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Sentencia T.S.J. Canarias 278/2010 de 22 de octubre


 RESUMEN:

Sanidad: Responsabilidad patrimonial. Consentimiento informado. Errónea apreciación de la prueba. Ocultación de que el supuesto especialista que atendió no tiene habilitación para ejercer legalmente la especialidad. Vicia el consentimiento prestado por el paciente. Vulneración de los derechos del paciente. No cabe hablar de un derecho del recurrente a la asistencia por un especialista sino a un tratamiento adecuado a las circunstancias del caso. No hubo negligencia alguna en la atención médica dispensada al recurrente.

SENTENCIA

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de octubre de 2.010.

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas, el presente recurso n.º487/2.009, apelación, en el que son partes, como apelante, Jose Francisco, representado por la Procuradora Sra. Ramírez Jiménez, siendo parte apelada el Servicio Canario de Salud, representado por la letrada de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, versando el litigio sobre impugnación de sentencia desestimatoria de recurso contra resolución presunta del Servicio Canario de Salud denegando la reclamación de responsabilidad patrimonial efectuada por el recurrente.


ANTECEDENTES DE HECHO.


 
Primero.-Mediante sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Las Palmas de fecha 15 de junio de 2.009 se desestimó la reclamación interpuesta por la representación de Jose Francisco contra la resolución del Servicio Canario de Salud citada en el encabezamiento del presente fallo.

Segundo.-Frente a tal resolución desestimatoria se interpuso recurso de apelación por la Procuradora Sra. Ramírez Jiménez en representación de Jose Francisco, interesando la revocación de la misma y la estimación del recurso deducido en primera instancia.

Tercero.-Por su parte, la administración apelada se opuso al recurso deducido de contrario interesando su desestimación.

Cuarto.-Finalizado el periodo probatorio se trajeron los autos a la vista con citación de partes para sentencia, con señalamiento del día veintidós de octubre del presente año para votación y fallo, habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Jaime Borrás Moya, que expresa el parecer unánime de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO.


 
Primero.-La cuestión a discernir en el presente procedimiento consiste en determinar si la resolución desestimatoria antes indicada del Juzgado número tres en relación con la pretensión del recurrente de que se trata es o no ajustada a derecho, alegando la apelante que dicha sentencia se basa en la errónea apreciación de la prueba ya que la ocultación al Sr. Jose Francisco del hecho de que el supuesto especialista que le atendió no tiene habilitación para ejercer legalmente la especialidad vicia el consentimiento prestado por el paciente, alegando igualmente que el informe elaborado ad hoc por el jefe de la unidad de mano del Hospital Insular ni siquiera dice que se le hubiera consultado el caso del Sr. Jose Francisco ni que la unidad hubiera aconsejado no intentar el reimplante de, al menos, el dedo pulgar. Asimismo, indicó que la sentencia apelada incurre en incongruencia omisiva por no dar respuesta a la denuncia sobre vicios en el consentimiento informado y vulneración de los derechos del paciente y de la legislación reguladora del ejercicio de las especialidades médicas formuladas en primera instancia.

Segundo.-Debe señalarse primeramente que la parte apelante sostienen su escrito de apelación en base a una errónea apreciación de la prueba ya que no se tiene en cuenta la existencia del denunciado vicio del consentimiento, incurriendo incluso en incongruencia, indicando asimismo que la intervención practicada al Sr. Jose Francisco no se ajustó a la lex artis. Ello no obstante, como puso de relieve la administración apelada en su escrito de oposición, siendo también recogido por la sentencia impugnada, no cabe hablar de un derecho del recurrente a la asistencia por un especialista sino a un tratamiento adecuado a las circunstancias del caso, que la Jurisprudencia ha venido repetidamente recogiendo bajo la fórmula de la lex artis en tanto en cuanto el deber del facultativo de actuar con arreglo a la diligencia debida, siendo precisamente la delimitación de dicha cuestión estudiada por la sentencia apelada con argumentos que la Sala comparte, siendo claro que la opinión en contra del apelante no constituye prueba bastante de la existencia del nexo causal igualmente exigido por la Jurisprudencia para dar lugar a reclamaciones como la que nos ocupa, incluso viniendo apoyado por un dictamen médico de parte sobre el que, como acertadamente recoge la sentencia apelada, esta Sala se ha pronunciado en numerosas oportunidades.

Tercero.-En definitiva, a tenor de lo expuesto resulta que la sentencia impugnada desestima correctamente la reclamación del recurrente en primera instancia al no existir vulneración alguna de la repetida lex artis en la intervención que le fue practicada al mismo, por lo que no cabe estimar la alegada apreciación errónea de la prueba, pudiendo traerse a colación la doctrina jurisprudencial que impide la revisión en segunda instancia de la valoración del acervo probatorio efectuada por el Juez a quo excepto en caso de que la misma sea absurda o claramente errónea, cosa que no ocurre ni por asomo en el presente supuesto, sino que, por el contrario, la Sala comparte el punto de vista de la Juzgadora de instancia en orden a que la prueba existente, en especial el informe médico de fecha 11 de diciembre de 2.008, acredita que no hubo negligencia alguna en la atención médica dispensada al recurrente, no pudiendo tampoco alegarse incongruencia de ninguna clase por cuanto la sentencia de instancia sí da respuesta al pretendido vicio del consentimiento al señalar que no es determinante la existencia de título de especialista en el facultativo que atendió al Sr. Jose Francisco, sin perjuicio, lógicamente, de que ello no sea compartido por la parte recurrente. En consecuencia, la Sala considera que por la parte apelante no se acierta a poner de relieve error alguno en la sentencia apelada, por lo que debe reputarse ajustada a derecho la misma, con desestimación del presente recurso de apelación.

Cuarto.-A tenor de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, procede en el presente caso efectuar condena en costas al ser íntegramente desestimada la pretensión de la apelante.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación:


FALLAMOS.


 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de Jose Francisco contra la sentencia del Juzgado número tres a que se refiere el antecedente primero del presente fallo, la cual declaramos ajustada a derecho y confirmamos. Ello con imposición de costas a dicha parte.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de la Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública el mismo día de su fecha, doy fe, en Las Palmas.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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