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Sentencia T.S. 74/1991, (Sala 1) de 5 de febrero


 RESUMEN:

Emplazamiento del demandado: Debe hacerse en el domicilio y el de las personas jurídicas radica en el lugar donde se halla su representación legal. El organismo autónomo puede encomendar su defensa a Abogado del Estado o a Abogado Colegiado. Personación tardía: Indefensión: Provocada por la propia parte que la alega. Reclamación de cantidad: Riesgo de incendio cubierto.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Gijón fueron vistos los autos de juicio declarativo de menor cuantía, promovidos a instancia de la «Empresa Municipal de Transportes Urbanos, S. A.», contra el Consorcio de Compensación de Seguros, sobre reclamación de cantidad.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, por la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de Derecho, que se dictara sentencia condenando a la demandada al pago de la cantidad reclamada, con expresa condena en costas.

Admitida a trámite la demanda y emplazada la parte demandada, el Abogado del Estado se personó fuera del término del emplazamiento, en nombre y representación del Consorcio de Compensación de Seguros.

Por el Juzgado se dictó Sentencia con fecha 20 de junio de 1988, cuya parte dispositiva es como sigue: «Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Joaquín Secades Alvarez, en nombre y representación de la "Empresa Municipal de Transportes Urbanos, S. A.", contra el Consorcio de Compensación de Seguros, que fue representado por el Sr. Letrado del Estado, debo condenar y condeno al demandado a abonar a la actora la cantidad que reclama por un total de 19.803.716 pesetas, devengando esta cifra los intereses previstos en el art. 921 de la L.E.C. El condenado satisfará el total de las costas causadas.»

Segundo.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, que fue admitido y sustanciada la alzada la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Oviedo, dictó Sentencia con fecha 30 de noviembre de 1988, cuyo fallo es como sigue: «Se desestima el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio de Compensación de Seguros contra la Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Gijón, confirmando dicha resolución, y con expresa imposición de las costas a la parte recurrente.»

Tercero.-El Abogado del Estado, en nombre y representación del Consorcio de Compensación de Seguros, formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:

Motivo primero: Bajo la tutela procesal del núm. 3.° del art. 1692 de la L.E.C, por quebrantamiento de las normas reguladoras que siguen los actos y garantías procesales, por haberse producido indefensión, al vulnerarse los arts. 24.1 de la CE. y 5.1 y 7.3 de la L.O.P.J.

Motivo segundo: Bajo la tutela procesal del núm. 4.º del art. 1.692, por error en la apreciación de la prueba que demuestran la equivocación del Juzgador.

Cuarto.-Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día 22 de enero de 1991, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don José Almadro Nosete.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La sentencia impugnada condena al Consorcio de Compensación de Seguros, organismo estatal autónomo, que goza de plena personalidad jurídica y capacidad para el cumplimiento de sus fines, a indemnizar a la «Empresa Municipal de Transportes Urbanos, S. A.», de Gijón, por los daños causados en autobuses de su propiedad, originados por siniestros consistentes en incendios intencionados de los mismos ocurridos durante los días 11 de septiembre de 1984, 19 de enero y 1 de febrero de 1985, en el curso de incidentes y disturbios, de clara significación político-social, protagonizados por grupos de trabajadores que protestaban contra la reconversión de algunos sectores industriales. Resulta probado que, al tiempo de los referidos incidentes, la actora-recurrida pagaba una sobreprima especialmente pactada para atender a la cobertura de los riesgos derivados de daños producidos «por hechos de carácter político-social, motines, alborotos, tumultos populares... y, en general, los daños debidos a cualquier causa de carácter extraordinario, no susceptible de cobertura mediante póliza ordinaria», de conformidad con la póliza suscrita por la expresada empresa de transportes urbanos de viajeros y la empresa aseguradora «Layetana, S. A.». El Sr. Abogado del Estado, con la representación procesal y defensa del mencionado consorcio, interpuso el presente recurso, fundándose en la concurrencia de vicios in procedendo y vicios in indicando por error en la valoración probatoria que en uno u otro caso invalidan, a su juicio, la sentencia de instancia.

Segundo.-El primer motivo de casación se apoya, concretamente, bajo la tutela procesal del núm. 3.° del art. 1.692 de la L.E.C, en el quebrantamiento de las formas esenciales por infracción «de las normas reguladoras que rigen

los actos y garantías procesales», de manera que entiende se ha producido 74 indefensión a su parte, por lo que estima vulnerados los arts. 24.1 de la Constitución y 5.1 y 7.3 de la L.O.P.J. Las normas, que según la parte que recurre no se aplicaron debidamente, con el resultado de indefensión que señala, fueron el art. 447 de la L.O.P.J., en relación con los arts. 8.° del Decreto-ley de 21 de enero de 1925, Estatuto de la Dirección General de lo contencioso, y art. 56 del Reglamento Orgánico de la misma Dirección General de 27 de julio de 1943. Según la tesis del recurrente, la entidad demandada debió ser emplazada en Asturias, e indica como lugar idóneo al respecto el despacho oficial del Abogado del Estado, y no el domicilio o sede social o dirección de la entidad radicada en Madrid, que fue donde se hizo el emplazamiento para personarse y contestar a la demanda; de tal supuesta falta procesal deduce que los efectos subsiguientes a la personación tardía son constitutivos de indefensión. Olvida, sin embargo, el recurrente, conforme establecen los razonamientos jurídicos de la sentencia de instancia, que, cumpliendo con lo prevenido en los arts. 681 y 683 de la L.E.C., el emplazamiento del demandado debe hacerse en su domicilio, a cuyo efecto el art. 41 del C.C. indica que el domicilio de las personas jurídicas radica en el lugar donde se halla su representación legal. Estas normas, de alcance general, no están turbadas en el caso presente por ninguna norma especial, pues la recta interpretación del art. 447.1 de la L.O.P.J., que en su favor invoca el recurrente, conduce a reforzar el razonamiento opuesto. En efecto, la representación a que se refiere dicho artículo no es otra que la procesal, esto es, la determinativa de la eficaz postulación, de suerte que el Abogado del Estado cuando actúa en defensa del Estado, o de sus organismos autónomos, suma y ejerce las funciones de representación del ente litigante y su defensa, pero puede suceder -y la norma previene el supuesto- que el organismo autónomo en cuestión encomiende su defensa, no al Abogado del Estado, sino a Abogado colegiado, especialmente designado al efecto, de acuerdo con lo que reglamentariamente se disponga, problema de orden interno a resolver o decidir, según sus facultades, por la Junta de Gobierno u órgano rector de dirección o administración de aquel organismo. Esta doble posibilidad arguye claramente que el domicilio del emplazamiento no puede ser el del Abogado del Estado, sino el de la entidad en cuestión.

Tercero.-Practicada la diligencia de emplazamiento en el citado domicilio del Paseo de la Castellana, núm. 44, de Madrid, cabe considerar, también, que desde tal domicilio había dado antes el Consorcio respuesta, por cierto estimatoria de la reclamación formulada, a la Gerencia de la «Empresa Municipal de Transportes», con fecha 16 de abril de 1986, como, asimismo, con fecha posterior, la de 17 de diciembre de 1986, comunicó la anulación del acuerdo ya firme, y que fue también el domicilio que constaba indicado para agotar la vía administrativa, por la propia resolución que denegó la reclamación previa al ejercicio de la acción civil y, sede y lugar, finalmente en el que se presentó la última reclamación previa, compendiosa de los distintos siniestros cuyo montante de daños es objeto de esta litis. Es decir, el referido domicilio fue aceptado pasiva y activamente por el Consorcio de Compensación de Seguros, no sólo como destinatario de las reclamaciones que contestaba, sino como sujeto de las notificaciones que hacía al proclamar en el membrete del papel que utilizaba la dirección que antes se reseñó.

Cuarto.-Aún más, el Abogado del Estado mantiene en estas actuaciones que tuvo conocimiento formal de la demanda el día 8 de febrero de 1988, pero admite que por télex de fecha 18 de enero de 1988 ya se había comunidado al Letrado del Estado Jefe del Servicio Jurídico del Estado en Oviedo la existencia del pleito de referencia, lo cual significa, teniendo en cuenta que el acto de emplazamiento por cédula se realizó el día 11 de enero, la palmaria comprobación de que al Consorcio de Compensación de Seguros debe tenérsele por bien notificado en tiempo y forma, pues otra cosa es la diligencia desplegada por la entidad demandada para hacer llegar dentro del plazo de veinte días concedido los documentos oportunos y llevar a cabo las gestiones precisas para su defensa.

Quinto.-Los razonamientos anteriores conducen a la inevitable conclusión de la improsperabilidad del motivo, pues mal puede esgrimirse en favor de la pretendida indefensión una conducta procesal morosa o negligente en la liberación activa de las cargas que imponen las normas. La noticia litis llegó tempestiva y oportunamente al organismo demandado por medio del acto judicial legalmente prevenido de emplazamiento, efectuado en el domicilio legal, reconocido, además, por el mismo. De aquí que huelga, en este caso, considerar cualquier vulneración constitucional, pues, efectivamente, no deja de observarse el art. 5.1 de la L.O.P.J. que, al recordar el carácter de norma suprema de la Constitución y las vinculaciones que genera, ordena a los jueces y tribunales que interpreten y apliquen las leyes y reglamentos de acuerdo con la misma y conforme con la doctrina constitucional, que, justamente, es lo que hacernos al rechazar la pretendida indefensión, que nunca puede aprovechar al litigante que por actos a él imputables pierde o no utiliza las oportunidades procesales que en régimen de igualdad o contradicción ofrecen las normas, ya que lo contrario conduciría a colocar en situación de verdadera indefensión a la otra parte, razonamientos que son, también, aplicables a las exigencias que dimanan para los Tribunales del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3.º del art. 7.° de la mencionada Ley Orgánica.

Sexto.-Con el mismo carácter desestimatorio debe esta Sala rechazar las restantes consideraciones acumuladas por el recurrente al amparo del mismo motivo, al mantener que por «encima de una norma procedimental» debe primar el fin primordial de que los derechos sean efectivamente tutelados por los Tribunales, pues no se puede desconocer que estas normas constituyen garantías establecidas en beneficio precisamente del ejercicio de los derechos. En consecuencia, no es de extrañar que el llamado por el recurrente «cúmulo de recursos» planteados por la representación del Estado contra las providencias que denegaron la posibilidad de alegar y proponer pruebas, así como los de apelación contra las resoluciones desestimatorias de fas apelaciones, no alcanzaran éxito, pues el efecto principal, una vez declarada la rebeldía, de la personación tardía es precisamente, según el art. 766 de la L.E.C., que no se pueda retroceder en la sustanciación del pleito, por lo que mal cabía una restitución del período probatorio, institución que, aunque fue conocida en nuestro Derecho histórico y llegó hasta las Leyes recopiladas, no subsiste, promulgada la L.E.C. Sin embargo, la nueva oportunidad suscitada, en segunda instancia, por aplicación del art. 767 de la L.E.C, no fue utilizada, pues como reconoce en el escrito de alegaciones el recurrente, escrito sustitutivo de la vista, la prueba de que pretendía valerse el recurrente era la misma practicada a instancia de la parte contraria, lo que hizo innecesaria la petición en tal sentido. Finalmente, resultan también rechazables las nulidades que se dicen cometidas, según refleja el penúltimo párrafo del escrito del recurso por referencia genérica a los arts. 238 a 240 de la L.O.P.J., no aclaradas tampoco suficientemente en el acto de la vista. Baste considerar al respecto que la diligencia de emplazamiento por cédula cumple los requisitos esenciales para alcanzar sus fines que, efectivamente, los produjo, aunque con el retraso sólo imputable a la parte, que es eje de estas actuaciones en lo que al primer motivo concierne. La copia de la expresada cédula, unida a las actuaciones, lleva incluso la estampilla del registro oficial de la entidad demandada, con la fecha de la presentación.

Séptimo.-El segundo motivo se plantea al amparo del núm. 4.º del art. 1.692 por error en la apreciación de la prueba que demuestra la equivocación del Juzgador. Según se desprende de la argumentación que sirve de desarrollo al motivo, el documento básico obrante en autos a efectos de valorar el error es la póliza de seguros, en cuanto determinadas cláusulas de la misma, especialmente la referida a la descripción de riesgo, ponen de relieve el pretendido error. Debe decirse, con carácter previo, que, según reiterada jurisprudencia de esta Sala, bajo el ordinal 4.º del art. 1.692 se cobija el antiguo concepto «error de hecho», matizado ahora por las circunstancias que impone la nueva redacción del mismo, dada por Ley 34/1984, mientras que el «error de derecho» según la misma jurisprudencia debe tratarse con apoyo en el ordinal 5.º del mismo artículo como tal infracción jurídica directa. No cabe, desde luego, admitir que se haya producido ningún «error de hecho» en el presente caso, pues ni el documento ha sido omitido en su valoración ni del documento resulta un contenido que haya sido alterado o indebidamente transcrito al establecerse las resultancias probatorias, ya que la Sala sentenciadora no ignora ni trastrueca las cláusulas contractuales en cuestión, sino que, en uso de sus poderes, las interpreta para llegar a conclusiones que no coinciden con las de la parte recurrente. Por tanto, más que el «error de hecho» que ampara la denuncia de este ordinal, debería haberse combatido, dentro de los límites que permite la jurisprudencia de esta Sala, la interpretación contractual, aunque tal esfuerzo, presumimos, hubiera resultado estéril, pues de ningún modo pueden considerarse ilógicas o arbitrarias las consecuencias a las que se llegan. La póliza establece, en efecto, que la cobertura de los riesgos se extiende a «vehículos en reposo»... (y enumera una serie de sitios: locales, dependencias, talleres y garajes de la entidad contratante) o «en cualquier otro lugar», concepto amplio que, desde luego, excluye cualquier incendio derivado del hecho de la circulación del vehículo (circunstancias en que ciertamente no se produjeron los hechos), pero incluye los incendios cuando el vehículo no esté circulando, esto es, en reposo. De aquí, que atendiendo, además, a las obligaciones legales que incumben al Consorcio y a la naturaleza y origen de los daños, producidos por hechos de carácter político-social, junto a la prohibición de contratar los riesgos cubiertos por el Consorcio en forma distinta a la prevista por el Reglamento, la Sala de Instancia entienda que la discusión sobre si los autobuses estaban o no en reposo carece de especial significación, puesto que los hechos que originaron los siniestros estaban contemplados sin limitación alguna por el Reglamentó de la entidad, criterio al que no debió ser ajeno, con anterioridad a los pronunciamientos judiciales, la propia entidad recurrente que admitió, previas reclamaciones y recursos administrativos, su responsabilidad, ordenando incluso la tasación de los daños, si bien más tarde, de manera harto inexplicable y de cuestionada legalidad, anulara su primitivo acuerdo, dando causa a este proceso civil. Por todas estas razones, procede, también rechazar este segundo motivo.

Octavo.-Desestimados ambos motivos, procede la declaración de no haber lugar al recurso, y de acuerdo con lo prevenido en el párrafo 2.º del núm. 4.° del art. 1.715 de la L.E.C., esta sentencia debe imponer las costas al recurrente, sin que haya lugar a declarar la pérdida del depósito, al no haberse constituido el mismo por imperativo legal.

Por lo expuesto, en nombre de S.M. del Rey, y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución,

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Sr. Abogado del Estado, en representación del Consorcio de Compensación de Seguros, contra la Sentencia dictada con fecha 30 de noviembre de 1988, por la extinta Audiencia Territorial de Oviedo, en recurso de apelación contra Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Gijón, Autos núm. 726/1987, en juicio de menor cuantía sobre reclamación de cantidad, instado por la «Empresa Municipal de Transportes Urbanos, S. A.», con expresa imposición de las costas causadas en el presente recurso, y líbrese a la Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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