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Sentencia A.P. Bilbao 388/2010 de 8 de julio


 RESUMEN:

Procedimiento cambiario: Se establece que el procedimiento cambiario es especial, radica en el título que sirve de base para el ejercicio de la accion. Protege el crédito cambiario mediante el embargo preventivo, que será ejecutivo si el deudor no formula oposición. La única prueba alegada en este caso es que el pagaré entregado fue devuelto porque la empresa estaba en liquidación, pero no hay motivos suficientes para estimar el recurso, y se le condena al pago de las costas.

BIZKAIKO PROBINTZIA-AUZITEGIA

Sección 3.ª

BARROETA ALDAMAR 10 3.ª planta- C.P. 48001

Tfno.: 94-4016664

Fax: 94-4016992

N.I.G. 48.06.2-08/007053

A.j.cambiario L2 89/10

O.Judicial Origen: 1.ª Inst. e Instrucc. n.º 6 (Getxo)

Autos de J.cambiario L2 492/08

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Recurrente: ED OZA ART SL

Procurador/a: ALFONSO LEGORBURU ORTIZ DE URBINA

Recurrido: ALAN POLE ASOCIADOS SOCIEDAD LIMITADA LABORAL

Procurador/a: EMILIO MARTINEZ GUIJARRO

SENTENCIA N.º 388

ILMOS/AS. SRES/AS.

D/Dña. MARIA CONCEPCION MARCO CACHO

D/Dña. ANA ISABEL GUTIERREZ GEGUNDEZ

D/Dña. CARMEN KELLER ECHEVARRIA

En Bilbao a ocho de julio de dos mil diez.

Vistos en grado de apelación ante la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial de Bilbao integrada por las Ilustrísimas Señoras Magistrados del margen los presentes autos de Juicio Cambiario 492/08, procedentes del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 6 de Getxo y seguidos entre partes: como apelante, ED OZA ART S.L., representado por el Procurador Alfonso José Legorburu Ortiz de Urbina y dirigido por la Letrado Almudena Viota Mariñas y como apelado LAN PLE ASOCIADOS SOCIEDAD LIMITADA LABORAL, representado por el Procurador Emilio Martinez Guijarro y dirigido por el Letrado Andonio Gracia Macias.

SE ACEPTAN y se dan por reproducidos, en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia apelada en cuanto se relacionan con la misma.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Que la referida sentencia de instancia de fecha 16 de noviembre de 2008 es del tenor literal que sigue: FALLO: Debo desestimar y desetimo la demanda de oposición formulada por el Procurador Sr. Legoruburu, en nombre y representación de la entidad mercantil ED OZA ART SL, contra la ejecución despachada a instancia de la entidad mercantil Alan y Pole Asociados, SLL, manteniéndose la ejecución acordada y los embargos trabados.

Se imponen a la entidad mercantil ED OZA ART S.L. el pago de las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas.

MODO DE IMPUGNACION: mediante recurso de QAPELACION ante la Audiencia Provincial de BIZKAIA, (artículo 455 LECn).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO DIAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los prnunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Segundo.-Que publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes por la representación de ED OZA AERT SL se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que, admitido por el juzgado de instancia y emplazadas las partes para ante este Tribunal y subsiguiente remisión de los autos comparecieron estas por medio de sus Procuradores; ordenandose a la recepción de los autoa y personamientos la formación del presente Rollo al que correspondió el número 89/10 de Registro y que se sustanció con arreglo a los trámites de los de su clase.

Tercero.-Que por providencia de la Sala de fecha 14 de mayo de 2010, se señaló para deliberación, votación y fallo del recurso el día 7 de julio de 2010.

Cuarto.-Que en la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS, siendo Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrado DOÑA CARMEN KELLER ECHEVARRIA.


FUNDAMENTOS JURÍDICOS


 
Primero.-Por la parte apelante se formulan alegaciones que fundamentan el recurso articulado frente a la sentencia de instancia, las cuales pueden reconducirse a las consideraciones relativas a la actuación judicial respecto de la admisión de la prueba fotográfica, a la existencia de un completo error en la apreciación de la prueba, o desidia a la hora de recoger toda la prácticada, la falta de motivación. sobre tal base el recurso se dispone a recoger de forma extractada las declaraciones de los testigos y a valorar las pruebas en el sentido de apreciar acreditado el incumpliento total de la ejecución de los logos encargada, o parcial y defectuoso en todo caso, que determinaría la estimación de la oposición.

Segundo.-Esta Sala en sentencia de fecha 13 de julio de 2007 estableció que "Habida cuenta de los términos del debate, esta Sala ha venido señalando que efectivamente existe un grueso de jurisprudencia centrada obviamente en las Audiencias Provinciales, que se decanta por la posición sustentada por la parte apelada. Así AP Madrid, sec. 9.ª, S 3-4-2006, "... Segundo.- Bajo la vigencia de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, a propósito de las excepciones de incumplimiento contractual ("non adimpleti contractus") y de cumplimiento contractual deficiente o defectuoso ("non rite adimpleti contractus") fue reiterado criterio de esta Sala el de que sólo la primera puede identificarse con el incumplimiento frontal oponible con éxito en juicio cambiario ejecutivo, "ex artículo" 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque, mientras que la inviabilidad del defectuoso cumplimiento en que consiste la segunda en dicha vía ejecutiva, salvo excepcionales casos en que el defecto de cumplimiento fuere de tal gravedad y trascendencia que diere al traste con la global finalidad económica perseguida por la contraparte exonerándola de su propia obligación solutoria, era proclamada por reiterada jurisprudencia, determinante, en síntesis, de que constando cuando menos la apariencia de cumplimiento del pacto litigioso, las incidencias o parciales defectos en su ejecución constituyen cuestiones que habrán de discutirse en el correspondiente proceso declarativo, mediante el ejercicio de las pertinentes acciones indemnizatorias o resolutorias con estudio del artículo 1.124 y preceptos concordantes del Código Civil EDL1889/1, pues devienen ajenas al sumario ejecutivo, tal como, entre otras, establecieron las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 1972 EDJ1972/282 EDJ1972/282 y 9 de febrero de 1977 EDJ1977/425 EDJ1977/425, (entre otras, en dicho sentido, sentencias de esta Sección de 27 de octubre de 1989, 19 y 23 de abril de 1990, 18 de noviembre de 1994, 10 de julio de 1995 EDJ1995/4719, 15 de octubre de 1999, etc.). El expresado criterio se ha entendido también aplicable al actual juicio cambiario regulado por la nueva Ley Procesal (por ejemplo, sentencia de esta Sección de 16 de septiembre de 2004), y éste es el sentir mayoritario, aunque no unánime, de nuestros órganos jurisdiccionales de apelación, que entienden que no ha experimentado cambios significativos a los efectos que ahora interesan la naturaleza del actual juicio cambiario en relación con el anterior ejecutivo, lo que corrobora la propia Exposición de Motivos de LEC 2000 EDL2000/77463 cuando señala que en ella se configura "un sistema de tutela jurisdiccional del crédito cambiario de eficacia estrictamente equivalente al de la legislación derogada", a lo que cabe añadir en favor del mantenimiento del carácter sumario del nuevo proceso que en los casos de oposición se reconduzca siempre la tramitación a los cauces del juicio verbal, con independencia de la cuantía del litigio (artículo 826) a diferencia de lo que ocurre con el proceso monitorio (artículo 818), de donde se infiere la reducción del cauce procesal que se corresponde con la limitación de los medios de oposición sin perjuicio del posterior juicio declarativo correspondiente al que se remite el artículo 827-3 (entre otras muchas en tal sentido, sentencias de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 4.ª de 22 de marzo de 2002 EDJ2002/16206 y 17 de octubre de 2003 EDJ2003/135947 EDJ2003/135947, de la de Ávila de 8 de enero de 2003 EDJ2003/112918 EDJ2003/112918, de la de Jaén, Sección 1.ª de 21 de marzo de 2002 EDJ2002/16457 EDJ2002/16457, de la de Almería, Sección 3.ª de 27 de febrero de 2002 EDJ2002/13273 EDJ2002/13273, de la de La Rioja de 19 de febrero de 2002 EDJ2002/15458 EDJ2002/15458, de la de Gerona, Sección 2.ª de 28 de enero de 2004 EDJ2004/9881 EDJ2004/9881, de la de Baleares, Sección 5.ª de 14 de enero de 2002 EDJ2002/4818 EDJ2002/4818, y un largo etcétera)..............". En similar sentido se pronuncia la AP Alicante, sec. 4.ª, S 10-3-2005 EDJ2005/131649, ".......... TERCERO.- Con carácter previo se han de precisar, por constituir una cuestión de orden público, los términos del debate en atención a la propia naturaleza del proceso que nos ocupa, que delimita lo que puede ser objeto de controversia, condicionante del pronunciamiento definitivo a otorgar............El proceso cambiario, en la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 (Ley 1/2000, de 7 de enero EDL2000/77463), tal y como ha venido reseñándose doctrinalmente, aparece delimitado en su naturaleza como un proceso especial que, con independencia de su susceptibilidad de configurarse como una variedad documental del proceso monitorio, aparece en todo caso como un proceso sumario, declarativo y de cognición limitada. Proceso sumario, que, por tanto, no consiente el planteamiento, discusión y resolución de relaciones jurídicas complejas, ni siquiera de todas las consecuencias que se deriven de la relación jurídica causal, en cuya virtud se haya librado el documento cambiario en cuestión, debiendo desenvolverse la función jurisdiccional (tal y como esta Sala ha tenido oportunidad de definir en otras ocasiones con motivo de la valoración del antiguo juicio ejecutivo cambiario en argumentación trasladable al presente) dentro de los límites impuestos, de una parte, por la concurrencia de los requisitos exigidos por ley para otorgar corrección formal desde el punto de vista de la legislación cambiaria a los títulos base de la demanda que dio origen al proceso, y de otra parte por la corrección de los motivos de oposición aducidos de adverso con ocasión de la formalización de la demanda de oposición, que vengan a desvirtuar o privar de eficacia a dichos títulos. El art. 824-2 de la LEC EDL2000/77463, tras reseñar que la oposición se hará en forma de demanda, reseña que "... el deudor cambiario podrá oponer al tenedor de la letra, el cheque o pagaré todas las causas o motivos de oposición previstos en el art. 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque"; art.67 de la Ley Cambiaria y del Cheque modificado en su último párrafo por la Disposición Final Décima 1, reseñando que frente al ejercicio de la acción cambiaria sólo serán admisibles las excepciones enumeradas en el referido artículo. Por tanto, más allá de la coherencia lógico-jurídica introducida en el marco de la modificación alegada del art. 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque, el nuevo sistema, en lo referente a motivos y causas de oposición, no ofrece un cambio sustancial frente al anterior, siendo por lo tanto trasladable la doctrina sobre motivos y causas de oposición cambiaria, elaborada subsistente el procedimiento ejecutivo cambiario cuya normativa procesal aparece derogada, al nuevo proceso cambiario...."

En sentido contrario, pueden citarse entre otras AP Pontevedra, sec. 6.ª, S 29-6-2006 EDJ2006/259837, "... CUARTO.- No podemos compartir el criterio de la sentencia de instancia. Nos movemos en el ámbito de las relaciones entre librador- constructor de la obra- y librado -dueño de la misma-, es decir, entre los sujetos mismos de la relación contractual subyacente. Hay un hecho incontestable, y es que, con arreglo al art. 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque, al que se remite el 824.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463, el deudor cambiario puede oponer al tenedor de la letra, además de las excepciones netamente cambiarias, aquellas otras basadas en sus relaciones personales con él. De este modo, a través de estas excepciones, podrá traerse al proceso la relación jurídico material o causal subyacente, siempre que tales excepciones afecten al ámbito de las relaciones entre demandado y demandante; en consecuencia, el librado demandado podrá hacer emerger, por encima de la relación cartular, la subyacente y esgrimir las excepciones derivadas de todo el contenido propio de esa relación jurídico material. Siendo así, no cabe entender que, en la actual regulación, no pueda la defensa del obligado desplegar todos los efectos que dimanen del negocio causal y entre ellas la excepción que concierne a una insatisfactoria ejecución o cumplimiento defectuoso del contrato (sea en tiempo, cantidad o calidad); la literalidad del art. 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque no contiene restricción alguna al ámbito posible de discusión y debate en torno a la relación jurídico-material en conflicto, en este caso, el contrato de arrendamiento de obra del art. 1544 del Código Civil EDL1889/1. A la vista de la redacción del vigente art. 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque, no se ve razón alguna para que la excepción de cumplimiento parcial o defectuoso del contrato -"exceptio non rite adimpleti contractus"- quede fuera de las posibilidades de defensa del librado demandado en el ámbito del actual proceso cambiario, cuando la demanda para el pago de la letra es promovida por la otra parte interviniente en el que fue relación jurídico-material subyacente. Ninguna razón hay ya para acudir a las consabidas y tradicionales referencias a la sumariedad y estrechez de cauce procesal, razones admisibles en el anterior juicio ejecutivo, pero no en el actual cambiario en lo concerniente a las excepciones extracambiarias vinculadas al negocio subyacente y esgrimibles en cuanto propias de las relaciones personales librador-librado, ámbito del que no hay ya inconveniente para entender que estamos ante un proceso declarativo por más que sea de carácter especial. No nos parece correcta la cita del art. 827.3 de la LEC EDL2000/77463 que en ocasiones se hace para hacer valer la sumariedad del juicio cambiario y excluir la excepción de que tratamos; lo único que el precepto nos advierte es que la sentencia que en el mismo se dicte producirá efectos de cosa juzgada respecto de las cuestiones que pudieron ser en él alegadas y discutidas; pues bien, la lectura del art. 67.1 de la Ley cambiaria y del Cheque nos dice que unas de las cuestiones que pueden tratarse y resolverse en el juicio cambiario -y con efecto de cosa juzgada, por consiguiente, son las que se basan en las relaciones personales entre deudor cambiario y tenedor de la letra, espacio de discusión en el que, según del mismo precepto se desprende, no hay límite. Y lo que acabamos de decir habrá de mantenerse, si cabe, con mayor razón cuando, como en este caso acontece, la constatación de los defectos de la obra contratada es clara, y se trata de la última letra que, tras varios abonos parciales, culminaba el pago de la obra, por lo que no se está en el caso de abordar una compleja operación de liquidación. No se olvide que "inter partes" la letra no hace sino instrumentar la forma de pago de una obligación dineraria derivada de un vínculo contractual que sirve de soporte causal a la obligación de realización de la obra en condiciones de ser satisfactoriamente recibida. Dada, pues, la simplicidad y claridad del caso planteado, no hay razón para impedir al demandado, al que se entrega una obra con vicios e imperfecciones que suponen un cumplimiento defectuoso del contrato, la oportuna defensa enervadora y, en su lugar, a pagar en este proceso -donde el art. 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque no le limita los medios de defensa referidos a la relación contractual - para remitirle a un declarativo...". En igual o similar sentido se pronuncia la AP Las Palmas, sec. 1.ª, S 3-5-2006 EDJ2006/107728 SEGUNDO.- A diferencia de lo que la parte aduce en su escrito de interposición del recurso de apelación, y de la doctrina que cita de distintas sentencias dictadas por Audiencias Provinciales, todas ellas de fecha anterior a la entrada en vigor de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 EDL2000/77463 y por tanto referidas al Juicio Ejecutivo que regulaba la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 EDL1881/1, y no al vigente Juicio Cambiario, proceso especial que tiene su actual regulación en los artículos 819 a 827 de la LEC 1/2000 EDL2000/77463, esta misma Sección ha tenido la oportunidad de pronunciarse en Sentencia de 11-2-2005, núm. 66/2005 EDJ2005/21915, acerca del carácter plenario del Juicio Cambiario cuando el efecto no ha circulado, es decir, cuando el título valor se ha librado en virtud de las relación negocial entre el acreedor cambiario que ejercita la acción y el deudor cambiario demandado, y así se dice en aquella lo siguiente: Con carácter previo y a título meramente ilustrativo, en relación con la excepción de falta de provisión de fondos, la cual tiene acomodo en lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque, procede destacar, tal y como se indica en la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección Primera, de 26 de febrero de 2004 EDJ2004/11199, que al día de hoy hay que considerar superada la doctrina tradicional y por ello hemos de alinearnos con la doctrina más actual que nos lleva a no establecer limitación alguna en la alegación y discusión de los hechos pertenecientes a la relación causal, puesto que a la vista de la amplitud del mentado precepto legal y trámite procedimental de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463, (ver contenido del artículo 827.3), es claro que el juicio cambiario ha dejado de ser un juicio sumario para convertirse en un juicio declarativo y plenario donde han de quedar zanjadas y resueltas todas las cuestiones que hayan podido ser en tal procedimiento alegadas y discutidas. Así, por vía de oposición, y tomando como punto de partida las relaciones personales existentes, podrá discutirse en este tipo de procedimientos tanto un incumplimiento obligacional total como parcial derivado del negocio causal subyacente, a través de la exceptio non adimpleti contractus y de la exceptio non rite adimpleti contractus, está última además podrá ser introducida como causa de oposición por pluspetición...". AP Asturias, sec. 6.ª, S 20-2- 2006 EDJ2006/69359, "... SEGUNDO.- La Ley Cambiaria y del Cheque permite a las partes intervinientes en la letra de cambio, cuando sean las mismas que las que celebraron el contrato causal que sirve de fundamento al título cambiario, oponer todas las excepciones derivadas tanto del propio título como las personales del contrato causal subyacente, lo que significa que es perfectamente oponible la excepción de contrato total o parcialmente incumplido entre las partes. Es cierto que en el anterior especial y sumario juicio ejecutivo de la LEC EDL2000/77463 de 1.981 se discutía si la excepción de incumplimiento parcial o circunstancial podía ser opuesta igualmente (no existía cuestión alguna respecto de la oposición por incumplimiento total o esencial del contrato), estando divididas las Audiencias fundamentalmente en razón a la naturaleza sumaria del mencionado juicio, al tener limitadas las causas de oposición y permitir la posibilidad de invocar otras ajenas al propio juicio ejecutivo en un procedimiento declarativo ordinario posterior, ya que el sumario ejecutivo no producía efectos de cosa juzgada. A juicio de esta Sala la cuestión con la nueva LEC EDL2000/77463 cambió radicalmente desde el punto de vista procesal (único que creaba la disparidad anterior), ya que el nuevo juicio cambiario, aunque especial, es un juicio declarativo que produce excepción de cosa juzgada (art. 827.3 LEC EDL2000/77463) no sólo respecto de las cuestiones que constituyeron el objeto del proceso, sino "de las que pudieron ser en él alegadas y discutidas". Es decir, que si la Ley Cambiaria no pone límites a las excepciones entre las partes del contrato subyacente, como así lo permite su art. 67, y, por otro lado, la nueva Ley procesal no hace tasa de las mismas, no existe, a juicio de esta Sala, obstáculo sustantivo ni procesal para que en el nuevo juicio cambiario no pueda oponerse la excepción de contrato incumplido parcialmente, tal y como se hizo. Así lo entiende también la totalidad de las Secciones Civiles de esta Audiencia Provincial (28-1-98, 17-9-2001 EDJ2001/45280 y 1-4-2003 EDJ2003/99192, entre otras de la Sec. 1.ª; 28-1- 98, 18-12-2000 y 17-9- 2001 de la Sec. 4.ª EDJ2001/45280; 18-1 y 26-10-95 de la Sec. 5.ª; y las de esta misma Sec. 6.ª, de fechas 4-11- 2002 EDJ2002/69052 EDJ2002/69052 y 26-1-2004 EDJ2004/12690 EDJ2004/12690)..."

Esta Sala se inclinó en su sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil cuatro. "... SEGUNDO.- En primer lugar y entrando en la cuestión objeto de debate, esta Sala comparte con la sentencia dictada en la instancia que y se reitera en la presente "...El art. 67 LCCH permite al deudor cambiario oponer al tenedor de la letra las excepciones causales basadas en sus relaciones con él. Antes de que esta Ley estuviese vigente, cuando a estas relaciones se aplicaba el Código de Comercio EDL1885/1, decía éste con relación a las letras, que su "aceptación constituirá al aceptante en la obligación de pagarla a su vencimiento, sin que pueda relevarle del pago la excepción de no haberle hecho provisión de fondos el librador ni otra alguna, salvo la falsedad de la aceptación". Era el "qui aceptat, solvat", como una rigurosa regla, en la que la jurisprudencia fue abriendo brecha a través de la excepción así llamada precisamente de "falta de provisión" (en el sentido en que a ésta la definían los antiguos arts. 456 y 457 Código Mercantil) para evitar, en los casos en que la acción ejecutiva aparecía trabada entre los sujetos cambiarios principales, entendiendo por tales el librador y el librado-aceptante, que el primero, sin haber previamente cumplido ese deber de proveer de fondos que le concernía, reclamase abusivamente el pago de la letra. El sucesor legal, (si en estos términos se puede decir) de esa regla jurisprudencial, cabría decir es el actual art. 67 LCCH.

El tratamiento del procedimiento cambiario tras la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463, difiere al tratamiento que se concedía al procedimiento ejecutivo y si bien ambos son procedimientos especiales, el anterior juicio ejecutivo, no producía excepción de cosa juzgada, pudiendo las partes reiterar su oposición en el procedimiento declarativo correspondiente.

Por tal motivo, tradicionalmente la jurisprudencia no admitía como causa de oposición derivada de las relaciones personales entre librador y librado la "exceptio non adimpleti contratcus", sino únicamente el incumplimiento total.

Esta situación ha cambiado radicalmente con la regulación que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 hace del procedimiento cambiario, que sigue siendo un procedimiento especial, pero tal especialidad radica en el título que sirve de base para el ejercicio de la acción (letras de cambio, cheques y pagarés) y que tiende a la protección del crédito cambiario, mediante el inmediato embargo preventivo, que se convierte automáticamente en ejecutivo, si el deudor no formula oposición. Si el deudor formula oposición el procedimiento continúa tramitándose, conforme a las reglas del procedimiento verbal, terminando por sentencia, que producirá efectos de cosa juzgada, respecto de las cuestiones que pudieron ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondiente (artículo 827.3 de la LEC EDL2000/77463).

A tenor del citado artículo 827.3, es evidente que el juicio cambiario, cuando haya sido seguido entre el deudor y el acreedor de la relación negocial que motivó la emisión de la letra de cambio, es decir entre librador y librado (y en su caso en los supuestos de la "exceptio doli"), el deudor puede oponer cuantas excepciones personales tuviera contra el acreedor, es un juicio plenario, al no existir limitación para el sometimiento de cuestiones al tribunal, que produce plenos efectos de cosa juzgada, con relación a lo allí tratado.

De todo lo anterior se deduce que la falta de cumplimiento, el incumplimiento parcial o defectuoso, o falta de provisión de parcial ha de ser objeto de examen dentro del juicio cambiario, seguido entre litigantes que ostenten tal condición, pues de no hacerlo así se les cerraría la posibilidad de acudir a un juicio declarativo posterior. Tal examen merece su consideración por estar comprendido dentro del artículo 824.2 de la LEC EDL2000/77463, en relación con el artículo 67 de la LCCH, tal y como es admitido reiteradamente por nuestra Jurisprudencia.".

Tercero.-Y en este orden y configuración igualmente y desde posturas más eclécticas esta Sala ha venido entendiendo AP Vizcaya, Sec. 3.ª, S.ª 22-9-2005 EDJ2005/212805, "... Expuesto lo que antecede, y con independencia de la postura que se adopte en orden a la división doctrinal y de la jurisprudencia de las audiencias, en orden a la viabilidad de introducir en el debate de un juicio cambiario tras la entrada en vigor de la vigente ley de Enjuiciamiento civil EDL2000/77463, de la excepción de cumplimiento defectuoso o tardío, habrá que establecer, cual es el objeto que pueda ser debatido. Ya hemos acotado en el precedente párrafo el objeto del debate. Es obvio que cuando el negocio jurídico subyacente enlaza de forma directa a ambas partes el ejecutado podrá ejercitar las excepciones a que se refiere el art. 67 de la L.C.CH. entre las que se encuentra la antigua falta de provisión de fondos, pero no puede ser admisible que sobre su base y sirviéndose del trámite de oposición cambiaria se articule una excepción que de prosperar, podría suponer la enervación cambiaria no solo de la cantidad reclamada que representan las letras que sirven de título y que suponen solo parte del montante total de la relación causal pretendiendo ad integrum una declaración judicial de la que el presente es solo una reclamación parcial. Los hechos se deben atener y no deben superar los límites de la contienda jurídica y se deben limitar a neutralizar o a debilitar la acción ejercitada en los términos marcados por la acción...".

Cuarto.-Es la valoración de la prueba el punto enfático para la resolución del recurso, por tanto el objetivo de análisis en esta segunda instancia conlleva analizar si la prueba que pondera la juzgadora se ha realizado acertadamente, no apartándose de las reglas de la sana crítica ni llegando a conclusiones absurdas porque, como esta Sala tiene reiteradamente establecido en torno a la valoración de la prueba efectuada por el juzgador de instancia para entender correctamente el valor encomendado a los tribunales de apelación en cuanto a la ratificación o revisión de la prueba de instancia, recordar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, de 23-5-03, que establece que la valoración probatoria es facultad de los Tribunales, sustraída a los litigantes que sí pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza (principio dispositivo y de rogación), pero en forma alguna tratar de imponerlas a los Juzgadores (STS 23-9-96), pues no puede sustituirse la valoración que el Juzgador "a quo" hizo de toda la prueba practicada, por la que realiza cada parte recurrente, función que corresponde al Juez "a quo" y no a las partes (STS 7-10-97) habida cuenta la abundante doctrina jurisprudencial elaborada sobre la prevalencia de la valoración de las pruebas que realizan los Órganos Jurisdiccionales, por ser más objetiva que la de las partes en defensa de sus particulares intereses (STS 1-3-94). Y es que las pruebas están sujetas a su ponderación en concordancia con los demás medios probatorios (STS 25-1-93), en valoración conjunta (STS 30-3-88), con el predominio de la libre apreciación, que es potestad de los Tribunales de Instancia a efectos de casación, pero cuyo criterio también es predicable en parte respecto del recurso de apelación, porque el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre aunque nunca arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de la segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez "a quo" de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las reglas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso. Por ello, dado que los preceptos relativos a las pruebas practicadas no contienen reglas valorativas sino admoniciones a los Jueces y una apelación a la sana crítica y el buen sentido, para destruir una conclusión presuntiva del Juzgador, debe demostrarse que ha seguido, al establecer dicho nexo o relación, un camino erróneo, no razonable, contrario a las reglas de la sana lógica y buen criterio, constituyendo la determinación de dicho nexo lógico y directo un juicio de valor que está reservado a los Tribunales y que se ha de respetar en tanto no se acredite que es irrazonable.

Por otro lado recordar que es doctrina reiterada del Tribunal Supremo en relación a la falta de motivación denunciada en sentencia de 27 de julio de 1994, entre otras, que ".... concurre falta de motivación en la resolución, no cuando se justifica por ausencia de puntual cita de preceptos legales, sino que hay que referirla en cuanto concurra ausencia de la expresión del proceso lógico-jurídico que conduce y determina el fallo decisorio, es decir que las sentencias han de reputarse motivadas cuando deciden puntos de la controversia, exteriorizando el fundamento de la decisión adoptada y haciendo explícito que ésta responde a una determinada interpretación del Derecho (Sentencias de 20 febrero 1993, que cita las del Tribunal Constitucional de 28 octubre 1991, 7 junio 1989, 30 abril 1991 y 7 marzo 1992).

Conforme a todo lo cual, no viene a ser preciso que la necesaria argumentación, que no ha de ser irracional o arbitraria (Sentencia del Tribunal Constitucional de 19 abril 1993, número 124/1993), sea agotadora o repleta de argumentos, sino que resten fluidez al discurso decisorio, con lo que la brevedad o parquedad de las razones vengan a representar falta de motivación.

En el caso de autos no pueden apreciarse las infracciones que la recurrente estima incurre la resolución de la instancia. Tras el visionado de los medios de prueba practicados en el acto del juicio, y la valoración del resto de los medios de prueba articulados, apuntar en primer lugar que en cuanto a la admisión de las fotografías, la misma se efectuó ante el razonamiento de la actora ante la oposición esgrimida a la demanda principal, y en todo caso la resolución no se apoya de forma exclusiva en tal medio de prueba.

En cuanto a la grabación aportada por la demandada, tal y como se da fe por el secretario judicial, consta la reproducción literal en los autos aportada por la propia parte que hoy apela, si bien ha de señalarse que en todo caso no es admitida en su veracidad por la contraparte, y habrá de tomarse en consideración tal hecho a los efectos de su apreciación e incidencia en el resultado de la litis.

Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior y la doctrina expuesta al respecto de la falta de provisión de fondos, lo que ha quedado acreditado es que en todo caso el defecto reconocido es el de que el logotipo presentaba la yema del huevo frito desplazada hacia un lado, sobre las conversaciones en orden a llevar a cabo la reparación de tal defecto se ofrecen por las partes versiones contradictorias, ya que el Sr. Mauricio declara que, tras ser requerido, se ofreció a su reparación, ante lo que se le dijo que ya se le avisaría, para posteriormente no precisar de sus servicios a requerimiento de la demandada y hoy apelante. Sostiene que era posible descolgar el logo mediante un cable de acero fino, y no recordaba haber conversado telefónicamente con el administrador de la demandada.

Por parte del Sr. Fernando, ex administrador y hermano del administrador de la entidad demandada, se sostuvo que el trabajo no era adecuado y que afectaba a la imagen, y que si firmó el pagaré lo fue porque existió un compromiso de arreglar el trabajo mal efectuado. Sostuvo que la solución dada de pintar en el establecimiento de noche no era la adecuada y podía dañar las ropas y mobiliario existente en el local, cuando lo que quería el es que se llevasen y cambiasen los logos. Pues bien el Sr. Mauricio sostuvo que el propuso y estaba dispuesto a ello entrando en contracción con lo expuesto por el Sr. Fernando. Por otro lado por éste se reconoce que del importe final de la factura se realizó una rebaja, la cual según el mismo era por reconocimiento del daño a la imagen, siendo ello así y no existiendo prueba alguna que acredite el perjuicio a la imagen que le supuso a la demanda y ello frente al Centro Comercial en el que el establecimiento se ubica, no existiendo prueba técnica alguna que ampare la entidad del defecto que alega la demandada y su importe en el perjuicio a la imagen que se alega, prueba que a la misma correspondía, lo cierto es que el pagaré se suscribe posteriormente a la ejecución de los trabajos efectuados, y que al ser presentado al cobro el mismo fue objeto de devolución por falta de fondos, al encontrarse la empresa demandada en liquidación, no existe otra prueba objetiva salvo las examinadas por la Juzgadora y revisadas por esta Sala que permite en definitiva revocar el fallo de la resolución hoy combatida, al no estimar que exista acreditado un incumplimiento de entidad en relación al importe o montante que se reclama en los términos alegados en la instancia y reproducidos en esta alzada.

Quinto.-Las costas de esta alzada se imponen a la parte apelante, arts. 394 y 398 LEC.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que con DESESTIMACION del recurso de apelación interpuetso por ED OZA ART S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1.º Instancia n.º 6 de Getxo en autos de Juicio Cambiario 492/08, con fecha 16 de noviembre de 2009, DEBEMOS CONFIRMAR COMO CONFIRMAMOS dicha resolución, con imposición a la parte apelante de las costas de esta alzada.

Contra esta resolución no cabe recurso.

Firme que sea la presente resolución devuélvanse los autos al Juzgado del que proceden, con certificación de la misma, para su conocimiento y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá testimonio al rollo de su razón, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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