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Sentencia A.P. Madrid 550/2010, de 26 de marzo


 RESUMEN:

La dispensa de declarar que se prevé en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no actúa en supuestos como el de la presente sentencia puesto que, si bien es cierto que denunciante y acusado mantuvieron una relación análoga a la matrimonial, fruto de la cual tuvieron un hijo en común, al principio del interrogatorio de la presunta víctima, manifestó que ya no eran pareja, motivo por el que no procedía informarle del contenido del citado artículo 416.

SENTENCIA

En Madrid, a veintiséis de marzo de dos mil diez

Vistos por esta Sección Vigésimo Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, en Audiencia pública y en grado de apelación, el juicio Oral n.º 752/08 procedente del Juzgado de lo Penal n.º 4 de Mostoles y seguido por un delito de maltrato familiar siendo partes en esta alzada como apelante Carlos Daniel y como apelado el Ministerio Fiscal y Florinda y Ponente la Magistrada Sra. Maria Teresa Chacon Alonso


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el indicado Juzgado de lo Penal se dictó sentencia el 28 de noviembre de 2008 que contiene los siguientes Hechos Probados:

"UNICO.- Se declara probado que en la mañana del día 27 de agosto el 2008, el acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales se dirigió al que fuera su domicilio mientras mantuvo una relación de pareja con Florinda sito en la localidad de Alcorcón, esperándola hasta que salió, siguiéndola, manteniendo poco después una discusión en la que el acusado con ánimo de menoscabar su integridad física la golpeo en los brazos y en la cabeza. A consecuencia de estos hechos la perjudicada sufrió lesiones consistentes en lesión incipiente en brazo izquierdo cara anterior, otoscopia normal, precisando para su curación de una primera asistencia, habiendo a tardado en curar 2 días de los que uno fue impeditivo. La perjudicada ha renunciado a la indemnización que pudiera corresponderla.".

En la parte dispositiva de la sentencia se establece:

"Debo condenar y condeno a Carlos Daniel como autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de seis meses de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y a la privación del derecho y porte de armas durante trece meses, así como la prohibición de acercarse a la víctima, domicilio de la misma, o lugar de trabajo a distancia inferior a 500 metros o comunicarse con ella pro cualquier medio pro tiempo de diecinueve meses y costas.".

Segundo.-Notificada la sentencia, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por el procurador D. José Luís González del Moral en nombre y representación procesal de Carlos Daniel que fue admitido en ambos efectos y del que se confirió traslado por diez días a las demás partes para que pudieran adherirse o impugnarlo.

Tercero.-Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial se formó el correspondiente rollo de apelación, y se señaló para la deliberación y resolución del recurso el día 25 de marzo de 2010.

HECHOS PROBADOS

NO SE ACEPTAN los de la sentencia apelada, que se sustituyen por los siguientes:

En la mañana del día 27 de agosto el 2008, en la plaza de Ondarreta, n.º 1 de la localidad de Alcorcón (Madrid) se produjo una discusión entre Carlos Daniel, mayor de edad y sin antecedentes penales y su ex pareja sentimental Florinda sin que haya quedado acreditado que el primero golpeara a la segunda cogiéndola fuertemente por los brazos propinándole golpes en la cabeza


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Por la representación de Carlos Daniel se interpone recurso de apelación contra la sentencia referida que condena a su patrocinado como autor responsable de un delito de maltrato del art. 153.1 del C. Penal viniendo a alegar los siguientes motivos:

a/ Infracción del art. 416.1 de la LECr. esgrimiendo que ni en la fase instructora ni en la vista oral fue informada la presunta víctima del derecho que a no declarar le concede tal precepto como pareja del acusado, quien viene a señalar mantiene una relación afectiva análoga a la matrimonial. Solicita por ello que al amparo de lo dispuesto en el art. 11.1 de la LOPJ no se tenga en cuenta la declaración de aquella.

b/ Vulneración del principio de presunción de inocencia consagrado en el art. 24 de la C.E., incidiendo en que no se ha practicado una prueba de cargo que enerve dicha presunción.

Segundo.-Centrada así la cuestión, en cuanto al primer motivo esgrimido, dispone el artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que están dispensados de la obligación de declarar: 1).- los parientes del procesado en línea directa ascendentes y descendentes, su cónyuge, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los laterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los parientes naturales a que se refiere el número 3 del art. 261. Este último exime de la obligación de denunciar a "los hijos naturales respecto de la madre, en todo caso, y respecto del padre cuando estuvieren reconocidos, así como la madre y el padre en iguales casos."

La razón de ser de dicho precepto no es la de proteger al imputado dentro del proceso, sino la protección del testigo pariente en situación de conflicto entre la obligación de declarar con verdad y su interés en ocultar o silenciar a la administración de justicia la situación de maltrato por el amor o por otras razones personales y familiares del testigo, en la consideración de que no puede someterse a personas tan cercanas al acusado a la tesitura de tener que declarar la verdad de lo que conocen que pudiera incriminarle, o verse en la situación de poder mentir para protegerle e incurrir en un delito de falso testimonio.

Estamos en definitiva ante un derecho personal del testigo en el proceso, y respecto de la obligación general que le exime de la obligación general que tienen todos los que residan en el territorio español de declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado, y de decir verdad, conforme a lo establecido en los artículos 410 y 433 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, por ello, debe concurrir en el momento en que resultare convocado para comparecer a prestar el testimonio que se le solicite en la causa penal, y que, en consecuencia, no existirá cuando, haya cesado la relación base de la dispensa.

En el presente supuesto el recurso no puede prosperar puesto que si bien es cierto que denunciante y acusado conforme se refleja en las actuaciones, mantuvieron una relación conyugal análoga a la matrimonial fruto de la cual tuvieron un hijo en común, al principio del interrogatorio de la presunta víctima la primera manifestó como ya no eran pareja, no manteniendo por tanto al tiempo de su declaración en el plenario "relación sentimental alguna con el acusado". Motivo por el que no procedía informarle del contenido del art. 416 de la LECr.

Tercero.-Sentado lo anterior entrando a valorar el segundo motivo esgrimido, el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución (RCL 1978\2836), implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley (artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos [LEG 1948\1]; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [RCL 1979\2421], y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [RCL 1977\893 ]). Esto supone que es preciso que se haya practicado una mínima prueba de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación, que sea suficiente para desvirtuar esa presunción inicial (STS 251/2004).

Procede pues, analizar:

a/ Si existe en las actuaciones prueba practicada como fundamento de la condena (prueba existente)

B/ Si dicha prueba de cargo haya sido obtenida y aportada a las actuaciones con observancia de las garantías constitucionales y de las normas aplicables en cada caso y en cada medio de prueba (prueba lícita)

c/ Si esa prueba de cargo, lícitamente obtenida y aportada al proceso puede considerarse suficiente para justificar un pronunciamiento condenatorio (prueba suficiente); y esta suficiencia ha de exigirse con rigor ya que toda duda razonable en materia de prueba ha de resolverse conforme al principio "in dubio pro reo" en favor del acusado.

Debe incidirse en que, no puede prescindiese de la ineludible necesidad de desplegar una prueba de cargo, razonablemente suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Presunción que no solo constituye un derecho fundamental declarado en nuestra Constitución sino que además, es el "eje alrededor del cual giran las demás garantías procesales y en definitiva el funcionamiento de todo el procedimiento penal. (STS 2 de diciembre de 2003).

Señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 137/88 de 7 de julio y ha reiterado en numerosas resoluciones, que la presunción de inocencia ocasiona un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras a quienes incumbe exclusivamente probar los hechos constitutivos de la pretensión penal, debiendo ser suficiente para generar en el juzgador la evidencia de la existencia un hecho punible y de la responsabilidad penal que haya tenido en él el acusado, así como sustentarse la actividad probatoria en auténticos medios de prueba obtenidos con respeto a los derechos fundamentales y practicados en el juicio oral bajo los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad, exceptuándose los supuestos de prueba preconstituida y anticipada siempre que se observe el de un cumplimiento de determinados requisitos materiales (imposibilidad de reproducción en el juicio oral), subjetivos (intervención del juez de instrucción), objetivos (contradicción con la intervención de letrado) y formales (introducción en el juicio través de la lectura de los documentos)".

Por su parte, también el Tribunal Supremo ha señalado reiteradamente que aun cuando, en principio, la declaración de la víctima puede ser hábil para desvirtuar la presunción de inocencia, atendiendo a que el marco de clandestinidad en que se producen estos delitos, impide en ocasiones disponer de otras pruebas, es necesario depurar con rigor las circunstancias del caso para comprobar si efectivamente concurren los requisitos que se exigen para la viabilidad de la prueba y que son los siguientes: a) ausencia de incredulidad subjetiva; b) verosimilitud del testimonio; c) persistencia en la incriminación y la concurrencia de datos corroboradores (SSTS 23-3-1999 [RJ 1999\2676], 2-6-1999 [RJ 1999\3872], 24-4-2000 [RJ 2000\3734], 26-6-2000 [RJ 2000\6074], 15-6-2000 [RJ 2000\5774] y 6-2-2001 [RJ 2001\1233 ]).

Así pues, el Tribunal Supremo cuando defiende la legitimidad constitucional y de la legalidad ordinaria, de la declaración de la víctima, aunque sea única prueba, como suficiente para destruir la presunción de inocencia si no existieren razones objetivas que hagan dudar de la veracidad de lo que se dice, no es pues un problema de legalidad sino de credibilidad. En realidad, como dice la STS de 7 de octubre de 1998 (RJ 1998\8049), lo que acontece es que para esa "viabilidad probatoria" es necesario no sólo que no se den razones objetivas como para dudar de la veracidad de la víctima, sino también que por los Tribunales se proceda a una "profunda y exhaustiva verificación" de las circunstancias concurrentes en orden a esa credibilidad que va de la mano de la verosimilitud.

Finalmente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en orden al control casacional en relación al examen que esta Sala debe efectuar en el marco de una denuncia por vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando la condena se funde, exclusivamente en la declaración de la víctima, es decir en prueba directa de naturaleza personal percibida directamente por el Tribunal sentenciador en el Plenario en virtud de la inmediación de que dispuso, puede fijarse en dos etapas. Una primera --SSTS de 12 de noviembre de 1991, 13 de abril de 2002, así como la STS de 9 de noviembre de 1993 -en la que la vulneración del derecho a la presunción de inocencia se limitaba a comprobación de la existencia de un verdadero vacío probatorio, debiendo decaer o quebrar cuando existan pruebas, bien directas o de cargo, bien simplemente indiciarias con suficiente fiabilidad inculpatoria, siendo también de destacar en este orden de cosas que tales pruebas corresponde ser valoradas de modo exclusivo y excluyente por el Tribunal "a quo", de acuerdo con lo establecido en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y una segunda etapa, en la que reiterada jurisprudencia de esta Sala y del Tribunal Constitucional han declarado la naturaleza efectiva del recurso de casación penal en el doble aspecto del reexamen de la culpabilidad y pena impuesta por el Tribunal de instancia al condenado por la flexibilización y amplitud con que se está interpretando el recurso de casación desposeído de toda rigidez formalista y por la ampliación de su ámbito a través del cauce de la vulneración de derechos constitucionales, singularmente por vulneración del derecho a la presunción de inocencia que exige un reexamen de la prueba de cargo tenida en cuenta por el Tribunal sentenciador desde el triple aspecto de verificar la existencia de prueba válida, prueba suficiente y prueba debidamente razonada y motivada, todo ello en garantía de la efectividad de la interdicción de toda decisión arbitraria --art. 9-3.º --, de la que esta Sala debe ser especialmente garante, lo que exige verificar la razonabilidad de la argumentación del Tribunal sentenciador a fin de que las conclusiones sean acordes a las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos.

En consecuencia, como se concluye en la SSTS de 23 de enero y de 31 de octubre de 2007, el principio de inmediación ya no puede ser esgrimido ni para excusarse el Tribunal que oye y ve al testigo para justificar y explicitar las razones por las que le concede credibilidad y suficiencia para sostener la sentencia condenatoria, ni la inmediación puede servir de argumento para excluir del ámbito de la casación penal el examen que esta Sala casacional debe efectuar para verificar la suficiencia y razonabilidad de la condena, lo que en la singular relevancia en relación a los delitos contra la libertad sexual en los que, de ordinario, la única prueba disponible es la de la propia víctima, dado el escenario de intimidad en el que se cometen.

De esta Jurisprudencia más reciente, se pueden citar las STS 2047/2002 de 10 de septiembre que pone el acento en la elaboración racional o argumentativa del Tribunal que gozó de la inmediación, que puede y debe ser revisado por el Tribunal Superior que conoce de la causa vía recurso para verificar la estructura racional del discurso valorativo, o la STS 408/2004 de 24 de marzo en la que reconociendo la competencia del Juez sentenciador para valorar la prueba, en relación a aquella prueba afectada por el principio de inmediación se dice "....y ello no tanto porque se considere la inmediación como una zona donde debe imperar la soberanía del Tribunal sentenciador y en la que nada pueda decir el Tribunal ante el que se ve el recurso, sino, más propiamente como verificación de que nada se encuentra en este control casacional que afecte negativamente a la credibilidad del testimonio de la persona cuyo relato sirve para fundamentar la condena dictada en la instancia....",....", ó la STS 732/2006 de 3 de julio "....no se trata por tanto de establecer el axioma que lo que el Tribunal creyó debe ser siempre creído, ni tampoco prescindir radicalmente de las ventajas de la inmediación, sino de comprobar si el razonamiento expresado por el Tribunal respecto de las razones de su decisión sobre la credibilidad de los testigos o acusados que prestaron declaración a su presencia....se mantiene en parámetros objetivamente aceptables....", la STS 306/2001 de 2 de marzo ya ponía el acento en la exigencia de que el Tribunal sentenciador justificase en concreto las razones por las que concedía credibilidad a la declaración de la víctima, no bastando la sola referencia a que debía ser creído por no existir nada en contra de dicha credibilidad.

Por lo tanto es preciso situar el valor de la inmediación judicial en sus justos límites, y en tal sentido hay que decir:

a) La inmediación es una técnica de formación de la prueba, que se escenifica ante el Juez, pero no es ni debe ser considerada como un método para el convencimiento del Juez.

b) La inmediación no es ni debe ser una coartada para eximir al Tribunal sentenciador del deber de motivar, en tal sentido, hoy puede estimarse totalmente superada aquella jurisprudencia que estimaba que "....la convicción que a través de la inmediación, forma el Tribunal de la prueba directa practicada a su presencia depende de una serie de circunstancias de percepción, experiencia y hasta intuición que no son expresables a través de la motivación...." --STS de 12 de febrero de 1993 --.

c) La prueba valorada por el Tribunal sentenciador en el ámbito de la inmediación y en base a ella dicta la sentencia condenatoria puede y debe ser analizada en el ámbito del control casacional como consecuencia de la condición de esta Sala Casacional como garante de la efectividad de toda decisión arbitraria --art. 9-3.º C.E. --.

Doctrina que resulta de plena aplicación para el recurso de apelación, que otorga plenas facultades al Juez o Tribunal Superior supraordenado ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum iuditium (SSTC 124/83, 54/85, 145/87, 194/90 y 21/93, 120/1994, 272/1994 y 157/1995).

Cuarto.-En el presente supuesto el análisis de las actuaciones con el visionado de la grabación del juicio remitido ha permitido a esta Sala apreciar que no se ha practicado en el plenario una prueba de cargo que enervando la presunción de inocencia del acusado permita sostener un fallo condenatorio, generándose en este Tribunal dudas razonables que no se disipan con la lectura de la resolución impugnada, que no analiza las circunstancias en las que se produjo la denuncia, ni las discrepancias en las manifestaciones de la presunta víctima quien en el plenario ofreció un testimonio que conforme ha podido apreciar esta Sala en el visionado de la grabación del juicio remitido no puede considerarse firme.

De esta forma no puede obviarse que conforme refirió la presunta víctima, la denuncia la interpone al día siguiente de que ella decidiera romper la relación sentimental que mantuvo con el acusado quitándole a este último las llaves del domicilio que compartían, echándole de la vivienda. Con un claro conflicto sobre la documentación que aquel retiró del domicilio, puesto que mientras la denuncinte señaló en su denuncia que el acusado se llevó su documentación, éste último refirió en el plenario que quería denunciar el que salio de la vivienda sin documentación y sin ropa no devolviéndosele el pasaporte hasta meses después.

Dentro de este contexto que no permite excluir móviles ajenos a la supuesta agresión denunciada, tampoco podemos considerar que la declaración de la presunta víctima haya sido uniforme si tenemos en cuenta que en su denuncia inicial refirió que el acusado en la vía pública le había cogido el bolso de un tirón y cuando ella fue a recuperarlo le habría empezado a agredir con golpes en la cabeza. En la fase de instrucción refirió que el acusado le dio puñetazos en el brazo y en la cabeza y finalmente en el plenario, tras señalar en un principio como la noche anterior de los hechos su ex pareja había intentado entrar en el domicilio llamando a la puerta y ella no le había abierto llamando a la policía que lo retiro del lugar, así como que ella le había retirado las llaves y echado de casa, sin que aquel se llevara documentación, primero refirió espontáneamente como el acusado en la vía pública le quitó el bolso sin que le propinase puñetazos y después ante la pregunta del Ministerio Fiscal, quien le manifestó el contenido de su relato en instrucción, refirió que "el acusado le asestó un golpe en la cabeza y en el brazo".

Relato pues vacilante y falto de espontaneidad en cuanto a los elementos incriminatorios.

Con dichos precedentes y ante la negativa del acusado de haber agredido a su ex pareja sentimental, el parte facultativo inicial (el informe médico forense de fecha 14 de noviembre de 2008 ya no objetivaba lesiones) que apreció únicamente en la presunta víctima una "lesión incipiente en brazo izquierdo cara anterior" (puesto que en la cabeza no objetivizó lesión alguna sino dolor a la palpación en región temporal parietal izquierda sin crepitación y otoscopia normal) no se entiende suficiente para avalar la tesis inculpatoria considerando además que situándose los hechos en plena vía pública no se ha aportado al plenario testigo presencial alguno.

Los antecedentes referidos reflejan que la declaración de la denunciante carece de los requisitos que la jurisprudencia viene considerando como precisos a los efectos de constituir prueba hábil en orden a enervar la presunción de inocencia del acusado adoleciendo de lagunas y zonas oscuras que generan dudas racionales que han de resolverse a favor del reo conforme al principio in dubio pro reo.

Se estima pues, el recurso de apelación interpuesto absolviendo al acusado del delito de maltrato familiar objeto de acusación, declarando de oficio las costas del procedimiento.

Cuarto.-No se aprecian razones para imponer, por temeridad o mala fe, las costas de esta alzada, que deben declararse de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación.


FALLAMOS:


 
Se ESTIMA el recurso de apelación interpuesto por el procurador D. José Luís González del Moral en nombre y representación procesal de Carlos Daniel contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 4 de Móstoles con fecha 28 de noviembre de 2008 en el Procedimiento Abreviado n.º 752/08, ABSOLVIENDO al acusado del delito de maltrato familiar objeto de acusación.

Se declara de oficio las costas de la instancia y de esta alzada.

La presente sentencia es firme.

Devuélvanse las diligencias originales al Juzgado de procedencia, con certificación de la presente resolución, para su ejecución y cumplimiento, solicitando acuse de recibo y previa su notificación a las partes, con arreglo a las prevenciones contenidas en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de la Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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