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Sentencia T.S.J. Canarias 266/2010 de 11 de octubre


 RESUMEN:

Sanidad: Responsabilidad patrimonial. Nexo causal entre la actuación de los facultativos y el daño causado. Mala praxis en la extirpación del ovario derecho por ausencia del consentimiento informado, pero no la del ovario izquierdo, en donde sí existió consentimiento informado. Error sustancial tanto en la denegación de las pruebas solicitadas por la Administración, como en el dictado de la propia sentencia. Estimación del recurso.

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de octubre de 2010.

Visto por esta Sección TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS. SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. Sección Primera., integrada por los Sres. Magistrados, anotados al margen, el recurso de Apelación n.º 0000095/2010, comparecen como apelante - apelada el Servicio Canario de Salud, representado por el letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias y Dña. Elsa, representada por el procurador Oscar Muñoz Correa..


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El Juzgado de lo contencioso-administrativo numero 1 de Las Palmas dictó sentencia el día 18 de abril de 2007 cuyo fallo dispone:

"Que ESTIMANDO PARCIALMENTE el recurso presentado por el Procurador D. Óscar Muñoz Correa, en nombre y representación de D.ª Elsa se declara la nulidad del acto administrativo identificado en el Antecedente de Hecho primero de esta resolución, dejándolo sin efecto sólo en el particular de la cuantía indemnizatoria, reconociendo el derecho de la recurrente a ser indemnizada por la Administración en la suma de 150.000 euros (de los que 22.731,51 euros ya han sido abonados), más los intereses legales fijados conforme al fundamento jurídico segundo de esta Sentencia, sin realizar pronunciamiento condenatorio sobre costas procesales"

Segundo.-Interpuso recurso de apelación frente a la sentencia mencionada el Servicio Canario de Salud, al que se adhirió la demandante.

Tercero.-Tramitado el recurso sin practica de nueva prueba, se señaló día para votación y fallo del presente recurso en cuyo acto tuvo lugar su realización.

Se han observado las prescripciones legales que regulan la tramitación del recurso.

Es ponente el Ilmo. Sr. Don Javier Varona Gómez Acedo, que expresa el parecer de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El abogado del Serrvicio Canario de Salud dice textualmente en el fundamento de su recurso de apelación lo siguiente:

"La Sentencia en su Fundamento de Derecho Segundo, parte de un error manifiesto, y es el considerar que la Resolución administrativa de estimación parcial de la reclamación de responsabilidad patrimonial, reconoce el nexo causal entre la actuación de los facultativos y el daño causado, por lo que el pleito se reduce al cálculo de la indemnización.

De la lectura de dicha Resolución administrativa se desprende que sólo se reconoce la mala praxis en la extirpación del ovario derecho por ausencia del consentimiento informado, pero no la del ovario izquierdo, en donde sí existió consentimiento informado.

Tanto en la demanda, como en la contestación, el debate no se centra exclusivamente en el cálculo de la indemnización, sino en la existencia o no de mala praxis en la extirpación del ovario izquierdo, por lo tanto, lo que se debate es si existe nexo causal, y si el daño es antijurídico, elementos que determinan la existencia o no de la responsabilidad patrimonial, y que son previos al cálculo indemnizatorio.

La Sentencia hurta el debate jurídico entre las partes, dando por cierto un hecho completamente erróneo, lo que la lleva igualmente a denegar las pruebas solicitadas por las partes, tendentes a demostrar si existió o no dicha mala praxis médica en el ovario izquierdo.

Existió indefensión durante el proceso, con la denegación injustificada de las pruebas, recurrido en súplica, y en la propia Sentencia, en la que no se Resuelve sobre el objeto de debate entre las partes, anulando la Resolución Administrativa, sin motivación alguna que explique porqué existe responsabilidad en la extirpación del ovario izquierdo.

A la vista de dicha indefensión se solicita la nulidad de la Sentencia, y la retroacción de las actuaciones para que puedan practicarse las pruebas solicitadas.

Con carácter subsidiario, está probado, que la actora tenía tumores en los dos ovarios, tal como figura en el informe de anatomía patológica (doc n° 17 Y 123), siendo la única solución la extirpación quirúrgica.

Respecto al ovario izquierdo, consta el consentimiento informado firmado por la actora doc n° 154), y consta la declaración testifical de los médicos que operaron, de que se informó a la paciente de que se iba a practicar cirugía sobre dicho ovario afectado por el tumor (doc n° 116 y 117).

Existe la solicitud de la actora solicitando el adelanto de la operación por entenderse que la tumoración debía considerarse maligna. (doc n° 16)."

Segundo.-A la vista del primer parrafo del funadamento segundo de la sentencia hay que anticipar que el abogado dela Administración tiene razón. Se dice en tal párrafo que " Teniendo en cuenta que, en la resolución dictada, ya la Administración reconoce la existencia de un nexo causal entre la actuación de los facultativos y el daño producido a la recurrente, el objeto de este recurso queda reducido a la cuantía indemnizatoria que a ésta le corresponde".

Sin embargo, ni el acto administrativo, ni en la contestación a la demanda, puede deducirse que la Administración hubiera reconocido tal relación de causalidad. Por el contrario se deniega la existencia de nexo causal y de la antijuridicidad del daño. Se dice en el acto administrativo: "Que la conservación del ovario derecho con las tumoraciones descritas habria obligado a una segunda intervención para su extirpación ya que es la única acción medica razonable". " Que la única posibilidad terapéutica fue la llevada a cabo con lo que con independencia del momento quirúrgico (durante el acto de extirpación de ovario izquierdo o con posterioridad una vez informada la reclamante) el resultado era inevitable."

Es evidente que la Administración no reconocía la existencia de responsabilidad, mas allá de la falta de información respecto de la extirpación del ovario derecho, por lo que se produjo un error sustancial tanto en la denegación de las pruebas solicitadas por la Administración, como en el dictado de la propia sentencia, omitiendo una parte esencial de la oposición a la demanda.

Con ese error de partida se incurre en una fata de motivación jurídica, que se arrastra a los criterios que ha tenido en cuenta para fijar la indemnización a favor del perjudicado, por lo que, procede decretar la nulidad de actuaciones, al existir defecto de motivación, dando lugar a la anulación de las actuaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 238 y 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y procediendo la devolución de los autos a fin de que, por la juzgadora se decida sobre las pruebas propuestas con un criterio correcto y dictando nueva sentencia.

Tercero.-Por ello procede la estimación del recurso de apelación y por ello no imponer las costas de esta alzada, artículo 139.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998.

Por ello, vistos los artículos citados y demás de general aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución decidimos


FALLO


 
Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por el frente a la sentencia ya identificada que revocamos y declaramos la nulidad de actuaciones a partir de la solicitud de pruebas por parte de la Administración demandada y sin imposición de costas procesales de este recurso.

Así, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido al Juzgado de origen junto con el expediente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la Sentencia anterior en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente don Javier Varona Gómez Acedo en audiencia pública de lo que yo, el Secretario de la Sala, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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