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Sentencia T.S.J. Castilla y León 455/2010 de 2 de noviembre


 RESUMEN:

ITP: Comprobación de valores. Trámite de audiencia: Se cumplimentó al dar traslado de la propuesta de liquidación junto con la comprobación de valores. Incremento de la base a consecuencia de la comprobación de valores: El dictamen que sirve de base satisface las exigencias de motivación pues recoge la descripción del bien, los criterios a tener en cuenta y su concreta aplicación. Informe pericial: El bien debe estar individualizado y visitado por el perito. Desestimación.

En la ciudad de Burgos, a dos de Noviembre de dos mil diez.

En el recurso número 349/09, interpuesto por CONSTRUCCIONES ARRANZ ACINAS, S.A. representado por el Procurador D. Carmen Velázquez Pacheco y defendido por el Letrado D. Jorge Sainz Santamaria, contra Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos, de 8 de julio de 2009, reclamación n.º 9/552/09 P.A. sobre Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendo comparecido como parte demandada la JUNTA DE CASTILLA Y LEON, representada y defendida por el Letrado de la Comunidad Autónoma.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso-administrativo ante esta Sala el día 11 de septiembre de 2009.

Admitido a trámite se dio al mismo la publicidad legal y se reclamó el expediente administrativo; recibido se confirió traslado al recurrente para que formalizara la demanda, lo que efectuó en legal forma por medio de escrito de fecha 7 de diciembre de 2009, que en lo sustancial se da por reproducido y en el que terminaba suplicando se dicte Sentencia por la que: "estimando el Recurso y declarando nula la Resolución impugnada y confirmándose la autoliquidación practicada, con imposición de costas a la Administración, con todo lo demás que proceda en justicia".

Segundo.-Se confirió traslado de la demanda por término legal al SR. LETRADO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, quien contestó a medio de escrito de 4 de febrero de 2010, oponiéndose al recurso y solicitando su desestimación en base a los fundamentos jurídicos que aduce.

Tercero.-Una vez dictado Auto de fijación de cuantía, y como no se ha solicitado el recibimiento del recurso contencioso administrativo a prueba ni conclusiones por ninguna de las partes, quedó el recurso concluso para sentencia, y no pudiéndose dictar ésta en el plazo de diez días previsto en el art. 67.1 de la Ley 29/98, al existir recursos pendientes de señalamiento para Votación y Fallo con preferencia, y puesto que el art. 64.3 de la misma Ley, establece que tal señalamiento se ajustará al orden expresado en el apartado 1 del artículo anterior y existiendo en la Sala recursos conclusos de fecha anterior, y por tanto con preferencia para efectuar su señalamiento al de este recurso, quedando los autos pendientes de señalamiento de día para Votación y Fallo, para cuando por orden de declaración de conclusos correspondiese, habiéndose señalado el día 21 de octubre de 2010 para su votación y fallo, lo que se efectuó. Se han observado las prescripciones prevenidas en la Ley en la tramitación de este recurso jurisdiccional.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-- Es objeto del presente recurso jurisdiccional la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos, de 8 de julio de 2009, desestimando la reclamación económico-administrativa N.º 9/552/09 formulada por el recurrente contra el acuerdo del Servicio Territorial de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León en Burgos por la modalidad de "Actos Jurídicos Documentados" que determina una cantidad a ingresar de 38.562,77 euros.

La Resolución recurrida analiza la única cuestión planteada y concluye que la comprobación de valores llevada a cabo por la Administración y la liquidación girada como consecuencia de la misma está suficientemente motivada.

Segundo.-La parte actora interpone recurso para que se deje sin efecto la resolución citada y se anule la liquidación girada por la Administración, confirmándose la presentada por ella, alegando, en primer lugar, que no se le ha dado trámite de audiencia y en segundo lugar, que la misma carece de la motivación legalmente exigida.

La Administración demandada, por el contrario, sostiene la legalidad del acto recurrido, interesando la desestimación de la demanda.

Tercero.-Del examen del expediente administrativo resultan los siguientes antecedentes de interés.

1.- En fecha 21 de marzo de 2005 se otorga escritura pública de rectificación de obra nueva y división horizontal y fin de obra nueva del edificio sito en el Pasaje Primo de Rivera de Aranda de Duero, presentándose la correspondiente autoliquidación por el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

2.- Por la Administración se inició expediente de comprobación de valores en el que tras la pertinente tramitación se dicta la liquidación provisional conforme a un valor comprobado de 6.916.672,40 euros, determinado una cuota a ingresar de 34.825,15 euros

3.- Frente a dicha liquidación provisional se interpuso recurso de reposición, que fue parcialmente estimado, y reclamación económico administrativa, que fue desestimada.

Frente a dicha desestimación se interpuso recurso contencioso administrativo que concluyó con la Sentencia de esta Sala de fecha 23 de julio de 2008 en la que apreciándose que la comprobación de valores no estaba motivada anuló la liquidación girada.

4.- Como consecuencia del fallo de la indicada Sentencia se procedió por la oficina gestora a hacer una nueva valoración y a girar nueva liquidación

Esta nueva liquidación se basa en el informe de fecha 10 de diciembre de 2008 realizado por el técnico de la Administración en el que en un apartado, denominado antecedentes, se recogen los datos del documento, procedencia, sección de impuestos indirectos, el expediente que al que pertenece, el origen y la fecha del devengo del impuesto; identificándose, igualmente, el bien por la provincia; la entidad urbana; la zona; la naturaleza del bien, y los usos considerados.

A continuación se cita la base legal de la valoración haciendo referencia al art. 57.1.e de la LGT 58/03.

Seguidamente se incorpora una Certificación de los datos contenidos en los Estudios de Mercado de bienes inmuebles urbanos y sus actualizaciones, recogiendo los módulos de suelo y de construcción que resultan de dichos estudios de mercado, módulos que multiplicados por el coeficiente "A" (de entidad económica) en el caso del suelo, determinan el Vrs aplicable, y por el coeficiente "D" (del tipo de construcción) en el caso de la construcción que determinan el Vrc.

Asimismo se recogen los coeficientes de uso, del tramo de calle de situación del bien, y los coeficientes generales de construcción: "D" de tipo de construcción; "E" de antigüedad; "F" estado de conservación; "G" de nivel de instalaciones; "H" de calidad; "I" corrector de mercado, acompañando un cuadro de coeficientes de transformación de superficies útiles a construidas según usos.

Por último se incluyen dos coeficientes: "J" y "K" aplicable según circunstancias, distinguiendo los valores correspondientes a dichos coeficientes según concurran arrendamientos antiguos, según se trate de obras nuevas, según se trate de divisiones horizontales o según que influya la superficie de terreno, recogiendo en este caso la fórmula para la determinación del coeficiente "J".

Seguidamente en el apartado dictamen del técnico de la administración primero indica la metodología de la valoración. Así se dice: " La presente valoración se efectúa a partir de los datos del documento presentado y los procedentes del reconocimiento del bien por la visita realizada, que el técnico considera suficientes para la identificación de las características físicas y económicas del bien.. Asimismo se utilizan los valores unitarios obtenidos de los estudios de mercado efectuados por la Junta de Castilla y León, que se encuentran en las dependencias de esta oficina a disposición del interesado y cuyos datos, en relación con el bien, constan en el punto anterior. Dichos valores, que han sido actualizados a la fecha de devengo del impuesto, son ponderados para el bien objeto de la presente valoración, según unos correctores en los que se tiene en cuenta la categoría de la ciudad y barrio donde se ubica el bien, los servicios urbanísticos de que disponga la zona, la tipología constructiva propia del bien, su antigüedad y estado de conservación, sus calidades e instalaciones y por las correcciones que al ideal saber y entender el técnico de valoración fueren necesarias basadas en su capacitación y su conocimiento del mercado local o en atención a circunstancias especiales que concurren en el bien una vez identificado y conforme a los siguientes datos y características".

Y a continuación se valora el bien, distinguiendo los distintos usos, y añadiendo en un apartado de observaciones que la nueva valoración es como consecuencia del fallo del Tribunal, que se ha procedido a visitar el bien y que se ratifica la anterior valoración, acompañándose en anexo adjunto las fotografías del inmueble y explicando las operaciones realizada y las características del bien.

5.- Frente a la liquidación provisional se interpuso reclamación económico administrativa, que fue desestimada, siendo esta decisión la que constituye el objeto del presente recurso.

Cuarto.-Establecidas las precedentes premisas fácticas, procede entrar a examinar los distintos motivos de impugnación que se contienen en la demanda, comenzando por la falta de audiencia.

Concretamente, se denuncia que se ha omitido tal trámite antes de dar traslado de la propuesta de liquidación, provocando indefensión.

No obstante, tal alegación no puede prosperar, pues conforme a lo preceptuado en el art. 138.3 de la Ley 58/03, es con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, cuando la Administración deberá comunicar al obligado tributario la propuesta de liquidación para que alegue lo que convenga a su derecho, y tal trámite, como se ha dicho se cumplimentó en el presente caso, al darse traslado de la propuesta de liquidación junto a la comprobación de valores realizada, a fin de que la recurrente pudiese alegar lo que tuviera conveniente en relación con la misma, habiendo evacuado la actora el trámite conferido, presentando oportunas alegaciones con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, por lo que es evidente que no se ha omitido el trámite de audiencia, ni se le ha ocasionado indefensión alguna.

Quinto.-Seguidamente, hay que analizar la cuestión central planteada por la parte actora, que consiste, como se ha anunciado, en determinar si el incremento de la base imponible, consecuencia de la comprobación de valores llevada a cabo por la Administración está convenientemente motivada.

Previamente, hay que decir que esta nueva liquidación es consecuencia de que este Tribunal anulase la anterior en atención a que no constaba individualizado el bien objeto de valoración ya que no se había girado visita por parte del perito y, por otro lado, no estaban justificados los coeficientes que se habían utilizado.

Ello tiene trascendencia en la medida en que ahora no se puede abrir un nuevo debate en torno a si el técnico que suscribe el informe (arquitecto técnico) está capacitado para hacer el mismo, ya que el anulado también estaba suscrito por este profesional.

En todo caso, conviene recordar que los arquitectos técnicos están capacitados para efectuar valoraciones como la que aquí nos ocupa (Ley 12/1986 de 1 de abril que regula las atribuciones de los Arquitectos Técnicos y de los Ingenieros Técnicos).

Dicho esto y centrándonos en el debate central, consistente en la motivación de la liquidación girada, hay que decir que esta exigencia vienen establecidas en el 103.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que dice, "3. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos, así como cuantos otros se dispongan en la normativa vigente, serán motivados con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho."

Esta Sala ha señalado en numerosas Sentencias, recogiendo las dictadas por el Tribunal Supremo, como la de fecha 12-11-1999, rec. 7816/1992, que es deber de los peritos de la Administración a) comprobar en cada caso los bienes, b) describirlos, (v.g. consignación de los metros cuadrados de superficie del terreno y del edificio, número de plantas, situación, calidad, y edad de la construcción...etc.) y c) facilitar a los órganos administrativos y jurisdiccionales los antecedentes de hecho suficientes para admitir o rechazar las valoraciones, de manera tal que mientras no se cumplan estas garantías, por desconocimiento de los datos e imposibilidad de analizar y contrastar la valoración, esta ha de rechazarse (STS de 7 de mayo de 1998 de 30 de mayo y 19 de octubre de 1995).

También hemos recogido la doctrina sentada al respecto por el Tribunal Supremo y en concreto la Sentencia de 24 de marzo de 2003, dictada en el recurso de casación 4213/1998, que aunque dictada bajo la vigencia de la derogada Ley Tributaria es igualmente aplicable.

En aquella Sentencia se dijo "Sobre esta cuestión de la forma y motivación que han de tener las comprobaciones de valores, también se ha pronunciado esta Sala en numerosísimas Sentencias, así en las de 3 EDJ 1989/4629 y 26 de mayo de 1989 EDJ 1989/5429, 20 de enero EDJ 1990/381 y 20 de julio de 1990 EDJ 1990/7904, 18 de junio EDJ 1991/6503 y 23 de diciembre de 1991 EDJ 1991/12241, 8 de enero de 1992, 22 de diciembre de 1993 EDJ 1993/11798, 24 EDJ 1994/1685 y 26 de febrero de 1994 EDJ 1994/1742, 4 EDJ 1995/8201, 11 EDJ 1995/8013 y 25 de octubre EDJ 1995/7344 y 21 de noviembre de 1995 EDJ 1995/7855, 18 EDJ 1997/6680 y 29 de abril EDJ 1997/4311 y 12 de mayo de 1997 EDJ 1997/4311, 25 de abril de 1998 EDJ 1998/2794, 3 de diciembre de 1999 EDJ 1999/42552 y 23 de mayo de 2002 EDJ 2002/22946.

En esta abundante jurisprudencia se ha sentado la doctrina de que los informes periciales, que han de servir de base a la comprobación de valores, deben ser fundados, lo cual equivale a expresar los criterios, elementos de juicio o datos tenidos en cuenta; que la justificación de dicha comprobación es una garantía tributaria ineludible; que por muy lacónica y sucinta que se interprete la obligación administrativa de concretar los hechos y elementos adicionales motivadores de la elevación de la base, no puede entenderse cumplida dicha obligación, impuesta por el art. 121 de la Ley General Tributaria, si se guarda silencio o si se consignan meras generalizaciones sobre los criterios de valoración o solo referencias genéricas a los elementos tenidos en cuenta, mediante fórmulas repetitivas que podrían servir y de hecho sirven, para cualquier bien.

Por el contrario la comprobación de valores debe ser individualizada y su resultado concretarse de manera que el contribuyente, al que se notifica el que la Administración considera valor real, pueda conocer sus fundamentos técnicos y fácticos y así aceptarlos, si llega a la convicción de que son razonables o imposibles de combatir, o rechazarlos porque los repute equivocados o discutibles y en tal caso, solo entonces, proponer la tasación pericial contradictoria a la que también tiene derecho.

Obligar al contribuyente a acudir a la referida tasación pericial, de costoso e incierto resultado, para discutir la comprobación de valores, cuando ni siquiera se conocen las razones de la valoración propuesta por la Hacienda, colocaría a los ciudadanos en una evidente situación de indefensión frente a posibles arbitrariedades o errores de los peritos de la Administración, a cuyas tasaciones no alcanza la presunción de legalidad de los actos administrativos, porque las peritaciones, aunque las practique un funcionario, son dictámenes, sin que el sujeto tributario venga obligado, por su parte, a acreditar el error o la desviación posibles de la Hacienda Pública cuando no conoce una justificación bastante de aquellos nuevos valores, pues en esta materia - como también tenemos declarado- la carga de la prueba del art. 114 de la Ley General Tributaria EDL 1963/94, rige igualmente tanto para los contribuyentes como para la Administración, tanto en vía administrativa como jurisdiccional".

En definitiva, como reiteradamente ha dicho también esta Sala los informes periciales (y los tributarios también), que han de servir de base a la comprobación de valores, deben ser fundados, lo cual equivale a expresar los criterios, elementos de juicio o datos tenidos en cuenta para que el contribuyente pueda conocer sus fundamentos técnicos y prácticos, lo que, además, constituye una garantía tributaria ineludible, debiendo de precisarse que aun pudiendo ser esa fundamentación lacónica y sucinta, no es admisible la misma si se omiten o se consignan meras generalizaciones sobre los criterios de valoración o solo referencias genéricas a los elementos tenidos en cuenta mediante fórmulas repetitivas proformadas.

También se ha dicho que el informe pericial debe de ser individualizado y, obviamente, el mismo, junto con la liquidación debe de ser notificada al contribuyente.

Sexto.-La anterior doctrina y los criterios que resultan de la misma son de aplicación al presente caso en la medida en que la metodología empleada por la Administración demandada para fijar el valor del bien es el dictamen de peritos y así se dice en el informe que sirve de motivación al acto impugnado, que de manera expresa cita el articulo. 57.1.e) de la Ley, teniendo en cuenta los precios medios de mercado de los que se parte y que son actualizados.

Como se ha dicho en un Fundamento de Derecho anterior, el dictamen de la Administración contiene una descripción del bien que estimamos suficiente y que individualiza las distintas tipologías de las viviendas y de usos.

Por otro lado, el dictamen contiene los datos de los estudios de mercado vigentes a la fecha de la comprobación y actualizados por el técnico a la fecha de devengo, de modo y manera que el contribuyente conoce los datos de los que parte la Administración para determinar el precio de mercado del bien y aparecen convenientemente certificados en el informe.

Además, se recogen los distintos coeficientes que han sido utilizados, tanto los llamados "coeficientes de uso", "como los de construcción" y el resto de los empleados, mediante la incorporación en el dictamen pericial de las tablas en los que los mismos se definen y cuantifican, con especial incidencia en los distintos usos y posibilidades en relación a cada tipo de vivienda y otros elementos.

A este respecto y al hilo de la demanda, hay que hacer constar que, pese a las alegaciones allí contenidas, los usos 4 y 5 están diferenciados y se justifican los distintos correctores empleados en el anexo que acompaña al informe

No cabe por ello, oponer, como hace el actor, que se desconocen las razones por las que el técnico los aplica, ni las razones por las que lo hace en la concreta cuantía en que lo hace porque su explicación se encuentra en la tabla que los regula y en el anexo al informe, de manera tal que se puede estar en contra de ello e incluso considerarlo incorrecto por no ser ciertas las razones en lo que se justifica, pero ello no es un problema de falta de motivación sino de motivación errónea que exige que así se demuestre por quien lo alega

Consiguientemente, hay que concluir que el dictamen que sirve de base a la Administración para aumentar la base imponible satisface las exigencias de motivación en lo que se refiere a dar a conocer y recoger la descripción del bien y los criterios a tener en cuenta y su concreta aplicación en la medida en que se parte de los datos que recogen unos estudios de mercado, se aplican unos coeficientes, que se explican, y se llega a un resultado.

Séptimo.-Pero, el informe pericial, con arreglo a la doctrina jurisprudencial citada y seguida de manera constante por esta Sala exige que en el mismo se individualice el bien.

Obviamente no es equiparable su descripción con la labor de individualización, que exige conocer en detalle aquellas características del bien que se tienen en cuenta para hacer la valoración y que determinan que esta sea mayor o menor.

El informe pericial señala, como hemos expuesto, que el perito considera que el bien está lo suficientemente individualizado a partir de la visita realizada, de la que se da cuenta mediante la incorporación al dictamen de las fotografías realizadas y mediante las conclusiones que extrae de la misma y que allí se plasman, explicando, igualmente, el valor de los coeficientes correctores empleados.

Esta Sala, como se sabe, ha venido exigiendo de manera constante que el técnico de la Administración visitase el bien o, en otro caso, justificase la no necesidad de esa visita (con cita reiterada de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 5 noviembre 1999, Pte: Gómez Cáceres, Francisco José, donde se recoge la posibilidad de excepcionar esa obligación), lo que se fundamentaba en la doctrina sentada por la Jurisprudencia e, incluso en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, dictada por el Ministerio de Economía, ya que si bien dicha norma se dictó para otras finalidad, las mismas incluyen valoraciones de bienes y allí se exige de manera expresa esa visita.

Así se razonó en la anterior Sentencia de fecha 23 de julio de 2008 de modo y manera que en ausencia de la misma, la consecuencia es que había que considerar que el bien no estaba suficientemente individualizado y, por lo tanto, que no era respetuoso con las exigencias de motivación.

Sin embargo, en el presente caso, esa visita se ha realizado y con ello se han cumplido las exigencias de motivación.

No cabe oponer que la misma ha sido únicamente para confirmar las anteriores conclusiones y ello por dos razones, a saber, en primer lugar, representa una incoherencia demandar que se haga, como sucedió en el otro recurso y ahora criticarlo; y en segundo lugar, ninguna prueba se aporta en el sentido de que la visita no fue con la finalidad que le es exigible, por ejemplo alegando la insuficiencia de la inspección o la omisión de análisis de determinadas partes del bien.

En este punto conviene precisar que la visita se hizo en presencia de la representante del obligado tributario, D.ª Susana, quien mostró al Sr. Perito solo alguna de las partes del inmueble, por las razones que allí se expresan de modo y manera que el contenido de la visita vino influido por la decisión del interesado

Todo lo cual nos lleva a considerar que la liquidación girada por la Administración está correctamente motivada lo que supone la desestimación de la demanda interpuesta.

Octavo.-De conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la LJCA de 1998, no apreciándose mala fe o temeridad en ninguna de las partes del presente recurso, considera esta Sala procedente no hacer pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales originadas en el presente recurso.

Vistos los artículos precedentes y demás de pertinente aplicación, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, dicta el siguiente:


FALLO:


 
Desestimar el recurso contencioso administrativo 349/09 interpuesto por la entidad "Construcciones Arranz Acina", representada por la Procuradora de los Tribunales D.ª Carmen Velázquez Pacheco y defendido por el Letrado D. Jorge I. Sainz Santamaría contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos, de 8 de julio de 2009 que desestima la reclamación económico-administrativa N.º 9/552/09 y en el que ha intervenido como parte demandada la Junta de Castilla y León, declarando:

Primero.-Que las liquidaciones giradas por la Administración son conformes a derecho.

Segundo.-Que no procede imponer las costas a ninguna de las partes.

Esta sentencia es firme y contra ella no cabe recurso ordinario alguno.

Conforme establece el art. 104 de la LJCA, en el plazo de diez días, remítase oficio a la administración demandada, al que se acompañará el expediente administrativo y testimonio de esta sentencia, a fin de que la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo. Hágase saber a la administración que en el plazo de diez días deberá acusar recibo de dicha documentación e indicar el órgano responsable del cumplimiento del fallo.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la sentencia anterior por el Ilmo Magistrado Ponente Sr. D. Luis Miguel Blanco Dominguez, en la sesión pública de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos) a dos de Noviembre de dos mil diez, de que yo el Secretario de la Sala Certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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