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Sentencia T.S. 78/1991, (Sala 1) de 6 de febrero


 RESUMEN:

Filiación no matrimonial: Aunque se incorpore tardíamente el Ministerio Fiscal, queda subsanada la omisión producida en principio. El Ministerio Fiscal en proceso de filiación tiene misión de informante, dictaminador y garante del proceso pero no es parte procesal. Legitimación activa: Representante legal del menor o el Ministerio Fiscal. No se exige la intervención del menor. Negativa a someterse a pruebas biológicas: No implica una ficta confessio pero sí supone un valioso indicio puesto en relación con los demás medios de prueba.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La Procuradora doña Lourdes Crespo Toral, en representación de doña Elsa, formuló, ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de León, demanda de juicio declarativo de menor cuantía, contra don Ignacio, siendo parte el Ministerio Fiscal, sobre acción de filiación no matrimonial, estableciendo en síntesis los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, para terminar suplicando se dicte sentencia por la que se declare que la niña María Milagros es hija no matrimonial del demandado don Ignacio, con todos los efectos y consecuencias legales que de tal declaración se deriven, condenando al demandado a estar y pasar por todo ello, e imponiéndole las costas del procedimiento, y acordar que una vez que sea firme la sentencia se proceda a inscribir en el Registro Civil de Urdíales del Páramo, sección 1.ª, tomo 29 y páginas 131 y 132, donde consta inscrito el nacimiento de la mencionada menor, como padre de dicha niña al demandado don Ignacio, y llevar dicha menor los apellidos del padre por el orden legal procedente, juntamente con los de la madre, es decir, Concepción, librando para ello el oportuno despacho. Admitida la demanda y emplazado el demandando antes mencionado, compareció en los autos en su representación el Procurador don Ildefonso del Fueyo Alvarez, que contestó a la demanda, oponiendo a la misma en base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, para terminar suplicando se dictase sentencia por la que se desestimase íntegramente la demanda en base a las excepciones de forma y fondo planteadas, con imposición de las costas a la actora. Convocadas las partes a la comparecencia establecida en el art. 691 de la L.E.C., ésta se celebró el día señalado, con asistencia de las partes sin avenencia. Recibido el pleito a prueba se practicó las que propuestas por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las pruebas practicadas se convocó a las partes a comparecencia, poniéndolas mientras tanto las pruebas de manifiesto en secretaria para que hicieran un resumen de las mismas, lo que verificaron en tiempo y forma, quedando los autos en poder del señor Juez para dictar sentencia. Él Sr. Juez de Primera Instancia núm. 4 de León dictó sentencia de fecha 20 de abril de 1988, con el siguiente fallo: «Que con estimación de la demanda interpuesta por la Procuradora doña Lourdes Crespo Toral, en nombre y representación de doña Elsa, contra don Ignacio, que fue representado por el Procurador don Ildefonso del Fueyo Alvarez, debo declarar y declaro que la niña María Milagros es hija no matrimonial de don Ignacio, con todos los efectos y consecuencias legales que de tal declaración se deriven. Que debo condenar y condeno al demandado a estar y pasar por tal declaración y, consecuencias, a quien impongo las costas del procedimiento.»

Segundo.-Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de Primera Instancia por la representación de don Ignacio, y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid dictó Sentencia de fecha 13 de diciembre de 1988, con la siguiente parte dispositiva: Fallamos: «Con expresa imposición al apelante de las costas de esta instancia, se desestima el recurso de apelación interpuesto por don Ignacio, contra la Sentencia dictada por el limo. Sr. Juez de Primera Instancia núm. 4 de los de León con fecha 20 de abril de 1988, aclarada por auto de fecha 25 de abril del mismo año, en los autos de donde el presente recurso dimana.»

Tercero.-El día 15 de febrero de 1989, el Procurador don Francisco Alvarez del Valle García, en representación de don Ignacio, ha interpuesto recurso casación contra sentencia pronunciada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid (hoy, Provincial), con apoyo en los siguientes motivos. 1.º Por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 1692.3.° de la L.E.C., al conculcarse lo dispuesto en el art. 533.6.° en relación con los arts. 524 y 542 de la Ley procesal por omitir el demandante traer al proceso como parte al Ministerio Fiscal. 2.º Al amparo del núm. 5 del art. 1692, por considerar que la sentencia recurrida infringe, por inaplicación, el art. 154.2.º del C.C. y concordantes al no haber sido oida en el procedimiento la menor, cuya filiación no matrimonial se pretende en la demanda. 3." Al amparo del núm. 5 del art. 1962 de la L.E.C., por considerar que la sentencia recurrida viola el art. 135 del C.C, por aplicación indebida, ya que no existiendo prueba directa de la generación no existen otros hechos de los que se infiera la filiación, lo cual entraña también violación, por inaplicación, del art. 1254 del C.C, sobre requisitos de las presunciones no establecidas por la Ley para que sean apreciables como medios de prueba. 4.º Al amparo del núm. 5 del art. 1692 de la L.E.C., por considerar que la sentencia recurrida viola, por inaplicación, lo dispuesto en los arts. 533.6.°, 524 y 542 de la Ley procesal civil, el art. 435 de la L.O.P.J., los arts. 3, 6 y 7 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el art. 92 de la L.R.C., al no haberse traído al procedimiento como demandado al Ministerio Fiscal.

Cuarto.-Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, se señaló 78 para la celebración de vista el día... de enero de 1991.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Antonio Fernández Rodríguez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Por afectar en esencia al mismo problema, procede examinar conjuntamente los motivos primero y cuarto en que se basa el recurso de casación interpuesto por don Ignacio con prelación a los motivos segundo y tercero en que el mismo recurso se sustenta.

Segundo.-Formulados dichos motivos primero y cuarto, respectivamente, al amparo del núm. 3.° del art. 1692 de la L.E.C., por pretendida conculcación de lo dispuesto en el art. 533,6.° en relación con los arts. 524 y 542 de la referida Ley procesal, por omitir la demandante doña Elsa traer como parte al proceso al Ministerio Fiscal, y al amparo del núm. 5.º del citado art. 1692 de la L.E.C., por considerar que la sentencia recurrida viola, por inaplicación, lo dispuesto en los arts. 533,6.°, 524 y 542 de la mencionada Ley de trámites, el art. 435 de la L.O.P.J., los arts. 3, 6 y 7 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el art. 92 de la L.R.C., al no haberse traído al procedimiento como demandado al referido Ministerio Fiscal, la inconsistencia y consiguiente desestimación de ambos motivos surge de tener en cuenta que si ciertamente la demanda iniciadora del juicio de que se trata fue dirigida en principio contra don Ignacio, y no también con relación al Ministerio Fiscal, que tiene preceptiva intervención, conforme a los preceptos legales invocados en los indicados motivos primero y cuarto, en la materia a que se contrae el procedimiento de que se trata, es igualmente de considerar que apreciado tal defecto en la comparecencia prevista en el art. 691 de la expresada L.E.C., celebrada el 5 de junio de 1987, fue subsanado por auto dictado por el órgano jurisdiccional de primera instancia mediante Auto de 8 del mismo mes de junio de 1987, en el sentido de acordar dar traslado al Ministerio Fiscal de la indicada demanda, convalidando las diligencias hasta entonces realizadas, con posposición del período de prueba al momento en que constase en el procedimiento aquella intervención, trámite que fue cumplimentado el 9 del precitado mes de junio de 1987, y que determinó la comparecencia en el procedimiento en cuestión del referido Ministerio Fiscal a medio de escrito de 26 de junio de 1987, contestando a la demanda interpuesta por la precitada doña Elsa contra don Ignacio, y dando por subsanado el defecto procesal apreciado por no dársele intervención en el procedimiento entablado en la expresada demanda, solicitando, además, se diese al procedimiento el trámite legal correspondiente, con recibimiento a prueba, y se dictase en su día la correspondiente resolución desestimando la demanda si no se acreditasen los hechos alegados en la misma, con lodo lo cual evidentemente se ha dado adecuado cumplimiento a la exigencia procesal de que el asunto en cuestión, referente a la pretensión de filiación extramatrimonial de la menor María Milagros, tuviese intervención el tan repetido Ministerio Fiscal, tanto porque precisamente la comparecencia prevenida en el art. 591 de la Ley de trámites civil, puesto en relación con el núm. 3.° del art. 593 de la misma Ley, da margen adecuado para que el Juez, cual ha sucedido en el presente caso, subsane todo defecto de que pudieran adolecer los correspondientes escritos expositivos, o salvar la falta de algún presupuesto o requisito del proceso que se haya aducido por las partes o se aprecien de oficio, como es el indicado de no haberse solicitado en la demanda rectora del proceso en cuestión la intervención del Ministerio Fiscal, cuanto debido a que, como ya ha tenido ocasión de declarar esta Sala, y de ello es exponente la sentencia de 19 de junio de 1986, cuando, aunque tardíamente, se incorpora al proceso el Ministerio Fiscal, dando por subsanada la omisión que de él se había producido en principio, basta para tener por observada la exigencia dimanante del art. 3, núm. 6, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de 30 de diciembre de 1987, que le asigna el cometido de «tomar parte en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil», y cumplido el requisito de que, para extender asiento contradictorio con el estado de filiación que prueba el Registro, así lo haya dispuesto «sentencia firme dictada en juicio declarativo con audiencia del Ministerio Fiscal», según establece el art. 50 de la Ley Reguladora del Registro Civil, y por satisfecha, en suma, la finalidad que ambos preceptos persiguen; y más en cuanto con ello se evitan dilaciones en la decisión sobre cuestión de tanta trascendencia humana como la que aquí se ventila, y dado que con la intervención del Ministerio Fiscal en el procedimiento entablado, que aceptó con todo su alcance, consecuencias y efectos, en modo alguno se produce indefensión al demandado; aparte que, como tiene declarado esta Sala en sentencia de 3 de marzo de 1988, advertida la falta del Ministerio Fiscal, una vez traído al proceso y con su intervención, queda subsanada la omisión en principio padecida, dado que la misión de aquél en el proceso de filiación es la de informante, dictaminador y garante del proceso, pero sin tener en realidad la condición de verdadera parte procesal.

Tercero.-Tampoco es de estimar el motivo segundo, formulado, al amparo del núm. 5.º del art. 1692 de la L.E.C., por alegada inaplicación del art. 152,2.º del CC. y concordantes, al no haber sido oído en el procedimiento el menor, cuya filiación no matrimonial se pretende en la demanda interpuesta por su madre, doña Elsa, porque si aquel precepto sustantivo determina que «si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten», no tiene más alcance que en lo referente al ejercicio de la patria potestad conferida a los padres en relación con los hijos no emancipados, a que el referido precepto se contrae, y, por tanto, no tiene efecto alguno en cuanto a la reclamación de filiación no matrimonial, cual la ahora planteada, pues que, como previene el art. 129 del C.C., el ejercicio de la acción correspondiente viene atribuida, indistintamente, a su representante legal, que en este caso es la madre demandante, o al Ministerio Fiscal, sin exigencia de intervención en el ejercicio de tal acción del menor a que afecta, al que únicamente, a tenor de lo normado en el párrafo 2° del art. 137 del C.C., le viene atribuida la facultad de impugnar la filiación conferida, cuando como en este caso es menor, dentro del año siguiente de haber alcanzado la mayoría de edad, como ya ha sido reconocido por esta Sala en Sentencia de 5 de febrero de 1990.

Cuarto.-A igual solución desestimatoria es de llegar en lo referente al motivo tercero, formulado, al amparo del núm. 5.º del art. 1692 de la L.E.C., por aducida violación del art. 135 del C.C., por aplicación indebida, dado que, en criterio del recurrente, al no existir prueba directa de la generación, no existen otros hechos de los que se infiera la filiación, lo cual, también en opinión del recurrente, entraña violación, por inaplicación, del art. 1254 del C.C. sobre requisitos de las presunciones no establecidas por la Ley para que sean apreciadas como medios de prueba, pues que, en contra de esa subjetiva apreciación, tiene adecuada prevalencia la objetiva de la Sala que dictó la sentencia recurrida en casación, en virtud de lo apreciado en el orden fáctico en sus fundamentos de derecho como en los que expresamente acepta de la sentencia dictada en fase procesal de primera instancia, que han quedado incólumes en casación, y, por tanto, son vinculantes en ella, al no haber sido desvirtuados, ni tan siquiera intentados desvirtuar, por el cauce o vía de error de la apreciación de la prueba que depara el núm. 4.º del precitado art. 1692 de la L.E.C., y que vienen centrados en la realidad de la existencia de relaciones amorosas desde el año 1967 al 1973 -ambos inclusive- entre la demandante doña Elsa y el demandado don Ignacio, con sostenimiento de relaciones íntimas desde el año 1969 al 1973, quedando embarazada la actora en el mes de octubre de 1973, dando a luz a la niña María Milagros en el mes de julio de 1974, con apreciaciones efectuadas en ocasiones por el aludido demandado, aceptando su paternidad e incluso proporcionando sumas de dinero a la demandante con posterioridad al nacimiento de dicha niña, sin acreditación de que tuviesen causa distinta de la emanante de las relaciones mantenidas con aquélla, unido a la negativa del mencionado don Ignacio a someterse a la práctica de pruebas biológicas a fines de determinación de la paternidad que le es atribuida, claramente está poniendo de relieve evidentes aspectos fácticos conducentes tanto a inferir la filiación reclamada que por modo indirecto establece el art. 135 del C.C., e incluso deducible de un enlace preciso y directo entre las relaciones íntimas producidas durante años entre demandante y demandado y el nacimiento de la niña en cuestión, según las reglas del criterio humano, que por vía de presunciones sanciona el art. 1253 del mencionado C.C., generantes de pruebas analógicas a que alude el citado art. 135, cual ya tiene reconocido esta Sala en Sentencias, entre otras, de 21 de mayo de 1988, 30 de noviembre y 21 de diciembre de 1989 y 19 de enero y 5 de febrero de 1990; y más cohonestando la existencia de las referidas relaciones íntimas producidas entre los tan repetidos demandante y demandado durante años e incluso durante la época en que tuvo lugar el nacimiento de la niña a que afecta la filiación reclamada, con la negativa de dicho demandado a someterse a la prueba biológica encaminada a investigarla, porque, como indican las Sentencias, entre otras, de 19 de junio de 1986, 17 de julio y 14 de noviembre de 1987, 11 de marzo, 21 de mayo, 14 de junio, 3 y 7 de diciembre de 1988 y 15 de marzo de 1990, admitido en nuestro ordenamiento jurídico el principio de investigación de la paternidad, concretamente en el art. 127 del C.C., como consecuencia del principio constitucional consagrado en el art. 39.2 de la CE., con la consiguiente admisión de toda clase de pruebas, incluidas las biológicas, si bien la negativa a someterse a éstas no implica, ni supone, desde luego, una ficta confessio, sí supone un valioso indicio puesto en relación con los demás medios probatorios aportados, revelador de una falta de solidaridad y colaboración a la administración de justicia para determinar derechos de terceros, cual es el hijo cuya filiación se reclama, ciertamente lamentable si se tiene en cuenta el elevadísimo índice de fiabilidad respecto a la determinación positiva de la paternidad en cada caso concreto, aspecto lógicamente cognoscible por el referido demandado dada su profesión de médico, y cuya actitud obstruccionista a su práctica hacen ilusorias las posibilidades que el legislador establece en el art. 24 de la CE. para lograr la tutela efectiva de los derechos legítimos como los de filiación y concretamente el derecho primario del hijo a que se le declare su filiación biológica y significar un evidente ejercicio antisocial del derecho, concretamente rechazado por el art. 7 del C.C., a constatar, puesto en conexión con los demás medios probatorios practicados, y concretamente con la acreditada relación íntima mantenida entre doña Elsa y don Ignacio, incluso en la época en que tuvo lugar el nacimiento de la niña María Milagros, a fines de reconocer la filiación de ésta, dado que, como tiene declarado esta Sala en sentencias de 4 de abril y 19 de junio de 1986, si bien el legislador no ha dictado por el momento norma legal alguna para regular la situación que se produce cuando cualquiera de los involucrados rehusa ponerse a disposición de los peritos, o simplemente permitir que se lleven a cabo sobre su cuerpo las operaciones que son imprescindibles -por mínimas e inocuas que resulten- para el desenvolvimiento y éxito de la pericia, a diferencia de lo que sucede en otros ordenamientos, donde unas veces la negativa injustificada a someterse a la inspección heredobiológica es sancionada con multa disciplinaria y, caso de persistencia, se autoriza el recurso a los apremios directos, especialmente a la conducción por la fuerza, o bien se equipara la negativa a la confesión, o da lugar a la inversión de la carga de la prueba, o se faculta para extraer libremente argumentos de prueba del rechazo injustificado de la parte a consentir la inspección sobre la persona, ese silencio de la legislación española no impide atribuir a la negativa del demandado el valor probatorio de una manifestación del que tuvo relaciones sexuales con la demandante en condiciones que hacían posible la generación de la niña aludida, y que, además, tiene la personal afecta de ser el auténtico padre, porque sólo el temor de que se descubra la verdad biológica, que el sujeto previamente conoce, explica su rechazo a facilitar la práctica de una prueba que le ofrece la oportunidad de desvirtuar la demanda, y que en cuanto que lógicamente conocedor, por su profesión de médico, de la trascendencia de tal medio de prueba, y en consecuencia de su repercusión jurídica, pueda entenderse como significado, unido a las expresadas relaciones íntimas, de una admisión y reconocimiento de hechos perjudiciales, por lo que además, bajo un aspecto, viene corroborado por la apreciación, ya considerada en Sentencias de 14 de julio y 5 de diciembre de 1988, que si ciertamente la persona de la que se postula el reconocimiento de la paternidad es sujeto del proceso, no hay que olvidar que, a su vez, es objeto del mismo, como para los supuestos de negativa de confesión judicial solicitada reconoce el art. 586 de la L.E.C., al prevenir que la negativa a declarar o efectuarlo con respuestas evasivas puede conducir a tener por confeso, y en el cotejo de letras cuando el art. 608 de la mencionada Ley procesal dispone el también tener por confeso en orden al reconocimiento del documento impugnado cuando se produzca negativa a formar cuerpo de escritura a fines de práctica de tal medio de prueba, y, bajo otro aspecto, debido a que el no dar efecto a esa negativa a llevar a cabo pruebas biológicas a fines de determinar filiación, en el ámbito probatorio, puesto en conexión con los demás medios de prueba llevados a cabo, y concretamente con los acreditativos de existencia de relaciones sexuales durante años, incluso en la época de la gestación, de ser afectado por dicha filiación solicitada, tanto supondría llegar al absurdo, y como tal índole rechazable, de establecerse un medio de prueba, expresamente reconocido en el párrafo 1.º del art. 127 de la L.E.C., consecuencia de la posibilidad de la investigación de la paternidad expresamente reconocida en el art. 39.2 de la CE. de 1978, y sin embargo no establecer consecuencia alguna a la obstrucción injustificada a su práctica, afectando a derechos de terceros, cual el hijo, ya que, tanto en el orden procesal como en el sustantivo, resulta ilógico, y por tanto anómalo, no dar efecto alguno a un medio de prueba legalmente reconocido, con evidente olvido que toda actividad probatoria tiende no a hacer ilusorios reconocimientos, sino al logro de realidades prácticas y efectivas encaminadas al logro de la verdad que todo procedimiento judicial entablado tiende a alcanzar.

Quinto.-En consecuencia procede declarar no haber lugar al recurso, con imposición al recurrente don Ignacio de las costas en él causadas y pérdida del depósito constituido, a tenor de lo normado en el párrafo 2.º del num. 4.º del art. 1715 de la L.E.C.

Por lo expuesto, en nombre de S.M. el Rey, y por la autoridad conferida por el pueblo español,

FALLAMOS

Se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por don Ignacio contra la Sentencia dictada, con fecha 13 de diciembre de 1988, por la entonces Sala de lo Civil de la también entonces Audiencia Territorial de Valladolid, en las actuaciones de que se trata, con imposición a dicho recurrente de las costas en dicho recurso causadas y pérdida del depósito constituido; y remítase testimonio de esta sentencia, a los efectos procedentes, al Tribunal Superior de Justicia de Burgos, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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