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Sentencia T.S. (Sala 3) de 23 de junio de 2010


 RESUMEN:

Recurso de revisión por error judicial: Las obras que se estaban ejecutando mediante licencia obtenida por silencio positivo no se ajustaban a los proyectos presentados, pues incluían la creación de un muro no contemplado en los mismos. La ausencia de la documentación para la construcción del controvertido muro, no sólo es un defecto de documentación, sino la falta de un elemento imprescindible para obtener la licencia para la edificación del edificio de apartamentos. Se desestima el recurso.

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Junio de dos mil diez.

VISTO por la Sección Segunda de la Sala Tercera de este Tribunal, integrada por los Excmos. Señores Magistrados anotados al margen, el Recurso de Revisión por Error Judicial interpuesto por D. Obdulio y la entidad mercantil "MB & GA, S.L.", representados por la Procuradora D.ª Marta Uriarte Muerza, bajo la dirección de Letrado, y, estando promovido contra la sentencia de 30 de noviembre de 2007, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el Recurso Contencioso-Administrativo número 118/05, en cuya revisión aparece como parte recurrida, la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Abogado del Estado. Habiendo intervenido el Ministerio Fiscal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con fecha 30 de noviembre de 2007, y en el recurso antes referenciado, dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Desestimamos el recurso interpuesto por no ser contrario a Derecho el acto impugnado, sin expresa imposición de costas.".

Segundo.-Contra la anterior sentencia, la Procuradora D.ª Marta Uriarte Muerza, en nombre y representación de D. Obdulio y la entidad mercantil "MB & GA, S.L.", formuló Recurso de Revisión para la declaración de Error Judicial en base al artículo 293 LOPJ. Termina suplicando de la Sala se declare el error judicial cometido por la sentencia impugnada.

Tercero.-Señalada, para votación y fallo, la audiencia del 9 de junio pasado, tuvo lugar en esa fecha la referida actuación procesal.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Vicente Garzon Herrero, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se impugna, mediante este Recurso de Revisión por Error Judicial, interpuesto por la Procuradora D.ª Marta Uriarte Muerza, actuando en nombre y representación de D. Obdulio y la entidad mercantil "MB & GA, S.L.", la sentencia, de 30 de noviembre de 2007, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por la que se desestimó el recurso número 118/05 de los que se encontraban pendientes ante dicho órgano jurisdiccional.

El citado recurso había sido iniciado por quien hoy es recurrente en revisión contra la resolución del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo (Alcaldía 11/06/2002, Decreto 330/2002), por la que se acuerda suspensión de la obra ejecutada en Avenida de Berlín, Puntillo del Sol, precinto de las obras, apercibimientos legales y requerimiento de legalización.

La sentencia de instancia desestimó el recurso y no conforme con ella los demandantes interponen el Recurso de Revisión por Error Judicial que decidimos.

Segundo.-Con carácter general, tanto la Sala Especial de este Tribunal del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ, como esta Sección Segunda de la Sala Tercera del mismo tienen declarado que: (a), "sólo un error craso, evidente e injustificado puede dar lugar a la declaración de error judicial, pues este procedimiento no es, en modo alguno, una nueva instancia en la que el recurrente pueda insistir, ante otro Tribunal, una vez más, en el criterio y posición que ya le fué desestimado y rechazado anteriormente"; (b), "el error judicial, considerado en el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como consecuencia del mandato contenido en al artículo 121 de la Constitución, no se configura como una tercera instancia ni como un claudicante recurso de casación, por lo que sólo cabe su apreciación cuando el correspondiente Tribunal de Justicia haya actuado abiertamente fuera de los cauces legales", no pudiendo ampararse en el mismo "el ataque a conclusiones que no resulten ilógicas o irracionales"; (c), "el error judicial es la equivocación manifiesta y palmaria en la fijación de los hechos o en la interpretación o aplicación de la Ley"; (d), "el error judicial es el que deriva de la aplicación del derecho basada en normas inexistentes o entendidas fuera de todo sentido" y "ha de dimanar de una resolución injusta o equivocada, viciada de un error craso, patente, indubitado e incontestable, que haya provocado conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas, que rompan la armonía del orden jurídico"; (e), "no existe error judicial cuando el Tribunal mantiene un criterio racional y explicable dentro de las normas de la hermenéutica jurídica", "ni cuando se trate de interpretaciones de la norma que, acertada o equivocadamente, obedezcan a un proceso lógico"; (f), "no toda posible equivocación es susceptible de calificarse como error judicial, sino que esta calificación ha de reservarse a supuestos especiales cualificados en los que se advierta una desatención del juzgador, por contradecir lo evidente o por incurrir en una aplicación del derecho fundada en normas inexistentes, pues el error judicial ha de ser, en definitiva, patente, indubitado e incontestable e, incluso, flagrante"; y, (g), "no es el desacierto lo que trata de corregir la declaración de error judicial, sino la desatención, la desidia o la falta de interés jurídico, conceptos introductores de un factor de desorden, originador del deber, a cargo del Estado, de indemnizar los daños causados directamente, sin necesidad de declarar la culpabilidad del juzgador".

Con independencia de la responsabilidad que al recurrente le sea imputable en la fijación del objeto del pleito: un edificio de apartamentos a realizar en ocho fases -tesis de la sentencia- u ocho edificaciones -tesis actual del recurrente-, no puede olvidarse el hecho de que la certificación solicitada por el recurrente, a los efectos del silencio positivo, es única. Pero es que tal circunstancia carece en el razonamiento de la sentencia de la transcendencia que los recurrentes la imputan pues lo relevante, a efectos de suspensión, es que los citados (Proyecto o proyectos) no contenían mención de los muros ejecutados, carencia que justifica la suspensión acordada.

De este modo, el problema queda desplazado a si los citados muros debían o no formar parte del Proyecto y si, para el caso de que debieran integrarse en él (ellos) su ausencia afectaba a todas las fases o sólo alguna de ellas.

Las conclusiones obtenidas por la Sala de instancia sobre los dos extremos son razonables y vienen amparadas por los informes periciales que se citan en la misma demanda.

La primera de las premisas, referida a la necesidad de los muros es una conclusión probatoria de la Sala razonable y que la realidad ha visto confirmada. No bastaba proyectar el edificio de apartamentos, la estructura del terreno no exigía como requisito la elevación de los controvertidos muros. Contrariamente, a lo sostenido por los recurrentes, es la elevación de los muros la que carece de sentido, si su misión no es posibilitar al edificio de apartamentos. Desde esta perspectiva la pretensión de los recurrentes de diferenciar ambas construcciones, edificio de apartamentos y muro, no puede ser compartida.

Afirmado lo precedente, tampoco parece descabellada la conclusión de la Sala en el sentido de que dicho muro era esencial para la edificación que se pretendía levantar, ya se considerara esta como única o como llevada a cabo en varias fases.

Tercero.-Es evidente, sentado lo anterior, que las obras que se estaban llevando a cabo, mediante una licencia obtenida por silencio positivo, no se ajustaban a los proyectos presentados pues incluía un elemento, creación de muro, que los citados proyectos no contemplaban. Se trataba, por tanto, de obras que no se ajustaban a la licencia concedida.

La circunstancia de que dicha licencia (la referida a los muros) deberá ser otorgada por otro organismo no limita su exigibilidad, mucho más, y cuando por las características del terreno, ambas licencias se encontraban indisolublemente unidas.

Esta es la cuestión clave del litigio, las dos licencias (la referida al edificio de apartamentos y la de los muros) eran imprescindibles y la obtención de la licencia para la edificación de apartamentos era insuficiente si no se disponía previamente de la referida a los muros.

Cuarto.-El hecho de que la sentencia, a la que se imputa el error que mediante este recurso se rechaza, no cita precepto legal para sustentar el fallo desestimatorio no permite aceptar la existencia del error denunciado.

Efectivamente, la Sala pone de relieve dos circunstancias: a) Que los muros se levantaron en suelo rústico. b) Que el organismo encargado de otorgar esa licencia no lo había hecho, aunque posteriormente lo hizo. Es verdad que no se cita precepto legal, pero también lo es que el precepto contenido en el artículo 166.6 de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias preve el efecto declarado en la sentencia. Efecto que no desaparece por el hecho de que posteriormente se otorgara la licencia de levantamiento de los muros, pues cuando esta fue concedida la suspensión había sido acordada.

En estas circunstancias, la de deficiencia de la sentencia, al no señalar el precepto aplicado, en modo alguno puede constituir el error denunciado.

Finalmente, el argumento esgrimido contra la sentencia, en el sentido de que confunde los efectos del apartado 5 con los del 6 del artículo 166 de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, ha de ser también rechazado.

En primer lugar, porque el error, de existir no justificaría el pronunciamiento solicitado, pues el error que en este proceso se corrige tiene, como es sabido, otras características.

En segundo lugar, y aquí radica la clave del litigio, la ausencia de la documentación para la construcción del controvertido muro, no sólo es un defecto de documentación, que lo es, sino la falta de un elemento imprescindible para que se obtuviera la licencia para la edificación del edificio de apartamentos, pues en la concepción -a nuestro entender razonable- de la Sala el muro era un elemento imprescindible para la seguridad de aquél, razón por la cual su autorización previa era un presupuesto de la licencia del edificio.

Todo lo dicho comporta la exclusión de la declaración de error pretendido, sin que sea necesario examinar la cuestión sobre la solidaridad en materia de responsabilidad de las Administraciones pues tal responsabilidad no ha llegado a nacer.

Quinto.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 293, apartado 1, letra e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el art. 516, apartado 2, de la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil, procede imponer las costas causadas en este procedimiento a la parte recurrente, y acordar la pérdida del depósito constituido. Sin embargo, y al amparo de lo que dispone el art. 139.3 de la Ley Jurisdiccional, las costas no podrán exceder de 3.000 euros.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y por la potestad que nos confiere el pueblo español.


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Revisión por Error Judicial formulado por la Procuradora D.ª Marta Uriarte Muerza, en nombre y representación de D. Obdulio y la entidad mercantil "MB & GA, S.L.", contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de fecha 30 de noviembre de 2007, recaída en el recurso al principio reseñado, con expresa, por obligada, imposición de costas a la parte recurrente, con el límite cuantitativo que se índica en el último fundamento Jurídico, y pérdida del depósito constituido.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección que edita el Consejo General del Poder Judicial lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Rafael Fernandez Montalvo D. Manuel Vicente Garzon Herrero D. Manuel Martin Timon D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco D. Oscar Gonzalez Gonzalez

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Manuel Vicente Garzon Herrero, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que, como Secretaria de la misma CERTIFICO.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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