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Sentencia A.P. Burgos 27/2010, de 26 de marzo


 RESUMEN:

No se acredita por prueba de cargo la existencia de un engaño precedente o concurrente y bastante, en el sentido de suficiente y proporcional, para producir un error esencial en el sujeto pasivo que le lleva a realizar un acto de disposición patrimonial. Tampoco se aprecia la existencia de ánimo de lucro en la actuación del administrador de la comunidad. Impuesta una cuota de multa de 6 euros/día, el condenado recurre por parecerle excesiva. La Audiencia confirma la pena, entendiendo que otra solución pagaría por dejar sin contendio el sistema o por convertir la pena de multa en algo puramente simbólico.

SENTENCIA

En Burgos, a veintiséis de Marzo de dos mil diez.

Vista, ante esta Audiencia Provincial, la causa procedente del Juzgado de Instrucción núm. Uno de Aranda de Duero, seguida por un delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento público, oficial o mercantil contra Alfredo, con DNI. núm. [...], hijo de Román y de Urbana, nacido el 4 de Febrero de 1.967, natural de la localidad de Pinilla de Trasmonte (Burgos) y vecino de Aranda de Duero, con último domicilio conocido en calle [...], núm. [...], oficina 7, sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa de la que no fue privada en ningún momento, representado por el Procurador de los Tribunales D. Andrés Jalón Pereda y defendido por el Letrado D. José Enrique Rendo Velasco, en la que es parte la acusación pública, la acusación particular ostentada por la Comunidad de Propietarios núms. [...] de la calle [...] de Aranda de Duero, representada por la Procuradora de los Tribunales Dña. Blanca Herrero Castellanos y asistida del Letrado D. David Pomar Requejo, y dicho acusado; siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO MANUEL MARÍN IBÁÑEZ.


ANTECEDENTES DE HECHO.


 
Primero.-En Diligencias Previas núm. 118/07 del Juzgado de Instrucción núm. Uno de Aranda de Duero está acusado Alfredo, y tramitada la causa conforme a ley, se abrió en esta Audiencia el correspondiente Rollo de Sala núm. 41/09, señalándose día y hora para la celebración del correspondiente Juicio Oral, siendo éste el 23 de Marzo de 2.010.

Segundo.-Los hechos enjuiciados han sido calificados por la acusación particular, en sus calificaciones definitivas en relación con las provisionales, como constitutivos de un delito continuado de estafa, previsto y penado en los artículos 250.4 del Código Penal, y un delito de falsedad documental, previsto y penado en el artículo 392 del mismo texto legal, dirigiendo acusación contra Alfredo, como autor criminalmente responsable, y solicitando, al no apreciar concurrentes circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, la imposición de la pena de cuatro años de Prisión, Inhabilitación Especial para el ejercicio del Derecho de Sufragio Pasivo durante el tiempo de la condena, Multa de diez meses, con una cuota diaria de diez euros (10,- €.) y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa que dejase impagadas, por el delito continuado de estafa, y a la pena de un año de Prisión, Inhabilitación Especial para el ejercicio del Derecho de Sufragio Pasivo durante el tiempo de la condena y Multa de seis meses, con una cuota diaria de diez euros (10,- €.) y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa que dejase impagadas, por el delito de falsedad, y en ambos casos el pago de las costas procesales incluidas las devengadas por la acusación particular, debiendo de indemnizar a la Comunidad de Propietarios núms. [...], [...], [...], [...], [...] y [...] de la calle [...] de Aranda de Duero en catorce mil seiscientos treinta y siete euros con once céntimos (14.637'11.- €.) por daños y perjuicios acreditados. Solicita la declaración de la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad "Alameda & Asociados Asesores Consulting Internacional S.L.".

Tercero.-El Ministerio Fiscal, en igual trámite de calificaciones definitivas en relación con las provisionales formuladas, solicitó la libre absolución del acusado, con todos los pronunciamientos favorables, por no ser los hechos constitutivos de delito.

Cuarto.-La defensa, en igual trámite de calificación definitiva, solicitó la libre absolución del acusado, con todos los pronunciamientos favorables y la declaración de oficio de las costas procesales causadas en la instancia.


HECHOS PROBADOS

Primero.-Que se considera expresamente probado y así se declara que en fecha 14 de Junio de 2.005 se celebró Junta Extraordinaria de propietarios del edificio sito en la calle [...], núms. [...], [...], [...], [...]. [...], [...] y [...] de Aranda de Duero, redactándose la correspondiente acta en la que consta: "2.- Nombramiento de Cargos. Se nombran los siguientes representantes según sorteo.

Se nombran vocales los propietarios de las viviendas [...], y, de entre ellos, se nombra al Presidente que, según sorteo, es el propietario del portal [...], [...] (c/ [...], [...]).

Para la elección de los cargos para ejercicios sucesivos se seguirá un orden ascendente en cuanto a los pisos y las letras ([...], [...],...., [...], [...],....).

Presidente: D. Casiano. C/ [...], [...], [...].

Vocal: D. Isidro. C/ [...], [...], [...].

Vocal: D. Serafin. C/ [...], [...], [...].

Vocal: D. Constantino. C/ [...], [...], [...].

Vocal: D. Efrain. C/ [...], [...], [...].

Vocal: D. Lucio. C/ [...], [...], [...].

Sec. Administrador: Alameda & Asociados S.L., Administradores de Fincas. C/ [...], [...]. Oficina 7. Telef. 947 50 21 00".

Dicha acta fue firmada por los intervinientes y entre ellos por el Presidente de la Comunidad electo, Casiano.

En fecha 12 de Enero de 2.007 se interpuso querella criminal por la Comunidad de Propietarios indicada, siendo su Presidenta entonces Visitacion, contra Alfredo, como titular de la empresa Alameda & Asociados S.L., Administradores de Fincas, sosteniendo que en el acta citada se indicaba que el Presidente electo era Casiano cuando el realmente elegido fue Miguel Ángel Fresnillo Poza; que en fecha 30 de Junio de 2.005 se presentó en el Registro de la Propiedad de Aranda de Duero solicitud de diligenciamiento de Libro de Actas de la comunidad, presuntamente manuscrito y firmado por Casiano, cuando éste no tuvo intervención alguna en dicho documento; que el día 6 de Julio de 2.005, Alfredo procede a abrir una cuenta a nombre de la Comunidad en Caja Rural, núm. [...], sin constar las firmas del Presidente y Vocales de la misma; y que durante el tiempo que duró la administración de Alfredo éste procedió a realizar actos de disposición en perjuicio de la comunidad y transferencias no consentida de activos patrimoniales a terceros, sin ningún tipo de justificación ni aprobación.

De las pruebas practicadas en el acto del Juicio Oral no queda acreditada irregularidad alguna en el acta de constitución de la Comunidad de Propietarios, no queda acreditada la autoría de la parte manuscrita de la solicitud de diligenciamiento de Libro de Actas de la comunidad, no queda acreditada que la apertura de la cuenta de la comunidad de propietarios fuese realizada en contra de su voluntad o con fines delictivos, y no queda acreditado que el acusado realizase actos de disposición patrimonial en perjuicio de la comunidad que administrativa, ni mucho menos que con su gestión desviase bienes de ésta a su propio patrimonio.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La acusación particular dirige acusación contra Alfredo, como autor de un delito de falsedad documental, previsto en el artículo 392 del Código Penal ("el particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390", es decir "1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. 2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad. 3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho").

La acusación particular no determina con precisión alguna en cual de los tres tipos penales se pueden encuadrar la actuación imputada al acusado, limitándose a señalar en su calificación provisional, elevada a definitiva en el acto del Juicio Oral, que "los referidos hechos son constitutivos de un delito de falsedad documental, tipificado en el art. 392 del Código Penal ". Dicha indeterminación del tipo penal ya, de por sí, provocaría la emisión de sentencia absolutoria al causar la imputación indefensión a la parte que desconoce por cual de los tres tipos penales recogidos en el precepto señalado debe defenderse y aportar prueba. Como nos recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17 de Julio de 2.000: "una constante y sólida doctrina jurisprudencial, reflejada en las sentencias del Tribunal Constitucional 83/83; 134/86; 17/88; 168/90; 11/92 y 277/94 y en las sentencias del Tribunal Supremo, Sala 2.ª, de 14 de Noviembre de 1.986; 15 de Julio de 1.991; 25 de Enero de 1.993; 7 de Junio de 1.993; 649/96; 489/98; 1.176/98 y 512/00, entre otras muchas, enseña que la vigencia y efectividad del principio acusatorio, del que forma parte inescindible el derecho a ser informado de la acusación, es una de las garantías sustanciales del proceso penal y, en su virtud "nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria" -sentencia del Tribunal Constitucional 277/94 -- pues "el derecho a ser informado de la acusación es indispensable para poder ejercer el derecho de defensa en el proceso penal".

En base a la calificación provisional, dos parecen ser las imputaciones de falsedad: a) la referida al acta de fecha 14 de Junio de 2.005 por la que se constituye la Comunidad de Propietarios del edificio sito en calle [...], núms. [...], [...], [...], [...], [...] y [...] de Aranda de Duero (folios 21 y siguientes de las actuaciones), y b) la referida a la solicitud de diligenciamiento de Libro de Actas de la referida comunidad (folio 33). Así señala la parte querellante, en su escrito de acusación provisional (folio 381) que "se procede a nombrar los cargos para representar a la Comunidad, constando sorprendentemente en el acta levantada al efecto a D. Casiano como Presidente de la Comunidad, cuando lo cierto es que ha quedado probado que este Sr. no ha ejercido en ningún momento como Presidente, pero es que además tampoco ejerció sus funciones persona verdaderamente elegida en Junta, D. Isidro ", y añade que el acusado "falsificando la firma de D. Casiano, ha presentado en el Registro de la Propiedad de Aranda de Duero la solicitud de diligenciamiento del Libro de Actas, con un DNI. que no le corresponde".

Segundo.-Con respecto al delito de falsedad documental, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de Marzo de 1.999, entre otras muchas, señala que "la jurisprudencia (sentencias de 6 de Octubre de 1.993; 21 de Enero de 1.994; y 20 de Abril de 1.997 entre otras) ha entendido que el delito de falsedad en documento público, oficial o mercantil requiere los siguientes elementos: a) Uno objetivo o material, consistente en la mutación de la verdad por alguno de los medios descritos antes en el artículo 302 del CP. de 1.973, y actualmente en el artículo 390 del CP. de 1.995; b) Que la alteración de la verdad afecte a elementos esenciales del documento, de modo que repercute en los normales efectos de las relaciones jurídicas reflejadas y plasmadas en el mismo; y c) Un elemento subjetivo, consistente en el dolo falsario, que estribará en el conocimiento y voluntad de la alteración de la verdad.

La sentencia de esta Sala de 21 de Noviembre de 1.995, destacó que, aparte de la tipicidad formal, la falsedad documental comporta antijuridicidad material, consistente en la lesión o al menos puesta en peligro de los bienes jurídicos que subyacen bajo el documento, y según la sentencia de 3 de Abril de 1.996, es preciso que la falsedad conlleva una perturbación de la función probatoria del documento.

No es inherente en cambio a la falsedad de documento público, oficial o de comercio según doctrina de esta Sala, un especial elemento subjetivo del injusto, consistente en ánimo de perjudicar o intención de lucro".

En el presente, no queda acreditada la concurrencia de los elementos antes citados. Con respecto al contenido del acta de constitución de la Comunidad de Propietarios del edificio sito en calle [...], núms. [...], [...], [...], [...], [...] y [...] de Aranda de Duero (folios 21 y siguientes de las actuaciones). La acusación particular se fundamenta en las manifestaciones de Casiano y Visitacion, actual Presidenta de la Comunidad de Propietarios. Casiano sostiene que "fue elegido como Presidente Isidro; el Sr. Alfredo le dijo que podía haber sido una equivocación ponerle a él como Presidente y que ya se corregiría; ese día estaba Isidro; la designación de Presidente fue por sorteo y fue Isidro quien salió designado Presidente [a preguntas del Ministerio Fiscal]; él firmó el acta como vocal [a preguntas de la defensa]. Visitacion, testigo de referencia de la Junta de Propietarios pues no estuvo presente y su conocimiento viene dado por manifestaciones de su marido que sí asistió y que no testificó en el acto del Juicio Oral, nos dice que "no estuvo presente en la asamblea de constitución de la comunidad; el elegido fue Isidro, estuvo su marido y se lo explicó; fue un sorteo porque no aparecieron voluntarios; su marido la dijo que Isidro levantó la mano [a preguntas del Presidente de la Sala]".

Las declaraciones incriminatorias trascritas quedan desvirtuadas por la prueba documental y testifical aportada al Plenario por la defensa. Así en el acta de fecha 14 de Junio de 2.005, por la que se constituye la Comunidad de Propietarios y se eligen los cargos de la Junta Directiva, se establece literalmente: "2.- Nombramiento de Cargos. Se nombran los siguientes representantes según sorteo.

Se nombran vocales los propietarios de las viviendas [...], y, de entre ellos, se nombra al Presidente que, según sorteo, es el propietario del portal [...], [...] (c/ [...], [...]).

Para la elección de los cargos para ejercicios sucesivos se seguirá un orden ascendente en cuanto a los pisos y las letras ([...], [...],...., [...], [...],....).

Presidente: D. Casiano. C/ [...], [...], [...].

Vocal: D. Isidro. C/ [...], [...], [...].

Vocal: D. Serafin. C/ [...], [...], [...].

Vocal: D. Constantino. C/ [...], [...], [...].

Vocal: D. Efrain. C/ [...], [...], [...].

Vocal: D. Lucio. C/ [...], [...], [...].

Sec. Administrador: Alameda & Asociados S.L., Administradores de Fincas. C/ [...], [...]. Oficina 7. Telef. 947 50 21 00".

En el acto del Juicio Oral, el acusado Alfredo, administrador de la comunidad, señala que "el Presidente es el que consta en el acta, Casiano; es falso que fuera elegido Isidro [por error en el acta del Juicio Oral se hace constar Isidro ]; un administrador profesional no suele hacer el acta en la misma reunión, quedaron en su despacho con los representantes de cada portal, allí se leyó y luego se firmó; en esa reunión quedó claro que había salido Casiano, otra cosa es que él no quiso ejercer como Presidente".

Esta declaración del acusado viene refrendada, a parte del contenido del acta trascrito, por: 1.- La manifestación testifical de Isidro quien en el acto de la Vista Oral nos dice que "estuvo en la reunión de constitución de 14 de Junio de 2.005; se hizo un sorteo y salió el segundo, luego la letra A; todos eran vocales y luego salió el portal 6; salio Presidente la planta segunda, letra A, sexta; Casiano vive en el portal [...], segundo, A; a Casiano no le conocía nadie porque no iba a las reuniones; Casiano no quería ser Presidente"; 2.- La declaración testifical de otro de los vocales designados en el acta constitutiva, Lucio (propietario de la vivienda sita en calle [...], núm. [...], [...], tal y como consta en acta obrante al folio 21 vuelto y en la lista de comparecientes a dicha Junta obrante al folio 22), señalando dicho testigo que "fue designado vocal en la Junta de constitución; Isidro era un vocal como él, había un vocal por cada bloque; el que fue nombrado Presidente solo apareció dos veces, fue Casiano; los que más aparecían eran Isidro y el declarante"; 3.- El hecho cierto y reconocido por Casiano de que el acta se redactó con posterioridad a la Junta de constitución, constando en dicha acta el resultado del sorteo y designándose como Presidente de la Comunidad de Propietarios a Casiano, quien, tras su lectura, firmó la misma sin hacer constar en ella oposición alguna a su contenido; 4.- El hecho cierto y reconocido por todos que se remitió copia del acta a todos los propietarios de la Comunidad, sin que ninguno de los 180 propietarios, más o menos, ejercitase el derecho a su impugnación por falsedad o error, no impugnándolas tampoco ni Casiano, ni Visitacion, pese a conocer su contenido, como así indicaron en el acto de la Vista Oral; 5.- El hecho de que fuese finalmente Casiano quien, examinada la contabilidad de la administración, convocase Junta Extraordinaria de Propietarios (como así lo reconoce en el acto del Juicio Oral), fijando el orden del día y despidiendo al administrador, actos de dirección y disposición que no podría haber realizado si no fuese el Presidente de la Comunidad de Propietarios; y 6.- La falta de prueba que acredite un interés concreto por parte del acusado para hacer constar como Presidente a Casiano, en lugar de Isidro.

De todo lo indicado se deduce que, efectivamente el designado por sorteo como Presidente de la Comunidad fue Casiano y en tal condición firmó el acta de constitución y elección de cargos de fecha 14 de Junio de 2.005, si bien ninguna intención tuvo de ejercer dicho cargo, poniéndolo en conocimiento del administrador, y no del Juzgado de Primera Instancia que corresponde, como preceptúa el artículo 13.2 de la Ley de Propiedad Horizontal de 21 de Julio de 1.960 ("el Presidente será nombrado, entre los propietarios, mediante elección o, subsidiariamente, mediante turno rotatorio o sorteo. El nombramiento será obligatorio, si bien el propietario designado podrá solicitar su relevo al juez dentro del mes siguiente a su acceso al cargo, invocando las razones que le asistan para ello. El juez, a través del procedimiento establecido en el artículo 17.3.ª, resolverá de plano lo procedente, designando en la misma resolución al propietario que hubiera de sustituir, en su caso, al presidente en el cargo hasta que se proceda a nueva designación en el plazo que se determine en la resolución judicial. Igualmente podrá acudirse al juez cuando, por cualquier causa, fuese imposible para la Junta designar presidente de la comunidad").

Esta inactividad del Presidente designado provoca que sus funciones sean asumidas, de hecho que no de derecho, por los vocales de la comunidad y en concreto por Isidro y por Lucio. Por ello ninguna falsedad documental se puede predicar de la elaboración del acta de Constitución de la Comunidad y Elección de Cargos.

Tampoco se aprecia la existencia del delito de falsedad documental en el escrito de solicitud de diligenciamiento de Libro de Actas (folio 33 de las actuaciones). En dicho escrito se hace constar que Casiano como Presidente de la Comunidad de Propietarios solicita el diligenciado del Libro de Actas de la citada comunidad, figurando al pie del escrito una firma. Casiano nos dice en el acto del Plenario que "no ha redactado ese documento, ni lo ha firmado, ni es su DNI." el que figura en el mismo. El acusado, Alfredo, niega también haber redactado y firmado el citado documento, señalando en el acto de la Vista Oral que "ese documento no lo ha redactado, no es su letra ni su firma, no sabe quien lo presentó en el Registro de la Propiedad; él personalmente no lo ha presentado en el Registro; no sabe si habrá sido alguien de su despacho; no sabe de quien es el DNI. que aparece". Fuera de estas declaraciones contradictorias, entre Casiano y Alfredo, ninguna prueba se ha practicado que determine la autoría del texto manuscrito incorporado a la solicitud de diligenciamiento de Libro de Actas. Ello impide imputar al acusado o a tercera persona concreta la comisión del delito de falsedad en documento mercantil o público, tal y como pretende la acusación particular, siendo de resaltar, además, que la finalidad que con la redacción del documento se persigue no es otra que la legal de dotar a la Comunidad de un Libro de Actas debidamente legalizado por el Registro de la Propiedad (artículo 19 de la Ley de Propiedad Horizontal, Ley 49/60 de 21 de Julio, al establecer que "los acuerdos de la Junta de propietarios se reflejarán en un libro de actas diligenciado por el Registrador de la PropiedadC:\WKE.CD\tmp\zen20D.HTML - RESALTE293#RESALTE293 en la forma que reglamentariamente se disponga"). Ninguna falsedad sobre los elementos esenciales del documento se vertía en el mismo, siendo cierta la constitución de la Comunidad de Propietarios y siendo cierta la necesidad de hacerse con un Libro de Actas debidamente legalizado, legalización que en dicho documento se solicita.

Por todo lo señalado procede la absolución del acusado por el delito de falsedad en documento público, oficial o mercantil objeto de acusación, sin que tampoco pueda considerarse como incluible en dicha tipificación penal la redacción del documento o contrato de apertura de cuenta corriente de la Comunidad en la Caja Rural (folio 35) en cuanto sobre el mismo no se verifican ninguna de las actuaciones previstas en el artículo 390 del Código Penal anteriormente descritas (alteración de un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial; simulación de un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad; o suposición en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho), apareciendo dicho contrato firmado exclusivamente por el administrador acusado, quien así lo reconoce, y constando en el mismo espacio destinado a la firma del Presidente de la Comunidad y dos apoderados, que son dos de los vocales designados en Junta (Isidro y Serafin), sin que dichos espacios aparezcan firmados por éstos.

Tercero.-Asimismo, la acusación particular dirige acusación contra Alfredo, como autor de un delito continuado de estafa, previsto y penado en el artículo 250.4 del Código Penal ("se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase").

Como indica la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 6 de Febrero de 2.009, entre otras muchas, el delito de estafa "se configura en la jurisprudencia (sentencia del Tribunal Supremo n.º 47/05 de 28 de Enero) como un artificio creado por alguien con objeto de hacer pasar por cierta una situación que no lo es, como forma de inducir a error a otro que, en virtud de la aceptación de tal apariencia como real, dispone de algún bien a favor del primero, que se enriquece ilícitamente, con el consiguiente perjuicio patrimonial para el segundo.

Hemos dicho en sentencias, como la n.º 57/05 de 26 de Enero, que "consiste este tipo de estafa en un desplazamiento patrimonial, generalmente en dinero, provocado, con voluntad de la víctima en virtud de una ficción, apariencia, falacia o mendacidad, que vicia su consentimiento, engaño que produce un perjuicio económico, en íntima conexión con él y todo ello presidido por un ánimo de lucro o de enriquecimiento en el sujeto activo. Y que la aproximación de determinadas estafas a supuestos de ilícitos civiles, ha obligado a la doctrina legal a distinguir los ilícitos de una y otra clase. En el ilícito penal de la estafa el sujeto activo sabe desde el mismo momento de la perfección del contrato, que no podrá o no querrá cumplimentar la contraprestación que le corresponde en compensación del valor o cosa recibidos, y que se enriquecerá con ellos". Esta doctrina conocida como la de los contratos civiles o mercantiles criminalizados ha sido recogida en infinidad de sentencias de esta Sala (por ejemplo, sentencias de 2 de Abril de 1.982; 21 de Mayo de 1.983; 22 de Octubre de 1.985: 11 de Diciembre de 1.985; y 5 de Diciembre de 1.986).

Según ha repetido esta Sala frecuentemente (Cfr. sentencias del Tribunal Supremo de 10 de Noviembre de 2.008, n.º 697/08), son elementos configurativos de este tipo penal los siguientes:

1) Un engaño precedente o concurrente, que constituye el eje del ilícito y que lo caracteriza frente a otras infracciones patrimoniales, pudiendo incardinarse en el seno de una relación contractual preparada con este fin defraudatorio.

2) El engaño ha de ser bastante, en el sentido de suficiente y proporcional, debiendo tener la adecuada idoneidad para que en la convivencia social ordinaria actúe como estímulo eficiente del traspaso patrimonial.

3) La producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con un conocimiento deformado o inexacto de la realidad por causa del engaño precedente.

4) Un acto de disposición patrimonial.

5) El nexo o relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio sufrido.

6) El ánimo de lucro, elemento subjetivo del injusto que consiste en la intención de obtener cualquier enriquecimiento de índole patrimonial.

Y, ciertamente, el engaño, o utilización de medios engañosos, es el elemento básico y nuclear de la estafa. Ha de ser suficiente y eficaz para provocar el desplazamiento patrimonial consecuencia del error sufrido por el perjudicado, pero a su vez, tal desplazamiento debe entenderse con virtualidad para hacer propio el sujeto activo o un tercero con él concertado el objeto delictivo. Ha de ser antecedente al error producido al sujeto pasivo y estar preordenado a este fin de equivocar a la víctima.

En los contratos criminalizados, el sujeto activo excluye de antemano el cumplimiento de los deberes asumidos contando con que así lo hará la otra parte contratante, enriqueciéndose con la prestación realizada por la contraparte, de manera que el contrato es sólo una apariencia puesta al servicio del fraude (Cfr. sentencias del Tribunal Supremo de 12 de Mayo de 1.998; 1 de Marzo de 1.999; 23 de Febrero de 2.001; 21 de Noviembre de 2.001; 12 de Abril de 2.002)".

El delito es imputado por la acusación particular como cometido con la concurrencia de las agravantes específicas previstas en el artículo 250.2, 3, 6 y 7 del Código Penal, lo que supondría la imposición de una pena de Prisión comprendida entre uno a seis años y Multa de seis a doce meses.

Todos y cada uno de los elementos indicados deberán ser acreditados a través de la correspondiente prueba de cargo, válidamente obtenida e incorporada al acto del Juicio Orla por la acusación pública o particular comparecida en autos, única prueba libre, racional y motivadamente valorable por esta Sala, al amparo de lo previsto en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al concurrir en su práctica los principios de inmediación y contradicción que de forma reiterada viene exigiendo nuestro Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional para fundamentar en ella la emisión de sentencia.

En el presente caso no se acreditan concurrentes los elementos integrantes del delito imputado. No existe engaño previo o concomitante a una transmisión patrimonial de la Comunidad a favor del acusado o de un tercero a su instancia, engaño causante de dicha transmisión y sin el cual ésta no se hubiera producido. En el acta de la Junta General Extraordinaria de Propietarios de fecha 14 de Junio de 2.005 se procede a nombrar como Secretario Administrador de la Comunidad al acusado Alfredo, como titular de la empresa "Alameda & Asociados Asesores Consulting Internacional S.L.". Desde ese mismo momento corresponde al administrador el ejercicio de las funciones propias de su cargo, establecidas en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal, es decir y entre otras: c) atender a la conservación y entretenimiento de la casa, disponiendo las reparaciones y medidas que resulten urgentes, dando inmediata cuenta de ellas al presidente o, en su caso, a los propietarios y d) ejecutar los acuerdos adoptados en materia de obras y efectuar los pagos y realizar los cobros que sean procedentes. En el ejercicio de las funciones citadas, Alfredo realiza contratación de obras y reparaciones con los industriales recogidos en el escrito de acusación (Limpiezas Las Rubias y luego Rubiaran S.L., Cuchillería Sampil, Antenas Víctor, Saprogal S.A. o Elca Instalaciones,etc.) sin que dichas contrataciones, necesarias para el mantenimiento de los inmuebles de la Comunidad de Propietarios, generasen un desembolso extraordinario para los propietarios (Visitacion indica en el acto del Juicio Oral que "pagaban unos treinta y tantos euros, en esa época no hubo gastos extraordinarios"), sin que supusieran un enriquecimiento patrimonial en el acusado y sin que los propietarios se sintiesen especialmente defraudados o estafados con la actuación del administrador de la comunidad.

No se acredita por prueba de cargo la existencia de un engaño precedente o concurrente, y bastante, en el sentido de suficiente y proporcional, para producir un error esencial en el sujeto pasivo que le lleva a realizar un acto de disposición patrimonial. No queda acreditada tampoco la existencia de un ánimo de lucro en la actuación del administrador de la comunidad y ahora acusado, elemento subjetivo del injusto que consiste en la intención de obtener cualquier enriquecimiento de índole patrimonial, enriquecimiento no probado ni tan siquiera indiciariamente.

Por todo lo indicado procede la emisión de sentencia absolutoria por el delito de estafa imputado, sin perjuicio de las acciones que a la Comunidad de Propietarios de la calle [...], núms. [...], [...], [...], [...], [...] y [...] de Aranda de Duero pudieran corresponderle para su ejercicio ante la jurisdicción civil ordinaria, con delegación en su Presidente (artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal) de acuerdo a las mayorías y procedimiento establecido en el artículo citado si estuviese en desacuerdo con la gestión realizada por el administrador por dicha comunidad designado.

Cuarto.-Procediendo la emisión de sentencia absolutoria por los delitos de falsedad en documento público, oficial o de comercio y de estafa continuada, no cabe entrar en el estudio de agravantes específicas, grados de consumación de los hechos, circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal o responsabilidad civil.

Quinto.-A sensu contrario de lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, las costas procesales se declaran de oficio, sin que quepa imponer las mismas a la acusación particular por temeridad o mala fe. Así esta Sala, consideró en su momento la existencia de indicios racionales para sostener en ellos una acusación (auto de fecha 12 de Mayo de 2.008, folios 363 y siguientes, resolviendo recurso contra el auto de adecuación a los trámites establecidos para el Procedimiento Abreviado; y auto de 7 de Octubre de 2.008, folios 410 y siguientes, por el que se estimaba recurso de apelación contra auto de sobreseimiento provisional y archivo de actuaciones), por lo que no debe calificarse como temeraria la acusación particular ahora formulada.

Conforme a los preceptos citados y a las demás disposiciones de general y pertinente aplicación, administrando justicia en nombre del Rey.


FALLAMOS.


 
Que DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS al acusado Alfredo del delito continuado de estafa y del delito de falsedad documental objeto de acusación particular en la presente causa, declarando de oficio las costas procesales causadas en la presente instancia, si alguna se acreditase devengada.

Se absuelve asimismo a Justo y a la entidad "Alameda &Asociados Asesores Consulting Internacional S.L." de toda responsabilidad civil dimanante de los delitos imputados, reservando a los perjudicados cuantas acciones pudieran corresponderles para su ejercicio ante la jurisdicción civil ordinaria si así lo estimasen oportuno.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala y que se notificará a las partes en legal forma, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO MANUEL MARÍN IBÁÑEZ, Ponente que ha sido de esta causa, habiendo celebrado sesión pública la Sección Primera de la Audiencia Provincial de esta capital en el día de su fecha. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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