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Sentencia A.P. Cáceres 47/2010, de 18 de marzo


 RESUMEN:

Declara la Audiencia que, si por los hehcos sobre los que se había tomado declaración en calidad de imputado al apelante no se formuló acusación, y se hizo por otros distintos (posteriores) a aquéllos, y la sentencia del Juzgado de lo Penal utilizó tanto unos como otros para sustentar la condena, se infringieron el derecho de defensa y el principio acusatorio.

SENTENCIA

En Cáceres, a dieciocho de marzo de dos mil diez.


ANTECEDENTES DE HECHOS


 
Primero.-Que por el Juzgado de lo Penal de Plasencia, en el Juicio Oral reseñado al margen, seguido por un delito de IMPAGO DE PENSIONES, contra Narciso, se dictó Sentencia de fecha veintiuno de enero de dos mil diez, cuyos hechos probados y fallo son del tenor literal siguiente: HECHOS PROBADOS: "Resultado probado y así se declara que Narciso, mayor de edad y sin antecedentes penales, estuvo casado con Eloisa, teniendo en común una hija que actualmente cuenta con dieciocho años de edad.

Según sentencia de divorcio contencioso n.º 292/03, del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 de Navalmoral de la Mata (Cáceres) dictada el 10 de noviembre de 2003, se fijaba para Narciso la obligación de abonar una pensión alimenticia a favor de la hija común por importe de 100 euros mensuales, que debía hacer efectiva en los cinco primeros días de cada mes mediante ingreso en la cuenta corriente que se designara y que debía actualizarse anualmente conforme al IPC aprobado por el INE o institución análoga que lo sustituyera.

Al menos desde que la niña contaba aproximadamente con quince años de edad ha estado conviviendo con la abuela materna en la localidad de Talayuela, siendo dicho pariente quien venía recibiendo el pago de las pensiones alimenticias al tener materialmente a su cago a la menor, aún cuando la sentencia de divorcio fijaba que la guarda y custodia sería para la madre, Eloisa.

El pago se hacía bien en mano mediante la expedición de un "recibí", o bien mediante transferencia bancaria. En la misma localidad reside Narciso con quien la hija ha mantenido y mantiene un contacto habitual, sin llegar a cambiar de forma permanente su domicilio.

Durante los cinco meses anteriores a septiembre de 2007 Narciso dejó de abonar la pensión alimenticia de su hija a la abuela materna, si bien siempre ha entregado cantidades de dinero no concretadas en mano a la propia menor para sus gastos los fines de semana, dichas sumas fueron dispuestas por la menor sin entregarlas a la abuela la cual nunca contó con la ayuda económica fijada judicialmente para el sostenimiento de su nieta.

Con posterioridad al mes de octubre de 2007, en fecha no determinada, Narciso abrió una cuenta bancaria en la que estaba autorizada su hija para ingresar en la misma las pensiones alimenticias, en dicha cuenta hizo un primer ingreso de 500 euros en fecha no determinada del año 2007, sin que consten probados otros ingresos posteriores ni las cuantías de éstos.

Dicha suma ha sido dispuesta por la menor para fines lúdicos no relacionados con el sustento de sus gastos esenciales de comida, ropa, estudios y vivienda, sin aplicarse al fin de la pensión alimenticia.

No ha quedado probado que en la fecha de celebración del juicio Narciso haya abonado el total importe de las pensiones alimenticias debidas.

Narciso no ha tenido problemas económicos en esto años que le impidieran o dificultaran el cumplimiento de la obligación de alimentos."

FALLO: " Que debo condenar y condeno a Narciso, como autor criminalmente responsable de un delito de abandono de familia en su modalidad de impago de prestaciones económicas, antes definido, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de seis meses de multa con cuota diaria de dos euros, con responsabilidad personal y subsidiaria para el caso de impago (un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas).

Narciso deberá indemnizar a Eloisa en la suma que se determine en ejecución de sentencia por el impago de la pensión alimenticia desde el mes de noviembre de 2007 incluido hasta la fecha del dictado de la presente sentencia.

Se imponen las costas del procedimiento a Narciso."

Segundo.-Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por la representación de Narciso, que fue admitido en ambos efectos, y transcurrido el periodo de instrucción y alegaciones de conformidad con lo establecido en la L.E.Cr., se elevaron las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial.

Tercero.-Recibidas que fueron las actuaciones se formó el correspondiente rollo, con el oficio misivo por cabeza, registrándose con el número que consta en cabecera, se acusó recibo y se turnaron de ponencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 792.1 de la L.E.Cr., pasaron las actuaciones al Ilmo. Sr. Magistrado Ponente para examen de las mismas y dictar la oportuna resolución, señalándose votación y fallo el quince de marzo del corriente año.

Cuarto.-En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Vistos y siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. VALENTÍN PÉREZ APARICIO


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.-El recurso de apelación que interpone la representación procesal del acusado ha de ser estimado y, consecuentemente, debe ser absuelto del delito de abandono de familia en su modalidad de impago de pensiones, ya que el mantenimiento de la condena impuesta en primera instancia implicaría la vulneración de garantías esenciales del imputado y la infracción del principio acusatorio.

Segundo.-Así, el Ministerio Fiscal, en su escrito de calificación provisional (folio 84) luego elevada a definitiva en el juicio lo que imputaba, en relación con el delito objeto de acusación, era la falta de pago por parte del acusado de la pensión fijada en relación con el sustento de su hija menor "desde noviembre de 2.007 hasta el momento en que se formula el presente escrito de calificación" (4 de diciembre de 2.008); pero sobre tales hechos no se había tomado declaración al imputado por una simple razón cronológica como era que su declaración se había tomado el 5 de octubre de 2.007, y tampoco figuraban expresamente en el auto de acomodación a procedimiento abreviado. La acusación, por tanto, se apartó de lo que era el ámbito del enjuiciamiento determinado con las debidas garantías en fase de instrucción (los hechos inicialmente denunciados, de los que se informó y sobre los que se interrogó al imputado) para imputar otros distintos y posteriores, sobre los que no se le oyó y que no figuraban expresamente expuestos en el auto de acomodación a procedimiento abreviado. Mantener la condena por tales hechos implicaría santificar una clara situación de indefensión para el acusado.

Por su parte, la sentencia de instancia sustenta en parte la condena también en el irregular impago por parte del acusado de las pensiones correspondientes al periodo mayo-septiembre de 2.007, que era el objeto de la denuncia y sobre lo que había declarado el imputado. Este era, a falta de una declaración ampliatoria del imputado sobre el periodo posterior a noviembre de 2.007, el único ámbito objetivo que podía ser objeto de enjuiciamiento; pero el Ministerio Fiscal, única acusación, no incluyó tal periodo en sus conclusiones primero provisionales y luego definitivas, por lo que sustentar una condena sobre dicho periodo para integrarlo en el elemento objetivo del delito del artículo 227 del Código Penal infringiría el principio acusatorio.

Tercero.-Consecuencia de lo anterior es que, si por los hechos sobre los que se había tomado declaración en calidad de imputado al apelante no se formuló acusación, y se hizo por otros distintos (posteriores) a aquellos, y la sentencia utiliza tanto unos como otros para sustentar la condena, se han infringido el derecho a la defensa y el principio acusatorio; correlativamente, dado que la condena no puede sustentarse en el impago correspondiente al periodo de mayo a septiembre de 2.007, pues no ha sido objeto de acusación, ni tampoco en el periodo noviembre de 2.007 a diciembre de 2.008, por no haber sido informado el denunciado de dicha imputación antes de la acomodación a procedimiento abreviado, necesariamente ha de ser absuelto en la presente causa.

Cuarto.-No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la Autoridad que nos confiere el Pueblo Español


FALLAMOS


 
Se ESTIMA el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Narciso contra la Sentencia de fecha 21 de enero de 2.010 dictada por el Juzgado de lo Penal de Plasencia en los autos de juicio oral 314/2009, de que dimana el presente Rollo, y se REVOCA dicha resolución ABSOLVIENDO al apelante del DELITO DE ABANDONO DE FAMILIA del que venía condenado en primera instancia, declarando de oficio las costas del juicio y sin hacer expresa imposición de las costas procesales de esta alzada.

Notifíquese la presente resolución. Se informa de que contra la misma no cabe ulterior recurso, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar Aclaración respecto de algún concepto que se considere oscuro o para rectificar cualquier error material del que pudiera adolecer, solicitud a formular para ante este Tribunal, dentro de los dos días siguientes al de notificación de la presente resolución (art. 267.1 y 2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial); o para corregir errores materiales manifiestos o aritméticos, en este caso sin sujeción a plazo alguno (art. 267.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). Si se hubieran omitido en esta resolución manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en esta instancia podrá igualmente solicitarse en el plazo de cinco días que se complete la resolución en la forma expuesta en el artículo 267.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; todo ello referido a la parte dispositiva de la resolución. Así mismo, podrá instar la parte, si a su derecho conviniere y hubiere motivo para ello, que se declare la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de esta sentencia, conforme a lo dispuesto en el art. 241 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, según modificación operada por Ley Orgánica 6/2.007, de 24 de mayo, derecho a ejercitar en el plazo de veinte días contados desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de la indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución.

Una vez notificada, remítanse los autos originales con certificación literal de esta resolución y el oportuno oficio al Juzgado de procedencia, para cumplimiento y ejecución de lo acordado interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando el Tribunal celebrando audiencia pública y ordinaria en el mismo día de su fecha. Certifico.-

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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