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Sentencia A.P. Madrid 26/2010, de 26 de marzo


 RESUMEN:

En el presenta caso, respecto del delito de agresión sexual, el tribunal no puede llegar a adquirir la convicción de que los hechos cuya acreditación se sustentaba esencialmente en las declaraciones de la víctima hayan tenido una existencia real, porque sus declaraciones no responden a las condiciones o parámetros exigidos por la jurisprudencia paraa ofrecer las suficientes garantías de veracidad. En particular, se advierten seis obstáculos para descartar la existencia de móviles de resentimiento o venganza en la denuncia.

SENTENCIA

La Sección Vigésimo Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, ha pronunciado, EN EL NOMBRE DE S.M. EL REY, la siguiente:

SENTENCIA N.º 26/2010

En Madrid, a veintiséis de marzo de dos mil diez.

VISTO en juicio oral y público ante la Sección Vigésimo Séptima de esta Audiencia Provincial la causa sumario 2/08, rollo de Sala n.º 26/09, procedente del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 3 de Madrid, seguida por un delito de maltrato habitual, un delito de lesiones graves, un delito de maltrato de violencia de género, un delito de agresión sexual, un delito de lesiones graves y un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar, contra Ismael, de nacionalidad italiana, nacido en San Carlos de Bariloche (Argentina), el día 9 de junio de 1976, hijo de José Alberto y Julia, sin antecedentes penales, parcialmente solvente, y en libertad provisional por la presente causa; habiendo sido partes el Ministerio Fiscal, como acusación particular D.ª Gracia representada por y defendida por la Letrada D.ª Natalia Tejera Beamud, y dicho acusado, representado por la Procuradora D.ª María Dolores de la Rubia Ruiz y defendido por el Letrado D. Pedro José Martínez García; siendo ponente la Ilma. Sra. Magistrado-Presidente D.ª MARIA TARDÓN OLMOS.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales, calificó los hechos procesales como constitutivos de los siguientes delitos, de los que considera autor al acusado, solicitando se le impusieran las siguientes penas: un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar, previsto y penado en el artículo 173.2 del Código Penal, solicitando se le impusieran las penas de tres años de prisión, con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, por tres años, así como la prohibición de aproximarse a una distancia mínima de 500 metros, de Gracia, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar que esta frecuente, y comunicarse con ella por cualquier medio, por un tiempo de cuatro años; de un delito de lesiones graves, previsto y penado en el artículo 148.4 del Código Penal, solicitando se le impusiera una pena de cuatro años de prisión, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como la prohibición de aproximarse a una distancia mínima de 500 metros, de Gracia, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar que esta frecuente, y comunicarse con ella por cualquier medio, por un tiempo de cinco años: de un delito de maltrato de violencia de género del artículo 153.1 y 3, solicitando se le impusiera una pena de un año de prisión, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de duración de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años así como la prohibición de aproximarse a Gracia a una distancia mínima de 500 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar que esta frecuente, y comunicarse con ella por cualquier medio, por un tiempo de tres años; de un delito de agresión sexual con acceso carnal vía vaginal, de los artículos 178 y 179 del Código Penal con la concurrencia de la circunstancia agravante de parentesco del artículo 23 del Código Penal, solicitando se le impusiera una pena de doce años de prisión, con inhabilitación absoluta, así como la prohibición de aproximarse a una distancia mínima de 500 metros, de Gracia, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar que esta frecuente, y comunicarse con ella por cualquier medio, por un tiempo de quince años; de un delito de lesiones graves del artículo 148.4 del Código Penal, solicitando se le impusiera una pena de cuatro años de prisión, con inhabilitación absoluta, así como la prohibición de aproximarse a una distancia mínima de 500 metros, de Gracia, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar que esta frecuente, y comunicarse con ella por cualquier medio, por un tiempo de cinco años; y de un delito continuado de quebrantamiento de condena, de los artículo 468.2 y 74 del Código Penal, solicitando se le impusiera una pena de un año de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, debiendo condenársele al pago de las costas y a que indemnice a la víctima en la cantidad de 10.200 euros por las lesiones, y en 12.000 euros por las secuelas más los intereses que legalmente correspondan, de conformidad con el artículo 576 de la LEC. En el acto del juicio oral elevó sus conclusiones a definitivas, corrigiendo un error mecanográfico en el relato de hechos, consistente en que donde se hace referencia al 24 de junio de 2007, aclarar que es el 2006, y donde se dice 10 de julio de 2007, es 10 de junio de 2007.

La acusación particular calificó los hechos en forma prácticamente coincidente con el Ministerio Fiscal, solicitando se le impusieran al acusado las mismas penas, por cada uno de los delitos objeto de acusación, salvo las siguientes excepciones: respecto del primero de los delitos de lesiones graves del artículo 148.4, únicamente difiere en solicitar una duración de la pena de prisión, por cinco años; respecto del maltrato constitutivo de violencia de género, del artículo 153.1 y 3, solicita que la duración de las prohibiciones de aproximación y comunicación con la victima se eleve a los cinco años; también respecto del segundo de los delitos de lesiones graves difiere en la duración de la pena de prisión, interesando se imponga en una extensión de cinco años y, finalmente, estima que también debe es responsable, en concepto de autor, de otros dos delitos de maltrato constitutivo de violencia de género, solicitando se le impusieran unas penas de un año de prisión, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de duración de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años así como la prohibición de aproximarse a Gracia a una distancia mínima de 500 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar que esta frecuente, y comunicarse con ella por cualquier medio, por un tiempo de cuatro años, por cada uno de ellos, solicitando el pago de las costas y que se le indemnice en las mismas cantidades solicitadas por el Ministerio Fiscal. En el acto del juicio oral, elevó sus conclusiones a definitivas.

Segundo.-La defensa del acusado Ismael, en sus conclusiones provisionales, estimó que los hechos eran constitutivos de un delito del artículo 153.1 del Código Penal, con la concurrencia de las circunstancias atenuantes 1.ª del artículo 21, en relación con la 4.ª del artículo 20, y la 5.ª del artículo 21, todos ellos del Código Penal, solicitando se le impusiera una pena de seis meses de prisión y el pago de las costas procesales. En el acto del juicio oral, elevó sus conclusiones a definitivas.


HECHOS PROBADOS

Se declara expresamente probado que Ismael, mayor de edad, en cuanto nacido el día 9 de julio de 1976, en San Carlos de Bariloche (Argentina), de nacionalidad italiana, con n.º de ordinal informático NUM000, y sin antecedentes penales, mantuvo una relación sentimental con Gracia, conviviendo ambos desde marzo de 2001 a mayo de 2007, a partir de cuyo momento, aunque cesó la convivencia, ambos siguieron manteniendo frecuentes contactos, que, esporádicamente tenían carácter íntimo, quedándose él a dormir en la casa de ella.

Siendo sobre las 23,00 horas del día 27 de enero de 2008, Ismael se acercó al domicilio de Gracia, sito en la calle Amara, de Madrid donde, tras mantener relaciones sexuales, se produjo entre ellos una discusión, durante la cual el acusado golpeó a su ex pareja, propinándole diversos golpes, con ánimo de menoscabar su integridad física, ocasionándole hematomas múltiples en la región retroauricular izquierda, en el tercio superior de la cara interna del antebrazo derecho, en el costado izquierdo con erosión central, en la región sacro-coccigea izquierda, en el tercio inferior de la cara externa del muslo izquierdo, en el borde cubital del antebrazo izquierdo, en la cara postero interna del brazo izquierdo, próxima a la axila, y cervicalgia, con dolor a la palpación en apófisis espinosas cervicales y en ambos trapecios, con movilidad cervical limitada en los últimos grados por dolor, que precisaron para su curación de reposo, medicación y rehabilitación, tardando 60 días en curar, de los cuales 44 fueron impeditivos y quedándole como secuela parestesias en el brazo izquierdo y algia vertical.

No ha quedado probado, en cambio, que el acusado forzase a Gracia a mantener relaciones sexuales con él, ni que las mismas tuvieran lugar sin su consentimiento.

En el procedimiento seguido por estos hechos en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer n.º 3 de Madrid, se dictó Auto con fecha 30 de enero de 2008, decretando la prohibición de que el acusado se aproximase y comunicase con Gracia hasta que se dictase resolución firme en el proceso, que le fue notificado el mismo día, no obstante lo cual, y pese al pleno conocimiento de tal prohibición, envió a Gracia los días 8 y 14 de febrero de 2008, sendas cartas desde el centro penitenciario en que se encontraba ingresado.

No ha quedado probado, del propio modo, que el acusado golpease a Gracia los días 24 de junio de 2006, 24 de marzo y 8 de abril de 2007, ni que durante el tiempo que persistieron sus relaciones, la hiciera objeto de golpes, insultos, humillaciones y amenazas de forma reiterada.

Gracia ha sido diagnosticada de un trastorno depresivo ansioso reactivo, recibiendo tratamiento psicológico, no pudiendo determinarse su origen, de forma clara.

El acusado ha estado privado de libertad desde el día 28 de enero de 2008, hasta el de la celebración del juicio, el 15 de marzo de 2010.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Los hechos declarados probados en el apartado anterior se deducen del resultado de la práctica de los medios probatorios desarrollados en el juicio, consistentes en las declaraciones del acusado, el testimonio de la víctima, y las testificales de la amiga, la vecina, el médico y compañeros de trabajo de ella, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que acudieron al domicilio de Gracia el día 28 de enero de 2008, el de quien mantuvo una relación sentimental con el acusado y de una amiga de ésta, de la prueba pericial psicológica y médico forense efectuada en el acto del juicio oral, así como la documental propuesta y obrante en la causa.

Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 137/88, de 7 de julio, y ha reiterado en numerosas resoluciones, la presunción de inocencia ocasiona en el proceso penal un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras a quienes incumbe exclusivamente probar los hechos constitutivos de la pretensión penal, debiendo ser suficiente para generar en el juzgador la evidencia de la existencia de un hecho punible y de la responsabilidad penal que haya tenido en él el acusado, debiendo sustentarse la actividad probatoria en auténticos medios de prueba obtenidos con respeto a los derechos fundamentales y practicados en el juicio oral bajo los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad, exceptuándose los supuestos de prueba preconstituída y anticipada, siempre que se observe el cumplimiento de determinados requisitos materiales (imposibilidad de reproducción en el juicio oral), subjetivos (intervención del juez de instrucción), objetivos (contradicción, con la intervención de Letrado), y formales (introducción en el juicio a través de la lectura de los documentos)

Es, además, doctrina jurisprudencial reiterada (STS 21-9-2001, entre otras) respecto de aquéllos casos en los que no existe otro testimonio más que el de la víctima, cuando no existan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones o provoquen dudas en el Juzgador.

Al respecto, también la doctrina jurisprudencial, en los supuestos en que la declaración de la víctima sea la única prueba, viene exigiendo que ésta venga acompañada de ciertos criterios orientativos que en definitiva están encaminados a constatar la inexistencia de las aludidas razones objetivas que puedan hacer dudar de la veracidad de lo que se dice, pues en definitiva, en la medida que todo juicio es un decir y un contradecir, es preciso ponderar las pruebas de cargo y de descargo, eliminando cualquier planteamiento mecanicista que tienda, por igual, a aceptar acríticamente sin más la versión de la víctima, con su consecuencia de dictar una sentencia condenatoria, o a la inversa, rechazarla con absolución del inculpado.

Tales criterios son los siguientes:

1.º Ausencia de incredibilidad subjetiva; esto es, inexistencia de relaciones procesado/víctima o denunciante, que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad o de otra índole que privase al testimonio de la aptitud necesaria para generar ese estado subjetivo de certidumbre en la que la convicción judicial descansa esencialmente. En este sentido no puede considerarse que existe tal resentimiento o enemistad cuando estos sentimientos deriven o tengan su origen precisamente en el ataque que contra su patrimonio o su persona haya podido sufrir la víctima de manos del acusado, y no de situaciones anteriores, en la medida que no resulta exigible de nadie que mantenga relaciones de indiferencia, y menos aún cordiales, respecto de la persona o personas que le han perjudicado, y contra las que, precisamente por tales hechos, ha presentado la denuncia iniciadora del procedimiento penal.

2.º Verosimilitud del testimonio, que no es propiamente tal, en cuanto la víctima puede mostrarse parte en el procedimiento (arts. 109 y 110 LECrim [LEG 1882\16 ]), este testimonio ha de estar rodeado de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que lo doten de aptitud probatoria, especialmente cuando tal corroboración es posible dadas las características del hecho concretamente denunciado. En definitiva, lo fundamental es la constatación de la real existencia de un hecho.

3.º Persistencia en la incriminación. Esta ha de ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones, lo que puede ser compatible con que el relato no haya sido siempre y en todo momento idéntico milimétricamente, ya que es normal que existan modificaciones y alteraciones: lo relevante es que el núcleo central sea mantenido.

Ello porque el testimonio único requiere, como contrapartida, un análisis detallado y exhaustivo de la calidad de su contenido y de la veracidad subjetiva de quien lo presta.

En el presente caso, este Tribunal no puede llegar a adquirir la convicción de que los hechos cuya acreditación se sustentaba, esencialmente, en las declaraciones de D.ª Gracia han tenido una existencia real, porque sus declaraciones no responden a las condiciones o parámetros exigidos por la jurisprudencia para ofrecer las suficientes garantías de veracidad, en grado tal, que permitan acreditar con un mínimo grado de certeza las infracciones criminales que imputa al acusado, enervando la presunción de inocencia que opera a favor de éste, cuya operabilidad y exigencias enunciábamos al inicio del presente fundamento.

En primer lugar advertimos la existencia de serios obstáculos para descartar la existencia, en su actuación, de un móvil de resentimiento o de venganza, por las vicisitudes de la relación sentimental mantenida entre ella y el acusado, que ella misma reconoce que resultaron extremadamente conflictivas, hasta que deciden finalizar la convivencia en mayo de 2007, y aún después, puesto que se siguieron viendo y manteniendo relaciones esporádicas y puntuales, pero de forma reiterada. Y ello, dada la sorprendente actitud de ella que, por una parte, alega sentirse atemorizada por él, como justificación para denunciarle; (aunque también dice que porque le daba lástima de lo que pudiera pasarle), y, de otra, procura dejar constancia, tomándose fotografías de las lesiones externas que dice que él le ha producido, durante distintos momentos de su relación, guardando, asimismo, los informes médicos de tales consecuencias, que ni siquiera menciona cuando formula, de forma vaga e imprecisa, como luego señalaremos con mayor detalle, en su denuncia en dependencias policiales, tras los hechos del 28 de enero del 2008, limitándose a señalar, en su declaración ante el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer que tenía todos los informes médicos, pero sin hacer la menor alusión a las fotografías, que no aportará al órgano judicial sino hasta dos meses después de iniciadas las actuaciones. Así como que, al cesar la convivencia ella decide hacer público lo ocurrido, lo que tampoco se corresponde, como luego señalaremos, con lo manifestado por el resto de testigos, a los que informará, también de forma aleatoria e incomprensible, de algunos episodios violentos y no de otros.

Pero, sobre todo, la probable existencia de móviles espurios en la denunciante, y que explicaría la sorprendente actitud de ella de ir "preconstituyendo" elementos de prueba para justificar unas agresiones que, consecutivamente, no denunciaba, deriva del testimonio de D.ª Clara y de D.ª Edurne, que consideramos plenamente imparcial, y carente de ningún interés en el resultado del proceso. La primera, aunque mantuvo una relación sentimental con el acusado, mientras éste seguía viéndose con Gracia, ya no tiene, en el momento en el que presta testimonio, relación con él. En su declaración, refiere cómo Gracia llamaba a Ismael permanentemente, de forma tan reiterativa e insistente que, a veces, le hacía tener que apagar el teléfono. Que un día comenzó a llamarla a ella, utilizando, primero, uno de los teléfonos de Ismael, y, después, desde otros teléfonos, que una amiga comprobó que eran de ella, al llamar ella al número de envio. También empezó a dejarle numerosos mensajes escritos y de voz, muchos de ellos de madrugada, muy desagradables, que hacían referencia a su relación con Ismael, efectuándole llamadas insistentes, por lo que tuvo que cambiar el número de teléfono. Asimismo, dejó una temporada a Ismael, y un día, teniendo ya el nuevo número de teléfono, empezó a recibir nuevas llamadas de ella, supone que porque se lo habría cogido a él, habiendo llegado a llamarla incluso después de que hubiera sido detenido, aunque ella en aquél momento no lo sabía, y, aunque no puede concretar las fechas, sí puede precisar que estuvo el fin de semana con él, y la llamada de ella se produjo hacia la una de la mañana del martes al miércoles (refiriéndose a la noche del 29 al 30 de enero de 2008, después de los hechos), al teléfono fijo de su casa, porque el móvil lo apaga por la noche, no llegando a tiempo a cogerlo, porque saltó el contestador, aunque vio que la llamada era de uno de los móviles de Ismael. Después vio que tenía en el móvil cuatro o cinco llamadas, y mensajes. En uno escrito ponía "me extrañas", lo que era raro, pues pasaban habitualmente cinco o seis días sin verse ni llamarse siquiera, y al oír los mensajes de voz oyó que eran de ella, en los que le decía, que él estaba con ella, y se estaba duchando después de hacer el amor, así como le estaba poniendo los cuernos con otras mujeres, dándole dos teléfonos, y que Ismael iba a terminar en prisión, y que se estaba vengando de él porque llevaba dos años poniéndole los cuernos. Entonces fue cuando ella decidió romper definitivamente con Ismael, porque después de lo que le había hecho, le parecía inconcebible que hubiera vuelto con ella. Entonces borró todos los mensajes y todos los teléfonos que tuvieran que ver con él. Unos días después, la llamó el jefe de Ismael para decirle que estaba en prisión. Si lo hubiera sabido antes, no hubiera borrado los mensajes. Por su parte, Edurne, sin ninguna relación con el acusado, al que ni siquiera conoce, ni tampoco a Gracia, con la que tuvo una conversación telefónica, al llamar al teléfono desde el que su amiga Clara estaba recibiendo unos mensajes muy desagradables, que ella escuchó, para averiguar quién era, diciéndole que la dejara en paz, que lo que estaba haciendo era un delito. Recuerda que en uno de los mensajes de voz, Gracia decía que se iba a vengar de él, porque le estaba poniendo los cuernos.

En lo que se refiere a la verosimilitud del testimonio de la Sra. Gracia, el mismo aparece carente de lógica y de congruencia interna. Sin duda, el tiempo transcurrido ha de operar un efecto de superación en las consecuencias de las violencias que puedan sufrirse, pero este Tribunal no pudo dejar de advertir la falta de emotividad y hasta la frialdad con que D.ª Gracia relataba haber sufrido violencias ciertamente brutales, llegando, incluso, a reirse al referir que, tras haberle dado ella a él un bofetón en la calle, al verle con una señorita, cuando llegó a casa "la puso de hostias por todos lados".

Pero es en el aspecto de la persistencia y solidez de su testimonio, donde las declaraciones de D.ª Gracia han resultado menos fiables. No sólo porque no ha mantenido la misma versión de todos los hechos que, finalmente, vienen a constituir el objeto de enjuiciamiento, en ninguna de las declaraciones prestadas en la causa, sino porque, conforme relatan los testigos, ha mantenido, igualmente, ante ellos, diferentes declaraciones, sin ninguna explicación aparente.

Por seguir un orden cronológico, respecto del relato de los hechos objeto de acusación, nos encontramos, en primer lugar, con la agresión que afirma que el acusado le produjo el 24 de junio de 2006, como consecuencia de la cual la lesionó en un brazo, que tuvo que llevar en cabestrillo, y en el ojo, que tuvo morado, así como, en segundo lugar, con la que, asimismo, refiere haber sufrido el 24 de marzo de 2007, habiéndole ocasionado heridas en la sien y el cuero cabelludo, que le fueron apreciadas por la psicóloga, con fecha 29 de marzo de 2007.

Cuando comparecen los funcionarios de policía en el domicilio de ella, tras los hechos acaecidos el día 28 de enero de 2008, no menciona ninguno de tales hechos, limitándose a señalar que no es la primera vez que la agrede, "llegando una vez a romperla la nariz, no habiéndole denunciado hasta la fecha", refiriéndose a ellas en la declaración que presta, dos días después, ante el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer.

Gracia dice que contó a su médico lo de los malos tratos desde septiembre de 2006, lo que es desmentido por éste, que refiere que la primera ocasión en que le menciona que su pareja la había agredido fue días después de que apareciera en la consulta con una fractura de los huesos propios de la nariz, como, por otra parte, consta en el historial médico de la Sra. Gracia, así como que en ninguna otra ocasión le observó marcas o evidencias de haber sufrido malos tratos.

Su amiga, D.ª Lucía, con la que tiene, según afirman ambas, una amistad íntima desde los 13 años, dice que ella no le contaba al principio las agresiones, por miedo, y que la ha visto con lesiones en tres ocasiones: cuando le rompió la nariz, el último día (28-1-08) y otro, que no puede precisar, en que le vio moratones en un ojo y en los brazos, lo que implicaría que no ha tenido el menor conocimiento, siquiera, de los otros dos episodios de agresión que también son objeto de acusación, y que, según se señala, le habrían generado lesiones bien visibles, pese a la intimidad de su relación y a la confianza entre ambas.

En cuanto a su entorno laboral, ni su jefe ni sus compañeros llegan a determinar, con precisión, el momento en que ellos vieron a Gracia con un ojo morado y el brazo en cabestrillo, aludiendo unas veces a finales de junio de 2006, otras a julio, e, incluso, a septiembre de dicho año, pero tanto la testigo Antonieta, como el testigo Sixto, afirman que, frente a lo que ella había manifestado, Gracia nunca les habló de que sufriera malos tratos, justificando las lesiones antes referidas en que se había caído por unas escaleras. Es tan sólo Carlos Manuel quien relata que ella sufría muchas bajas y que, incluso antes de que se produjeron los hechos del 28 de enero de 2008, ya le contó que era como consecuencia de los malos tratos que sufría por parte de su pareja -lo que desmiente el examen del historial médico de ella incorporado a la causa, que evidencia las frecuentes visitas de D.ª Gracia a los servicios médicos del Centro de Salud Canal de Panamá por muy diversas dolencias que no parecen guardar relación con una posible situación de violencia (problemas digestivos, ginecológicos de diversa naturaleza, afecciones oftalmológicas, arritmia cardiaca, problemas dermatológicos y, desde febrero de 2007, también propuesta para ayuda psicológica por sintomatología depresiva)- así como que la ha visto en otras ocasiones con morados por debajo del cuello y que, incluso, había intentado atropellarla y se había hecho daño tratando de saltar entre algunos coches, extremos a los que ella no ha aludido en ningún momento, lo que no sólo entra en contradicción con lo declarado por los otros dos testigos del entorno del trabajo de la denunciante, sino, incluso, con lo manifestado por la propia víctima, relatando episodios violentos no denunciados ni relatados, siquiera, por ella, señalando, por otra parte, tras haberlo omitido durante el interrogatorio efectuado por la Sra. Representante del Ministerio Fiscal, y, al contestar respecto de sus circunstancias personales y relación con las partes, que era el actual marido -aunque no estaban casados, según precisó- de la Sra. Gracia.

También testifica sobre la percepción de un moratón en el ojo de la denunciante, Adriano, que dice que fue amigo del acusado, y que en sus declaraciones ante el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer, el día 13 de marzo de 2008, sitúa tales hechos un año y medio o dos antes -por tanto, entre junio y marzo de 2006-, mientras que en el plenario asegura que serían seis o siete meses antes de la detención -por tanto, junio o julio de 2007-.

Aporta la denunciante, para constatar la existencia real de las lesiones inferidas, una fotografía con, al parecer, un hematoma en el ojo izquierdo y, se dice, unas marcas en el cuello y en los hombros, que no se aprecian realmente, en la que se hace constar, al dorso, que ha sido efectuada en Agosto de 2006, introduciendo, aún, mayor confusión respecto de la fecha en que se sitúa la pretendida agresión, sin aportar, por otro lado, ninguna luz ni sobre este punto ni sobre ningún otro, por cuanto que no existe ninguna garantía de autenticidad de tales fotografías.

Antes hemos señalado que resulta sorprendente que no formule denuncia por las supuestas agresiones y, sin embargo, que efectúe y guarde fotografías de las mismas. Preguntada en el acto del juicio por tal extremo dice que, salvo las de enero de 2008, las otras se las hizo ella misma en su domicilio, como testimonio por si lo necesitaba y para constituir prueba de que es golpeada, lo que no explica por qué respecto de unas agresiones sí se extrae fotografías y no sobre otras, como la que se dice acaecida el día 24 de marzo de 2007, que relatará a la psicóloga con la que inició tratamiento únicamente dos días antes de esta fecha, D.ª Loreto, en la entrevista que mantiene con ella el día 29 de marzo siguiente -siete días después, únicamente, de acudir a su consulta- la cual relatará en el JVSM y en el acto del juicio oral, como ya hizo constar en su informe, que presentaba señales de golpes y heridas en la sien y el cuero cabelludo y que, pese a ser, según refiere, muy llamativas, no advierte nadie más que ella.

No efectúa, además, un relato detallado de los hechos, que en el juicio oral dice no recordar muy bien, aludiendo, de forma confusa a que le arrancó muchos pelos, y que, aunque no fue inmediatamente al médico sí fue al dermatólogo posteriormente, porque le hizo calvas y le quedó una aureola blanca

Nadie más que la psicóloga, ni siquiera su amiga más íntima, la Sra. Lucía parece haber visto tales lesiones, producidas la semana anterior a la Semana Santa, en que se refiere producido el episodio que examinaremos seguidamente, ni conocido su existencia, no obstante resultar tan llamativos, según refiere, y a que dice que le enseñó las calvas e hinchazón producidas por el arrancamiento de pelos -extremo del que la psicóloga nunca habla, por otra parte- a una amiga, que no identifica.

Por otra parte, ni éstas ni las anteriores lesiones son constatadas por medio de parte médico de asistencia de ninguna clase, pese a afirmar ella que guarda informes médicos de todas las lesiones sufridas y a que, en el supuesto anterior, debió recibir asistencia facultativa, puesto que sus compañeros de trabajo y ella misma refieren que ella tuvo un brazo en cabestrillo, sin que conste otra visita al especialista en dermatología en el informe médico incorporado a la causa, que la de 25 de abril de 2007, según se dice que por "lesiones en tronco y espalda sugerentes de micosis", no efectuándose ninguna referencia al cuero cabelludo ni a pérdida de pelo, como afirma.

Por lo que se refiere a la agresión que se refiere producida el día 8 de abril de 2007, cuando se encontraban regresando de sus vacaciones en Formigal, al referirse, por vez primera a tal hecho, ante los agentes de Policía que acudieron a su domicilio el 28 de enero de 2008, se limitó a señalar que no era la primera vez que la agredía, habiendo llegado en una ocasión a romperle la nariz, no habiéndole denunciado hasta esa fecha. Tampoco resultó muy explícita en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer donde, pese a prestar una extensa y exhaustiva declaración (folios 43 a 47) no aclara respecto del modo en que se produce dicha agresión otra cosa que fue en Semana Santa, en abril, que fue yendo en el coche y que el denunciado no quiso llevarla al hospital, habiéndola atendido en el Hospital de Huesca.

Ya en el acto del juicio oral refiere que tras haber estado cuatro días esquiando en Formigal, a la vuelta, cuando iban en el coche, él la pegó un puñetazo en la cara y ella lo vio todo negro, rompiéndole la nariz, y que la llevó al Hospital, en Huesca, donde dijo que había sido un accidente de esquí, porque él la amenazó con matarla. Sin embargo, asegura que entró sola en el Hospital, mientras él permanecía en el coche, lo que, habida cuenta del parte de asistencia hospitalaria, en el que se describen las distintas actuaciones verificadas (exploración, radiografías, reducción de la fractura, taponamiento y colocación de una férula de escayola) debió implicar que la estancia en dichas dependencias no fue, precisamente, fugaz, por lo que resulta difícil comprender que en todo ese tiempo en que estuvo en permanente contacto, únicamente, con el personal facultativo que la atendió no hiciese la menor mención a la agresión de que había sido víctima, ni que ninguno de los sanitarios que la vieron apreciaran ningún indicio de que las lesiones que presentaba, al parecer, por un único golpe, se debieran a otra cosa que lo que ella afirmaba, e hizo constar el médico que la atendió en el parte de atención urgente: "traumatismo nasal directo en actividad deportiva(ski)".

No podemos obviar que, según afirma, y confirman la psicóloga que la trataba y su entonces compañero de trabajo y actual marido, ya les había relatado que él la agredía y ambos la habían intentado persuadir para que le denunciara.

Y, pese a tener una situación tan propicia para ello, no sólo no lo hace sino que, cuando regresa a Madrid, acude a la visita de su médico de cabecera, D. Fabio, al día siguiente -9 de abril de 2007- al que le dice, también yendo sola, que se ha fracturado los huesos propios de la nariz en un accidente esquiando. Y tres días después -12 de abril de 2007- acude de nuevo a consulta, porque tiene molestias, pero sin desdecirse de su inicial versión, lo que hará, espontáneamente, diez días después -el 19 de abril de 2007-, no atendiendo a ninguno de los ofrecimientos de denuncia ni de asistencia especializada que le efectúa el médico, ni presentando ninguna denuncia por estos hechos ni por los anteriores, ni siquiera cuando, al mes siguiente, dice que rompen la relación, dejando de vivir él en la casa que habían compartido hasta entonces. Sin embargo, sí se efectúa ella misma diversas fotografías de la cara, con la férula de escayola, que aporta a la causa, como ya hemos señalado, también, dos meses después de iniciada la causa, y de haber efectuado su declaración por estos hechos.

Siguiendo el orden cronológico nos encontramos, seguidamente, ante los hechos acaecidos en la noche del 27 de enero de 2008, en el domicilio de la víctima que, en la madrugada del día siguiente, pide auxilio a su vecina, quien, al oír los gritos de socorro de Gracia, y voces de que ambos estaban discutiendo violentamente, llama a la Policía, a cuya llegada, el acusado intenta eludir su intervención, resistiéndose, incluso, físicamente, a la actuación policial, percibiéndose, por los agentes actuantes, la voz de ella desde el interior del domicilio, pidiéndoles ayuda.

Como consecuencia de tal actuación, se constata que ella presentaba lesiones externas evidenciadoras de haber sido agredida, en diversas zonas del cuerpo, así como en la cabeza, conforme han quedado relatadas en el apartado de hechos probados, por lo que no puede existir ninguna duda, en este caso, de que es cierto que, como ella afirma, ambos discutieron violentamente, y en el transcurso de la discusión, él la agredió, con el propósito de lesionarla, de forma reiterada, causándole heridas que precisaron, para su curación, de tratamiento médico posterior a la primera asistencia facultativa, puesto que en el proceso de curación de las mismas, que se prolonga durante 60 días, 44 de los cuales fueron impeditivos, se advierte, conforme a la descripción que se efectúa en el informe Médico Forense -reposo, medicación, y rehabilitación- se advierte, claramente, un plan curativo que implica un necesario control médico para recobrarse de las heridas y sus consecuencias.

Sin embargo, no puede estimarse probado que, también, él la hubiese agredido sexualmente, conforme mantienen ambas acusaciones, por cuanto también en este caso nos encontramos con un testimonio no corroborado por ningún otro elemento externo objetivo, ni aún periférico, que no reúne la aptitud necesaria para erigirse en prueba de cargo hábil para enervar la presunción de inocencia del acusado.

En un primer momento, la Sra. Gracia les indica a los policías que acuden a su domicilio, como todos ellos precisan con claridad en el juicio oral, que ella les dijo que la discusión surgió cuando él quiso tener relaciones sexuales y ella se negó, siendo entonces cuando comenzó a golpearla, y en el acto del juicio oral, dice que sí se lo dijo a los policías y a los médicos que la asistieron en el Hospital, aunque le dijeron que como ya se había duchado, no se podía hacer nada, lo que no puede ser tenido por cierto. En lo que se refiere a los agentes de policía, porque conforme ellos declaran, ella no les dijo en ningún momento que hubiese sido agredida sexualmente. Y, en lo que respecta a la actuación sanitaria, porque, independientemente de que se hubiera duchado o no, cabía practicar muchas actuaciones para el esclarecimiento de tal imputación, y, sobre todo, debería haberse aplicado el protocolo de actuación ante víctimas de agresión sexual, implantado en los centros hospitalarios de nuestra Comunidad Autónoma desde el año 1991, que no habría sido omitido por todos los sanitarios que la asistieron en el Hospital, -conforme resulta del parte de urgencias suscrito por el facultativo de urgencias, el traumatólogo, el cirujano, y hasta el psiquiatra, ninguno de los cuales hace constar la menor alusión a ninguna mención de este extremo-, de haberse referido por ella la agresión sexual, a la que aludirá, por vez primera, en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer, dos días después

Relato que tampoco resulta verosímil, por cuanto no parece congruente con el acometimiento que sufre por parte de él, sujetándola por la fuerza, penetrándola, según refiere, vaginalmente, tras arrancarle la ropa, y no pudiendo hacerlo analmente, por la resistencia que opuso ella, con que, a continuación, ella se vaya a ducharse y sea después de la ducha cuando le exige enérgicamente que se vaya de su casa, lo que hace que se enfade y la golpee del modo en que lo hace.

Y que, aún, sufrirá una transformación sustancial en el acto del juicio oral, en que el intento de penetración anal que refirió en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer desaparece, para señalar, precisándolo así a la preguntas de la acusación particular, que sólo intentó la penetración vaginal, además de referirse, por vez primera, y más de dos años después del inicio del procedimiento, a la existencia de un número indeterminado de agresiones sexuales, -dijo, indistintamente "muchas, varias, tres o cinco, algunas, sin que pueda precisar cuantas..."- que habría sufrido por parte de él.

Estamos, por tanto, ante un testimonio carente de solidez y escasamente fiable que no permite sustentar imputaciones que no resulten acreditadas por otros medios de prueba, como sucede respecto de la agresión que, independientemente de si se produjo antes o después de que mantuvieran relaciones sexuales -que el acusado afirma se produjeron con el pleno consentimiento de ella, que fue quien le llamó para que acudiera a su domicilio- y de las causas que desencadenaron la discusión, sí tuvo lugar, como pudieron constatar la vecina de Gracia, los agentes de Policía que acudieron a su domicilio a la llamada de la primera, y el parte de asistencia hospitalaria y el informe médico forense obrantes en la causa, ratificado y aclarado en el acto del juicio oral por las Médicas Forenses que declararon en el plenario.

Como resulta, del propio modo, acreditado que, no obstante el pleno y claro conocimiento de la prohibición impuesta por el Auto del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer el día 30 de enero de 2008, que le fue notificado el mismo día, y que, pese a las evasivas respuestas que da el acusado en el juicio oral sobre este extremo, cuando le envía dos cartas, los días 8 y 14 de febrero de 2008, conoce perfectamente que dicha comunicación ha sido prohibida expresamente por la resolución judicial, puesto que así lo hace constar, expresamente, además, en ambas cartas.

Finalmente, y por las razones expresadas, tampoco puede estimarse probado que el acusado agrediera a la denunciante el día 10 de junio de 2007, hecho que, como el de marzo de 2007, ha sido objeto de acusación únicamente por la acusación particular.

Se sustenta en las contradictorias y escasamente verosímiles declaraciones de la denunciante quien afirma que tal hecho se produce cuando él acude a retirar sus pertenencias del domicilio, lo que no parece compatible con la circunstancia de que él acudiera con tal objeto el mes de agosto siguiente, y que fueran entregadas las mismas por el portero de la finca, tras haberlas dejado ella en el exterior de la vivienda, y aporta, nuevamente, unas fotografías, con otras personas, en las que se anota que corresponden a julio de 2007, lo que, como en los supuestos anteriores, además de no garantizar su autenticidad ni en cuanto a las fechas, ni en cuanto a la existencia real de lesiones concretas, también parece contener una clara discordancia respecto de las fechas en que se dicen cometidos los hechos.

Por otra parte, y aunque insiste en que contó este hecho a su médico de cabecera, y a que fue asistida de los hematomas y, de nuevo, arrancamientos de pelo que le causó, no existe en todo el largo historial médico incorporado a la causa, anotación alguna relativa a una visita en tales fechas, ni por tal causa ni por ninguna otra.

De lo hasta aquí expuesto se infiere sin necesidad de muchos más razonamientos, la improcedencia de la acusación formulada por el delito de maltrato habitual que se sustenta tanto en la acreditación de los distintos hechos hasta aquí examinados, como de la imputación de las constantes vejaciones, insultos y amenazas a que el acusado sometió a la denunciante a lo largo de toda su relación, lo que no puede tenerse por acreditado, por cuanto el testimonio de la víctima no reúne ni aún mínimamente los requisitos de autenticidad y fiabilidad exigibles para erigirse en prueba de cargo apta para fundamentar, por sí solas, la condena pretendida.

Y ello sin que las declaraciones de la psicóloga, Sra. Loreto, ni las efectuadas por las psicólogas y trabajadoras sociales adscritas al Juzgado de Violencia Sobre la Mujer y el informe Médico Forense puedan acreditar otra cosa que la situación de trastorno depresivo ansioso reactivo de Gracia, pero sin que, tras examinar los informes emitidos y las respuestas dadas por las aludidas peritos a las preguntas que les sometieron las partes en el juicio oral, pueda derivarse que el mismo guarda relación con una situación de maltrato por parte de ella.

Así, la Dra. Esther, Médica Forense que efectuó el examen de la Sra. Gracia, por orden expresa del Juzgado, declara expresamente en el plenario que viene a recoger el diagnóstico psicológico de la psicóloga que la estaba tratando, cuyas manifestaciones en el acto del juicio oral resultaron bastante confusas, dado que, según pudo advertirse, desconocía buena parte de las vicisitudes de la relación entre la denunciante y el acusado, y no había tenido en consideración, al efectuar su informe, los hechos por los que se sigue la presente causa, sino el relato de Gracia, que este Tribunal ha estimado contradictorio y escasamente verosímil en gran parte de su contenido, y que manifestó, expresamente, haber sustentado su juicio valorativo en las informaciones suministradas por ésta, y el acoso de llamadas a que, según ella le había manifestado, la había vuelto a someter el acusado, y desconocer el ingente número de llamadas de que ella le había hecho objeto, algunas, incluso, a altas horas de la madrugada (1, 2, 3, 5, 6 de la madrugada, entre otras) entre los meses de septiembre de 2007 y enero de 2008, conforme se constata por medio de los listados de las operadoras telefónicas del teléfono de ella, incorporados a la causa (folios 234 a 255, sustancialmente), no ofreciendo una explicación clara a si, constatado este extremo, ello suponía algún tipo de variación en el informe emitido. Llamadas que, por cierto, aunque inicialmente negó que existieran, cuando fue preguntada de forma específica por la defensa si no recordaba haber efectuado 72 llamadas a uno de los teléfonos de Ismael y otras 152 al otro, en dicho período de tiempo, alegó que no lo recordaba.

Así las cosas, el trastorno ansioso depresivo, a tenor del conjunto de testimonios y de las pruebas documentales aportadas por la defensa, esencialmente, pero también con las propias declaraciones de la Sra. Gracia, pudiera guardar una mayor relación de causalidad con la propia conflictividad de la relación de pareja que acusado y denunciante mantenían, con rupturas y nuevos encuentros, y la obsesión evidenciada por ella, investigando las posibles nuevas relaciones sentimentales que pudiera ir teniendo él una vez cesada la relación, y su intromisión en ellas, con constantes llamadas y comunicaciones buscando disuadirlas de continuar sus relaciones con él, lo que, por otra parte, vinieron a corroborar las psicólogas adscritas al Juzgado de Violencia Sobre la Mujer, que examinaron, igualmente, al acusado, no llegando a advertir en ella, siquiera, sintomatología propia de ningún trastorno.

Segundo.-Los hechos declarados probados son constitutivos de:

a) un delito de lesiones, agravadas por perpetrarse contra mujer unida al agresor por relación análoga a la conyugal, tipificadas en los artículos 147.1 y 148.4.º del Código Penal, y

b) un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar, previsto y penado en el artículo 468.2, en relación con el artículo 74, ambos del Código Penal.

El delito de lesiones requiere un elemento objetivo -lesión causada a la víctima que precisa además de la primera asistencia tratamiento médico o quirúrgico- y otro subjetivo -ánimo genérico de lesionar o menoscabar la integridad corporal o salud física o mental de aquélla-, bien entendido que puede tratarse tanto de un dolo directo en que el infractor quiere el resultado y actúa para lograrlo, como indirecto o eventual.

No se discute en este caso la concurrencia de tratamiento médico. El informe pericial médico forense, como ya se ha señalado, indica que fue necesaria la realización de reposo, el suministro de medicación, y la realización de rehabilitación.

En este sentido debe recordarse que a los efectos propios y característicos del derecho penal, el tratamiento médico, configurador del delito de lesiones, al que hace referencia el art. 147.1 del vigente Código Penal, según la constante y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de la que son exponentes, entre otras muchas, las sentencia de 2 de Junio y 17 de Diciembre de 1994, de 3 de Mayo de 1996 y 2 de Julio de 1999, es aquel que según la "lex artis" de la medicina está indicado como necesario o imprescindible para la curación o minoración de los efectos o consecuencias de la enfermedad ocasionada y consistente en la planificación de un sistema, método, actividad o actuación de naturaleza médica y diversa índole (ingesta o uso tópico de medicamentos, realización de curas, administración de sustancias inyectables por vía venosa o intramuscular, sometimiento a dietas, inmovilizaciones, rehabilitación u otros) cuya realización o ejecución, tanto puede ser llevada a cabo por el propio médico, como encomendada a auxiliares sanitarios y hasta impuesta su cumplimiento y observancia al propio lesionado (dietas, rehabilitación, etc.), quedando solo fuera los actos de diagnóstico, de pura prevención o de seguimiento y vigilancia (SSTS. de 6 de febrero de 1.993, 14 de junio y 27 de diciembre de 1.994, 28 de febrero y 30 de abril de 1.997).

Respecto del tipo subjetivo del delito de lesiones basta un dolo genérico sin que sea necesario que el agente se represente un resultado concreto o determinado, surgiendo el delito cuando el hecho consecuencia ha sido directamente querido y también cuando su autor se representó la posibilidad del resultado y la aceptó de algún modo -dolo eventual- (Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de febrero, 17 de mayo, 3 de octubre y 26 de diciembre de 2000, 22 de enero, 7 de febrero, 7 y 24 de abril, 13 de junio, 5 y 20 de septiembre, 12 de noviembre de 2001, 15 de marzo, 14 de mayo, 7 y 19 de junio, 18 de julio y 18 de octubre de 2002, 15 y 23 de enero, 10 de marzo, 16 de abril y 28 de octubre de 2003, 25 de marzo y 15 de abril de 2004).

Por ello, la agresión producida perpetrando diversos golpes a la víctima es, necesariamente, una acción dolosa, puesto que sólo puede estar guiada por el propósito de causarle un menoscabo en su integridad física.

Concurre igualmente el subtipo agravado 4.º del art. 148 C.P., en redacción dada por LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: "4.º) Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia." Y es hecho incontrovertido, por ser reconocido por ambas partes y en concreto por el acusado, que éste y D.ª Gracia habían sido pareja sentimental estable desde hacía siete años, y que, aún cuando había cesado entre ellos la convivencia en el mes de mayo anterior, aún seguían viéndose y manteniendo relaciones esporádicas, durante una de las cuales se produce la agresión que tiene, por ello, dicho contexto relacional como elemento facilitador, para él, de la conducta delictiva, y de mayor vulnerabilidad, para ella, que pone fin a la agresión solicitando la ayuda de una vecina, lo que justifica el mayor desvalor del tipo agravado que se aplica.

El delito de quebrantamiento de medida cautelar exige tres elementos del tipo: a) Normativo, consistente en la previa existencia de la norma judicial a quebrantar; b) Objetivo o material, consistente en la acción natural descrita por el verbo quebrantar; y c) Subjetivo, consistente en el ánimo de hacer ineficaz la medida, con el pleno conocimiento de ésta y de que por tanto se estaba burlando la decisión judicial. Requisitos que concurren en este caso, puesto que, como apuntábamos en el fundamento precedente, el acusado tenía pleno conocimiento tanto de la existencia de la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio, impuesta por la resolución judicial, como de las posibles consecuencias en que podía incurrir, al vulnerarla, dado que en ambas misivas se justifica diciendo que conoce que actúa contra lo establecido por el Juez, pero se comunica con ella para pedirle que le saque de la cárcel, y que le ayude a resolver los distintos problemas que le plantea su ingreso en prisión porque, según le dice, no tiene a nadie más que a ella.

Consecuentemente, no cabe sino estimar que nos encontramos ante dos quebrantamientos sucesivos como consecuencia del envío de dos cartas desde el centro penitenciario a Gracia, y que, por ello, deben considerarse como un único delito continuado, por cumplirse las previsiones establecidas en el artículo 74 del Código Penal.

Tercero.-De los expresados delitos resulta responsable, en concepto de autor, el acusado, al haber realizado directa, material y voluntariamente, cuantos elementos integran ambos tipos penales, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 27 y 28 del Código Penal, conforme a lo precedentemente expuesto..

Cuarto.-Respecto de la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, no estimamos que concurra ninguna de las invocadas, de forma genérica, respecto del delito de quebrantamiento de medida cautelar, dada su específica naturaleza, por lo que las consideraciones siguientes habrán de entenderse referidas, exclusivamente, respecto del delito de lesiones agravadas.

Alega, en primer lugar, la defensa la existencia de una atenuante sustentada en la consideración de que concurre, como eximente incompleta, la legítima defensa porque, según refiere, habría sido agredido por la Sra. Gracia, limitándose él a defenderse, lo que no puede admitirse.

Es cierto que cuando dos días después de los hechos fue examinado por la Médica Forense, presentaba un hematoma en cada uno de los antebrazos, y en la parrilla costal izquierda, así como una erosión en la rodilla derecha y que refería parestesias y dolor en las muñecas ocasionadas por las esposas, por las que, además de no haberse interrogado por la defensa a Doña. Esther, no pueden evidenciar una agresión, puesto que no guardan correspondencia con las plurales y ciertamente destacadas lesiones que presentaba ella, y obvian que, conforme quedó acreditado a través de los diferentes interrogatorios de los testigos y del propio acusado, opuso una tenaz resistencia a la acción de los agentes de policía, que tuvieron que reducirle para poder proceder a su detención.

Por lo que se refiere a la circunstancia atenuante de reparación del daño, hemos de recordar, con carácter previo que la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de enero de 2007, al expresar la doctrina acerca de la aplicación de esta atenuante indica que "esta Sala de forma pacífica y reiterada que el art. 21.5.ª C.P considera circunstancia atenuante la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.

El fundamento de la atenuación se ha encontrado generalmente en la satisfacción de las necesidades de tutela de la víctima del delito. Si claramente es precisa una reacción del Estado ante los ataques dirigidos contra los bienes jurídicos que se consideran más necesitados de protección, no menos conveniente resulta atender a la víctima de tales ataques, estableciendo las vías adecuadas para la restitución de las cosas al estado anterior al delito o, de no ser posible, para la reparación del daño o la indemnización de los perjuicios causados.

Así ha dicho en la STS núm. 1517/2003, de 18 noviembre que esta circunstancia, "por su fundamento político criminal se configura como una atenuante "ex post facto", que no hace derivar la disminución de responsabilidad de una inexistente disminución de la culpabilidad por el hecho, sino de la legítima y razonable pretensión del Legislador de dar protección a la víctima y favorecer para ello la reparación privada posterior a la realización del delito".

Más adelante, esta misma sentencia señala que "como se ha expresado por la jurisprudencia de esta Sala (Sentencia núm. 285/2003, de 28 de febrero, entre otras), lo que pretende esta circunstancia es incentivar el apoyo y la ayuda a las víctimas, lograr que el propio responsable del hecho delictivo contribuya a la reparación o curación del daño de toda índole que la acción delictiva ha ocasionado, desde la perspectiva de una política criminal orientada por la victimología, en la que la atención a la víctima adquiere un papel preponderante en la respuesta penal.

Para ello resulta conveniente primar a quien se comporta de una manera que satisface el interés general, pues la protección de los intereses de las víctimas no se considera ya como una cuestión estrictamente privada, de responsabilidad civil, sino como un interés de toda la comunidad". En el mismo sentido la STS núm. 1643/2003, de 2 de diciembre y la STS núm. 285/2003, de 28 de febrero, entre otras.

Por lo tanto, son principalmente razones de política criminal orientadas a la protección de las víctimas de toda clase de delitos, las que sustentan la decisión del legislador de establecer una atenuación en la pena en atención a actuaciones del autor del delito, posteriores al mismo, consistentes en la reparación total o parcial, aunque siempre ha de ser significativa, del daño ocasionado por la conducta delictiva."

Estas consideraciones sobre el fundamento de la atenuación se corresponden con la desaparición, en su formulación legal, de elementos subjetivos referidos al arrepentimiento del autor, que la jurisprudencia anterior al nuevo Código Penal ya había ido abandonando progresivamente y, aplicadas al supuesto que se examina, deben llevarnos a estimar su concurrencia, por cuanto que consta acreditado en la causa que, con fecha 29 de octubre de 2009, y antes, por tanto, de la celebración del juicio oral, que tiene lugar el día 15 de marzo de 2010, e, incluso, de la calificación de la causa por parte de las acusaciones, consigna, en la cuenta de este Tribunal, en concepto de aseguramiento de las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de la presente causa, la suma de 6.000 euros, coincidente con la cantidad fijada en el Auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer para garantizar las responsabilidades civiles que, en definitiva, pudieran declararse.

En todo caso, nos encontramos ante la concurrencia de una única circunstancia de carácter simple, y ello, tan sólo en relación con el delito de lesiones, determinando, conforme a lo dispuesto en el artículo 66.1.1.ª del Código Penal, la imposición de la pena correspondiente a dicho delito en su mitad inferior.

Quinto.-La individualización de la pena, a tenor de lo razonado y las circunstancias concurrentes, deberá concretarse en la imposición de la correspondiente a los dos delitos objeto de punición en su mínima extensión posible, dado que no existen circunstancias adversas en la persona del acusado, ni se aprecia una especial gravedad en los hechos cometidos (art. 66.1.6.ª del Código Penal), teniendo en cuenta que, dado el carácter de continuado del delito de quebrantamiento de medida cautelar, la pena mínima a imponer ha de ser el límite inferior de su mitad superior, esto es, la de nueve meses y un día de prisión.

Respecto de las penas establecidas en los artículos 57 y 48 del Código Penal, procede, igualmente, imponer las prohibiciones de aproximación y comunicación solicitadas, por tiempo de cuatro años.

Sexto.-Las costas del juicio serán impuestas, por imperativo del artículo 123 del Código Penal, a los penalmente responsables del delito o falta.

Por lo que se refiere a las costas de la acusación particular, es jurisprudencia reiterada la que establece la obligatoriedad de la inclusión en la condena en costas de las originadas a la víctima o perjudicado por el delito, que se persona en las actuaciones en defensa de sus intereses y en ejercicio de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y a la asistencia letrada, y que constituye, en consecuencia, la aplicación última al proceso penal del principio de la causalidad, como destaca la doctrina procesal. El efecto de este principio es el resarcimiento por el condenado, declarado culpable del acto delictivo que causó el perjuicio, del gasto procesal hecho por la víctima en defensa de sus intereses, salvo cuando la intervención de ésta haya sido notoriamente superflua, inútil o gravemente perturbadora, o también cuando las peticiones fueren absolutamente heterogéneas con las del Ministerio Fiscal.

En consecuencia, sólo cuando deban ser excluidas procederá el razonamiento explicativo correspondiente, en tanto que en el supuesto contrario, cuando la inclusión de las costas de la acusación particular haya de ser tenida en cuenta, el Tribunal no tiene que pronunciarse sobre la relevancia de tal acusación.

Por otra parte, y tal como establece el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su apartado 2.º, las costas de los declarados absueltos deberán declararse de oficio. Ello conlleva que, al desestimarse la pretensión de condena por seis de los ocho delitos por los que se formulaba la acusación, deberán declararse de oficio las seis octavas partes de las costas causadas.

Séptimo.-Asimismo, y, conforme a lo dispuesto en el art. 109 del Código Penal, el condenado por un delito o falta deberá reparar los daños y perjuicios por él causados, devengando, en tal caso, las indemnizaciones pecuniarias que se fijen, el interés legal previsto en el art. 576.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En todo caso, es criterio constante y reiterado de esta Sala el entender como más adecuado, a falta de una valoración específica concreto, cuando se den circunstancias particulares que aconsejen determinarlo siguiendo otro procedimiento, debiéndose añadir, además, que es el derivado del Acuerdo de la Junta de Magistrados del orden penal de esta Audiencia Provincial de fecha 29 de mayo de 2004, el de asumir la aplicación por analogía de los criterios de valoración contenidos en el Baremo que figura como Anexo en la Ley Sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, y cuya concreta cuantía habrá de determinarse, teniendo en cuenta la última actualización publicada por Resolución de 31 de enero de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, vigentes durante el año 2010, también respecto de las infracciones penales intencionadas, aunque, en estos casos, las indemnizaciones resultantes deberán ser incrementadas para los casos normales en un porcentaje proporcional a las circunstancias concretas, y que puede situarse entre un 10 y un 30 por ciento de aumento.

En este caso, ambas acusaciones han coincidido en las cuantías solicitadas como indemnización por tal concepto, para la víctima, pero lo han hecho teniendo en consideración el conjunto de los hechos objeto de acusación, interesando las sumas de 10.200 euros por las lesiones, y de 12.000 euros más, por las secuelas.

Concretados los conceptos indemnizatorios a las lesiones y secuelas derivadas de los hechos perpetrados el día 27 de enero de 2008, objeto de condena, habremos de fijar el importe de tales lesiones, con arreglo al criterio enunciado, en la suma de 4.000 euros por las lesiones, y de 1.300 euros, más, por las secuelas.

Octavo.-No resulta procedente acceder al requerimiento condicional al acusado del cumplimiento de las penas de prohibición de aproximación y comunicación impuestas, que no resulta conforme con el principio de seguridad jurídica y las disposiciones que regulan la ejecución de sentencias condenatorias en las causas por delito establecidas en los artículos 985 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Sí debe estimarse, en cambio, la petición articulada por la acusación particular sobre el mantenimiento de las medidas cautelares de prohibición de aproximación y comunicación del acusado respecto de la víctima y su seguimiento mediante el dispositivo telemático implantado, acordadas en nuestro Auto de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, durante la tramitación de los eventuales recursos que pudieren interponerse contra la presente sentencia.

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación,


FALLAMOS


 
Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS a Ismael, como autor responsable de un delito de lesiones agravadas por la relación de pareja con la víctima, ya definido, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de reparación del daño causado, a la pena de dos años de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y con la prohibición de aproximarse a Gracia, a su domicilio, lugar de trabajo o de cualquier otro en que pudiera encontrarse, estableciendo, al efecto, una distancia mínima de 500 metros, por tiempo de cuatro años, y de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar, ya definido, sin la concurrencia de ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, a la pena de nueve meses y un día de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al pago de las dos octavas partes de las costas de este procedimiento, incluidas las de la acusación particular, y a que indemnice a Gracia, en las sumas de CUATRO MIL EUROS (4.000,00 €) por las lesiones causadas, y de MIL TRESCIENTOS EUROS (1.300,00 €) más, por las secuelas, devengando tales cantidades un interés anual igual al del legal del dinero, incrementado en dos puntos, desde la fecha de la presente resolución hasta la de su total cumplimiento.

Y que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS libremente al acusado de otro delito de lesiones graves, de tres delitos de maltrato constitutivo de violencia de género, de un delito de agresión sexual constitutivo de violación, y de un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar, de que también venía siendo acusado en este procedimiento, declarando de oficio las otras seis octavas partes de las costas causadas.

Para el cumplimiento de la pena impuesta, será de abono al condenado la totalidad del tiempo que permaneció privado de libertad cautelarmente por esta causa.

Esta sentencia, no es firme. Contra ella cabe interponer recurso de casación, que habrá de prepararse, en la forma prevista por los artículos 854 y 855 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dentro de los cinco días siguientes a su última notificación escrita.

Se mantienen las medidas cautelares adoptadas durante la presente causa durante la tramitación de los eventuales recursos que pudieren interponerse contra esta sentencia

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las demás partes procesales.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala, y se anotará en los Registros correspondientes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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