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Sentencia T.S. 1296/2009 (Sala 2) de 1 de diciembre


 RESUMEN:

Recurso de súplica. Estimación. Vulneración tutela judicial efectiva. Procede. Vulneración principio de legalidad. Procede. Se estima el recurso del Ministerio Fiscal.

En la Villa de Madrid, a uno de Diciembre de dos mil nueve

En el recurso de casación por infracción de ley y de precepto constitucional, que ante Nos pende, interpuesto por el MINISTERIO FISCAL, contra el Auto de fecha 25/06/09 dictado por la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Segunda, por el que se desestima el recurso de súplica interpuesto contra el Auto de fecha 02/06/09; los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal supremo que al margen se expresan se han constituido para la Votación y Fallo bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Saavedra Ruiz.


ANTECEDENTES


 
Primero.-La Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Segunda, dictó Auto en fecha dos de junio de dos mil nueve, que contiene los siguientes Hechos: " Con carácter previo y antes del comienzo de la vista oral, la Sala tras haber hecho comparecer a los lesionados, ha abierto un turno de intervención a las partes conforme al artículo 786.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , en relación con la competencia de este Órgano Judicial para el conocimiento de los hechos delictivos objeto de acusación, habiendo considerado competente a este Tribunal, el Ministerio Fiscal y una de las defensas letradas solicitó la continuación del juicio por estimar competente al Tribunal mientras que las restantes defensas letradas se opusieron a dicha petición ".

La Audiencia Provincial, dictó la siguiente Parte Dispositiva: " 1.º-Declarar la falta de competencia de este Tribunal para el conocimiento y fallo de los hechos objeto de acusación en la presente causa. 2.º- Remitir los autos al Juzgado Decano de los de lo Penal de Baracaldo para su reparto al que por turno corresponda por ser los competentes para el enjuiciamiento y fallo de la causa; verificado, archívese el rollo en su legajo correspondiente. 3.º- Remítase junto con el Procedimiento Abreviado 18/08, testimonio de la presente resolución ".

Segundo.-Contra dicho Auto el MINISTERIO FISCAL interpuso recurso de súplica, alegando vulneración del principio de legalidad por infracción de lo establecido en los n.º 3 y 4 del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del artículo 24 de la Constitución Española.

La Audiencia dictó Auto en fecha veinticinco de junio de dos mil nueve, desestimando el recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el Auto de 2 de junio de 2009, el cual se confirma en todas sus partes.

Tercero.-Notificado el Auto a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de ley y de precepto constitucional, por el MINISTERIO FISCAL, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

Cuarto.-Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, el MINISTERIO FISCAL formalizó su recurso, alegando los motivos siguientes: ÚNICO.- Por infracción de ley, al amparo del n.º 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por inaplicación indebida del artículo 14.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 150 del Código Penal, y con vulneración de la tutela judicial efectiva y del derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley del artículo 24 de la Constitución Española.

Quinto.-La Sala admitió el recurso, quedando conclusos los Autos para señalamiento de Fallo, cuando por turno correspondiera.

Sexto.-Realizado el señalamiento para Fallo, se celebró la deliberación y votación prevenida el día 17 de noviembre de 2009.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Formaliza el Ministerio Fiscal un único motivo de casación bajo el amparo genérico de la infracción de ley del artículo 849.1 LECrim., aunque dotado de un contenido más amplio que abarca tanto la indebida inaplicación de la norma de competencia del artículo 14.4 LECrim., en relación con el artículo 150 C.P., y la vulneración de la tutela judicial efectiva y del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley ex artículo 24 C.E., de forma que en su desarrollo establece un triple frente de impugnación a los autos de la Audiencia Provincial de Vizcaya recurridos (02 y 25/06/09), que pasa por el error al fijar la competencia, por infracción del artículo 14.3 LECrim., que aplica indebidamente, y del 14.4, que inaplica, siendo manifestación de ello la vulneración del derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la ley del artículo 24 C.E.; la vulneración del artículo 150 C.P. por cuanto la decisión competencial determina prejuzgar la calificación del Ministerio Fiscal y la acusación sin tener en cuenta los hechos incorporados a la misma y su trascendencia en orden a la deformidad referida en el precepto sustantivo citado; y, por último, también se ha infringido la tutela judicial efectiva del Ministerio Fiscal por cuanto, enlazando con lo anterior, la Audiencia ha decidido indirectamente sobre la calificación propuesta sin atender y examinar la prueba interesada, y admitida, por las acusaciones.

El Ministerio Fiscal tiene razón y el recurso debe ser estimado.

En el fundamento de derecho segundo del auto de 02/06/09, partiendo la Audiencia de su potestad para resolver de oficio sobre su propia competencia objetiva en el trámite del artículo 786.2 LECrim., lo que solo puede admitirse con matizaciones, y que la decisión recurrida fue tomada después de haber oído a las partes en Audiencia contradictoria y observado las lesiones sufridas por los perjudicados, consigna para resolver como lo hace, es decir, excluir la calificación de los hechos conforme al artículo 150 C.P., que ha comprobado " mediante la simple visualización del lesionado sin necesidad de que se practique toda la prueba propuesta para su realización en el juicio oral, que no padece la deformidad alegada y ni siquiera perjuicio estético...... ", insistiendo en el tercero " .... no apreciando en ninguno de ellos la existencia de deformidad alguna, no siendo por tanto estos hechos constitutivos de un delito de lesiones del artículo 150 del C.P ..... siendo, por el contrario, un delito de lesiones del artículo 147.1 C.P . ", cuyo enjuiciamiento corresponde a los Juzgados de lo Penal, añadiendo además que en este caso procedería el recurso de apelación en interés de las partes.

Sin embargo, olvida la Audiencia que los hechos objeto de calificación provisional por el Ministerio Fiscal, potencialmente subsumibles en el artículo 150 C.P., se desarrollan de la siguiente forma, como subraya el propio recurrente en su informe, " ... como consecuencia de la violencia ejercida sobre su persona Rogelio, de 26 años de edad, sufrió traumatismo facial con fractura de huesos propios nasales y fractura doble de rama mandibular, precisando para su recuperación.. de tratamiento médico quirúrgico... quedándole como secuelas: porta material de osteosíntesis en hueso mandibular (2 placas metálicas y 8 tornillos), molestias leves en región mandibular ante la masticación de alimentos duros y sensación de hipoestesia (pérdida leve de sensibilidad) en región mentoniana de la mandíbula, así como cicatriz quirúrgica de 5 cm y coloración hipercrómica en región submandibular izquierda ". Pues bien, se vulnera la tutela judicial efectiva con indefensión no solo cuando se omite toda respuesta a una cuestión o pretensión jurídica planteada legítimamente por una de las partes sino también cuando la respuesta es arbitraria (artículo 9.3 C.E.), como sucede en el presente caso, cuando la Audiencia no ha tenido en cuenta que los hechos descritos pueden constituir una deformidad de tipo funcional que no es apreciable a simple vista, precisando el desarrollo y práctica de la prueba pericial médica instada por la acusación y que ya había sido admitida por la Audiencia, por cuanto el Tribunal con su decisión omitió la percepción de unos conocimientos médicos cuya exposición ante el mismo había interesado legítimamente el Ministerio Fiscal. Ello con independencia del alcance de la cicatriz descrita y su trascendencia en la posible calificación de los hechos ex artículo 150 C.P.. La vulneración en este caso de la tutela judicial conlleva también la de las normas, procesal y sustantiva, invocadas por el Ministerio Fiscal en el enunciado del motivo.

Segundo.-Nos referíamos más arriba a las matizaciones que deben hacerse al examen de oficio de la propia competencia objetiva por parte del Tribunal, sea en sede del trámite del artículo 786.2 LECrim. o fuera del mismo. El Ministerio Fiscal cita dos precedentes de esta Sala a propósito de esta cuestión, las S.S.T.S. 1556/98 y 782/99. En la primera llama el Tribunal Supremo la atención a la Audiencia afirmando que " está vedado al Tribunal entrar en el fondo del asunto sobre si el tan repetido local estaba abierto o no al público, pues es una manera indebida de prejuzgar la cuestión ", también en un asunto sobre competencia objetiva. La segunda sentencia, en su fundamento de derecho único, desarrolla la siguiente doctrina " la vigencia de la norma de la "perpetuatio jurisdictionis" impone la interpretación estricta de las normas que atribuyen la competencia y, en el caso aquí en cuestión, el seguimiento estricto de las que distribuyen la competencia para el conocimiento y fallo de las causas entre el juez de lo Penal (numero 3.º del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ) y las Audiencias Provinciales de las circunscripciones donde el delito se haya cometido (número 4.º del mismo artículo). Esa competencia, determinada en razón a la duración de la pena privativa de libertad, según exceda o no de cinco años, o en el caso de otras penas, con excepción de la de multa, según excedan o no de diez años, no admite más que dos excepciones en las normas que regulan el denominado procedimiento abreviado en el título III del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se dedica a los procedimientos especiales, y ambas son solo de posible presentación cuando la causa venga siendo conocida por un juez de lo Penal. Son: 1.º) cuando todas las acusaciones califiquen los hechos en sus conclusiones definitivas como delitos castigados con pena que exceda de la competencia del juez de lo Penal, situación que se regula en el número 8 del artículo 793 (redacción anterior a la Ley 38/2002, hoy 788.5 ), después de haberse previsto y regulado en el número precedente del mismo artículo la posibilidad de que en conclusiones definitivas se cambie por la acusación la tipificación penal de los hechos o se aprecie un mayor grado de participación o circunstancias de agravación de la pena; y 2.º) que de la prueba practicada durante las sesiones del juicio resultare que la pena a solicitar definitivamente va a exceder de las que es competente para imponerlas el juez de lo Penal (artículo 790.7 párrafo último, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Texto anterior a la Ley 38/2002, desaparecido en la nueva redacción del artículo 783.3 LECrim. por superfluo, ya que el apartado anterior comprende también éste) que en tal caso debe dictar auto decretando su inhibición y la remisión de la causa al tribunal competente. En realidad ambos casos tienen en común que se pueda llegar a sobrepasar en las penas que en definitiva puede proceder solicitar y aplicar, la competencia del juez de lo Penal, que, naturalmente habrá de dar lugar a traspasar a la Audiencia Provincial el conocimiento y fallo de la causa. Sin embargo para el caso opuesto el legislador, que pudo haberlo contemplado, no ha determinado que se haya de proceder como se ha acordado en el auto recurrido, pese a la apariencia que en esa resolución se estima de que la inhibición en favor del juez de lo Penal permitiría el acceso a un recurso de apelación ante la propia Audiencia que ésta estima de más fácil acceso para la parte, cuando, por el contrario, es así que ofrece más garantía al justiciable el ser juzgado por un tribunal colegiado con posibilidad de que la sentencia de instancia pudiera recurrirse en casación ", recurso, debemos añadir, que desprovisto del formalismo precedente, alcanza el cumplimiento del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como reiteradamente ha señalado esta Sala y el Tribunal Constitucional. Por ello, el artículo 786.2 LECrim. establece que sólo a instancia de parte " el Juez o Tribunal abrirá un turno de intervenciones para que puedan las partes exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del órgano judicial..... ", luego en esa fase procesal no cabe la actuación de oficio sino que es preciso que una parte inste tal cuestión, aún siguiendo una posible sugerencia del Tribunal al respecto, pero en todo caso es preciso que la parte la recoja.

Tercero.-Ex artículo 901.1 LECrim. las costas del recurso deben ser declaradas de oficio.


FALLO


 
Que debemos declarar HABER LUGAR al recurso de casación por infracción de ley y de precepto constitucional dirigido por el MINISTERIO FISCAL frente al Auto dictado por la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Segunda, en fecha 25/06/09, en el rollo 13/09, casando y anulando el mismo, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la celebración del juicio oral, que deberá celebrarse ante la Audiencia Provincial, constituida por Magistrados distintos a los que dictaron los Autos de 2 y 25/06/09, declarando de oficio las costas del recurso.

Comuníquese la presente resolución a la Audiencia de procedencia a los efectos oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Juan Saavedra Ruiz, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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