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Sentencia T.S. 1185/1992, (Sala 1) de 18 de diciembre


 RESUMEN:

Competencia territorial: Declinatoria; tras la reforma de 1984, al no tener carácter de verdadera y propia excepción ha dejado de incluirse en el catálogo de excepciones y no cabe en el menor cuantía plantearla al amparo de los artículos 542 y 687 de la LEC, siendo su único cauce el de los incidentes. Indefensión: Inexistencia. Comparece bajo la misma representación y defensa que son esposo. Ambos son litisconsortes pasivos necesarios.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-1. El Procurador don Lujan Velasco Goyenechea, en nombre y representación de «Banco Bilbao, S. A.», interpuso demanda de juicio de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Bilbao contra Rodrigo y María Esther, sobre nulidad de escritura pública de capitulaciones, alegando, en síntesis, los siguientes hechos: Que la entidad que representa concedió un crédito al matrimonio demandado tras cuyo impago se inició un procedimiento judicial que se siguió con el demandado, durante el cual se trabaron los inmuebles que se inscriben; que la anotación preventiva de embargo fue denegada por el Registrador de la Propiedad al figurar las mismas a nombre de la demandada, siendo los únicos bienes inmuebles de la sociedad conyugal. Alegó a continuación los fundamentos de Derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día, sentencia «decretando la nulidad de la escritura pública de capitulaciones matrimoniales y disolución y liquidación del régimen de gananciales otorgado por los demandados el 3 de junio de 1985, ante el Notario de Portugalete don Daniel Revuelta Revuelta por haberse realizado con la finalidad ilícita en perjuicio de acreedores, decretándose igualmente la cancelación en el Registro de la inscripción correspondiente a la referida escritura, condenando a los demandados a las costas de este litigio».

El Procurador don Emilio Martínez Guijarro, en nombre y representación de Rodrigo, contestó a la demanda oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase sentencia «por la que estimando la excepción de incompetencia de jurisdicción o en su defecto desestime la demanda interpuesta de contrario absolviendo de sus pedimentos a los de mandados con expresa condena en costas al actor».

Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia núm. 3 de Bilbao dictó sentencia con fecha 1 de septiembre de 1987, cuya parte dispositiva es como sigue: «Fallamos: Se declara la nulidad de la escritura pública de capitulaciones matrimoniales y disolución y liquidación del régimen de gananciales otorgado por los demandados el 3 de junio de 1985, ante el Notario de Portugalete don Daniel Revuelta Re vuelta, decretándose igualmente la cancelación en el Registro de la inscripción correspondiente a la referida escritura, condenando a los demandados al pago de las costas del presente juicio.»

Segundo.-Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la parte demandada, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Aladino dictó Sentencia con fecha 23 de marzo de 1990, cuya parte dispositiva es como sigue: «Fallamos: Desestimando el.recurso de apelación interpuesto por Rodrigo contra sentencia dictada por el limo Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. 3 de los de Bilbao en autos de menor cuantía núm. 228/1987, de que este rollo dimana, debemos confirmar e íntegramente confirmamos la sentencia apelada, imponiendo al apelante las cortas de esta alzada.»

Tercero.-1. El Procurador don Manuel de Dorremochea Aramburu, en nombre y representación de los demandados, interpuso recurso de casación contra la Sentencia dictada con fecha 23 de marzo de 1990 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao, con apoyo en los siguientes motivos: 1.º Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia infracción de los arts. 55, 56, 57, 58, 62 y 74 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . 3.º Al amparo del núm. 3 se denuncia infracción de los arts. 685, 769 y siguientes y 281 de dicha Ley Procesal.

2. Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción se señaló para la vista el día 3 de diciembre de 1992, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Jesús Marina Martínez Pardo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La sentencia recurrida declaró la nulidad de las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los demandados que pasaron a regir su matrimonio en el orden patrimonial por el régimen de ^separación de bienes, y los hechos tenidos en cuenta por la Audiencia fueron: Que el otorgamiento de los capítulos siguió a la obtención de un préstamo y que produjeron la absoluta insolvencia del prestatario pues todos los bienes inmuebles se adjudicaron a la esposa, no firmante del préstamo, y el dinero en metálico, cuya existencia no se ha probado, al marido, por lo que se aprecia una burla al principio de responsabilidad patrimonial.

Contra esta resolución no se formula motivo alguno de derecho material que haya pasado el trámite de admisión, tendente a sostener la validez de los capítulos, incluso sin perjuicio de que su validez no exima a los bienes de la esposa de la sujeción a las responsabilidades de los cónyuges en el mismo grado en que estaban afectos cuando eran gananciales, como ha tenido frecuentes ocasiones de declarar esta Sala. Sólo se formulan» dos motivos de carácter estrictamente procesal, el primero alegando falta de jurisdicción o competencia objetiva o funcional, y el segundo de los admitidos (tercero del escrito) denunciando quebrantamiento de formas del juicio que dan lugar a indefensión. Y los formulan ambos esposos bajo una misma representación y defensa tras haber comparecido la esposa, rebelde en ambas instancias, después de dictada la sentencia recurrida.

Segundo.-El motivo primero se plantea sin especificar el número del art. 1.692 elegido como cauce, «por infracción de ley y doctrina legal concordante de los arts. 55, 56, 57, 58, 62 y 74 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto no se ha estimado la falta de competencia de jurisdicción por razón del territorio del Tribunal que dictó sentencia en primera instancia», añadiendo la cita del art. 238, núm. 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual son nulos de pleno derecho los actos judiciales cuando se produzcan con manifiesta falta de jurisdicción o competencia objetiva o funcional.

En el cuerpo del motivo se razona que el préstamo pactado por el esposo tenía cláusula de sumisión a los Tribunales de Bilbao, pero la acción ejercitada fue de impugnación de capitulaciones matrimoniales y se dirigió la demanda contra ambos cónyuges por lo que ni existía sumisión de la esposa ni se extendía a esta acción la pactada en el préstamo.

Siendo ciertas y atinadas las consideraciones sobre el pacto de sumisión expresa, no puede sin embargo prosperar el motivo por las razones siguientes: 1.º El motivo omite el número del art. 1.692 en que se apoya y si se trata de suplir la omisión parece que su tenor literal lleva al núm. 5 del 1.692, que como ha dicho reiteradamente esta Sala no es el indicado para las cuestiones relativas a la competencia pues el adecuado es el núm. 2 (Sentencia, entre otras, de 13 de abril de 1989). 2.° Involucra preceptos heterogéneos como los relativos a la competencia territorial y el de nulidad de los actos procesales del art. 238.1.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y cuyas consecuencias en caso de estimación de la infracción produciría efectos casatorios diversos según el art. 1.715, por lo que esta Sala exige su planteamiento en motivos separados. 3.º Porque el art. 238.1.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial no tiene relación alguna con el caso de autos, puesto que los Tribunales que han intervenido gozan de manifiesta jurisdicción así como de competencia objetiva y funcional. Lo que el recurrente discute es que posean competencia territorial, a la que no alude la Ley Orgánica en dicho precepto. 4.º Porque el Tribunal de instancia ha entendido que el actor se sometió por el hecho de presentar ante aquél la demanda, y el demandado formuló contestación a la demanda, la que comporta también su sumisión tácita según el art. 58 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . 5.º Porque la declinatoria, desde la reforma de 1984, al no tener el carácter de verdadera y propia excepción, ha dejado de incluirse en el catálogo de excepciones del art. 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y no cabe ya en el menor cuantía plantearla como tal al amparo de los arts. 542 y 687 de la Ley de enjuiciamiento Civil, siendo su único cauce el de los incidentes a pesar del tenor literal del art. 79 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como ha tenido ya ocasión de pronunciarse esta Sala.

Tercero.-El motivo tercero (segundo de los admitidos) ataca a la sentencia por quebrantamiento de forma que da lugar a la indefensión de la Sra. María Esther . Como causa de indefensión señala que la Audiencia no suspendió la vista de la apelación a pesar de que el esposo comparecido hizo constar que su esposa no fue citada en estrados del Juzgado por su calidad de rebelde.

No cabe hablar de indefensión cuando la esposa, que permaneció rebelde hasta después de segunda instancia, comparece bajo la misma representación y defensa que su esposo; son ambos litisconsortes pasivos necesarios, puesto que la decisión que ponga fin al juicio necesariamente ha de ser uniforme, idéntica, para ambos, y por ello, aunque no compareció no se produjo el efecto de la firmeza de la sentencia de primera instancia, que se le notificó personalmente y consintió, pero debe quedar al amparo de la defensa que su consorte haga de las capitulaciones sin que pueda ella alegar infracciones de procedimiento en una instancia a la que renunció voluntariamente al acatar la primera sentencia. Tampoco el esposo puede esgrimir argumentos que personalmente no le corresponden.

Cuarto.-Las costas y pérdida del depósito se imponen a los recurrentes conforme al art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Sr. Dorremochea contra la Sentencia dictada con fecha 23 de marzo de 1990 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao, la que se confirma en todos sus pronunciamientos, condenando a dicha parte recurrente al pago de las costas así como a la pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se dará el destino legal.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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