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Sentencia T.S. (Sala 3) de 16 de Diciembre de 2010


 RESUMEN:

Relación de puestos de trabajo: modificación. Plantilla presupuestaria de la Consejería de Hacienda, así como del Instituto de la Vivienda de Madrid única y exclusivamente en cuanto a la forma de provisión de los puestos de trabajo no puede ser por libre designación. No procede acoger los motivos de la demanda relativos a la omisión de la negociación , por considerar que el sindicato accionante no es titular del derecho de negociación colectiva. Desestimación del recurso de casación.

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Séptima por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación n.º 4347/2007 interpuesto por la COMUNIDAD DE MADRID, representada por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, contra la sentencia dictada el 2 de marzo de 2007 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso n.º 2548/2002, sobre impugnación de las siguientes Órdenes del Consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid por las que se modifican las Relaciones de Puestos de Trabajo y las plantillas presupuestarias: a) De la Consejería de Hacienda: Órdenes de 26 de junio de 2002 (2); 30 y 29 de julio de 2002; b) De la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas: Órdenes de 11, 16 y 19 de julio de 2002; c) De la Consejería de Presidencia: Orden de 15 de julio de 2002; d) Del Instituto de la Vivienda de Madrid: Orden de 25 de julio de 2002; e) De la Consejería de Servicios Sociales: Orden de 31 de julio de 2002 y; f) De la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes: Orden de 28 de agosto de 2002.

Se ha personado, como parte recurrida, la FEDERACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE COMISIONES OBRERAS, representada por la Procuradora doña Isabel Cañedo Vega.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En el recurso n.º 2548/2002 seguido en la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 2 de marzo de 2007 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso contencioso- administrativo interpuesto por el Letrado D. Ángel Vargas Martín en nombre y representación de la FEDERACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CC.OO. contra las resoluciones descritas en el Fundamento de derecho primero, salvo la Orden de 26 de junio de 2002 que modifica el puesto de trabajo NUM051, y en su consecuencia, debemos anular y anulamos parcialmente, por ser contrarias a Derecho única y exclusivamente en cuanto a que la forma de provisión de los puestos de trabajo no puede ser de libre designación, las siguientes Órdenes de la Consejería de Hacienda: Orden de 26 de junio de 2002, en cuanto al puesto de trabajo NUM000; Orden de 11 de julio de 2002, en cuanto a los puestos NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM008 y NUM009; Orden de 16 de julio de 2002, en cuanto al puesto NUM010; Orden de 15 de julio de 2002, en lo que se refiere a los puestos NUM011 y NUM012; Orden de 19 de julio de 2002 en cuanto al NUM052; Orden de 30 de julio de 2002 en relación a los puestos NUM013, NUM014, NUM015, NUM016, NUM017, NUM018, NUM019, NUM020, NUM021, NUM022, NUM023, NUM024, NUM025, NUM026, NUM027, NUM028, NUM029, NUM030, NUM031, NUM032 y NUM033; Orden de 29 de julio de 2002, en cuanto modifica los puestos NUM034, NUM035, NUM036, NUM037, NUM038, NUM039, NUM040 y NUM041; Orden de 29 de julio de 2002 en lo referente a los puestos NUM042, NUM043, NUM044, NUM045 y NUM046; Orden de 25 de julio de 2002 en relación con el puesto NUM047; Orden de 31 de julio de 2002 en lo que se refiere al puesto NUM048; y Orden de 28 de agosto de 2002 en cuanto a los puestos NUM049 y NUM050. Pronunciamientos por los que habrán de estar y pasar los contendientes; y todo ello sin efectuar declaración alguna en cuanto a costas".

Segundo.-El Letrado de la Comunidad de Madrid preparó recurso de casación contra la citada sentencia mediante escrito de 19 de abril de 2007 que la Sala de instancia tuvo por preparado mediante providencia de 25 de junio de 2007, acordando el emplazamiento a las partes y la remisión de las actuaciones a este Tribunal Supremo.

Tercero.-El Letrado de la Comunidad de Madrid interpuso el recurso de casación mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Supremo el 12 de noviembre de 2007 en el que, tras exponer los motivos que estimó pertinentes, solicitó a la Sala que dicte sentencia casando la recurrida y declarando la conformidad en Derecho de las Órdenes recurridas.

Cuarto.-Admitido a trámite el recurso, se remitieron las actuaciones a esta Sección Séptima, conforme a las reglas del reparto de asuntos y, por providencia de 25 de abril de 2008, se dio traslado del escrito de interposición a la parte recurrida para que formalizara su oposición.

Quinto.-La Procuradora doña Isabel Cañedo Vega, en representación de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de Comisiones Obreras, se opuso al recurso por escrito presentado el 12 de junio de 2008 en el que solicito a esta Sala: "se dicte auto de inadmisión al quedar comprendido dicho recurso de casación dentro del apartado e) del ordinal 2, del artículo 93 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo o, para el supuesto de no ser acogida dicha petición, en definitiva dicte sentencia, por la que previa desestimación del recurso de casación, confirme en todos sus términos la sentencia recurrida".

Sexto.-Conclusas las actuaciones se señaló para votación y fallo el día 7 de diciembre de 2010.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Jose Gonzalez Rivas,


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El objeto del recurso se concreta en determinar la conformidad al ordenamiento jurídico de la sentencia dictada con fecha 2 de marzo de 2007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 7.ª) que estimó en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de Comisiones Obreras y anuló las Órdenes del Consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid por las que se modificó la Relación de Puestos de Trabajo y la plantilla presupuestaria de esa y otras Consejerías, así como del Instituto de la Vivienda de Madrid única y exclusivamente en cuanto a que la forma de provisión de los puestos de trabajo no puede ser de libre designación.

Segundo.-Con carácter previo al examen del recurso procede señalar que la sentencia recurrida anula la relación de los puestos, salvo el puesto n.º NUM051 en la forma que consta en el folio 355 del expediente, correspondiente a la Orden de 26 de junio de 2002, por lo que la delimitación de los puestos de trabajo era la siguiente:

-Número NUM000 de la Consejería de Hacienda "Sección Compras".

-Números NUM001 "Sección Cooperación y Estudios", NUM002 "Sección Justicia Gratuita", NUM003 "Sección Ejecución Presupuestaria", NUM004 "Sección Servicios y Suministros", NUM005 "Sección Obras e Inversiones", NUM006 "Sección Convenios y Subvenciones", NUM007 "Sección Gestión de Personal", NUM008 "Sección Gestión Económica" y NUM009 "Sección Formación", todos ellos de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas.

-Número NUM010 "Sección Apoyo a la Oficina Judicial" de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas.

-Número NUM011 "Sección Gestión del Juego" y NUM012 "Sección Sanciones del Juego" de la Consejería de Presidencia.

-Número NUM052 "Sección Asesoramiento Jurídico Municipal" de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas

-Números NUM013 "Sección Gestión Presupuestaria", NUM014 "Sección Régimen Interior II", NUM015 "Sección Régimen Interior I", NUM016 "Sección Programas Presupuestarios Educativos I", NUM017 "Sección Programas Presupuestarios Educativos II", NUM018 "Sección Programas Presupuestarios Sanitarios I", NUM019 "Sección Programas Presupuestarios Sanitarios II", NUM020 "Sección Programas Presupuestarios Sanitarios III", NUM021 "Sección Programas Presupuestarios Servicios Sociales", NUM022 "Sección Programas Presupuestarios Económicos", NUM023 "Sección Programas Presupuestarios Laborales", NUM024 "Sección Consultoría Normativa", NUM025 "Sección Programas Presupuestarios de Medio Ambiente", NUM026 "Sección Caja", NUM027 "Sección Caja", NUM028 "Sección Caja de Depósitos", NUM029 "Sección Atención al Público", NUM030 "Sección Sistemas Informáticos, Financieros y Bancarios", NUM031 "Sección Ingresos y Conciliación Bancaria", NUM053 "Sección Operaciones Financieras" y NUM033 "Sección Gestión de Suministros", todos ellos de la Consejería de Hacienda.

-Números NUM034 "Sección Análisis de Estructuras de Financiación de Inversiones", NUM035 "Sección Desarrollo de Estructuras de Financiación e Inversiones", NUM036 "Sección Análisis Económico- Financiero del Sector Público", NUM037 "Sección Junta Consultiva de Contratación Administrativa", NUM038 "Sección Normativa y Procedimiento", NUM039 "Sección Coordinación del Régimen Singular del Personal Docente", NUM040 "Sección Coordinación del Régimen Singular del Personal de la Administración de Justicia" y NUM041 "Sección Coordinación del Régimen Singular del Personal Sanitario", todos ellos de la Consejería de Hacienda.

-Números NUM042 "Sección Plantillas, RPT y Estructuras", NUM043 "Sección Sistemas de Información", NUM044 "Sección Registro de Personal", NUM045 "Sección Carrera Administrativa" y NUM046 "Sección Gestión de Reconocimientos" de la Consejería de Hacienda.

-Número NUM047 "Sección de Personal" del Instituto de la Vivienda de Madrid.

-Número NUM048 "Sección Estudios y Programación" de la Consejería de Servicios Sociales.

-Números NUM049 "Sección de la Comisión de Urbanismo" y NUM050 "Sección de Reclamaciones y Asuntos contenciosos" de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Tercero.-La estimación parcial de la sentencia recurrida viene determinada en sus fundamentos y al explicar que no procedía acoger los motivos de la demanda relativos a la omisión de la negociación que el sindicato recurrente consideraba preceptiva sobre las mencionadas Órdenes, por considerar, en primer lugar, que el sindicato accionante no era titular del derecho de negociación colectiva, depositado en las Mesas de Negociación a las que nunca reclamó participación y, en segundo lugar, que la negociación con las Organizaciones Sindicales no resultaba obligatoria al no constituir las Órdenes impugnadas una modificación sustancial de las Relaciones de Puestos de Trabajo sino modificaciones puntuales justificadas por las necesidades organizativas de la Administración actuante, ni afectar a las condiciones de trabajo del personal.

Por el contrario, señala la sentencia recurrida que la estimación parcial era obligada porque la demanda tenía razón en considerar contraria a Derecho la provisión por libre designación de los puestos indicados sin aportar la motivación que justificase la procedencia de ese sistema en vez del ordinario del concurso y observa que la Comunidad Autónoma de Madrid parece exteriorizar la voluntad de establecer como forma normal y generalizada de provisión de los puestos con nivel de complemento de destino 26 o superior la libre designación, presumiendo que todos ellos ostentan la doble cualidad de ser puestos de especial responsabilidad y de carácter directivo, y que en el expediente no consta (a excepción del puesto de trabajo número NUM051 modificado por la Orden de 26 de junio de 2002) por qué han de merecer esa consideración careciendo de aptitud a tal fin la descripción de sus funciones.

Cuarto.-Los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid interponen dos motivos de casación contra esta sentencia, basados en el artículo 88.1.d) de la LJCA.

El primero se basa en la infracción de los artículos 19 y 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, por no considerar suficiente la justificación ofrecida por las correspondientes Memorias sobre la especial responsabilidad de los puestos cuya provisión por libre designación se establecía.

El segundo se fundamenta, sustancialmente, en la infracción de la jurisprudencia y señala que es la naturaleza de las funciones a desempeñar la que determina la validez de su convocatoria mediante el sistema de libre designación, concepto jurídico indeterminado definido en cada caso concreto a partir de los parámetros del artículo 20.1 b) de la Ley 30/1984.

La parte recurrente en casación recuerda que en la Comunidad de Madrid, las jefaturas de servicio dependían directamente de los directores generales, al no existir la figura del subdirector general hasta que fue establecida por la Ley 2/2004, de 31 de mayo y en ese contexto, entiende la recurrente que se han respetado los requisitos exigidos, entre otras, por la sentencia de esta Sala de 24 de febrero de 2004 para utilizar el sistema de libre designación, ya que solamente se ha aplicado de forma excepcional en puestos de trabajo en los que la naturaleza de sus funciones conlleva una especial responsabilidad.

Quinto.-En su escrito de oposición CCOO afirma, en primer lugar, que se dan las condiciones para inadmitir el recurso de casación según el artículo 93.2 e) de la LJCA pues las Órdenes impugnadas no pueden ser consideradas disposiciones de carácter general. Del mismo modo, sostiene que el recurso carece de interés casacional por no afectar a un número importante de situaciones. Subsidiariamente, pide que lo desestimemos pues los motivos no explican por qué la sentencia habría infringido los artículos 19 y 20 de la Ley 30/1984 e insiste en que la jurisprudencia subraya la necesidad de que la utilización del sistema de libre designación para proveer puestos de trabajo sea objeto de especial motivación en la medida en que se aparta del procedimiento ordinario del concurso, así como en que el escrito de interposición no hace más que reiterar argumentos ya expuestos en la instancia. Sobre el segundo motivo apunta que la sentencia de la Sala de Madrid en modo alguno contradice la jurisprudencia del Tribunal Supremo invocada por la recurrente.

Sexto.-Planteado en estos términos el objeto de debate procede analizar, en primer lugar, las causas de inadmisión opuestas por la parte recurrida y sobre el primero de los motivos de oponibilidad, es constante la jurisprudencia [ sentencias de 1 de marzo de 2004 (casación 9874/1998) y de 7 de marzo de 2005 (casación 4246/1999), entre muchas otras] que, a los efectos del acceso al recurso de casación, confiere a las relaciones de puestos de trabajo el mismo trato que a las disposiciones generales.

Por otro lado, tampoco falta el interés casacional ya que, con independencia del concreto número de puestos de trabajo afectados, la cuestión a dirimir sí posee relevancia suficiente al versar sobre las condiciones de utilización de un procedimiento extraordinario como el de libre designación para proveer puestos de trabajo en las Administraciones Públicas al plantearse una cuestión, en sede de legalidad ordinaria, susceptible de valoración, siguiendo la más reciente doctrina de esta Sala contenida en el Auto resolutorio del recurso de casación n.º 3287/2009 de fecha 28 de octubre de 2010.

Los razonamientos expuestos conducen a desestimar las excepciones opuestas por la parte recurrida.

SEPTIMA.- La conexión de los dos motivos nos lleva a considerar su análisis conjunto y a señalar que la sentencia recurrida ni infringe los artículos 19 y 20 de la Ley 30/1984, extremo sobre el que, ciertamente, el escrito de interposición no ofrece explicación bastante de cómo se habría producido, ni vulnera la doctrina contenida en la Sentencia de 24 de febrero de 2004 (casación 8995/1998), ni la de las que en ella se citan.

Por el contrario, la jurisprudencia de esta Sala ha recordado el carácter excepcional que la Ley asigna al sistema de libre designación y ha subrayado la necesidad de que, cuando se considere necesario acudir a él, se haga también excepcionalmente, y justificando, caso por caso, por qué debe utilizarse [ sentencias de 6 de mayo de 2010 (casación 1974/2007), 30 y 11 de marzo de 2009 (casación 4188/2005 y 2332/2005 respectivamente), 9 de febrero de 2009 (casación 7168/2004), 10 de diciembre de 2008 (casación 10351/2004), 24 de septiembre de 2008 (casación 5231/2004), 2 de julio de 2008 (casación 1573/2004), 7 de abril de 2008 (casación 7657/2003), 17 de diciembre de 2007 (casación 596/2005), 17 de septiembre de 2007 (casación 5466/2002), 16 de julio de 2007 (casación 1792/2004), entre otras].

Octavo.-La aplicación de este reiterado criterio jurisprudencial conduce a no estimar los argumentos de la Comunidad de Madrid en la descripción de los rasgos de los puestos de trabajo controvertidos al considerar que pueden obtenerse de las propias relaciones y, en general, del expediente administrativo, sin que la circunstancia de que se trate de puestos con nivel 26 o superior, ni la posición que les corresponda en la organización administrativa sean razones que, por sí mismas, sirvan para justificar la opción seguida sobre su provisión por la Comunidad de Madrid.

En todo caso, la naturaleza de los cometidos a desempeñar y la especial responsabilidad que puedan implicar tales puestos son las razones que podrían, en su caso, hacerlo, pero se trata de extremos que no pueden presumirse, sino que su concurrencia debe ser explicada de manera suficientemente precisa y particularizada por la Administración, cumpliendo el criterio legal y jurisprudencial, por la excepcionalidad de la libre designación, lo que no ha sucedido en la cuestión planteada según se infiere del examen de las actuaciones y del expediente administrativo.

Noveno.-Los razonamientos expuestos conducen a desestimar el recurso de casación.

A tenor de lo establecido por el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, procede imponer las costas a la parte recurrente pues no se aprecian razones que justifiquen no hacerlo. A tal efecto, la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 de ese precepto legal, señala como cifra máxima a que asciende la imposición de costas por honorarios de abogado la de 2.000 €. Para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sala en razón de las circunstancias del asunto y de la dificultad que comporta.


FALLAMOS


 
Desestimamos el recurso de casación n.º 4347/2007, interpuesto por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid contra la sentencia dictada el 2 de marzo de 2007, por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 2548/2002, e imponemos a la parte recurrente las costas del recurso de casación en los términos señalados en el último de los fundamentos jurídicos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Juan Jose Gonzalez Rivas, estando constituida la Sala en audiencia pública en el día de su fecha, lo que, como Secretario de la misma, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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