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Sentencia A.P. Bilbao 623/2010, de 27 de julio


 RESUMEN:

Administración concursal: Se deniega la práctica de la prueba pericial porque el demandante reconoce en su demanda que conocía los motivos por los cuales no se incluía la totalidad del crédito pretendido. Se reconoce que  el hecho de inadmitir la práctica de dicha prueba obedece a una decisión fundada en derecho y la demora de la resolución no causa indefensión. Se desestima el recurso.

BIZKAIKO PROBINTZIA-AUZITEGIA

Sección 4.ª

BARROETA ALDAMAR 10 3.ªplanta- C.P. 48001

Tfno.: 94-4016665

Fax: 94-4016992

N.I.G. 48.04.2-07/040401

R.apelac.conc.L2 97/10

O.Judicial Origen: Jdo. de lo Mercantil n.º 1 (Bilbao)

Autos de Inc.concursal 96 371/08

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Recurrente: INIKER SA

Procurador/a: EDUARDO RAMON LOPEZ CRUZ

Recurrido: CASERIO AITZGOYEN, BOULEVARD UDONDO, INMOBILIARIA EREAGA S.L., EREAGA GESTION, MONTE TORDEHUMOS, EREAGA

MARINA COPE, RESIDENCIAL MARINA DE COPE, PROMOTORA ASTELEKU, LEKATO, EREAGA DESARROLLOS INMOBILIARIOS LORCA, EREAGA

DESARROLLOS INMOBILIARIOS FINESTRAT, EREAGA DESARROLLOS INMOBILIARIOS MOLINA DE SEGURA, EREAGA ZARCILLA DE RAMOS,

CUDDALORE, EREAGA CIUDAD DE MURCIA, PROMOTORA KUKATXE, PROMOTORA GARRAKETAS, PROJOAL, EXPLOTACIONES DEL ABRA S.L. y

ADMINISTRACION CONCURSAL DE EREAGA GESTION S.L.

Procurador/a: JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ,

JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, JOSE

MANUEL LOPEZ MARTINEZ,,,,,,,,,, y

SENTENCIA N.º 623/10

ILMOS. SRES.

Dña. ANA BELÉN IRACHETA UNDAGOITIA

Dña. REYES CASTRESANA GARCÍA

D. JOSÉ ÁNGEL ODRIOZOLA FERNÁNDEZ

En Bilbao, a veintisiete de julio de dos mil diez

Vistos en grado de apelación ante la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección Cuarta, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados arriba indicados, los presentes autos de incidente concursal n.º 371/08, procedentes del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Bilbao y seguidos entre partes: Como apelante INIKER, S.A. representada por el procurador Sr. Eduardo Ramón López Cruz y defendida por el Letrado Sr. Tomás García Villanueva; como apelados que se oponen al recurso de apelación CASERIO AITZGOYEN S.L., BOULEVARD UDONDO S.L., INMOBILIARIA EREAGA I S.L., EREAGA GESTION S.L., MONTE TORDEHUMOS S.L., EREAGA MARINA COPE S.L., RESIDENCIAL MARINA DE COPE S.L., PROMOTORA ASTELEKU S.L., LEKATO S.L., EREAGA DESARROLLOS INMOBILIARIOS LORCA S.L., EREAGA DESARROLLOS INMOBILIARIOS FINESTRAT S.L., EREAGA DESARROLLOS INMOBILIARIOS MOLINA DE SEGURA S.L., EREAGA ZARCILLA DE RAMOS S.L., CUDDALORE S.L., EREAGA CIUDAD DE MURCIA S.L., PROMOTORA KUKATXE S.L., PROMOTORA GARRAKETAS S.L., PROJOAL S.L., EXPLOTACIONES DEL ABRA S.L. representadas por el procurador Sr. José Manuel López Martínez y defendidas por el letrado Sr. Alfredo Bayano Sarrate; ADMINISTRACION CONCURSAL DE EREAGA GESTION S.L. (D. Baldomero, D. Cirilo, Diputación Foral de Bizkaia y en su representación Dña María Jesús Garay Alonso); todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 24 de julio de 2009, y contra el Auto de fecha 22 de septiembre de 2009 que de desestima la providencia de 6 de noviembre de 2008.

SE ACEPTAN y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Sentencia de instancia de fecha 24 de julio de 2009 es de tenor literal siguiente:

"FALLO: 1.- DESESTIMAR la demanda planteada por el Procurador de los Tribunales D. EDUARDO RAMON LOPEZ CRUZ, en nombre y representación de INIKER S.A. frente al informe de la administración concursal de EREAGA GESTION S.L.

2.- Condenar al demandante al pago de las costas de este incidente."

El Auto de fecha 22-09-2009 en su Parte Dispositiva indica:

" 1.- ACUERDO DESESTIMAR el recurso de reposición planteado por el Procurador de los Tribunales D. EDUARDO RAMÓN LÓPEZ CRUZ, en nombre y representación de INIKER S.A. frente a la providencia de seis de noviembre de dos mil ocho, que se mantiene en idénticos términos.

2.- NO SE HACE CONDENA en costas."

Segundo.-Publicada y notificada dicha Resolución a las partes litigantes, por la representación de la INIKER, S.A. se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que, admitido por el Juzgado de Instancia y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo, al que ha correspondido el n.º 97/10 de Registro y que se ha suscitado con arreglo a los trámites de los de su clase.

Tercero.-Hecho el oportuno señalamiento quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Tribunal para votación y fallo.

Cuarto.-En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrada D.ª REYES CASTRESANA GARCÍA.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Por la demandante Iniker SA se ha interpuesto recurso de apelación contra el Auto de fecha 22 de septiembre de 2.009 desestimatorio de la reposición de la Providencia de fecha 6 de noviembre de 2.008, que inadmitió la prueba pericial propuesta a su instancia, alegando, al amparo del artículo 459 de la LECn, la infracción de normas o garantías procesales, en concreto de los artículos 265 de la LECn. y 24 de la CE, interesado sea practicada en esta segunda instancia, de conformidad con el art. 460 de la LECn, al haberse privado de su derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes; así como contra la Sentencia de 24 de julio de 2.009 que desestima la impugnación de la lista de acreedores presentada por la Administración Concursal del Grupo Ereaga, la cual reconoció un crédito a la actora Iniker SA de 20.778,92 euros, en vez de la cantidad de 62.765,37 euros resultante de sumar a la cuantía reconocida por la Administración Concursal el importe de la factura n.º M 070004 de fecha 31.12.07 por importe de 41.986,45 euros, al amparo de lo establecido en el art. 96.3 de la Ley Concursal, alegando que se ha incurrido en una errónea e incompleta valoración de la prueba practicada.

Segundo.-Centrado el recurso en los términos que, de manera sucinta, han quedado expuestos anteriormente y, examinadas las alegaciones que lo conforman, el primero de los motivos de apelación denuncia infracción de normas o garantías procesales, en concreto del art. 265 de la LECn y del art. 24 de la CE en la inadmisión de la prueba pericial propuesta el 30 de octubre de 2.008, después de la contestación de la demanda incidental por la Administración Concursal y por la propia Ereaga Gestión SL, interesando la emisión de dictamen pericial sobre el grado de implementación del programa informático que debía de ponerse en marcha a Ereaga Gestión, así como las horas invertidas en ello, y que sería elaborado por D. Maximo < folio 353 y ss de autos>. Alega que se le causa indefensión por no poder ser rebatidos los motivos introducidos por la Administración Concursal para la no inclusión de una factura como crédito adeudado por la Concursada. A mayor abundamento dice que el recurso de reposición no ha sido resuelto hasta el Auto de fecha 22 de septiembre de 2.009, una vez ya celebrada la vista y dictada sentencia que resolvía el fondo del asunto, por lo que se ha visto imposibililado a recurrir la resolución que denegada la práctica de prueba pericial. Acaba por interesar la práctica de la prueba pericial en la segunda instancia al amparo del art. 460.2.1 de la LECn.

El motivo ha de ser desestimado.

En lo que hace referencia al contenido intrínseco de la cuestión controvertida la misma fue resuelta en esta alzada mediante el Auto de fecha 5 de marzo de 2.010, en el sentido de denegar la práctica de la prueba pericial propuesta por la parte apelante, al considerar que no estamos en el caso previsto en los arts. 265.3 y 338 de la LECn, porque la demandante Iniker SA reconoció en su propia demanda inicial que conocía los motivos por los que la Administración Concursal no le incluía la totalidad del crédito pretendido. Así se reconoce, además de acreditado, que Iniker SA recibió burofax de Ereaga Gestión el 28 de enero de 2.008 por el que se le devuelve las facturas n.º 070933 (de fecha 9.10.07 por importe de 48.704,28 euros), B 070049 (de abono de 31.12.07 por importe de -48.704,28 euros) y M 70004 (de 31.12.07 por importe de 41.986,45 euros) porque "la facturación ya realizada por Iniker SA a Ereaga Gestión SL supera el importe presupuestado para la implantación de la Primera Fase del Proyecto" y "está pendiente de implantación y validación diferentes capítulos del DRP incluídos en el alcance del proyecto y en el presupuesto" < doc. n.º 6 acompañado con la demanda, al folio 99 de autos, que se reproduce en el folio 278 de autos>, así como el de fecha 25 de febrero de 2.008 en el que se le requería para la concluyeran la implantación de la Fase I del Proyecto informático < folio 287 de autos, puesto en relacion su recepción con el doc. n.º 8 de la demanda al folio 117 de autos>, teniendo pleno conocimiento Iniker SA de que el impago estaba fundado en un incumplimiento contractual que le era imputable, por lo que no se ha ha causado indefensión alguna puesto que pudo preparar un informe pericial que acreditara que el Sistema Navisión fue implantado plenamente y que funcionaba con normalidad. Es más también con anterioridad a la presentación de esta demanda incidental al amparo del art. 96.3 de la LECO, Iniker SA tuvo pleno conocimiento de las razones por las que solo se le reconocía parcialmente el crédito de Iniker SA en la cuantía de 20.778,92 euros, por el Informe de la Administración Concursal del art. 75 de la LECO < folios 316 y ss de autos> en cuyo apartado 5 se dan las explicaciones correspondientes por la Administración Concursal, y que fue comunicado a la apelante. Ninguna indefensión se ha causado a Iniker SA porque la causa del reconocimiento parcial de su crédito no se debe a la existencia de un informe pericial sino a las causas que expresamente le fueron notificadas, tanto por la propia concursada Ereaga Gestion SL como por la Administración Concursal en su informe de reconocimiento de créditos.

Por consiguiente, se confirma la argumentación contenida en el auto desestimatorio de la reposición de 22 de septiembre de 2.009, puesto que la decisión de inadmitir la práctica de dicha prueba no obedeció a una actuación arbitraria del Tribunal, sino a una decisión absolutamente fundada en derecho, precisando que la demora en su resolución no ha causado indefensión alguna a la parte apelante, puesto que, de conformiad con el art. 454 de la LECn, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión objeto de la reposición al recurrir la resolución denifitiva, que es lo que ha realizado la parte apelante.

Por otro lado, resulta incuestionable que el Auto de fecha 5 de marzo de 2.010 no fue recurrido por ninguna de las partes contendientes, lo que significa que fue consentida y que ganó firmeza, máxime cuando el art. 459 de la LEcn. establece que el apelante debe acreditar que denunció oportunamente la infracción procesal a través de los cauces legales oportunos.

Recordar que en la Sentencia de fecha 12 de diciembre de 2.005, el Tribunal Constitucional establece que, siendo reiterada la doctrina de ese Tribunal sobre el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, la misma puede sintetizarse en el sentido de que para la apreciación de su vulneración se requiere básicamente la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que la prueba se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos; b) Que la falta de práctica de la prueba admitida sea imputable al órgano judicial, o que se hayan inadmitido pruebas relevantes para la decisión final sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad arbitraria o irrazonable, en el entendido de que fuera de esos supuestos excepcionales corresponde sólo a la jurisdicción ordinaria el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas, y c) Que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, es decir, que sea "decisiva en términos de defensa", siendo carga del recurrente justificarlo, lo que requiere, de un lado, que razone en esta sede la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas y, de otro lado, que argumente de modo convincente que la resolución final del proceso a quo podría haberle sido favorable, de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de controversia (Sentencias del Tribunal Constitucional 168/2.002, de 30 de septiembre y 71/2.003, de 9 de abril), es decir, la trascendencia de la prueba en orden a posibilitar una modificación del sentido del fallo (Sentencia del Tribunal Constitucional 73/2.001, de 26 de marzo).

Tercero.-En cuanto al fondo de la cuestión controvertida resuelta en la sentencia de instancia, alega la parte apelante que se ha realizado una incorrecta e incompleta valoración de la prueba practicada, que lleva al Magistrado a quo a tener por acreditado que la prestación comprometida para la implantación de la solución informática "Microsoft Business Solutions Navision con el vertical para constructoras y promotoras n.º IE.MM.01.02. Nav-Cons-Inm" se ha atendido en un 65% según el informe pericial elaborado por D. Carlos Miguel < doc. n.º 3 de la contestación de la concursada, a los folios 289 y ss de autos>. Para desprestigiar el valor probatorio de dicho dictamen pericial, se cuestiona la imparcialidad del Perito Sr. Carlos Miguel al estar vinculado con la mercantil concursada mediante relaciones comerciales por lo que tiene interés en la resolución del pleito, se alega que las conclusiones del informe pericial sobre implantación del sistema informático en un 65% se contradicen con el Acta de 21.2.08 levantada por el propio Sr. Carlos Miguel sobre la fase de implantación < doc. n.º 5 aportado por la actora en vista, al folio 411 y de autos> y el burofax enviado el 14 de junio de 2.007 por el Sr. Carlos Miguel < aportado igualmente como doc. n.º 11 al folio 464 y ss de autos>, y que no se ha otorgado eficacia a las declaraciones del testigo D. Maximo, quien verificada la copia del sistema implantado a la que el tuvo acceso de fecha 22 de noviembre de 2.007, declaró que se cumplió con el 100% del proyecto acordado por las partes, y del testigo D. Benedicto quien manifestó que hasta noviembre de 2.007 se siguieron dando clases sobre el uso del sistema informático.

Tampoco estos argumentos revocatorios de la parte apelante prosperan.

La prueba pericial es de apreciación libre, no tasada, valorable por el Juzgador según su prudente arbitrio, sin que existan reglas preestablecidas que rijan su estimación (SS. 7 marzo y 14 octubre 2.000 y 13 noviembre 2001, entre otras), por lo que el único límite legal para la formación del juicio jurisdiccional lo constituyen las reglas de la sana crítica, las cuales no están codificadas y han de ser entendidas como las más elementales directrices de la lógica humana (Sentencias de 14 octubre 2000 y 13 noviembre 2001), de manera que su revisión en esta alzada procedería cuando el Juzgador del primer orden jurisdiccional extraiga conclusiones absurdas o ilógicas, tergiverse las conclusiones de forma ostensible o falsee arbitrariamente sus dictados o se omitan datos relevantes que figuran en el informe, si el "iter deductivo es contrario a un razonar humano consecuente, o se adoptan criterios desorbitados o irracionales, o decisiones contrarias a las reglas de la experiencia común".

Y, en el presente caso, nos encontramos que ante un único dictamen pericial emitido a instancia de Ereaga el 22 de febrero de 2.008 por Mitae, Consultoría Informática y de Sofware Especializado, relativo a los puntos validados, no validados y los pendientes de validar del documento DRP que sirve como guía para la implantación de la aplicación Navisión estándar más un vertical para constructoras y promotoras < doc n.º 3 de la contestación de Ereaga, a los folios 289 y ss y aclaraciones del Perito D. Carlos Miguel vertidas en la vista>, concluyendo que el grado de implantación es de un 65% y que su grado de operatividad es absolutamente mínimo, limitado a material estandarizado de contabilidad y gestión administrativa, siendo que el Magistrado de lo Mercantil otorga pleno valor probatorio al mismo, a pesar de reconocer el Sr. Carlos Miguel que ha colaborado y asesorado a Ereaga Gestión SL, al amparo de la facultad que confiere el artículo 348 de la LECn, ya que el mismo ofrece garantías de objetividad porque, pese a ver sido designado por la Concursada en virtud de anterior vinculación profesional, ha sido ratificado en el acto de la vista y sometido a contradicción. Dicho dictamen pericial no ha quedado desvirtuado por las documentales referidas y aportadas como doc. n.º 5 y 11 en la vista, puesto que la parte apelante efectúa extrapolaciones parciales y subjetivas que no contradicen las conclusiones del informe pericial. Por último, el testigo Sr. Maximo efectúa su testimonio en base a un copia que le fue entregada por Iniker SA, sin tener constancia de que el contenido de la misma fuera coincidente con lo realmente instalado en la Concursada.

Cuarto.-La desestimación del presente recurso de apelación conlleva la imposición de las costas procesales causadas en esta alzada, a la parte apelante, de conformidad con el art. 398.1.º de la LECn.

VISTOS los artículos citados y demás de legal y pertinente aplicación.

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey.


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por INIKER SA, representada por el Procurador D. Eduardo Ramón López Cruz, contra el Auto de fecha 22 de septiembre de 2.009 desestimatorio de la reposición de la providencia de fecha 6 de noviembre de 2.008 y contra la sentencia de fecha 24 de julio de 2.009 dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Bilbao, en los autos de Incidente Concursal sobre Impugnación de Lista de Acreedores n.º 371/08, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS los mismos, con expresa imposición de las costas procesales causadas en esta alzada a la parte apelante.

Modo de impugnación: mediante recurso de CASACIÓN ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, si se acredita interés casacional. El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación (artículos 477 y 479 de la LECn).

También podrán interponer recurso extraordinario por INFRACCIÓN PROCESAL ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LECn. El recurso habrá de prepararse mediante escrito presentado ante este Tribunal dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la notificación (artículo 470.1 y Disposición Final decimosexta de la LECn).

Para interponer los recursos será necesario la constitución de un depósito de 50 euros si se trata de casación y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal, sin cuyos requisitos no serán admitidos a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito) con el número 4704 0000 00 0097 10. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" código 06 para el recurso de casación, y código 04 para el recurso extraordinario por infracción procesal. La consignación deberá ser acreditada al preparar los recursos (DA 15.ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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