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Sentencia T.S.J. Castilla y León 508/2010 de 30 de noviembre


 RESUMEN:

ITP. Suspensión de las liquidaciones provisionales: Por error de hecho en la atribución de extensión a una finca. No existe error alguno: Se podrá discrepar del método de valoración del aprovechamiento. No son errores que justifican la suspensión. Petición de tasación pericial contradictoria: Son los órganos de gestión quienes deben pronunciarse sobre la misma. Desestimación.

En la ciudad de Burgos, a treinta de Noviembre de dos mil diez.

En el recurso número 283/209, interpuesto por PROYECTOS BURGALESES, S.A. representado por el Procurador Natalia Pérez Pereda y defendido por el Letrado Pedro Corvo Román, contra Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos de 27 de abril de 2009, reclamación n.º 9/327/09, Suspensión n.º 45/09, sobre Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, habiendo comparecido como parte demandada la JUNTA DE CASTILLA Y LEON, representada y defendida por el Letrado de la Comunidad Autónoma.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso-administrativo ante esta Sala el día 9 de julio de 2009.

Admitido a trámite se dio al mismo la publicidad legal y se reclamó el expediente administrativo; recibido se confirió traslado al recurrente para que formalizara la demanda, lo que efectuó en legal forma por medio de escrito de fecha 29 de septiembre de 2009, que en lo sustancial se da por reproducido y en el que terminaba suplicando se dicte Sentencia por la que: "se acuerde la estimación del presente recurso, ACORDANDO LA SUSPENSION del ingreso de la deuda tributaria, con las demás consecuencias que de tal pronunciamiento se deriven".

Segundo.-Se confirió traslado de la demanda por término legal al Sr. Letrado de la Junta, quien contestó a medio de escrito de 7 de enero de 2010, oponiéndose al recurso y solicitando su desestimación en base a los fundamentos jurídicos que aduce.

Tercero.-Una vez dictado Auto de fijación de cuantía, y recibido el recurso a prueba se practicó con el resultado que obra en autos, y habiendo solicitado las partes la presentación de conclusiones escritas, se evacuó traslado para cumplimentar tal trámite, quedando el recurso concluso para sentencia, y no pudiéndose dictar ésta en el plazo de diez días previsto en el art. 67.1 de la Ley 29/98, al existir recursos pendientes de señalamiento para Votación y Fallo con preferencia, y puesto que el art. 64.3 de la misma Ley, establece que tal señalamiento se ajustará al orden expresado en el apartado 1 del artículo anterior y existiendo en la Sala recursos conclusos de fecha anterior, y por tanto con preferencia para efectuar su señalamiento al de este recurso, quedaron los autos pendientes de señalamiento de día para Votación y Fallo, para cuando por orden de declaración de conclusos correspondiese, habiéndose señalado el día 25 de Noviembre de 2010 para votación y fallo, lo que se efectuó. Se han observado las prescripciones legales en la tramitación de este recurso.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-- Es objeto del presente recurso jurisdiccional la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos, de 27 de abril de 2009 que desestima la reclamación económico-administrativa N.º 9/327/09 formulada por el recurrente contra la desestimación de la petición de suspensión de la ejecución de los acuerdos dictados en fecha 13 de febrero de 2009 por el Jefe de la Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario de Aranda de Duero por los que se desestimaban los recursos de reposición interpuestos contra las liquidaciones provisionales 09-IADD-TPA-LTP-08-000166 y 09- IADD-TPA-LAJ-000082 practicadas por la modalidad de "Transmisiones Patrimoniales" y "Actos Jurídicos Documentados" que determinan unas cantidades a ingresar de 5.378,45 euros y 786,78 euros.

La Resolución recurrida considera que no concurre el supuesto previsto en el artículo 135 ni el artículo 233.5 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que contempla la suspensión de la ejecución de los actos administrativos de naturaleza tributaria sin necesidad de presentar caución.

Segundo.-La parte actora interpone recurso para que se deje sin efecto la resolución citada y se acuerde la suspensión de las liquidaciones giradas por la Administración.

Alega que la Administración ha incurrido en error de hecho al girar las liquidaciones por cuanto atribuya a la finca una extensión de 363,37 m2, cuando en realidad y como se desprende de la escritura de adquisición la finca mide 190,25 m2.

En segundo lugar, denuncia que las valoraciones hechas por la Administración no están motivadas y por lo tanto que no fijan el valor real del bien, que es lo que constituye la base imponible del impuesto.

La Administración demandada sostiene la legalidad del acto recurrido, interesando la desestimación de la demanda.

Tercero.-En primer lugar, debemos de precisar que el objeto de este recurso no son las liquidaciones giradas por la Administración, recurridas en el procedimiento seguido ante esta Sala con el número 358/09 y que ha sido resuelto por Sentencia dictada en el día de hoy, sino que lo que ahora se debate es si el actor tiene derecho a que las liquidaciones sean suspendidas, alegando el error de hecho que sostiene ha sufrido la Administración, con la consecuencia de no serle exigida garantía alguna para ello.

El punto de partida para resolver la cuestión litigiosa lo constituye el artículo 223.5 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que dice "Se podrá suspender la ejecución del acto recurrido sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho".

Es constante la doctrina jurisprudencial que identifica este tipo de errores como aquellos que resultan de la propia confrontación de los datos que obran en el expediente, sin necesidad de acudir a ninguno otro y que son apreciables de una manera directa sin que sea necesario desarrollar, ni exponer ningún tipo de argumentación o valoraciones.

En el presente caso, es evidente que el supuesto alegado por el actor en su demanda no integra la categoría jurídica a la que se refiere de error ya que no se aprecia ningún error en los términos en los que se postula en la demanda.

Por un lado, la superficie de la finca a la que atiende la Administración es la de 363,37 m2, pero no porque sea esta la existente sino porque es la resultante de aplicar a la real, 190,25 m2, el aprovechamiento urbanístico que es de aplicación (1,91 m2/m2), y así se hace constar en el apartado de observaciones de los informe técnicos que sirven de base a la liquidación impugnada.

Consiguientemente, se podrá discrepar del método empleado, incluso de si ese aprovechamiento es el procedente o no, pero no cabe hablar de error alguno.

Por lo que hace a la cuestión también mencionada en la demanda en el sentido de que los coeficientes correctores aplicados son erróneos y sin motivar, además de aplicarse a una superficie errónea, es evidente que tampoco puede considerarse que estemos ante un error que justifique la suspensión del acto sin garantías al amaro del citado artículo 223.5.

Cuarto.-En cuanto a la suspensión del acto con base en el artículo 135 de la Ley General Tributaria, con ocasión de la petición de la tasación pericial contradictoria, que es un motivo alegado ante el Tribunal Económico Administrativo, y ahora abandonado en la instancia judicial, hay que decir que tal y como razona la Resolución recurrida son los órganos de gestión quienes deben de pronunciarse sobre dicha cuestión.

Consiguientemente, debemos de desestimar el recurso interpuesto y confirmar la Resolución recurrida.

Quinto.-De conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la LJCA de 1998, no apreciándose mala fe o temeridad en ninguna de las partes del presente recurso, considera esta Sala procedente no hacer pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales originadas en el presente recurso.

Vistos los artículos precedentes y demás de pertinente aplicación, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, dicta el siguiente:


FALLO:


 
Desestimar el recurso contencioso administrativo 283/09 interpuesto por la entidad "Proyectos Burgaleses, S.L.", representada por la Procuradora de los Tribunales D.ª Natalia Pérez Pereda y defendida por el Letrado D. Pedro Corvo Román contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos, de 17 de junio de 2009 que desestima la reclamación económico-administrativa N.º 9/327/09 y en el que ha intervenido como parte demandada la Junta de Castilla y León, declarando:

Primero.-Que la Resolución recurrida es conforme a derecho en cuanto confirma la denegación de la suspensión del acto sin garantías

Segundo.-Que no procede imponer las costas a ninguna de las partes.

Esta sentencia es firme y contra ella no cabe recurso ordinario alguno.

Conforme establece el art. 104 de la LJCA, en el plazo de diez días, remítase oficio a la administración demandada, al que se acompañará el expediente administrativo y testimonio de esta sentencia, a fin de que la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo. Hágase saber a la administración que en el plazo de diez días deberá acusar recibo de dicha documentación e indicar el órgano responsable del cumplimiento del fallo.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la sentencia anterior por el Ilmo Magistrado Ponente Sr. D. Luis Miguel Blanco Dominguez, en la sesión pública de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos) a treinta de Noviembre de dos mil diez, de que yo el Secretario de la Sala Certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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