Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S.J. Castilla y León 509/2010 de 30 de noviembre


 RESUMEN:

ITP. Incremento de la base imponible en virtud de la comprobación de valores. Motivación de la comprobación: Los informes periciales sirven de base a la misma y deben ser fundados e individualizados respecto del bien en concreto. Exigencia de visita: Se exige un examen personal del bien por parte del perito. Fuentes documentales: No constan en el informe. Falta de prueba: La recurrente no practica prueba alguna que acredite el valor real del bien, por lo que procede la retroacción de las actuaciones. Estimación.

En la ciudad de Burgos, a treinta de Noviembre de dos mil diez.

En el recurso número 133/2010, interpuesto por VALLEHERMOSO DIVISION PROMOCION, S.A.U. representado por el Procurador D.ª Blanca Herrera Castellanos y defendido por el Letrado D. Ramiro Ferrero Collado, contra Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos de 15 de diciembre de 2010, reclamación 9/858/08 sobre Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados habiendo comparecido, como parte demandada la JUNTA DE CASTILLA Y LEON, representada y defendida por el Letrado de la Comunidad Autónoma.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso-administrativo ante esta Sala el día 11 de febrero de 2010.

Admitido a trámite se dio al mismo la publicidad legal y se reclamó el expediente administrativo; recibido se confirió traslado al recurrente para que formalizara la demanda, lo que efectuó en legal forma por medio de escrito de fecha 26 de marzo de 2010, que en lo sustancial se da por reproducido y en el que terminaba suplicando se dicte Sentencia por la que: "estime el recurso dado que la liquidación no está bien motivada".

Segundo.-Se confirió traslado de la demanda por término legal al Letrado de la Comunidad Autónoma, quien contestó a medio de escrito de 26 de abril de 2010, oponiéndose al recurso y solicitando su desestimación en base a los fundamentos jurídicos que aduce.

Tercero.-Una vez dictado Auto de fijación de cuantía, y como no se ha solicitado el recibimiento del recurso contencioso administrativo a prueba ni conclusiones por ninguna de las partes, quedó el recurso concluso para sentencia, y no pudiéndose dictar ésta en el plazo de diez días previsto en el art. 67.1 de la Ley 29/98, al existir recursos pendientes de señalamiento para Votación y Fallo con preferencia, y puesto que el art. 64.3 de la misma Ley, establece que tal señalamiento se ajustará al orden expresado en el apartado 1 del artículo anterior y existiendo en la Sala recursos conclusos de fecha anterior, y por tanto con preferencia para efectuar su señalamiento al de este recurso, quedando los autos pendientes de señalamiento de día para Votación y Fallo, para cuando por orden de declaración de conclusos correspondiese, habiéndose señalado el día 25 de Noviembre de 2010 para su votación y fallo, lo que se efectuó. Se han observado las prescripciones prevenidas en la Ley en la tramitación de este recurso jurisdiccional.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-- Es objeto del presente recurso jurisdiccional la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos, de 15 de diciembre de 2009 que desestima la reclamación económico-administrativa N.º 9/858/08 formulada por el recurrente contra la liquidación complementaria 09-IND2-TPA-LAJ-08-000126 practicadas por la Delegación Territorial de Burgos de la Junta de Castilla y León por la modalidad de "Actos Jurídicos Documentados" que determinan unas cantidades a ingresar de 53.709,53 euros.

La Resolución recurrida analiza la única cuestión planteada y concluye que la comprobación de valores llevada a cabo por la Administración y la liquidación girada como consecuencia de la misma está suficientemente motivada.

Segundo.-La parte actora interpone recurso para que se deje sin efecto la resolución citada y se anule la liquidación girada por la Administración, confirmándose la presentada por ella, alegando, en esencia, que la misma carece de la motivación legalmente exigida.

La Administración demandada sostiene la legalidad del acto recurrido, interesando la desestimación de la demanda.

Tercero.-Del examen del expediente administrativo resultan los siguientes antecedentes de interés.

1.- En fecha 25 de octubre de 2006 se otorga escritura pública de obra nueva de la finca urbana sita en Burgos parcela R3-B de la unidad UA 29.01.1 del Plan Especial de la Estación, concretamente en la manzana R3, de forma poligonal, presentándose la correspondiente autoliquidación, conforme a un valor declarado de 7.128.858,28 euros

2.- Por la Administración se inició expediente de comprobación de valores y como consecuencia de dicho expediente, tramitado con arreglo a derecho, se giró la correspondiente liquidación, conforme a un valor comprobado de 12.013.979,15 euros.

La misma se basa en el informe realizado por el técnico de la Administración de 25 de marzo de 2008 donde en un apartado, denominado antecedentes, se recogen los datos del documento, procedencia, sección de impuestos indirectos, el expediente que al que pertenece, el origen y la fecha del devengo del impuesto; identificándose, igualmente, el bien por la provincia; la entidad urbana; la zona; la naturaleza del bien, y los usos considerados.

A continuación se cita la base legal de la valoración haciendo referencia al art. 57.1.e de la LGT 58/03.

Seguidamente se incorpora una Certificación de los datos contenidos en los Estudios de Mercado de bienes inmuebles urbanos y sus actualizaciones, recogiendo los módulos de suelo y de construcción que resultan de dichos estudios de mercado, módulos que multiplicados por el coeficiente "A" (de entidad económica) en el caso del suelo, determinan el Vrs aplicable, y por el coeficiente "D" (del tipo de construcción) en el caso de la construcción que determinan el Vrc.

Asimismo se recogen los coeficientes de uso, del tramo de calle de situación del bien, y los coeficientes generales de construcción: "D" de tipo de construcción; "E" de antigüedad; "F" estado de conservación; "G" de nivel de instalaciones; "H" de calidad; "I" corrector de mercado, acompañando un cuadro de coeficientes de transformación de superficies útiles a construidas según usos.

Por último se incluyen dos coeficientes: "J" y "K" aplicable según circunstancias, distinguiendo los valores correspondientes a dichos coeficientes según concurran arrendamientos antiguos, según se trate de obras nuevas, según se trate de divisiones horizontales o según que influya la superficie de terreno, recogiendo en este caso la fórmula para la determinación del coeficiente "J".

Seguidamente en el apartado dictamen del técnico de la administración primero indica la metodología de la valoración. Así se dice: " La presente valoración se efectúa a partir de los datos del documento presentado y de las consultas y comprobaciones que el técnico ha considerado suficientes para la correcta identificación de las características físicas y económicas del bien y que ha sido las propias de la pericia que comprenden: la consulta de datos catastrales, cartográficos, la normativa urbanística que le es de aplicación y el archivo histórico por lo que se estima innecesario realizar otras comprobaciones al estar convenientemente individualizado e identificado de acuerdo con el artículo 160.2 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de aplicación de los tributos (B.O.E. 05-09-2007) Asimismo se utilizan los valores unitarios obtenidos de los estudios de mercado efectuados por la Junta de Castilla y León, que se encuentran en las dependencias de esta oficina a disposición del interesado y cuyos datos, en relación con el bien, constan en el punto anterior. Dichos valores, que han sido actualizados a la fecha de devengo del impuesto, son ponderados para el bien objeto de la presente valoración, según unos correctores en los que se tiene en cuenta la categoría de la ciudad y barrio donde se ubica el bien, los servicios urbanísticos de que disponga la zona, la tipología constructiva propia del bien, su antigüedad y estado de conservación, sus calidades e instalaciones y por las correcciones que al ideal saber y entender el técnico de valoración fueren necesarias basadas en su capacitación y su conocimiento del mercado local o en atención a circunstancias especiales que concurren en el bien una vez identificado y conforme a los siguientes datos y características".

También se incorpora los coeficientes generales del terreno y de los usos así como los de proporción entre los valores de los usos "L"

5.- Frente a dicha liquidación se interpuso por la entidad actora reclamación económico administrativa, que fue desestimada, siendo esta decisión la que constituye el objeto del presente recurso.

Cuarto.-Establecidas las precedentes premisas fácticas, procede entrar a examinar el motivo de impugnación que plantea la demanda y que consiste, como se ha anunciado, en determinar si el incremento de la base imponible, consecuencia de la comprobación de valores llevada a cabo por la Administración está convenientemente motivada.

A este respecto, hay que decir que esta exigencia viene establecida en el 103.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que dice, "3. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos, así como cuantos otros se dispongan en la normativa vigente, serán motivados con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho."

Esta Sala ha señalado en numerosas Sentencias, recogiendo las dictadas por el Tribunal Supremo, como la de fecha 12-11-1999, rec. 7816/1992, que es deber de los peritos de la Administración a) comprobar en cada caso los bienes, b) describirlos, (v.g. consignación de los metros cuadrados de superficie del terreno y del edificio, número de plantas, situación, calidad, y edad de la construcción...etc.) y c) facilitar a los órganos administrativos y jurisdiccionales los antecedentes de hecho suficientes para admitir o rechazar las valoraciones, de manera tal que mientras no se cumplan estas garantías, por desconocimiento de los datos e imposibilidad de analizar y contrastar la valoración, esta ha de rechazarse (STS de 7 de mayo de 1998 de 30 de mayo y 19 de octubre de 1995).

También hemos recogido la doctrina sentada al respecto por el Tribunal Supremo y en concreto la Sentencia de 24 de marzo de 2003, dictada en el recurso de casación 4213/1998, que aunque dictada bajo la vigencia de la derogada Ley Tributaria es igualmente aplicable.

En aquella Sentencia se dijo "Sobre esta cuestión de la forma y motivación que han de tener las comprobaciones de valores, también se ha pronunciado esta Sala en numerosísimas Sentencias, así en las de 3 EDJ 1989/4629 y 26 de mayo de 1989 EDJ 1989/5429, 20 de enero EDJ 1990/381 y 20 de julio de 1990 EDJ 1990/7904, 18 de junio EDJ 1991/6503 y 23 de diciembre de 1991 EDJ 1991/12241, 8 de enero de 1992, 22 de diciembre de 1993 EDJ 1993/11798, 24 EDJ 1994/1685 y 26 de febrero de 1994 EDJ 1994/1742, 4 EDJ 1995/8201, 11 EDJ 1995/8013 y 25 de octubre EDJ 1995/7344 y 21 de noviembre de 1995 EDJ 1995/7855, 18 EDJ 1997/6680 y 29 de abril EDJ 1997/4311 y 12 de mayo de 1997 EDJ 1997/4311, 25 de abril de 1998 EDJ 1998/2794, 3 de diciembre de 1999 EDJ 1999/42552 y 23 de mayo de 2002 EDJ 2002/22946.

En esta abundante jurisprudencia se ha sentado la doctrina de que los informes periciales, que han de servir de base a la comprobación de valores, deben ser fundados, lo cual equivale a expresar los criterios, elementos de juicio o datos tenidos en cuenta; que la justificación de dicha comprobación es una garantía tributaria ineludible; que por muy lacónica y sucinta que se interprete la obligación administrativa de concretar los hechos y elementos adicionales motivadores de la elevación de la base, no puede entenderse cumplida dicha obligación, impuesta por el art. 121 de la Ley General Tributaria, si se guarda silencio o si se consignan meras generalizaciones sobre los criterios de valoración o solo referencias genéricas a los elementos tenidos en cuenta, mediante fórmulas repetitivas que podrían servir y de hecho sirven, para cualquier bien.

Por el contrario la comprobación de valores debe ser individualizada y su resultado concretarse de manera que el contribuyente, al que se notifica el que la Administración considera valor real, pueda conocer sus fundamentos técnicos y fácticos y así aceptarlos, si llega a la convicción de que son razonables o imposibles de combatir, o rechazarlos porque los repute equivocados o discutibles y en tal caso, solo entonces, proponer la tasación pericial contradictoria a la que también tiene derecho.

Obligar al contribuyente a acudir a la referida tasación pericial, de costoso e incierto resultado, para discutir la comprobación de valores, cuando ni siquiera se conocen las razones de la valoración propuesta por la Hacienda, colocaría a los ciudadanos en una evidente situación de indefensión frente a posibles arbitrariedades o errores de los peritos de la Administración, a cuyas tasaciones no alcanza la presunción de legalidad de los actos administrativos, porque las peritaciones, aunque las practique un funcionario, son dictámenes, sin que el sujeto tributario venga obligado, por su parte, a acreditar el error o la desviación posibles de la Hacienda Pública cuando no conoce una justificación bastante de aquellos nuevos valores, pues en esta materia - como también tenemos declarado- la carga de la prueba del art. 114 de la Ley General Tributaria EDL 1963/94, rige igualmente tanto para los contribuyentes como para la Administración, tanto en vía administrativa como jurisdiccional".

En definitiva, como reiteradamente ha dicho también esta Sala los informes periciales (y los tributarios también), que han de servir de base a la comprobación de valores, deben ser fundados, lo cual equivale a expresar los criterios, elementos de juicio o datos tenidos en cuenta para que el contribuyente pueda conocer sus fundamentos técnicos y prácticos, lo que, además, constituye una garantía tributaria ineludible, debiendo de precisarse que aun pudiendo ser esa fundamentación lacónica y sucinta, no es admisible la misma si se omiten o se consignan meras generalizaciones sobre los criterios de valoración o solo referencias genéricas a los elementos tenidos en cuenta mediante fórmulas repetitivas proformadas.

También se ha dicho que el informe pericial debe de ser individualizado y, obviamente, el mismo, junto con la liquidación debe de ser notificada al contribuyente.

Quinto.-La anterior doctrina y los criterios que resultan de la misma son de aplicación al presente caso en la medida en que la metodología empleada por la Administración demandada para fijar el valor del bien es el dictamen de peritos y así se dice en el informe que sirve de motivación al acto impugnado, que de manera expresa cita el articulo. 57.1.e) de la Ley, teniendo en cuenta los precios medios de mercado de los que se parte y que son actualizados.

Como se ha dicho en un Fundamento de Derecho anterior, el dictamen de la Administración contiene una descripción del bien que estimamos suficiente en la medida en que este extremo no es cuestionado por el actor y no encontramos dato alguno que nos permita considerar que la misma es incorrecta o insuficiente.

Por otro lado, el dictamen contiene los datos de los estudios de mercado vigentes a la fecha de la comprobación y actualizados por el técnico a la fecha de devengo, de modo y manera que el contribuyente conoce los datos de los que parte la Administración para determinar el precio de mercado del bien y aparecen convenientemente certificados en el informe.

Además, se recogen los coeficientes que han sido utilizados, como son los llamados "coeficientes de entidad económica", "coeficientes de áreas geográficas y zonas", "coeficientes de grados de urbanización" y "coeficientes de uso",mediante la incorporación en el dictamen pericial de las tablas en los que los mismos se definen y cuantifican.

No cabe por ello, oponer, como hace el actor, que se desconocen las razones por las que los aplica, ni las razones por las que lo hace en la concreta cuantía en que lo hace porque su explicación se encuentra en la tabla que los regula, de manera tal que se puede disentir de ellos, e, incluso, considerarlos incorrectos, por no ser ciertas las razones fácticas en las que se basa, pero ello no es un problema de falta de motivación sino de motivación errónea que exige que así se demuestre por quien lo alega.

Por lo tanto, en lo que a estos extremos se refiere el informe pericial debe de considerarse suficientemente motivado.

Sexto.-Pero, el informe pericial, con arreglo a la doctrina jurisprudencial citada y seguida de manera constante por esta Sala exige que en el mismo se individualice el bien.

Obviamente no es equiparable su descripción con la labor de individualización, que exige conocer en detalle aquellas características del bien que se tienen en cuenta para hacer la valoración y que determinan que esta sea mayor o menor.

El informe pericial señala, como hemos expuesto, que el perito considera que el bien está lo suficientemente individualizado a partir de los elementos referidos en ese apartado de su informe, esto es, con arreglo a las fuentes de conocimiento que cita.

Esta Sala, sin embargo, ha venido exigiendo de manera constante que el técnico de la Administración visitase el bien o, en otro caso, justificase la no necesidad de esa visita (con cita reiterada de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 5 noviembre 1999, Pte: Gómez Cáceres, Francisco José, donde se recoge la posibilidad de excepcionar esa obligación), lo que se fundamentaba en la doctrina sentada por la Jurisprudencia e, incluso en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, dictada por el Ministerio de Economía, ya que si bien dicha norma se dictó para otra finalidad, las mismas incluyen valoraciones de bienes y allí se exige de manera expresa esa visita.

La consecuencia de todo ello era que a falta de una visita y, en ausencia de una justificación, que explicase la razón por la que la misma no era necesaria, había que considerar que el bien no estaba suficientemente individualizado y, por lo tanto, que no era respetuoso con las exigencias de motivación.

Es verdad que el artículo 160.2 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, citado en la contestación a la demanda, señala que "2. En el dictamen de peritos, será necesario el reconocimiento personal del bien valorado por el perito cuando se trate de bienes singulares o de aquellos de los que no puedan obtenerse todas sus circunstancias relevantes en fuentes documentales contrastadas. La negativa del poseedor del bien a dicho reconocimiento eximirá a la Administración tributaria del cumplimiento de este requisito".

El precepto transcrito, en la línea de lo razonado por esta Sala, viene a exigir siempre la visita cuando las características del bien, que sean relevantes para la valoración, no resulten de fuentes documentales, esto es, cuando el bien no esté lo suficientemente individualizado.

En el presente caso, es un hecho admitido que no ha habido visita del perito y, por lo tanto, que no ha habido un examen personal del bien, lo que significa que el informe no satisface las exigencias de individualización a las que hemos hecho referencia.

Además, consideramos que no constan las fuentes documentales que sirven al Sr Perito de la Administración para afirmar que el bien está suficientemente individualizado de modo que por esta vía tampoco quedan satisfechas las exigencias de motivación.

En efecto, la referencia a esas fuentes es absolutamente genérica, lo que no es conforme con la doctrina jurisprudencial citada, ya que sirven para cualquier valoración: no se dice qué datos catastrales han sido los tenidos en cuenta, ni los cartográficos a los que se refiere el informe, ni la concreta normativa urbanística que sea de aplicación a la finca que ahora interesa, ni los archivos históricos de los que se ha servido.

Al no estar especificadas esta fuentes no podemos considerarlas contrastadas, que es lo que exige el precepto, si es que en el mismo se pretende amparar la falta de examen personal.

Más aún esas fuentes deben de estar incorporadas al expediente como el resto de los elementos en los que el técnico de la Administración basa sus conclusiones, como lo están las tablas que recogen los estudios de mercado y los coeficientes que se han aplicado.

En este sentido, debemos también de recordar lo razonado por esta Sala en relación a la falta de incorporación de los estudios de mercado en el expediente administrativo, señalando que toda Administración pública, y la tributaria también, debe documentar sus actuaciones por escrito (artículo 55.1 y 2.º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Por lo tanto, si la administración tributaria autonómica se remite a los registros fiscales existentes o a los estudios de mercado efectuados por ella misma para con apoyo en los mismos dictar una determinada resolución, en este caso una valoración tributaria, tal actuación es válida, pero necesariamente debe aportar al expediente administrativo un certificado o testimonio documental de los datos tributarios contenidos en aquellos registros fiscales o estudios de mercado.

No es admisible que se remita al interesado a aquellos registros o estudios para la comprobación de un dato fáctico absolutamente esencial para analizar si la valoración que se discute se halla suficiente y correctamente motivada y si ha sido realizada válidamente. Sólo los hechos notorios, o los admitidos por el interesado quedan exentos de su prueba y por tanto de su aportación al expediente administrativo. Si no existe copia documental, certificado u otro documento público u oficial que acredite la valoración fiscal o de mercado o cualquier otro dato de significación tributaria en el expediente administrativo, tenido en cuenta por la administración y explicitado en su acto, la administración tributaria no está motivando correctamente su valoración.

Esa omisión o falta de aportación probatoria supone una conducta procedimental injustificada al imponer al administrado una nueva carga como es acudir al estudio de mercado o al registro fiscal de que se trate para contrastar esos datos, lo que incluso puede llegarle a suponer un nuevo gasto en forma de tasa.

Dicha doctrina es aplicable a los coeficientes que utiliza la Administración y desde luego también a las fuentes de conocimiento de las que se sirve la Administración para considerar convenientemente identificado el bien puesto que la razón jurídica es la misma.

Por lo tanto, ni se puede remitir al administrado a registros donde constan los datos utilizados por el perito, ni cabe tampoco incorporarlos a un recurso contencioso por la vía de la prueba puesto que tampoco se puede obligar al ciudadano a acudir a los Tribunales para conocer tales datos.

Además de lo anterior y en esa labor de individualización se aplican unos coeficientes correctores basados en el leal saber y entender del técnico de la administración y en sus conocimientos del mercado, esto es, se emplean unas cláusulas de estilo absolutamente genéricas que no pueden aceptarse.

Por lo tanto, y pese a lo que considera el Sr Perito de la Administración y recoge en el apartado de metodología de su informe, no podemos concluir, por un lado, que el bien a valorar esté suficientemente individualizado; y, por otro lado, desconocemos las razones por las que se admite un precio declarado para una de las fincas y para otra no, lo que supone, en definitiva, que no está motivado el aumento de la base imponible acordado por la Administración tras la comprobación de valores realizada, por lo que debemos de anular la misma.

Más aun, es un hecho admitido por la propia Administración y que resulta de la documental aportada por la parte actora que en la división horizontal del mismo edificio, el suelo se valoró de manera distinta, aplicando distintos coeficientes, lo que desde luego no puede quedar justificado con las alegaciones que hace la demandada.

Séptimo.-Ahora bien anulada la comprobación de valores, se ha de recordar que la parte tiene la posibilidad de impugnar en esta vía jurisdiccional la valoración pericial realizada por el perito de la Administración, y así lo tiene reiterado el Tribunal Supremo, entre otras, sentencia de 18 septiembre 1999, reiterada por otras posteriores como la de 23 de septiembre de 2000.

Sin embargo, en el presente caso la recurrente no ha practicado prueba que pueda acreditar cual es el valor real, lo que nos conduce necesariamente a que si no tenemos el valor asignable al inmueble, resulta que aunque procede declarar el vicio de falta de motivación, determinante de la anulabilidad de la resolución impugnada, en palabras de la STS 3.ª sec. 2.ª de 03 de diciembre de 1999, rec. 517/1995, procede rechazar la validez de la comprobación de valores, anulándola y retrotrayendo las actuaciones para que sea suficientemente fundamentada la tasación practicada por la Administración y nuevamente notificada, en unión de la referida justificación

En efecto, esa retroacción es obligada a la vista de la doctrina existente en la materia (v. gr. STS. de 7 de octubre de 2000 rec. 3090/94, de 19 de noviembre de 1998 rec. 2951/91 y 29 de diciembre de 1998, rec. 4678/93) y a tenor de la eficacia invalidante de ese vicio de forma, sin compartirse los criterios esgrimidos por la conocida STSJ de Valencia de 6 de abril de 1.995 (que sostenía la improcedencia de dicha retroacción), pues -en palabras de la STSJ. Madrid de 11 de octubre de 2000 (rec. 3156/1997) "la anulación del acto administrativo originario no limita la facultad de la Administración de dictar una nueva comprobación de valores, siempre que no se hubieran cumplido los plazos de prescripción que establece el art. 64 de la Ley General Tributaria, pues el efecto de la anulación del acto administrativo de comprobación impide que dicho acto anulado produzca efectos, pero no merma las atribuciones de la Administración para realizar una comprobación de valores conforme dispone el art. 52 de la Ley General Tributaria, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 66 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".

Lo antedicho aboca necesariamente a declarar la retroacción de las actuaciones, quedando incólume el derecho de la administración demandada siempre que no haya prescrito el derecho de la administración para exigir el cumplimiento de la deuda tributaria, por lo que procede únicamente la estimación parcial del recurso interpuesto.

Octavo.-De conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la LJCA de 1998, no apreciándose mala fe o temeridad en ninguna de las partes del presente recurso, considera esta Sala procedente no hacer pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales originadas en el presente recurso.

Vistos los artículos precedentes y demás de pertinente aplicación, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, dicta el siguiente:


FALLO:


 
Estimar el recurso contencioso administrativo 133/10 interpuesto por la entidad "Vallehermoso División Promoción, SAU", representada por la Procuradora de los Tribunales D.ª Blanca Herrera Castellano y defendido por el Letrado D.Ramiro Ferrero Collado contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos, de 15 de diciembre de 2009 que desestima la reclamación económico-administrativa N.º 9/858/08 y en el que ha intervenido como parte demandada la Junta de Castilla y León, declarando:

Primero.-Que las liquidaciones giradas por la Administración son contrarias a derecho por lo que deben de ser anuladas y las anulamos.

Segundo.-Que no procede imponer las costas a ninguna de las partes.

Esta sentencia es firme y contra ella no cabe recurso ordinario alguno.

Conforme establece el art. 104 de la LJCA, en el plazo de diez días, remítase oficio a la administración demandada, al que se acompañará el expediente administrativo y testimonio de esta sentencia, a fin de que la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo. Hágase saber a la administración que en el plazo de diez días deberá acusar recibo de dicha documentación e indicar el órgano responsable del cumplimiento del fallo.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la sentencia anterior por el Ilmo Magistrado Ponente Sr. D. Luis Miguel Blanco Dominguez, en la sesión pública de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos) a treinta de Noviembre de dos mil diez, de que yo el Secretario de la Sala Certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación