sobre la necesidad de calificar como esenciales esos servicios y la consiguiente necesidad de fijar servicios mínimos en ellos, por ejemplo, por su incidencia en listas de espera, en el retraso en la atención sanitaria, etc., con la consiguiente afectación de las necesidades vitales que los servicios esenciales tratan de cubrir, que es la razón por la que se fijan servicios mínimos para su mantenimiento, aunque sin alcanzar su nivel de rendimiento habitual.

Tercero.-- El recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Madrid contiene un único motivo formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la LJCA en el que denuncia la infracción del artículo 28 de la Constitución y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional recogida en las sentencias 51/86 y 43/90 y del Tribunal Supremo recogida en las sentencias de 8 y 23 de noviembre de 1989 y con apoyo en la doctrina contenida en las sentencias invocadas, señala que el porcentaje de servicios mínimos del 100% exigido en el SUMMA 112, en la atención pública domiciliaria y en el Centro ARCO no requieren mayor motivación vista la naturaleza de dichos servicios, o más precisamente, sería una carencia de motivación que no causa indefensión alguna a la recurrente que conoce perfectamente los servicios prestados en dichos centros no hospitalarios, cuyo carácter esencial es evidente y de general conocimiento, lo que permite moderar el rigor de la exigencia de motivación.

Respecto al resto de centros no hospitalarios la parte recurrente en casación discrepa de la desproporcionalidad atribuida por la sentencia impugnada a los servicios mínimos ya que sólo se requiere la presencia de los responsables del centro en los centros de salud mental, en la comunidad terapéutica Villaviciosa y en otros centros, y de un profesional de cada categoría entre los diversos turnos y en cuanto al centro de transfusiones considera que la sentencia impugnada no tiene en cuenta la precisión de que los servicios mínimos se fijarán "de acuerdo al nivel de stock que se tenga 72 horas antes del inicio de la huelga" por lo que está remitiendo al empleador la concreta fijación técnica y funcional de aquéllos tal como permite la STC de 16 de enero de 1992.

Por último, en cuanto al personal y dependencias de salud pública y las inspecciones sanitarias afirma que no existe carencia de motivación al exigirse sólo la presencia de uno o dos miembros de uno, como máximo de dos, cuerpos funcionariales por centro de trabajo y en cuanto a los centros hospitalarios, los servicios se encuentran fijados con precisión ya que se habla de servicios concretos como sucede en el caso de "cirugía de autotransfusión" ó "cirugía oncológica programada", remitiéndose al empleador la concreta fijación técnica y funcional de los servicios mínimos.

Cuarto.-Han formulado alegaciones:

a) La Federación de Servicios Públicos de Madrid de la UGT que se opone al recurso de casación al entender que la Orden 305/2008 no justifica debidamente la esencialidad de los servicios incluidos en la misma, ni los servicios mínimos decretados y niega que el carácter esencial de los servicios, atendida la gran diversidad de los incluidos en la Orden (por ejemplo, Servicios Oficiales de Veterinarios en Mataderos e Industrias Cárnicas o la Inspección Sanitaria), resulte tal como pretende la recurrente de su evidencia y notoriedad, que tampoco justifica sin más los servicios mínimos establecidos.

b) El Ministerio Fiscal solicita la desestimación del recurso de casación al entender que la sentencia impugnada no ha vulnerado el derecho fundamental de huelga, ni la jurisprudencia invocada por el recurrente sin que los fundamentos jurídicos alegados por aquél para combatir la sentencia recurrida tengan eficacia alguna en orden a destruir las conclusiones contenidas en aquélla.

Quinto.-Planteado en estos términos el objeto de debate con carácter previo a su examen, procede recordar los criterios jurisprudenciales aplicables al caso examinado que, en un afán de síntesis, son los siguientes:

A) De la jurisprudencia constitucional:

a) Los límites del derecho de huelga derivan no sólo de su posible conexión con otros derechos constitucionales, sino también con otros bienes constitucionalmente tutelados (STC 11/1981, fundamentos jurídicos 7.º y 9.º) y el artículo 28.2 C.E., al hacer referencia a las garantías precisas para asegurar en caso de huelga el mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad, tiene el significado de expresar que el derecho de los trabajadores de defender y promover sus intereses mediante dicho instrumento de presión cede cuando con ello se ocasiona o se pueda ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas sufren. En la medida en que la destinataria y acreedora de aquellos servicios esenciales es la comunidad entera y los servicios son al mismo tiempo esenciales para ella, la huelga no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los mismos, pues "el derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho de huelga" (STC 11/1981, fundamento jurídico 18).

b) La noción de servicios esenciales hace referencia a la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza, conectándose con los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos, lo que mejor concuerda con los principios que inspira nuestra Constitución (STC 26/1981, fundamento jurídico 10) puesto que los servicios esenciales no quedan lesionados o puestos en peligro por cualquier situación de huelga, siendo necesario examinar en cada caso las circunstancias concurrentes en la misma (SSTC 26/1981, fundamento jurídico 10; 51/1986, fundamento jurídico 2.º).

c) En la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales la autoridad gubernativa ha de ponderar la extensión -territorial y personal-, duración prevista y demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute (SSTC 26/1981, fundamentos jurídicos 10 y 15; 53/1986, fundamento jurídico 3.º).

Quiere ello decir que la motivación de la decisión de la autoridad gubernativa requiere que en la misma figuren los factores o criterios cuya ponderación ha conducido a determinar cuáles son los servicios mínimos, sin que sean suficientes indicaciones genéricas, aplicables a cualquier conflicto, de las que no es posible deducir cuáles son los elementos valorados por aquella autoridad pues en definitiva, han de explicitarse, siquiera sea sucintamente, los criterios seguidos para fijar el nivel de tales servicios, de forma que por los Tribunales, en su caso, y en su momento, se pueda fiscalizar la adecuación de las medidas adoptadas (por todas, STC 53/1986, fundamentos jurídicos 6.º y 7.º; también STC 26/1981, fundamentos jurídicos 14 y 15; STC 51/1986, fundamento jurídico 4.º; STC 27/1989, fundamentos jurídicos 4.º y 5.º).

d) En las huelgas que se produzcan en servicios esenciales de la comunidad debe existir proporción entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de aquéllos (STC 26/1981, fundamento jurídico 15). El mantenimiento de los servicios (STC 33/1981, fundamento jurídico 4.º), no puede significar en principio el funcionamiento normal del servicio (SSTC 51/1986, fundamento jurídico 5.º; 53/1986, fundamento jurídico 3.º) y el interés de la comunidad debe ser perturbado por la huelga sólo hasta extremos razonables (STC 51/1986, fundamento jurídico 5.º).

e) En fin, procede destacar lo señalado por el Tribunal Constitucional en STC 183/2006, de 19 de junio de 2006, que en su fundamento jurídico 6.º se expresa en los siguientes términos: "Por otra parte, debe significarse que la norma preconstitucional que todavía en el momento actual sigue utilizándose como base para el establecimiento por la autoridad gubernativa de las limitaciones del concreto ejercicio del derecho de huelga en garantía del mantenimiento de los servicios esenciales, esto es, el artículo 10.2 Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, establece elementos de rigor no siempre debidamente atendidos y, desde luego, no respetados en este caso. En efecto, el supuesto de hecho en que pueden imponerse medidas limitadoras se compone de dos elementos: uno, la calificación del servicio ("servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad") y otro, de carácter circunstancial ("y concurran circunstancias de especial gravedad"), que debe concurrir en ambos términos de la alternativa del primer elemento. No basta así con la calificación del servicio para justificar las medidas limitativas, sino que éstas, en su caso, deben ajustarse a las circunstancias, que deben ser no sólo graves sino de especial gravedad (en este sentido el FJ 18 de la STC 11/1981 tempranamente advirtió que, "en algún sentido, el artículo 10 del Real Decreto-ley 17/77 es más estricto que el artículo 28.2 de la Constitución")";.

B) De esta Sala:

a) La esencialidad del servicio sólo será en aquellos casos en que la satisfacción de los intereses afectados exija el mantenimiento del servicio, en la medida y con la intensidad en que efectivamente lo exija, puesto que los servicios esenciales no son dañados o puestos en peligro por cualquier situación de huelga, siendo necesario examinar en cada caso las circunstancias concurrentes en la misma (sentencias de 20 de febrero de 1998 y 28 de octubre de 2003).

b) Es reiterada la jurisprudencia al exigir, respecto de la fijación de los servicios mínimos, la expresión de los criterios objetivos en función de los cuales se procede a su fijación, puesto que la causalización o motivación de los servicios esenciales y de los servicios mínimos en cuanto que éstos implican límites al ejercicio de un derecho fundamental se hace precisa, debiendo referirse la motivación a los niveles conceptuales de servicios esenciales, de servicios mínimos y de efectivos personales precisos para el desempeño de estos últimos, ofreciendo una fundamentación razonada (por todas, las SSTS, 3.ª, 7.ª de 29 de junio de 2005, 19 de enero, 26 de marzo y 30 de abril de 2007, 21 de enero de 2008 y 28 de septiembre de 2009).

c) Complementando esa exposición, la sentencia de esta Sala de 15 de enero de 2007 (casación 7145/02) perfila el alcance de la exigencia de motivación en las resoluciones que fijan los servicios mínimos señalando que "no basta para satisfacer las exigencias constitucionales con manifestar ante quienes convocan una huelga qué servicios considera la Administración que han de ser garantizados y el personal llamado a prestarlos. La concreción que exige la jurisprudencia significa que han de exponerse los criterios en virtud de los cuales se ha llegado a identificar tales servicios como esenciales y a determinar quiénes han de asegurarlos a la luz de las circunstancias singulares de la convocatoria de que se trate. Son, precisamente, esos los datos relevantes para examinar si se ha observado la necesaria proporción entre el sacrificio que comportan para el derecho de los trabajadores y los bienes o intereses que han de salvaguardar".

Sexto.-Aplicando la doctrina jurisprudencial anteriormente expuesta al concreto supuesto que nos ocupa, la parte recurrente no desvirtúa los razonamientos contenidos en la sentencia impugnada que conducen a la estimación del recurso y que vienen constituidos: a) Por la ausencia de justificación en la Orden 305/2008 de los servicios que considera esenciales y b) por la carencia de motivación de los servicios mínimos que establece, bien porque suponen la eliminación del derecho de huelga (en el caso de los servicios mínimos fijados en un 100%); impiden conocer las razones por las que se fijan concretos porcentajes (entre el 20 y el 100%) y no otros distintos, o la proporcionalidad (en el caso de los establecidos mediante un número concreto e identificación de la categoría profesional de los llamados a prestarlos, sin que se conozca la plantilla ordinaria); o porque adolecen de tal grado de imprecisión e indeterminación que, en definitiva, dejan en manos del empleador su determinación.

Séptimo.-Así, y frente a la primera apreciación de la Sala de Madrid la parte recurrente sostiene, con cita de las sentencias del Tribunal Constitucional 51/86 y 43/90 y de esta Sala que considera infringidas, la innecesariedad de justificar el carácter esencial de los servicios cuando aquél resulta evidente y de general conocimiento.

Sobre este punto, como dijimos en la sentencia de 21 de enero de 2008 (casación 2685/2005) en relación a idéntico argumento, aun admitiendo que en el supuesto del servicio SUMMA 112 pudiera, por su carácter de urgencia, acogerse esta tesis lo cierto es que la existencia de un servicio mínimo esencial no debe ser obstáculo para que el derecho fundamental de huelga exija que cualquier sacrificio del derecho fundado en este motivo sea suficiente y expresamente fundamentado, lo que no ha sucedido en el supuesto examinado.

Esta motivación resultaba tanto más exigible en relación a los otros dos servicios: personal de atención pública domiciliaria y centro ARCO que fueron invocados expresamente por la parte recurrente, así como la referencia a todos aquellos cuya esencialidad considera no debidamente justificada la sentencia de instancia, tales como personal y dependencias de salud pública, inspecciones sanitarias, centro de transfusiones, servicio de presentación de reclamaciones de los usuarios o la asistencia programada sanitaria no urgente, sobre los que nada dice en el aspecto cuestionado el recurso de casación.

Finalmente, respecto a la carencia de motivación de los concretos servicios mínimos que reprocha la sentencia impugnada en los términos antes expuestos, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial referida, la hipotética esencialidad del servicio que, en este caso, además, no está está justificada, no constituye por si sola razón suficiente para el establecimiento de los servicios mínimos en un 100%, sin que la parte recurrente proporcione ningún otro argumento jurídico con suficiente relevancia para enervar los acertados razonamientos de la sentencia impugnada, que procede confirmar.

Octavo.-Los razonamientos expuestos conducen a la desestimación del recurso de casación y de acuerdo con lo establecido por el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción procede imponer las costas a la parte recurrente hasta el límite de 2.000 euros en cuanto a los honorarios del Letrado de la parte recurrida.


FALLAMOS


 
Desestimamos el recurso de casación número 5037/2009, interpuesto por la COMUNIDAD DE MADRID, representada por el Letrado de su Servicio Jurídico, contra la sentencia dictada el 14 de julio de 2009 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso administrativo número 382/08 tramitado por el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, contra la Orden 305/2008, de 18 de abril, del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen los servicios mínimos en la Consejería de Sanidad durante la huelga convocada por las organizaciones sindicales CCOO, CSIT-UP y UGT para los días 22 de abril y 27 de mayo de 2008, con imposición de costas a la parte recurrente en casación en los términos establecidos en el último fundamento de esta sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Juan Jose Gonzalez Rivas, estando constituida la Sala en audiencia pública en el día de su fecha, lo que, como Secretario de la misma, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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