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Sentencia A.P. Toledo 194/2010 de 17 de septiembre


 RESUMEN:

Entidades aseguradoras: Condena solidaria. Responsabilidad civil extracontractual: Estimación de la acción derivada de accidente de circulación por atropello de pieza de caza con resultado de daños y condena al propietario del coto de caza y a su Compañía de Seguros al pago de la correspondiente indemnización. Cruce de un ciervo en una carretera proveniente del coto de caza titularidad del demandado, cuyo terreno no conservaba de forma diligente.

TOLEDO

SENTENCIA: 00194/2010

Rollo Núm.............. 21/2009.-

Juzg. 1.ª Inst. Núm.... 2 de Talavera de la Reina.-

J. Ordinario Núm.......... 482/2007.-

SENTENCIA NÚM. 194

AUDIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO

SECCION SEGUNDA

Ilmo. Sr. Presidente:

D. JUAN MANUEL DE LA CRUZ MORA

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. RAFAEL CANCER LOMA

D. ALFONSO CARRIÓN MATAMOROS

En la Ciudad de Toledo, a 17 de Septiembre de dos mil diez.

Esta Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de TOLEDO, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados que se expresan en el margen, ha pronunciado, en NOMBRE DEL REY, la siguiente,

SENTENCIA

Visto el presente recurso de apelación civil, Rollo de la Sección núm. 21/2009, contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 2 de Talavera de la Reina, en el juicio Ordinario núm. 482/07, sobre reclamación de cantidad, en el que han actuado, como apelante D. Segismundo, representado por el Procurador de los Tribunales Sra. Belén Parra Martín y defendido por el Letrado Sr. Muñoz González; y como apelado D. Ángel Daniel, representado por el Procurador de los Tribunales Sr Villagarcía Sánchez y defendido por el Letrado Sr. Muñoz Saiz.

Es Ponente de la causa el Ilmo. Sr. Magistrado D. JUAN MANUEL DE LA CRUZ MORA, que expresa el parecer de la Sección, y son,


ANTECEDENTES:


 
Primero.-Por el Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 2 de Talavera de la Reina, con fecha 2 de Julio de 2008, se dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este rollo, cuya PARTE DISPOSITIVA dice: "Que ESTIMA íntegramente la demanda formulada por la procuradora Sra. Francés Resino, en nombre y representación de don Ángel Daniel, contra don Segismundo y MAPFRE AGROPECUARIA condenando solidariamente a los demandados al pago de 9.280,84 euros de principal, debiendo abonar el Sr. Segismundo los intereses legales desde la fecha de su reclamación judicial, y MAPFRE AGROPICUARIA el interés legal incrementado en el 50% y a partir del segundo año el interés del 20%. Asimismo se condena a los demandados al pago de las costas.

Segundo.-Contra la anterior resolución y por la representación procesal de D. Segismundo y de MAPFRE SEGUROS GENERALES, dentro del término establecido, tras anunciar la interposición del recurso y tenerse por interpuesto, se articularon por escrito los concretos motivos del recurso de apelación, que fueron contestados de igual forma por los demás intervinientes, con lo que se remitieron los autos a ésta Audiencia, donde se formó el oportuno rollo, quedando los autos vistos para deliberación y resolución.

SE CONFIRMAN Y RATIFICAN los antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo de la resolución recurrida, en cuanto se entienden ajustados a derecho, por lo que, en definitiva, son


FUNDAMENTOS DE DERECHO:


 
Primero.-Que por error en la apreciación de la prueba y violación de lo dispuesto en la Disposición Adicional de la Ley 19/2001 se recurre por los demandados la sentencia que estima la acción de responsabilidad civil extracontractual, derivada de accidente de circulación por atropello de pieza de caza con resultado de daños, y condena al propietario del coto de caza y a su Compañía de Seguros al pago al actor de la indemnización solicitada por daños.

No se discute el hecho consistente en el cruce, de noche y sorpresivamente, de la carretera 502 por el punto Kilométrico 168,200, de un ciervo proveniente del coto de caza TO-11614 del que es titular el demandado, ni se discuten los daños causados al vehículo Mercedes C-180 matrícula NHN...., del que es propietario y conductor el demandante.

Lo que se discute es la responsabilidad por la fuga del ciervo del coto de caza, o por el paso de la carretera sin medidas de aseguramiento.

Pretenden los recurrentes que el hecho es fortuito y no puede atribuírseles responsabilidad porque en la carretera existían señales de "peligro de animales salvajes" un kilómetro antes (km 167) de donde ocurrió el hecho, y no se estaba celebrando en esos momentos, 22,30 horas del 26 de Diciembre de 2006, cacería alguna.

El coto se encontraba sin vallado alguno, extendiéndose dicho coto, llamado "San Isidro", a ambos lados de la carretera.

La sentencia aplica los arts. 1906 C.c, 17 de la Ley de Caza de Castilla la Mancha, que es fiel trasunto del art. 33 de la Ley de Caza de 1970 y declara probado que el ciervo salió de la parte derecha de la vía, según el sentido de marcha del vehículo, y que el conductor del coche iba a una velocidad entre 60 y 70 Km/h, lo que se considera prudente en relación a las circunstancias, así como que dada la rapidez con que el ciervo se precipitó hacia la vía, el conductor no pudo realizar maniobra evasiva, por lo que operando la doctrina de la responsabilidad objetiva o por riesgo, condena a los recurrentes al pago de la indemnización.

Segundo.-Que la parte recurrente no acreditó en el juicio medida alguna tendente a evitar el siniestro.

La jurisprudencia de las Audiencias Provinciales (últimas exponentes: SSAA PP Badajoz 6 de Noviembre 2009, Segovia 22- Diciembre 2009, Burgos 14 Enero 2010, León 28 de Enero 2010, Valladolid 4 de Febrero 2010) enfocan el problema desde la valoración de la prueba y la aplicación de las normas que regulan la responsabilidad extracontractual por atropello de animales.

Ha de comenzarse por dejar sentado que,"la disposición adicional 9.ª ("Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas: En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumplimientos de las normas de circulación. Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado. También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización") de la Ley 17/2005, de 19 de julio EDL 2005/90365, es aplicable con primacía a los "accidentes de tráfico ocasionados por atropellos de especies cinegéticas" (la letra del precepto no abarcaría accidentes de tráfico por irrupción de tales especies en la calzada sin su atropellamiento) ocurridos a partir de su entrada en vigor, ello así porque, bien que el mencionado precepto no derogue expresa ni tácitamente el art. 33 de la Ley de Caza estatal ni las correspondientes normas de carácter autonómico, y sin necesidad de disquisiciones, sobre competencias legislativas, en torno a los arts. 149-8 (reserva estatal de la legislación civil) y 148-11 (facultad normativa de las Comunidades en materia de caza) de la Constitución Española EDL 1978/3879, la elección de la norma aplicable debe estar presidida tanto por un criterio temporal: la ley posterior deroga por incompatibilidad a la anterior, como por el de especialidad: en el caso, la representada, en definitiva, por la circunstancia de que el animal que origina el daño (supuesto del art. 1.905 del Código Civil EDL 1889/1), y que procede de una heredad de caza (en la expresión del art. 1.906 de dicho Código, a su vez), resulta atropellado en el accidente de tráfico. La mentada disposición adicional 9.ª (que deroga a la 6.ª de igual índole de la Ley 19/2001: "En accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas, será causa legal que permita atribuir la responsabilidad al conductor del vehículos por los daños producidos en un accidente de circulación el hecho de que se le pueda imputar un incumplimiento de las normas de circulación que pueda ser causa suficiente de los daños ocasionados; ello sin perjuicio de la responsabilidad que sea exigible a quien corresponda conforme a la normativa específica y de que sean probadas debidamente las circunstancias del accidente") parece ha de llevar consigo, ya el abandono, ya una cierta atemperación del precedente criterio jurisprudencial predominante en la materia, de signo cuasiobjetivo, a propósito de lo cual la opinión de las Audiencias Provinciales, y a falta aún de la del Tribunal Supremo, se muestra algo diversa.

Así, por ejemplo, la S. AP Lugo 1.ª de 18-I-07 EDJ 2007/37518 dice: "en la práctica la solución a la que conduce el nuevo sistema legal es la de que un amplio número de supuestos en los que la caza provoca daños a terceros con ocasión de su atropello, van a quedar sin que nadie responda, o dicho en otros términos, los tendrá que asumir el propio conductor, propietario o víctima de los daños personales acaecidos, lo que no parece una solución que atienda a los valores que sustentan el ordenamiento jurídico, pues si la caza es una actividad deportiva lícita pero que no deja de ser superflua dentro de las necesidades del individuo, el resultado es que se hace pechar con las consecuencias del daño causado para el disfrute de los socios del coto a los que tengan el infortunio de ver interceptada su circulación por la irrupción de un animal, haciéndose así de peor condición al propietario de una vaca que en las labores propias de su actividad sufre el extravío de la misma y provoca un accidente (art. 1905 del C. Civil), que al de los animales utilizados para el disfrute de los titulares del coto. (...) A pesar de tales consideraciones, no puede la Sala rebasar su ámbito competencial que es aplicar la Ley y siendo nítida la voluntad del legislador de articular un nuevo régimen de responsabilidad con sus virtudes y sus defectos, no puede forzarse la interpretación de la norma más allá de los límite legales para encontrar una solución que se entienda más adecuada pero que no soporte la subsunción legal".

La S. AP Guadalajara de 28-II-07 EDJ 2007/33891 entiende, en cambio, que "la citada Disposición Adicional 9.ª de la Ley 17/2005 únicamente viene a introducir una cierta atenuación a la responsabilidad objetiva que rige en esta materia" y considera negligencia del titular del coto "no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar la irrupción en la carretera de piezas de caza procedentes del coto de su titularidad", sin más que constatar la ausencia de demostración de culpa del automovilista o de anomalías relevantes en la conservación o en la señalización de la vía pública en que se produjo el accidente. Y en sentido semejante se pronuncia la S. AP Oviedo 4.ª de 12-XII-06 EDJ 2006/386497 en caso donde era ya de aplicación la nueva norma: "Aun admitiendo la imposibilidad de vallar el coto, no sólo por sus dimensiones, sino porque con ello se impide la normal deambulación de la fauna que lo puebla (...) son los titulares del coto de caza quienes deberán adoptar aquellas medidas necesarias para que la actividad cinegética que explotan no perjudique a terceros, y caso de producirse algún accidente de circulación en el que tenga participación activa uno de los animales del coto, deberán acreditar la observancia de esas medidas de diligencia". La vacilación se percibe en la S. AP Álava 1.ª de 1-II-07: "la referida norma, sin perjuicio de la evolución interpretativa que pueda resultar de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales, debe interpretarse por ahora, desde la perspectiva del conductor, en el ámbito propio de la responsabilidad extracontractual, sobre la base de los criterios cuasi objetivos de acuerdo con el principio general del Derecho qui sentit commodum sentire debet et incommodum, de manera que en cualquier caso el criterio objetivo de la responsabilidad por daños causados por los animales de caza ha de ser ponderado atendiendo al supuesto concreto. Por ello no puede por menos que establecerse el criterio inversor en la carga de la prueba, como consecuencia del riesgo que representan las especies cinegéticas de cuya proliferación obtiene beneficios el titular de la explotación cinegética, a efectos de establecer la responsabilidad frente al perjudicado, sea o no conductor del vehículo afectado". Pues bien; en efecto, y como más abierta o decididamente sostiene la S. AP Segovia de 29-XII- 06 EDJ 2006/391590 (y cual, en diferentes términos, venía a plasmarse en la S. AP Badajoz 3.ª de 17-I-07), "un sistema de responsabilidad subjetiva fundado en la culpa, como es el instaurado por el legislador estatal en la Ley 17/2005, no impide la aplicación del criterio de la inversión de la carga de la prueba, según una honda tradición jurisprudencial surgida precisamente en el ámbito de la responsabilidad por culpa, de tal forma que, una vez probado el daño, y el nexo causal, corresponde al sujeto demandado probar que empleó toda la diligencia debida para evitarlo. Es decir, al parecer de esta Sala, el alcance de la reforma no es otro que introducir un sistema de responsabilidad por culpa del titular del coto, en virtud del cual, éste tiene ahora la oportunidad de probar que empleó la diligencia debida para evitar el daño y, sólo en ese caso, resultará exonerado. Ello es así además pues el criterio de la facilidad probatoria aconseja igualmente que, en estos casos, sea el demandado quien cargue con la obligación de acreditar su comportamiento diligente".

Asimismo, hemos reiterado que "la obligada reexaminación de las actuaciones no conduce a otra cosa que a respaldar sin salvedad alguna las conclusiones de hecho, y las consiguientes de índole legal, alcanzadas por la Juez a qua, tal como, con claridad y suficiencia, y ateniéndose a las reglas de la lógica y de la experiencia, se expresan y justifican en la resolución que se revisa, dictada con la insustituible ayuda de una inmediación procesal de la que se carece en segunda instancia, de forma que, sin perjuicio de haberse de subsanar cuanto de ilógico o injustificado se observare en los razonamientos de instancia, debe en principio y en general mantenerse la convicción del juzgador de primer grado, ello así sobre todo, y puesto que en el fondo del recurso se circunscribe al posible error de hecho en la valoración de la prueba", más cuando, yendo ya a la sustancia del debate a que el proceso se refiere, y que no es otro que, descartado por el propio recurrente cualquier negligencia del conductor del vehículo o del titular de la vía, se centra en concretar si existió "falta de diligencia en la conservación del terreno acotado" y en tal sentido se comprueba que, como el Juez de instancia destaca en la resolución que se revisa, el demandado y ahora recurrente no ha cubierto con suficiencia o éxito su carga (LEC, 217 EDL 2000/77463) de probar dicho elemento capital. (En igual sentido y sólo por citas las más recientes: SAP Pontevedra 23-I-2008 y SAP Guadalajara 19-XII-2007).

En definitiva, acreditada la procedencia del animal, especie cinegética de caza mayor, de la que se aprovechaba el demandado, no ha quedado cumplida constancia, que correspondía a dicho titular por las referidas reglas sobre carga de la prueba, de haber adoptado las medidas adecuadas que impidieran, como en efecto sucedió, la salida a la vía de dichos animales por lo que le es imputable la falta de diligencia en la conservación del terreno acotado que le hace responsable de las consecuencias dañosas producidas.";

No habiéndose acreditado responsabilidad alguna del conductor del vehículo, la colocación de tablillas anunciando el coto, que es lo que el Atestado hace constar (folio 13), no exime sin más a los titulares del coto de acreditar las medidas adoptadas para impedir que esos hechos se produzcan, lo cual es compatible con la línea de defensa de los demandados y su concepto sobre la Disposición Adicional que citan, por la que, no estando en la práctica de la caza, y existiendo tablillas de coto, la culpa del accidente en todo caso es del conductor, sin necesidad de acreditar nada más (como viene a exponer el perito tasador en su informe en el juicio), interpretación que se contrapone a la jurisprudencia expuexta.

Los motivos del recurso no desvirtúan las consideraciones de la Juez a quo sobre la prueba practicada y la valoración de la misma.

Procede la desestimación del motivo de recurso.

Tercero.-Que deben imponerse las costas del recurso a la parte recurrente por aplicación del art. 398 LEC.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS:


 
Que DESESTIMANDO el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la representación procesal de D. Segismundo y de MAPFRE SEGUROS Y REASEGUROS GENERALES, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción Núm. 2 de los de Talavera de la Reina, con fecha 2 de Julio de 2008, en el procedimiento Ordinario núm. 482/2007, de que dimana este rollo, imponiendo las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte apelante.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional décimo quinta L.O. 1/09 se hace saber a las partes que no se admitirá a trámite ningún recurso, sino se justifica la constitución previa del deposito para recurrir en la cuenta de depósitos, lo que deberá ser acreditado.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de la Sección, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada la anterior resolución mediante su lectura íntegra por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. JUAN MANUEL DE LA CRUZ MORA, en audiencia pública. Doy fe. En Toledo a 22 de septiembre de 2010


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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