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Sentencia T.S. 44/1991, (Sala 1) de 25 de enero


 RESUMEN:

Sentencia: Incongruencia. No existe. No se exige una rígida acomodación a los términos literales de lo pedido, sino sustancial atenimiento al mismo. No hay incongruencia si se salvan los hechos constitutivos de la causa petendi. Legitimación: Sólo la parte a quien no se le hubiere resuelto una cuestión oportunamente propuesta. Recurso de casación: Se da contra el fallo de las sentencias y no contra los fundamentos de derecho de las mismas. Costas: Apreciación de temeridad. Cuestión de hecho sometida a la apreciación del Tribunal de Instancia y no revisable en casación.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-1. La Procuradora doña Pastora Gallego Carballo, en nombre y representación de doña María Inmaculada, doña Maite, doña Carina y don Mauricio, formuló demanda de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia de Medina del Campo, contra don Pedro Miguel, en la cual, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia por la que se condenara al demandado al otorgamiento de escritura pública de partición y adjudicación de la herencia del causante en los términos señalados en las hojas contenidas en el documento núm. 2 de los adjuntados con el escrito de demanda y con expresa condena en las costas. Por otrosí señalaba la cuantía del procedimiento en 1.500.000 pesetas.

Asimismo, el Procurador don Jesús Díaz Sánchez, en nombre de don Pedro Miguel, contestó a la demanda formulada de contrario, alegan do los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por convenientes, para terminar suplicando al Juzgado dictase sentencia desestimando la demanda, y ab solviendo de la misma a su representado, con expresa imposición de costas a la parte actora. Por otrosí impugnada la cuantía del procedimiento la que fijaba en 22.000.000 de pesetas.

Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los autos, el limo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia de Medina del Campo dictó Sentencia en fecha 12 de junio de 1987, cuyo fallo es como sigue: «Estimar la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales doña Pastora Gallego Carballo, en nombre y representación de doña María Inmaculada, doña Maite, doña Carina y don Mauricio, contra don Pedro Miguel, representado por el Procurador de los Tribunales don Jesús Díaz Sánchez, condenando al demandado al otorgamiento de escritura pública de partición y adjudicación de la herencia causada por el fallecimiento de sus padres, don Pedro Miguel y doña María Inmaculada, en los términos establecidos en el proyecto de documento acompañado como documento núm. 2 de la demanda, debiendo incluirse en el mismo como fincas adjudicadas al demandado las dos que el mismo refiere en el apartado d) del hecho cuarto de la contestación a la demanda, conforme se establece en el fundamento de derecho segundo de esta resolución, e imponer las costas de esta instancia al demandado.»

Segundo.-Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia por la representación de don Pedro Miguel, y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid dictó Sentencia con fecha 12 de noviembre de 1988, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Confirmamos la Sentencia dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia de Medina del Campo, el 12 de junio de 1987, y condenamos al demandado y apelante al pago de las costas del recurso por mandato legal.»

Tercero.-1. Notificada la sentencia a las partes, el Procurador don Francisco Alvarez del Valle García, en representación de don Pedro Miguel, interpuso recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid, con apoyo en los siguientes motivos: 1.º Error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en autos, que demuestran la equivocación del Juzgador sin resultar contradicho por otros elementos probatorios. Amparamos este motivo en el núm. 4 del art. 1692 de la L.E.C . 2.º Infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver la cuestión objeto de debate. Amparamos este motivo en el núm. 5 del art. 1692 de la L.E.C . La norma que se considera infringida es el art. 1079 del C.C . 3.° Infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver la cuestión objeto de debate. Amparamos este motivo en el núm. 5 del art. 1692 de la L.E.C . La norma que se considera infringida es el art. 1058 del C.C . 4.° Infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver la cuestión objeto de debate. Amparamos este motivo en el núm. 5 del art. 1692 de la L.E.C . La norma que se considera infringida es el art. 1068 del C.C . 5.° Al amparo del núm. 3 del art. 1692 de la L.E.C . Quebrantamiento de las normas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladora de la sentencia. Por infracción del art. 359 de la L.E.C . 6.° Al amparo del núm. 5 del art. 1692 de la L.E.C . Por infracción del párrafo 2.° del art. 523 de la misma Ley procesal civil .

2. Convocadas las partes, se celebró la vista el día 14 de enero del año en curso del corriente año, con la asistencia del Letrado don Luciano Díaz Sánchez, defensor de la parte recurrente, y del Letrado don Miguel Molero Sam-pedro, defensor de la parte recurrida, quienes informaron por su orden en defensa de sus respectivas pretensiones.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Pedro González Poveda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Por razón de su contenido y alterando el orden en que han sido formulados los distintos motivos en que se articula el recurso, procede entrar a examinar en primer término el quinto motivo en que, al amparo del art. 1692.3.°, de la L.E.C, se alega quebrantamiento de las normas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, con cita del art. 359 de dicha Ley; se dice que «el fundamento de este motivo está en que, ordenándose en el fallo de la sentencia que se incluya en el proyecto particional, acompañado con la demanda como documento núm. 2, como fincas adjudicadas al demandado, las dos que el mismo refiere en el apartado d) del hecho cuarto del escrito de contestación a la demanda, conforme se establece en el fundamento de derecho segundo de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, en la que se dice que deberá adjudicarse esas dos fincas al demandado, en el supuesto de que, en ejecución de sentencia, una vez identificadas las fincas del proyecto particional resulte que en el mismo no se han incluido a favor del demandado. Con ello resulta una falta de claridad y precisión en el fallo», «ordenándose en definitiva en la sentencia que se le adjudiquen al demandado fincas distintas de las que constituyen la pretensión deducida en la demanda; con lo que la sentencia resulta incongruente». El motivo ha de ser desestimado por las siguientes razones: a) En cuanto a la tacha de falta de claridad y precisión del fallo de la sentencia recurrida, ha de advertirse que la misma, caso de existir, pudo y debió ser aducida por el ahora recurrente ante la Sala sentenciadora para su subsanación a través del llamado recurso de «aclaración» del art. 363 de la Ley procesal civil, no siendo cauce procesal adecuado para ello este extraordinario recurso de casación, b) Como han puesto de manifiesto las Sentencias de 19 de octubre y 21 de diciembre de 1981, 10 de mayo y 17 de diciembre de 1982, 25 de febrero de 1983 y 4 de enero de 1989, entre otras, el alcance del principio de congruencia no exige una rígida acomodación a los términos literales de lo pedido, sino sustancial atenimiento al mismo y por ello, siempre que se salven los hechos constitutivos de la causa petendi no se incurre en incongruencia, en razón a que la congruencia no significa una conformidad rígida y literal entre las identidades fundamentales de la petición y el fallo, sino racional correspondencia entre una y otro, guardando éste el debido acatamiento al componente jurídico de la acción, así como a las bases fácticas aportadas por los contendientes, dado que la finalidad del art. 359 de la L.E.C . es asegurar que todos los asuntos sometidos a la decisión judicial alcancen adecuada solución, poniéndose así fin al litigio y evitando que queden sin resolver cuestiones que pudieran ser objeto de una nueva pretensión -Sentencias, entre otras, de 4 de enero, 25 de febrero, 27 de marzo y 29 de junio de 1983, citadas por la de 4 de enero de 1989-; solicitado en el suplico de la demanda que «se condene al demandado al otorgamiento de escritura pública de partición y adjudicación de la herencia causada por el fallecimiento de sus padres, don Pedro Miguel y doña María Inmaculada, en los términos establecidos en el proyecto de documento acompañado como núm. 2», tal petición se fundamenta en el acuerdo establecido por todos los herederos sobre la adjudicación de los bienes y derechos hereditarios, plasmado en el documento núm. 1 de los aportados con la demanda y frente a tal petición, entre otros motivos de oposición a la demanda, el demandado recurrente alega el no haberse incluido en el proyecto de cuaderno particional contenido en el documento núm. 2, en hijuela a él asignada, las fincas relacionadas en el apartado d) del hecho cuarto de la contestación a la demanda, por lo que al haber acordado el fallo recurrido su inclusión, en dicho proyecto en la forma establecida por el Juzgado de Primera Instancia, es claro que el Tribunal a quo resolvió la cuestión litigiosa atendidos los términos en que se planteó el debate, no habiendo incurrido, por tanto, en el vicio de incongruencia que se denuncia; c) Asimismo es de tener en cuenta que sólo está legitimado para denunciar la incongruencia la parte a quien no se le hubiere resuelto una cuestión oportunamente propuesta (Sentencias de 30 de marzo de 1987 y 1 de julio de 1988), por lo que obedeciendo la inclusión en la hijuela del recurrente de esas dos fincas a las alegaciones formuladas en tal sentido por el ahora recurrente, carece éste de todo interés legítimo para mantener un recurso de casación fundado en esa presunta incongruencia.

Segundo.-El primer motivo del recurso, amparado en el núm. 4 del art. 1692 de la L.E.C, denuncia error en la apreciación de la prueba citando en su apoyo los documentos aportados con la demanda bajo los núms. 1 y 2; se hace consistir el error denunciado en que las adjudicaciones a favor del recurrente hechas en el documento núm. 1 no coinciden con las que se le hacen en el proyecto de cuaderno particional (documento núm. 2). Del contenido del fallo de la sentencia recurrida que acoge el de primera instancia, así como de los fundamentos de derecho de la sentencia de primer grado aceptados expresamente por la de apelación, y que, en consecuencia, son parte integrante de ella, se pone de manifiesto que el Juzgador a quo no padeció error en la apreciación de las pruebas documentales citadas, sino que tuvo en cuenta la discrepancia existente entre ambos documentos, por lo que, teniendo en cuenta la real y verdadera intención de las partes respecto a la adjudicación de los bienes relictos, ordenó incluir en el lote adjudicado al heredero aquí recurrente las dos fincas que menciona éste en el apartado d) del escrito de contestación a la demanda; no existe error alguno en relación con la huerta denominada «Labajo de Los Frailes», que no figura atribuida al recurrente en el documento núm. 1, en contra de lo que se afirma en el desarrollo del motivo, que debe ser rechazado.

Tercero.-Igual suerte desestimatoria ha de seguir el segundo motivo en que por la vía del ordinal 5.º del art. 1692 se denuncia infracción del art. 1079 del C.C .; es doctrina reiterada de esta Sala la de que el recurso de casación se da contra el fallo de las sentencias y no contra los fundamentos de derecho de las mismas, que es lo que se hace en el motivo que se examina que además parte de una lectura equivocada de las sentencias de primero y segundo grado, ya que la cita que en ellas se hace del art. 1079 del C.C . es para rechazar las alegaciones que el demandado recurrente opone a la pretensión actora de no haberse incluido en el proyecto particional todos los bienes y frutos de la herencia, y no para dictar el fallo por el que se acuerda rectificar, en caso de que así proceda, e incluir en el lote adjudicado al recurrente las dos fincas que se le atribuyeron en principio por acuerdo de todos los coherederos y que no figuraban en su hijuela en el proyectado cuaderno particional. Asimismo han de desestimarse los motivos tercero y cuarto en que, por la misma vía procesal que el anterior, denuncian, respectivamente, infracción de los arts. 1058 y 1068 del C.C ., ya que en ellos se olvida el contenido del fallo de la sentencia impugnada que, confirmando el del Juzgado de Primera Instancia, adecúa el cuaderno particional a la verdadera intención de los coherederos en orden a la distribución de los bienes reflejada en el documento núm. 1 de los aportados con la demanda.

Cuarto.-En el sexto y último motivo se alega, al amparo del ordinal 5 del art. 1692 de la L.E.C ., infracción del art. 523, párrafo 2.º, de la misma ley al imponer al demandado las costas de primera instancia no obstante la estimación parcial de la demanda; acogido en el art. 523 de la Ley procesal civil, en la redacción dada al mismo por la Ley 34/1984, de 6 de agosto, el principio objetivo del vencimiento en orden a la imposición de costas, lo que determina que, a tenor de su párrafo 2.°, en caso de estimación o desestimación parciales que cada parte deba de abonar las causadas a su instancia y las comunes por mitad, ello no obstante presenta una excepción al disponer el texto legal «a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ella por haber litigado con temeridad», debiendo en este caso motivarse adecuadamente la condena por el Juzgador de instancia, de quien es facultad privativa la aplicación o no de esta norma excepcional, teniendo declarado esta Sala que la apreciación de temeridad es una cuestión de hecho que viene sometida a la apreciación del Tribunal de Instancia y como tal no es susceptible de ser revisada en casación (Sentencias, entre las más modernas, de 16 de marzo y 30 de octubre de 1987, 20 de abril y 11 de noviembre de 1988 y 14 y 20 de abril de 1989), doctrina que lleva a la desestimación del motivo al haberse razonado por las sentencias de instancia en debida forma la imposición de costas al demandado atendida su actitud procesal.

Quinto.-La desestimación de todos y cada uno de los motivos determina la del recurso en su integridad con la preceptiva imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir de conformidad con el art. 1715 de la L.E.C .

Por lo expuesto, en nombre de S.M. el Rey, por el pueblo español.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por don Pedro Miguel contra la Sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid de fecha 12 de noviembre de 1988 ; condenamos a la parte recurrente al pago de las costas de este recurso y a la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal. Y líbrese a la Audiencia citada la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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