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Sentencia A.P. Madrid 226/2008 de 8 de abril


 RESUMEN:

Recurso de apelación contra sentencia que condena por autoría de falta de deslucimiento de bienes de dominio público: Colocación de cartel en una pared de hormigón. Estimación de la apelación: La pared de hormigón no cumple función estética alguna por lo que no puede deslucirse y el cartel se puede retirar fácilmente a diferencia de otros actos como los "graffitis".

SECCIÓN DECIMOSEXTA

ROLLO N.º 70/08 (RJ)

Juicio de Faltas 380-07

Juzgado de Instrucción número 1 de Majadahonda.

ILMO. SR. MAGISTRADO

D. FRANCISCO DAVID CUBERO FLORES

SENTENCIA N.º 226/2008

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

En Madrid, a ocho de Abril de dos mil ocho.

El Ilmo. Sr. D. FRANCISCO DAVID CUBERO FLORES, Magistrado de esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal Unipersonal en turno de reparto, conforme a lo dispuesto en el artículo 82.2 párrafo 2.º de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, ha visto en segunda instancia, ante ésta Sección 16.ª la presente apelación contra Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Majadahonda, en el Juicio de faltas seguido ante dicho Juzgado bajo el número 380-07, conforme al procedimiento establecido en el artículo 976 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal según la nueva redacción dada por la Ley 10/92 del 30 de Abril, habiendo sido partes: Los apelantes Ángel Daniel y Felix, con impugnación del Ministerio Fiscal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El Juzgado de Instrucción n.º 1 de Majadahonda, en el juicio de faltas antes mencionado, dictó con fecha 21 de Noviembre de 2007, Sentencia en dicho procedimiento, cuya parte dispositiva el del tenor literal siguiente:

"FALLO: Que debo condenar y condeno a Ángel Daniel y Felix como autores responsables de sendas faltas de deslucimiento de bienes inmuebles del art. 626 del CP a la pena, para cada uno de ellos, de tres días de trabajos en beneficio de la comunidad, y a que indemnicen, conjunta y solidariamente, a Ayuntamiento de Las Rozas, en concepto de responsabilidad civil derivada de esta falta, en la cantidad de setecientos veintinueve euros con diecinueve céntimos de euro, así como al pgo de las costas procesales causadas."

Segundo.-Notificada dicha Sentencia a las partes personadas, por los citados apelantes se interpuso Recurso de Apelación, que autoriza el artículo 976 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que hizo las alegaciones que se contienen en sus escritos del recurso que aquí se tienen por reproducidas, no pidiéndose la práctica de ninguna diligencia de prueba dándose traslado del escrito de personación por el Juez de Instrucción al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas por el plazo de diez días comunes para que pudieran adherirse o impugnarlo.

Tercero.-Recibido el procedimiento en esta Audiencia y Sección 16.ª el día 25 de Febrero de 2008 se acordó la formación del rollo, al que correspondió el n.º RJ 70-08 acordándose por la Sala se dictase la resolución correspondiente por el Magistrado Unipersonal reseñado al principio de la presente. Como quiera que la parte apelante en su escrito de apelación alegaba indefensión por no haber podido disponer de la grabación del juicio para formalizar el recurso, con fecha 7 de Marzo de 2008 se acordó la celebración de vista, previa entrega a la parte apelante de la citada grabación. Finalmente con fecha 14 de Marzo de 2008 y ante la renuncia de la representación letrada a dicha vista por haber sido suficientemente satisfecha su pretensión con la entrega de la grabación, quedó la causa vista para sentencia.


II.- HECHOS PROBADOSSe aceptan y se dan por reproducidos íntegramente los que como tales figuran en la Sentencia apelada.


IFUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Nos hallamos ante una sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Majadahonda en cuya virtud se condena a los ahora apelantes como autores de una falta del artículo 626 del C. Penal a la pena de tres días de trabajo en beneficio de la comunidad, indemnización y costas.

Contra dicha sentencia interponen los denunciados recurso de apelación, alegando en esencia infracción de ley por considerar que en el presente caso no es aplicable el tipo penal del artículo 626 del texto punitivo.

Segundo.-Como primera cuestión hemos de destacar que no nos hallamos ante una sentencia inmotivada, caprichosa, arbitraria y de modelo. Antes al contrario en la sentencia se explican de manera sucinta, pero clara y coherentemente, los motivos por los que se han declarado probados determinados hechos. Los motivos se basan precisamente en la práctica de pruebas en el acto del juicio oral. Por tanto existen pruebas de la realidad de los hechos, las mismas se justifican convenientemente en la sentencia y en consecuencia no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.

En tal sentido nuestro Tribunal Supremo en Sentencias de 4 de octubre de 1999 y 26 de junio de 1998, entre otras, señala que para poder apreciar en el proceso penal una vulneración del principio a la presunción de inocencia se requiere que en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso, o sobre alguno de los elementos esenciales de los delitos enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria. Si, por el contrario, se ha practicado en relación a tales hechos o elementos, actividad probatoria revestida de los requisitos propios de la prueba de cargo, con sometimiento a los principios de oralidad, contradicción e inmediación, no puede estimarse la violación constitucional basada en la presunción de inocencia, pues las pruebas así obtenidas son aptas para destruir dicha presunción, quedando sometidas a la libre y razonada valoración del Tribunal de Instancia, a quien, por ministerio de la ley, corresponde con exclusividad dicha función (artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117.3 de la Constitución Española).

Y, en el presente supuesto, la Juzgadora de instancia ha contado con material probatorio suficiente para dar por probados determinados hechos, puesto que ha tomado en consideración la declaración de los denunciados, la declaración testifical de los agentes de Policía Local y la prueba documental consistente en fotografías de los lugares donde se fijaron los carteles.

Ahora bien, partiendo, como también hacen los apelantes, de la realidad de la estampación de los carteles en determinados lugares de la localidad de Las Rozas, la cuestión no es tanto poner en entredicho tales hechos, incontestables, sino si los mismos integran el tipo penal que nos ocupa.

Este Tribunal no comparte el criterio de la Juez a quo acerca de la calificación jurídica de los hechos como constitutiva de una falta del artículo 626 del C. Penal (como a continuación explicaremos) sin perjuicio de reconocer el loable intento de la Juez a quo por imponer una pena resocializadora como es la de trabajo en beneficio de la comunidad.

Tercero.-En cuanto al fondo de la cuestión nos encontramos con el hecho incontestable y probado de que los apelantes colocaron unos carteles sobre unos bloques de hormigón y sobre unos paneles de cristal antiruido que rodean el centro Municipal de Paddel de Las Rozas.

En efecto castiga el legislador en el artículo 626 del C. Penal a quien "desluciere bienes inmuebles de dominio público o privado, sin la debida autorización de su propietario o de la Administración". La cuestión clave, en el caso que nos ocupa, se centra en determinar lo que ha de entenderse por "deslucir". Ante ello hemos de acudir por una parte a una interpretación de lo que quiere castigar el legislador que se desprenda de la propia génesis del precepto y por otra a la jurisprudencia.

El art. 626 del C. Penal se introdujo en virtud de la enmienda número 1.194 al proyecto de ley orgánica del Código Penal, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, que proponía, precisamente, la redacción de un nuevo precepto, el actual artículo 626 del Código Penal, ofreciendo la siguiente justificación: "evitar y sancionar la proliferación de los actos de deslucimiento por garabatos y manchas que se observan en las paredes de los edificios y que perjudican ostensiblemente el ornato público, sin que puedan calificarse como daños materiales propiamente dichos".

Ello nos conduce a una primera conclusión y es que la intencionalidad del legislador al castigar estas conductas era la de atajar la plaga de "graffitis" o pintadas que proliferan en las paredes de edificios. Ahora bien como quiera que la redacción del tipo penal, sin perjuicio de cual fuera la intención del legislador, no hace referencia expresa a paredes de edificios, sino a bienes inmuebles en general, limitar, sin más, la aplicación del C. Penal a la pared de un edificio, no es de recibo.

No obstante sí es significativo que la intención del legislador es de protección estética de determinados bienes inmuebles. El hecho de que se castigue como tipo penal autónomo frente al de daños, hace innecesario que para aplicar este tipo penal se exija un acto que produzca un desperfecto de cierta permanencia o que implique la inutilización o reposición del bien. Basta con que sea precisa su limpieza para que se cumpla el tipo penal.

Aún así sigue sin resolverse la cuestión principal y es si, en este caso, por el tipo de bien inmueble sobre el que se colocan carteles, se produce ese "deslucimiento" del bien. Para ello se ha de tener en cuenta y contamos con prueba gráfica al respecto, tanto el bien concreto sobre el que recae la acción cometida, como el tipo de elemento que produce dicho presunto deslucimiento.

En cuanto al tipo de elemento inmueble sobre el que recae la acción de los apelantes, estamos hablando de una especie de bloques de hormigón cuya utilidad desconocemos y cuya función estética es igualmente desconocida. No se trata de un elemento ornamental elaborado, ni de un conjunto artístico, sino de unos simples bloques de hormigón. No es cuestión de poner en entredicho el acierto estético de los mismos, sencillamente es que no cumplen, entendemos, función estética alguna. En verdad no sabemos para que sirven. Es más pudiera ser que dichos bloques de hormigón, como ocurre en otras localidades de nuestra Comunidad Autónoma, tuvieran como función justamente la de constituir un espacio de opinión libre de los ciudadanos en los que se colocan carteles, avisos y que son de libre disposición de los ciudadanos.

Por otra parte los carteles se colocaron sobre unos paneles de vidrio que rodean un edificio deportivo, paneles que, por lo que puede verse, cumplen una mera función anti ruidos o al menos eso es lo que aparentan, es decir no tienen tampoco una función estética, ni el componente estético forma parte de sus funciones o aplicaciones. En pocas palabras y sin querer incurrir en subjetividades, difícilmente puede deslucirse lo que no tiene función alguna de lucimiento estético.

En cuanto al tipo de acción cometida hemos de convenir que no es lo mismo aplicar un spray de colores o pintar con un rotulador de tinta en un elemento ornamental o pared de edificio, que pegar un simple cartel. Resulta muchísimo menos costoso y por tanto más fácil de eliminar, un cartel que prácticamente tirando se retira y aplicando un chorro de agua se limpia, que limpiar una pared o inmueble pintados con spray o rotulador que exigen aplicación de productos químicos, elaborada mano de obra humana (lijado) y que, inevitablemente, produce cierto deterioro de la superficie sobre la que se estampa. En tal sentido son de interés Sentencias de la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 20 de Mayo de 2005 e incluso Sentencia de esta misma sección 16.ª de fecha 3 de Marzo de 2008.

En suma recayendo la acción objeto de enjuiciamiento sobre elementos urbanos que no tienen un contenido ornamental, que no cumplen una función de lucimiento y siendo la acción cometida fácilmente eliminable de la superficie sobre la que recae, procede estimar el recurso de apelación interpuesto y revocar la sentencia dictada, por no encajar los hechos probados en el tipo penal del artículo 626 del C. Penal, debiendo dictarse sentencia absolutoria.

Cuarto.-No procede hacer pronunciamiento alguno de las costas de esta alzada.

VISTOS los preceptos legales citados, y los demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su Majestad El Rey y por la autoridad que el Pueblo Español me confiere:


FALLO


 
Que ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por Ángel Daniel y Felix, con impugnación del Ministerio Fiscal, contra la Sentencia dictada en ésta causa por el Juzgado de Instrucción número 1 de Majadahonda con fecha 21 de Noviembre de 2007, cuyo fallo literalmente se trascribe en los antecedentes de ésta Sentencia, debo DECLARAR Y DECLARO haber lugar al mismo, y en su consecuencia REVOCAR la resolución apelada, debiendo absolver a los apelantes de la falta del artículo 626 del C. Penal, con expresa declaración de costas de oficio tanto en primera como en segunda instancia.

La presente sentencia es firme.

Devuélvanse las diligencias originales al Juzgado de procedencia, con certificación de la presente resolución, para su ejecución y cumplimiento, solicitando acuse de recibo y previa su notificación a las partes, con arreglo a las prevenciones contenidas en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de la Sala, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó, estando celebrando Audiencia Pública, de lo que yo la Secretaria, doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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