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Sentencia A.P. Valladolid 265/2010 de 28 de septiembre


 RESUMEN:

Obligaciones: Cumplimiento. Accidente de tráfico: Reclamación por daños y perjuicios por secuelas, días impeditivos y días de curación no impeditivos por la caída sufrida por la actora en el interior de un autobús urbano en el que viajaba como pasajera. Responsabilidad de la entidad propietaria del vehículo y de su compañía aseguradora. Incumplimiento de conservación y mantenimiento de los elementos y barras de sujeción del autobús.

VALLADOLID

SENTENCIA: 00265/2010

Rollo 243/2010

SENTENCIA 265

ILMO. SR. PRESIDENTE

D. JOSE JAIME SANZ CID

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

D. ANGEL MUÑIZ DELGADO

D. JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA

En Valladolid a, veintiocho de Septiembre de dos mil diez.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 003, de la Audiencia Provincial de VALLADOLID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000714/2009, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 4 de VALLADOLID, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000243 /2010, en los que aparece como parte apelante: D.ª Milagros, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. NURIA MARIA CALVO BOIZAS, asistido por el Letrado D. RUBEN PEREZ BOYERO, y como parte apelada: AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID SA AUVASA, GROUPAMA SEGUROS Y REASEGUROS SA, representados por la Procurador de los tribunales, Sr./a. SONIA RIVAS FARPON, asistido por la Letrada D.ª MARÍA IRACHE ALLENDE BOLAÑOS; sobre: Reclamación de cantidad por daños y perjuicios en accidente de tráfico.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

Segundo.—Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, con fecha 16 de Febrero de 2010 se dictó sentencia cuyo fallo dice así: "Que estimando parcialmente la demanda presentada por el Procurador DOÑA NURIA CALVO BOIZAS, en nombre y representación de DOÑA Milagros contra AUVASA y GROUPAMA, representados por el Procurador DOÑA SONIA RIVAS FARPÓN, debo condenar y condeno a la parte demandada a abonar la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS Y CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (3.437,42 €), más los intereses legales, incrementados en un cincuenta por ciento respecto de la aseguradora demandada desde la fecha del siniestro, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia."

AUTO DE ACLARACIÓN.- Parte dispositiva: "SE ACCEDE A LA ACLARACIÓN solicitada en el sentido de que la condena incluye los intereses del art. 20 LCS, en los términos fijados en el fallo, añadiendo que no serán inferiores al 20% una vez transcurridos dos años desde la fecha del siniestro."

Tercero.—Notificada a las partes la referida sentencia, por el demandante se preparó recurso de apelación que fue interpuesto dentro del término legal alegando lo que estimó oportuno. Por la parte contraria se presentó escrito de oposición al recurso. Remitidos los autos de juicio a este tribunal se señaló para la Deliberación y Votación el pasado día 23 de Septiembre de dos mil diez.

ÚLTIMO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las formalidades legales.

Vistos, siendo ponente el Ilmo Sr. Magistrado Don. ANGEL MUÑIZ DELGADO


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—La actora reclama en su demanda la cantidad de 28.049,03 euros, correspondiente a 4 puntos por secuelas, 268 dias impeditivos y 306 dias de curación no impeditivos que relata padeció cuando sufrió una caída en el interior del autobús urbano en el que viajaba como pasajera. Dicha pretensión la formula frente a la entidad propietaria de dicho vehículo y su Compañía Aseguradora.

La sentencia de primera instancia estima parcialmente la demanda. Así en primer lugar considera que la responsabilidad en el siniestro ha de imputarse por mitad a la propia demandante, puesto que en una zona de curvas iba de pie cuando existían asientos libres que le hubieren permitido una mejor sujeción dado demás su estado convaleciente de una anterior lesión, y de otra a la entidad propietaria del vehículo, puesto que si bien no se ha demostrado circulase a una velocidad excesiva, está acreditado que la protección plástica de la barra de sujeción a la que iba agarrada la actora se hallaba en mal estado, desprendiéndose debido a la fuerza que sobre ella ejerció la pasajera para contrarrestar la inercia de la curva. En segundo lugar el juzgador se atiene al criterio del perito médico judicial que considera las secuelas restantes han de ser valoradas en 3 puntos y el periodo de curación en un total de 85 dias de incapacidad para sus ocupaciones habituales, que es el término medio del proceso curativo de ese tipo de lesiones en personas de la edad de la demandante, momento a partir del cual se produce una estabilización de la lesión, por mas que prosiga tratamiento paliativo del dolor, que ha de considerarse ya como secuela.

Segundo.—El anterior pronunciamiento se impugna exclusivamente por la parte actora, que como primer motivo del recurso muestra su disconformidad con el reparto de culpas o responsabilidades efectuado, ya que entiende que la causación del siniestro se debió única y exclusivamente a la excesiva velocidad a la que transitaba el vehículo en relación a las características de la via y al deficiente estado de la protección de la barra de sujeción.

La propia actora y la testigo que también viajaba en el vehículo en cuestión en la ocasión de autos, así como el conductor, relatan como cuando se produjo el accidente existían bastantes asientos libres en el autobús, habiendo optado aquella por viajar de pie en el espacio central del vehículo, frente a las puertas de salida, agarrada a la barra de sujeción que al efecto existe con una mano y portando en la otra un carro de la compra. El vehículo era un autobús urbano, no interurbano, en el que los pasajeros pueden optar perfectamente por viajar de pie o sentados, como mas cómodo o conveniente les sea, con independencia de cual sea el trazado de la via que en cada momento acometa el vehículo y que no tienen por que conocer. Es mas, el espacio libre de asientos en cuestión se halla precisamente destinado a que viajen de pie las personas que porten consigo carros de la compra, coches de niño u otros objetos que de ir sentados habrían de ubicar en el pasillo con el consiguiente entorpecimiento o impedimento del flujo de viajeros que en las sucesivas paradas bien suban y deseen ubicarse en el vehículo bien vayan a descender del mismo. En nada empece a ello que la demandante un mes antes hubiere sufrido una lesión consistente en un latigazo cervical que aún no había curado completamente, pues en absoluto consta acreditado ello le impidiere hacer una vida normal o le privare de la fuerza imprescindible para sujetarse con la mano y brazo a la barra de seguridad. Por el contrario, precisamente la actora iba a la compra, arrastrando el carro y la carga correspondiente, subiéndolo y bajándolo de autobuses, etc..., es decir haciendo una vida normal y desarrollando los esfuerzos propios de la misma. No nos hallamos por tanto ante una persona que padezca una enfermedad, minusvalía o impedimento que le obligue o aconseje adoptar unas especiales precauciones para viajar en autobús o a hacerlo sentada, sino ante un viajero en condiciones de normalidad a tales efectos, que puede elegir libremente ir sentado o de pie, en función de su propia comodidad o gusto, de la duración del trayecto que vaya a efectuar, etc... y que a mayores portaba un carro de la compra, de modo que si se sienta y lo coloca en el pasillo obstaculizaría el tránsito, bien de las pocas personas que en aquel momento iban dentro del vehículo si deseaban descender bien de las pocas o muchas que subiesen en las sucesivas paradas. No hallamos por lo tanto contribución alguna culposa por parte de la viajera al proceso causal desencadenante del siniestro en base a la cual sea factible moderar proporcionalmente la indemnización que corresponda a las lesiones sufridas.

Bien al contrario, entendemos que la caida de la pasajera tuvo por causa exclusiva un proceder negligente de la empresa propietaria del autobús, responsable no solo de que el vehículo disponga de los pertinentes elementos y barras de sujeción para que los usuarios puedan viajar con seguridad sujetos o agarrados a los mismos, sino de mantenerlos en las debidas condiciones para que cumplan tal función. Y precisamente esa obligación de conservación o mantenimiento es la que se incumplió en la ocasión de autos, pues la testigo que viajaba también en el vehículo y presenció la caída, de cuya imparcialidad no existe indicio alguno que permita dudar, confirma que la protección plástica que cubría la barra de seguridad a la que iba sujeta la actora estaba rota, de modo que cuando el vehículo tomó la pronunciada curva se giró y desprendió como consecuencia de la fuerza que sobre ella ejerció la pasajera para sujetarse y vencer la inercia lateral que el autobús la imprimió al girar, saliendo despedida y golpeándose hasta fracturar las costillas. Esa es la causa principal y eficiente del siniestro, imputable a la empresa demandada, a lo que cabe añadir que el propio conductor del autobús al testificar manifiesta que ciertamente la caida se produjo con ocasión de tomar una curva muy cerrada, que a su entender no puede cogerse con ese vehículo a mas de 25 Kmt/h so pena de invadir el otro carril, respondiendo cuando se le interroga sobre a velocidad a la que lo hizo que entre 20 a 25 Kmt/h, es decir al límite. Debe recordarse al respecto que tratándose de un autobús de pasajeros la velocidad a la que se efectúan las maniobras no solo debe adecuarse al trazado de la via y circunstancias del tráfico, sino también a la seguridad de los viajeros y particularmente si los hay que van de pie, procurando realizar giros y frenadas con la necesaria prudencia para no someterles a fuerzas de desplazamiento o inercias que puedan hacerles perder el equilibrio en un estado normal de sujeción a los elementos que para ello se hallan instalados. Acogemos en su consecuencia este primer motivo del recurso y en tal sentido revocamos la sentencia apelada, sin que haya lugar a reducción alguna en el monto indemnizatorio que a la perjudicada corresponda por las lesiones y secuelas padecidas.

Tercero.—Cuestiona por último la apelante el alcance del proceso curativo que se fija en sentencia, argumentando que los dias de impedimento concedidos son muy inferiores siquiera a los dias que la lesionada estuvo de baja laboral sin razón alguna objetiva que así lo justifique, sin que tampoco se explique el porque de fijar en la cifra media y no en la máxima el periodo de impedimento entre los 70 y 100 dias que el perito judicial atribuye al periodo normal de curación para este tipo de lesiones.

En tal sentido ha de precisarse que los dias de impedimento para las ocupaciones habituales producto del periodo curativo de una lesión no tienen necesariamente porque coincidir con el periodo de baja laboral que se le haya concedido por tal motivo al lesionado. En el presente caso no se ha traido a testificar al facultativo que concedió la baja laboral, ignorándose por lo tanto el criterio seguido por este a tales efectos, hallándonos a mayor abundamiento con que la propia lesionada se hallaba en proceso de recuperación de otra lesión consecuencia de un accidente de tráfico precedente. Por ello parece acertado seguir en la materia el informe del perito judicial, cuya imparcialidad viene garantizada por el propio sistema de su designación y cuya cualificación profesional no ha sido puesta en duda, el cual fija para una persona de estas características un periodo de curación con impedimento entre los 70 y los 100 dias, instante a partir del cual la evolución de la lesión se estabiliza y ha de entenderse nos hallamos ante una secuela indemnizable, por mas que prosigan tratamientos paliativos del dolor, etc... Así lo ha hecho el juzgador de instancia, que dentro de ese periodo opta por fijar dicho periodo, a falta de otros datos que aconsejen lo contrario, en su duración media, es decir en 85 dias de impedimento, sin que se ponga de manifiesto en las actuaciones prueba alguna que aconseje modificar su ponderado criterio y superar el límite establecido. Vamos en este aspecto a confirmar la sentencia apelada.

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en los arts. 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se hace expresa imposición de las costas de esta segunda instancia al estimarse en parte el recurso.


FALLAMOS


 
LA SALA ACUERDA: Se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Doña Milagros frente a la sentencia dictada el dia 16 de Febrero de 2010 por el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Valladolid, en los autos de juicio ordinario de los que dimana el presente Rollo de Sala, resolución que se revoca en el único sentido de fijar en 6.874,84 euros la suma objeto de condena, confirmándola en cuanto al resto de sus pronunciamientos, todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas en esta segunda instancia.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado octavo la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según redacción de la Ley Orgánica 1/2009, acordamos, también, la devolución del depósito constituido al recurrente al haberse estimado el recurso.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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