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Sentencia T.S. (Sala 1) de 25 de febrero de 1992


 RESUMEN:

Cuestión de competencia: Requerimiento de inhibición. Competencia territiorial cuando es parte demandada el Consorcio de Compensación de Seguros, representado por el Abogado del Estado. Fuero especial. Derogación por prevalencia de la competencia general del domicilio del demandado.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Que por parte del Abogado del Estado, en nombre y representación del Consorcio de Compensación de Seguros, se cuestionó la competencia del Juzgado de Primera Instancia número uno de Guernica, sobre el conocimiento de la demanda interpuesta por don Juan Miguel y otro sobre reclamación de cantidad, intereses y costas, contra el Consorcio de Compensación de Seguros; resolviéndose por auto del Juzgado de Primera Instancia número uno de Bilbao de fecha 7 de marzo de 1989, por el que dice: «No ha lugar a requerir la inhibición al Juzgado de Primera Instancia de Guernica, advirtiendo al señor Abogado del Estado que contra este auto podrá interponer recurso de apelación en ambos efectos para ante la Audiencia Provincial de término de quinto día».

Segundo.-Recurrida en apelación dicha resolución ante la Audiencia Provincial de Bilbao, se resolvió por auto de la Sección Segunda de dicha Audiencia, confirmando en su integridad la resolución del Juzgado de Primera Instancia.

Tercero.-Frente a dicho auto de segunda instancia, se preparó escrito de recurso de casación por parte del Letrado del Estado, en nombre y representación de la parte demandada y apelante, en base a los siguientes motivos: Primero. Formulado al amparo del número 5.° del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El auto recurrido infringe por inaplicación el artículo 117.1.º de la Constitución Española vigente. Dispone este precepto que la Justicia emana del pueblo y se administrará en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley. Segundo. Formulado al amparo del número 5.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El auto de la lima Audiencia Provincial de Guipúzcoa infringe por interpretación errónea el artículo 2.2 del Código Civil . Tercero. Formulado al amparo del número 5.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La sentencia infringe por interpretación errónea el artículo 14 de la Constitución Española, que consagra el principio de igualdad. Cuarto. Formulado al amparo del número 5.° del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El auto recurrido infringe por violación (inaplicación), el artículo 24.1 de la Constitución Española . Quinto. Formulado al amparo del número 5.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El auto recurrido infringe por interpretación errónea el artículo 24 de la Ley 50/1980 de 8 de octubre que regula el Contrato de Seguro .

Cuarto.-Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción se celebró la vista el día 10 de febrero de 1992, compareciendo ambas partes.

Ha sido Ponente el Excmo. Sr. Magistrado don Eduardo Fernández Cid de Temes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Emplazado el Consorcio de Compensación de Seguros por el Juzgado de Primera Instancia de Guernica, en procedimiento sobre reclamación de cantidad, intereses y costas, el señor Abogado del Estado planteó cuestión de competencia por inhibitoria ante los Juzgados de igual clase de Bilbao, repartiéndose al número 1, en base a que dicho Consorcio es Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, bajo la dependencia de la Dirección General de Seguros (art. 1.º del Real Decreto 958/1986, de 25 de abril) y conforme al artículo 7.° del Real Decreto de 21 de enero de 1925, Estatuto de la Dirección General de lo Contencioso y Cuerpo de Abogados del Estado, para el conocimiento de todos los asuntos de carácter civil que interesen al Estado serán únicamente competentes los Jueces de Primera Instancia, o los de Distrito en su caso, de las poblaciones donde exista Audiencia. El Juzgado denegó el requerimiento de inhibición que se le solicitaba y su auto fue confirmado por otro de la Audiencia, de 6 de noviembre de 1989, contra el que se interpuso el presente recurso de casación.

Segundo.-Idéntica cuestión aparece resuelta por esta Sala, en sentencia de 27 de enero del corriente año, desestimatoria del recurso, y centrada, en su esencia, por la de 5 de febrero de 1991 que, después de señalar como el emplazamiento del demandado debe hacerse en su domicilio, radicando el de las personas jurídicas en el lugar donde se halla su representación legal, aclara cómo el artículo 447.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye una representación procesal, determinativa de eficaz postulación, de suerte que cuando el Abogado del Estado actúa en defensa de éste o de sus Organismos Autónomos, suma y ejerce funciones de representación del ente litigante y su defensa, pero puede suceder -y la norma previene el supuesto- que el organismo autónomo en cuestión encomiende su defensa, no al Abogado del Estado, sino a Abogado colegiado, especialmente designado al efecto, de acuerdo con lo que reglamentariamente se disponga, problema de orden interno a resolver o decidir, según sus facultades, por la Junta de Gobierno u órgano rector de dirección o administración de aquel organismo, caso en el que ninguna razón existe para la pervivencia del privilegio o fuero especial establecido en el artículo 7 del Real Decreto-Ley de 21 de enero de 1925 en contra del Juez natural o predeterminado; y lo que no puede exigirse al particular demandante de derechos civiles es que espere, para concretar cuál sea el órgano jurisdiccional competente, a saber si el organismo autónomo usa en uno u otro sentido de la facultad que le otorga dicho artículo 447.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la potísima razón de que ello será posterior en el tiempo al ejercicio de la acción y la competencia territorial devendría cambiante, lo que constituye un absurdo; si, pues, ambas normas de contenido procesal o procedimental, con independencia del texto legal en que se encuentren insertas y de su jerarquía, se muestran en colisión, ha de darse prevalencia a la Ley Orgánica del Poder Judicial que deroga cuantas leyes y disposiciones se opongan a lo en ella establecido («ex posterior derogat anterior»), máxime cuando la Constitución trata de establecer principios igualitarios, en contra de todo privilegio o excepcionalidad y desaparece la base fáctica que los sustentaba.

Tercero.-A la luz de tan sencillos razonamientos, es claro que: a) no existe infracción de los artículos 117.1° de la Constitución Española y 1.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues es el imperio de la Ley el que obliga a inaplicar el artículo 7 del Real Decreto Ley de 21 de enero de 1925 ; b) tampoco se infringe el artículo 2.2 del Código Civil en cuanto dispone que «las leyes sólo se derogan por otras posteriores», y que «la derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior», pues, con independencia de toda derogación expresa, ya se ha visto la incompatibilidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el artículo 7 del Estatuto de 1925; c) la derogación del Fuero Territorial de la Abogacía del Estado favorece y no perjudica, los principios procesales de igualdad y contradicción de las partes, de manera que mal se puede entender que existe una interpretación errónea del artículo 14 de la Constitución al considerar por otras razones (la resolución recurrida ni siquiera cita el precepto), cual la incompatibilidad de materia, que se produce dicha derogación por la Ley Orgánica del Poder Judicial; d) menos aún puede afirmarse que se viola el artículo 24.1 de la Constitución (tampoco citado en el auto recurrido), puesto que la derogación favorece el derecho de todos los ciudadanos al Juez ordinario predeterminado por la ley en las normas de competencia territorial; y e) finalmente, el hecho de que las obligaciones del Consorcio nazcan «ex lege», no permite olvidar una cierta base contractual en la cobertura, en régimen de compensación, en los ramos no personales, de los siniestros que, afectando a riesgos asegurados, no sean susceptibles de garantía mediante póliza de seguro privado ordinario, por obedecer a causas de naturaleza extraordinaria, sobre las que tal organismo tiene el monopolio, de manera que, derogado el Fuero del Estado, queda sin aclarar el motivo que acusa infracción por interpretación errónea del artículo 24 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, que regula el Contrato de Seguro, máxime cuando lo único que se sabe sobre la acción principal ejercitada es que se refiere a reclamación de cantidad, por haberse aportado a la cuestión de competencia por la Abogacía del Estado únicamente la cédula de emplazamiento.

Cuarto.-Desestimados todos los motivos, conforme a lo interesado por el Ministerio Fiscal, al no haber lugar al recurso, las costas han de imponerse al recurrente (art. 1715, párrafo último, de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), sin que haya lugar a pronunciamiento sobre depósito, no constituido por imperativo legal.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el señor Abogado del Estado, en representación del Consorcio de Compensación de Seguros, contra el auto dictado, en 6 de noviembre de 1989, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao, que confirmó otro del Juzgado no dando lugar al requerimiento de inhibición que se solicitaba; imponemos las costas a la parte recurrente; y a su tiempo, comuniqúese esta resolución a expresada Audiencia, devolviéndose los autos y rollo de Sala que remitió.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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