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Sentencia A.P. Pontevedra 459/2010 de 24 de septiembre


 RESUMEN:

Entidades aseguradoras: Desestimación de la pretensión indemnizatoria respecto de los daños sufridos en el automóvil en accidente de tráfico, aunque solo en cuanto a la parte de la indemnización que no había sido abonada por la compañía responsable. Prueba: No acreditación de que el vehículo siniestrado vaya a ser reparado, por lo que la cantidad indemnizatoria es suficiente al contemplar no sólo el valor de mercado del vehículo sino un 50% más. La negativa de la entidad recurrente a sufragar la reparación del vehículo se halla justificada por la llamada teoría intermedia, según la cual en los supuestos en que el valor de reparación de un vehículo sea muy superior al venal, será éste el que sirva para fijar la correspondiente indemnización.

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00459/2010

Rollo: RECURSO DE APELACION (LECN) 527/10

Asunto: VERBAL 132/10

Procedencia: PRIMERA INSTANCIA NÚM. 3 PORRIÑO

LA SECCION PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, CONSTITUIDA EN TRIBUNAL UNIPERSONAL

POR LA ILMA MAGISTRADA

D.ª MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

HA DICTADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA NUM.459

En Pontevedra a veinticuatro de septiembre de dos mil diez.

Visto en grado de apelación ante esta Sección 001 de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, los autos de juicio verbal 132/10, procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Porriño, a los que ha correspondido el Rollo núm. 527/10, en los que aparece como parte apelante-demandante: D. Vicente representado por el procurador D. JOSÉ PORTELA LEIRÓS y asistido por el Letrado D. LUCIA LOPEZ BERNARDO, y como parte apelado-demandado: D. LIBERTY, representado por el Procurador D. SENEN SOTO SANTIAGO, y asistido por el Letrado D. JAIME CARRERA RAFAEL, sobre reclamación de cantidad, y siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. D.ª MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Porriño, con fecha 22 abril 2010, se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice:

"Que DESESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda presentada por la representación procesal de Vicente frente a Liberty Portugal, debo absolver como absuelvo a la demandada de todas las pretensiones ejercitadas en contra, con expresa condena en costas a la parte actora; y acuerdo TENER POR ASISTIDA a la parte demandante de las pretensiones ejercitadas contra Bruno, pudiendo promoverse nuevo pleito contra éste con el mismo objeto si no existiese otra causa que lo impidiere; sin expresa imposición de costas."

Segundo.-Notificada dicha resolución a las partes, por D. Vicente se interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos, por lo que se elevaron las actuaciones a esta Sala para la resolución de este recurso.

Tercero.-En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-En virtud del precedente Recurso por el apelante D. Vicente se pretende la revocación de la Sentencia dictada en los autos de Juicio Verbal 132/10 por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de O Porriño que desestimó su pretensión indemnizatoria respecto de los daños sufridos en su automóvil en accidente de tráfico, aunque únicamente en cuanto a la parte de la indemnización que no había sido abonada por la Cía responsable, la que había reconocido la culpabilidad de su asegurado en el siniestro. Argumenta a su favor que se reclama la diferencia entre la cantidad ya percibida (1.500€) y la que ascienden los daños en el vehículo a causa del siniestro, siendo su perito el único que examinó el vehículo y sin que tenga relevancia alguna si se ha reparado o no se ha reparado. El valor de mercado del vehículo según las tablas que se manejan en la Sentencia está equivocado porque se tiene en cuenta un trimestre posterior al accidente. No se le puede imponer al perjudicado renunciar a la reparación del vehículo que alcanza 3.482,73 euros.

Juan J. Calzado Comisario de Averías S.A. y Liberty se oponen al recurso argumentando que no existe error en la valoración de la prueba porque ni siquiera en la apelación el demandante manifiesta que el vehículo vaya a ser reparado por lo que la cantidad en que fue indemnizado es suficiente al contemplar no sólo el valor de mercado del vehículo sino un 50% más.

Segundo.-Error en la valoración de la prueba.- Como hemos indicado, basa la apelante su recurso en primer lugar, conforme alegó su dirección jurídica en el escrito de interposición del mismo que consta unido a las actuaciones, en una errónea apreciación de la prueba practicada por el Juez "a quo", lo que debe conectarse con la infracción del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y demás normas relativas a la carga de la prueba. En este sentido son muchas las Sentencias del Tribunal Supremo, y por ello huelga su cita concreta y específica al ser sobradamente conocidas, las que nos dicen que el recurso de apelación es de los llamados de plena jurisdicción, por lo que permite a la Sala entrar en el debate de todas las cuestiones controvertidas, tanto procesales como de fondo, y dentro de éstas tanto la comprobación de la adecuación e idoneidad de la fundamentación jurídica que se contiene en la resolución recurrida, como la revisión de todas aquellas operaciones relativas a la valoración global y conjunta de la prueba practicada, pudiendo llegar a idénticas o discordantes conclusiones a las mantenidas por el Juez "a quo", en la sentencia apelada.

Cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez "a quo" sobre la base de la actividad desarrollada en el acto del juicio, debe partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante la que se ha celebrado el acto solemne del juicio en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción, concentración y oralidad, pudiendo la Juzgadora desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado, así como la forma de expresarse y conducirse de las partes y los testigos en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia, exigencia que no se cumple ni siquiera con el visionado del soporte informático del acta, pues, como ya hemos dicho, no tiene la posibilidad de intervenir que posee el Juez "a quo".

De ahí que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia (Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 17 de diciembre de 1985, 23 de junio de 1986, 13 de mayo de 1987, 2 de julio de 1990, 4 de diciembre de 1992 y 3 de octubre de 1994, entre otras), únicamente deba ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador "a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.

La revisión jurisdiccional del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional se incardina en una estructura jurídica claramente pergeñada por el legislador: infracción de las normas que regulan la valoración de la prueba denunciada en las alegaciones que sirvan de base a la impugnación de la sentencia (artículo 458.1 LEC).

Las exigencias de inmediación y contradicción en la práctica de las pruebas abocadas a corroborar la proposición de hechos ofrecida por cada una de las partes conlleva que el control del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional, fuera del supuesto de práctica de nueva prueba en segunda instancia, se centre en deslindar si los criterios empleados por el juzgador de instancia son conciliables con las exigencias de motivación racional contenidas en los artículos 9.3 y 120.3 CE.

En otras palabras, verificar si el juicio de hecho es conciliable con las exigencias de racionalidad en la determinación del sentido específico de los medios de prueba desplegados en el juicio; controlar, en definitiva, la estructura racional del juicio de hecho.

Por lo tanto, únicamente cabe apreciar un error en la apreciación de la prueba cuando las conclusiones fácticas obtenidas por el juzgador de instancia no son conciliables con los principios de la lógica, se apartan de las máximas de experiencia o no tienen apoyo en conocimientos científicos.

En consecuencia, en el segundo grado jurisdiccional no se despliega un discurso tendente a convencer al operador judicial de la suficiencia de las pruebas practicadas para corroborar la propuesta de hechos que se ofrece; más bien se elabora una argumentación que pone en tela de juicio la racionalidad del juicio de hecho confeccionado por el juzgador de instancia.

Tercero.-Dicho esto, las alegaciones de la parte recurrente sobre este particular se ciñen a una interpretación aislada de algunos elementos que pueden resultar equívocos, haciendo una interpretación partidista de la prueba e intentando hacer prevalecer su criterio sobre el más objetivo e imparcial del Juez "a quo" que ha razonado debidamente sobre el material probatorio existente.

En efecto, por razones de elemental coherencia, esta sección de la Audiencia Provincial viene resolviendo supuestos similares con base en los siguientes argumentos, expuestos en la reciente sentencia de 30 de septiembre de 2009: "en efecto, para resolver problemas como el que se plantea esta Sala ha concluido en anteriores ocasiones que la mayor parte de los Tribunales entienden que debe accederse a la reparación aún cuando se supere el valor venal siempre que la diferencia no sea desorbitada porque en este caso no puede dejarse en manos del responsable la forma en la que debe procederse a la reparación del mal causado, y ha de estimarse el interés del perjudicado encaminado a obtener la integra reparación de su vehículo, a tenor del principio jurídico de la "restitutio in integrum" que informa el art. 1.902 Cc, que tiende al exacto restablecimiento del patrimonio afectado, sin que puede imponerse al perjudicado renunciar a la reparación de su vehículo salvo que su valor fuese notoriamente desproporcionado en relación al valor real del automóvil o resultase contraria a los principios de equidad para el actor; la doctrina jurisprudencial (Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1978 y de 9 de julio de 1987, también la de 24 de abril de 1996 y 28 de mayo de 1999).

La pauta que normalmente ha de seguirse en estos casos es la de respetar el importe de la factura satisfecha por la reparación, que ha de primar sobre el valor real del vehículo aun cuando lo supere, pues no puede resultar indiferente al propietario ni, en consecuencia, puede obligársele, el sustituir su propio automóvil por otro ajeno que, aunque de características semejantes, poca o ninguna confianza ha de merecerle, al desconocer tanto el uso como conservación y cuidados a los que anteriormente estuvo sometido. Principio rector que tendrá la necesaria y justa moderación cuando la suma a la que asciende la reparación no sólo exceda del valor venal, sino que resulte totalmente desproporcionada con éste pues esa desproporción revela que la reparación, además de antieconómica, hubo de traducirse en un notable incremento del valor del vehículo con respecto al que le correspondería en su estado anterior. Así hemos sentado en Sentencias de esta Audiencia de 13 y 30 de septiembre de 2002, 28 de febrero de 2008 y en la primera de ellas expresamente que "en los supuestos en que la reparación no va a realizarse, o en los supuestos en que el valor de reparación es manifiestamente desproporcionado, o excede con mucho, al valor venal, la indemnización no puede venir configurada por el valor de reparación, por cuanto ello supondría, por un lado, un sacrificio desmedido para el causante del daño, que sobrepasaría el ámbito de su deber de reponer y reparar, y, por otro lado, para el perjudicado implicaría, bien la obtención de un beneficio injustificado -al obtener un importe superior al valor del objeto del que se desprendió-, bien la recuperación de la cosa en un estado o situación y con un valor económico mejorado respecto del que tenía en el momento de producirse el daño; pero tampoco esa indemnización puede venir configurada por el mero valor venal del vehículo, ya que con ello no podría el perjudicado, ni reparar el vehículo, ni hacerse con un vehículo de características semejantes en el mercado de ocasión."

Por su parte, la sentencia de 29 de mayo de 2008, siguiendo la misma línea de razonamiento, afirmaba que "Pues bien, a entender de esta Sala, la cuestión debe resolverse aplicando el segundo de los criterios relacionados o de la "restitutio in natura", pero no en su acepción pura y armónica, sino perfilándolo a través de algunos factores de corrección, de forma que procederá la "restitutio in natura", aunque el importe de reparación exceda el valor venal, siempre que concurran dos presupuestos: primero, que la reparación haya sido real, es decir, que efectivamente se haya verificado o, al menos, se acredite de modo cumplido que la obra restauradora va a efectuarse, porque, constituyendo la finalidad de la "restitutio in natura" el restablecimiento de la cosa damnificada al ser y estado que tenía antes de desencadenarse, el evento dañoso necesariamente ha de justificarse, bien que la reparación ha sido efectuada "ex ante", bien que verdaderamente va a aplicarse a tal fin la suma concedida, y es que, de no ser así, quedaría al libre arbitrio del perjudicado destinar el "quantum" resarcitorio a esa u otra finalidad diversa, con lo que podría producirse una situación de enriquecimiento injusto, que no es posible amparar, y se hace preciso prevenir; y, segundo, que entre el coste de la reparación y el valor del vehículo no se aprecie una desproporción irrazonable, toda vez que la indemnización tampoco puede quedar al mero capricho del perjudicado." Más adelante se citaba el criterio seguido en la sentencia del TS de 24 de abril de 1996, en el siguiente sentido: "consta en las actuaciones por las periciales practicadas que el valor venal del vehículo propiedad del actor es de aproximadamente seiscientas mil (600.000) pesetas, mientras que su coste de reparación supera el millón quinientas mil pesetas (1.500.000), por lo que la negativa de la entidad recurrente a sufragar la reparación del vehículo se hallaba plenamente justificada y amparada por la llamada teoría intermedia, según la cual en los supuestos en que el valor de reparación de un vehículo sea muy superior al venal, será éste el que sirva para fijar la correspondiente indemnización, incrementándolo en cantidad necesaria para cubrir los gastos de adquisición de otro vehículo si lo hubiere..."

En suma, el criterio determinante, no constando que el vehículo se hubiera reparado es excesivo importe de la reparación, resultando ésta "irrazonable" o "desproporcionada". Esto es lo que sucede en el caso presente, en el que el valor venal, según ilustró el perito, era de 940 euros, teniendo en cuenta que se trataba de un vehículo matriculado en 1998, mientras que su reparación ascendía a 3482,73 de los que 1.500€ fueron abonados por la compañía demandada. En tales casos, siguiendo los criterios expuestos, habrá de acudirse para determinar el importe de la indemnización justa al art. 1103 del Código Civil, que contempla la posibilidad de que los Tribunales moderen o limiten la responsabilidad derivada de actos negligentes, apreciando las circunstancias peculiares de cada caso. Esta facultad, de la que habrá de hacerse uso con criterio restrictivo y ponderado, constituye una manifestación de legítimo arbitrio judicial, que, a juicio de esta Sala, ha sido llevado a efecto con buen criterio en la sentencia recurrida, -que incrementó en un porcentaje del cincuenta por ciento el importe del valor de venta-, que por ello se ha de ver confirmada.

Cuarto.-En virtud de lo dispuesto en el Art. 398 de la LEC cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, se aplicarán en cuanto a las costas del recurso lo dispuesto en el Art. 394. En caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey


FALLO


 
Que desestimando el Recurso de Apelación formulado por D. Vicente representado por la Procuradora D.ª Mercedes de Miguel González contra la Sentencia dictada en los autos de Juicio Verbal 132/10 por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de O Porriño la debo confirmar y confirmo con imposición de las costas al apelante.

Se declara la pérdida del depósito constituido al apelar.

Así lo acuerdan, mandan y firman la Ilma. Sra. Magistrada D.ª MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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