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Auto T.S. (Sala 2) de 21 de abril de 1999


 RESUMEN:

Vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Cuestiona que haya quedado acreditado que los acusados fuesen los autores de las explosiones. Se incurre en la causa de inadmisión del articulo 885.1 de la Ley de Enjuiciamiento criminal. Se denuncia la existencia de error en la apreciación de la prueba, infracción de ley. No ha lugar a la admisión.

AUTO

HECHOS

Primero.-Dictada sentencia, el recurrente preparó ante el tribunal de instancia recurso de casación que, admitido a trámite, se remitió a esta Sala donde fue formalizado mediante la presentación del correspondiente escrito, basándolo en los motivos que se reseñan en los fundamentos jurídicos de esta resolución.

Segundo.-En el trámite correspondiente, el Ministerio Fiscal y la representación del recurrente se instruyeron del recurso y de los escritos presentados.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero.-En el primer motivo del recurso se denuncia la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. El recurrente cuestiona que haya quedado acreditado que los acusados fuesen los autores de las explosiones que tuvieron lugar en la zona en la que se encontraban, pues allí había una gran número de barcos de pesca faenando.

El motivo carece de fundamento e incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 885.1 de la Ley de enjuiciamiento criminal .

a) En el relato de hechos probados se expone que los acusados arrojaron un explosivo a la mar en dos ocasiones, de modo que numerosos peces aparecieron en la superficie, y los acusados los recogieron. Los acusados fueron condenados, como autores de un delito contra la protección de la fauna de los arts. 336 y 337 del Código penal a la pena de un año de prisión y a la inhabilitación de cinco años para la pesca.

En el juicio, dos guardias civiles indican que los acusados se dirigieron al lugar, y que ellos les observaban con prismático; que uno de los acusados sacó de una bolsa un objeto y se oyó un ruido sordo y el agua se movió; que recogieron el pescado que salió a la superficie y regresaron para repetir la misma operación; que les detuvieron con el pescado en su poder. Un perito veterinario se ratifica en su informe (folio 18), en el que se indica que la partida de pescado presentaba todos los síntomas de haber muerto por onda expansiva y de pesca con explosivos.

b) La credibilidad de las declaraciones de personas que han declarado en el juicio oral es una cuestión de hecho, pues depende sustancialmente de la inmediación de la que sólo el tribunal a quo ha dispuesto, y ello impide técnicamente revisar el juicio de dicho tribunal sobre la prueba que se produjo en su presencia (cfr. STS 20 mayo 1995 ).

c) En ese sentido, las declaraciones de los funcionarios de policía lo son, de acuerdo con lo que establece el art. 297 de la Ley de Enjuiciamiento, sobre hechos de conocimiento propio, en tanto que se refieren a comportamientos externos observados al acusado y a las personas que le rodeaban. Por tanto, pueden ser valoradas como declaraciones testificales, siempre que no se infrinjan los límites de racionalidad en la ponderación de la prueba ( art. 717 Ley de Enjuiciamiento criminal ).

Por tanto, esta Sala no puede revisar el juicio del tribunal de instancia sobre la credibilidad de las declaraciones de los testigos, en la medida que, al aceptar su veracidad, no infringió exigencias de racionalidad y explicó en el fundamento jurídico segundo las razones por las que estimaba creíble su contenido, en particular por la coincidencia con las conclusiones del perito.

Segundo.-En el tercer motivo del recurso se denuncia la existencia de error en la apreciación de la prueba. Se alude al atestado y se indica que los explosivos no han aparecido, por lo que es imposible condenar por empleo de medios explosivos para la caza.

El motivo incurre en las causas de inadmisión previstas en los arts. 884.6 y 885.1 de la Ley de enjuiciamiento criminal .

a) En relación con la escritura notarial, ha de señalarse que esta Sala ha señalado que sólo pueden ser considerados documentos los que vinculan por su contenido al tribunal mientras no se demuestre su falsedad (cfr. STS 3 febrero 1995 ). En ese sentido, el atestado, según ha señalado esta Sala reiteradamente, no puede considerarse documento a los efectos de la casación.

b) En cualquier caso, lo que el recurrente discute es si el tribunal pudo afirmar que se utilizaron explosivos si éstos nunca fueron incautados. Sin embargo, la conclusión ha de ser la contraria a la mantenida por el recurrente, pues los testigos vieron que los acusados arrojaba en dos ocasiones a la mar un objeto que previamente habían acercado a un cigarrillo y que producía un ruido sordo y movimiento de aguas, así como que incautaron en poder de los acusados momentos después pescados que, según el perito, presentaba síntomas de muerte en pesca con explosivos. La convicción de que los acusados utilizaron explosivos no es, por tanto, arbitraria, sino que está fundada en indicios diversos de diferente procedencia y que confluyen en un razonamiento adecuado a máximas de experiencia.

Tercero.-En el segundo motivo del recurso se denuncia la existencia de infracción de ley. El recurrente afirma que la tenencia material de explosivos es un elemento del tipo penal del art. 336 del Código penal, y que ello requiere su incautación en poder del acusado, lo que en este caso no sucedió.

El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 885.1 de la Ley de enjuiciamiento criminal .

El tipo del art. 336 del Código penal exige, sin duda, que el acusado haya utilizado explosivos en la pesca y, por tanto, es necesario que alguno de los autores haya empleado materialmente el explosivo con ese fin. Sin embargo, esa afirmación no supone que la única forma de probar la utilización de explosivos sea su ocupación, pues el explosivo se consume con su utilización y, de seguir el criterio del recurrente, una vez empleado, no sería nunca posible su intervención.

En su consecuencia procede adoptar la siguiente parte dispositiva:

PARTE DISPOSITIVA

NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formalizado por los recurrentes, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen, en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución, condenándole al pago de las costas de este recurso y a la pérdida del depósito, si lo hubiera constituido.

Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.




Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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