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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 1) de 31 de enero de 1992


 RESUMEN:

Responsabilidad extracontractual: Daños y perjuicios. Imputación penal con sobresimiento posterior. Presupuestos. Existencia de relación de causalidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-1. El Procurador don Manuel Fernández Hevia, en nombre y representación de don Rubén, interpuso demanda de juicio de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia de Pola de Lena contra don Carlos María, don Jose Luis, don Leonardo, don Clemente, don Jesús Manuel, don Roberto, don Gabino, don Alfonso y don Carlos Antonio, sobre reclamación de cantidad en concepto de indemnización de daños y perjuicios, alegando, en síntesis, los siguientes hechos: Que su representado fue concejal de un Ayuntamiento y mostró su disconformidad sobre determinados hechos en un diario, por lo cual fue querellado por los demandados; que durante dos años se prolongó tal situación provocando en él una situación de inquietud e intranquilidad, habiéndose dictado auto de sobreseimiento en dicho proceso criminal. Alegó a continuación los fundamentos de Derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia «por la que estimando esta demanda, se condene solidariamente a los demandados a pagar a mi representado en concepto de daños y perjuicios la cantidad de diez millones de pesetas (10.000.000) y de indemnización a los mismos, más los intereses legales desde la fecha de la sentencia, con expresa imposición de las costas».

La Procuradora doña Manuela Real Fernández, en nombre y representación de los demandados (con excepción del señor Jose Luis ), compareció en los autos sin contestar a la demanda.

Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue decla rada pertinente. Unidas las pruebas a los autos las partes evacuaron el trámite de re sumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia de Pola de Lena dictó sentencia con fecha 27 de marzo de 1989, cuya parte dispositiva es como sigue: «Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta por don Rubén contra don Carlos María, don Jose Luis, don Leonardo, don Clemente, don Jesús Manuel, don Roberto, don Gabino, don Alfonso y don Carlos Antonio, debo declarar y declaro no haber lugar a la indemnización de daños y perjuicios suplicada imponiéndole las costas de esta primera instancia.»

Segundo.-Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la parte demandante, la Sección 4.a de la Audiencia Provincial de Oviedo dictó sentencia con fecha 9 de noviembre de 1989, cuya parte dispositiva es como sigue: «Fallo: Acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto por don Rubén contra la sentencia que con fecha 27 de marzo del presente año, dictó el señor Juez del Juzgado de Primera Instancia de Pola de Lena, en los autos de que el mismo dimana y revocar dicha resolución y estimar parcialmente la demanda interpuesta por dicho recurrente, condenando a los demandados don Carlos María, don Leonardo, don Clemente, don Jesús Manuel, don Roberto, don Gabino, don Alfonso y don Carlos Antonio, a abonar solidariamente a aquél la suma de un millón de pesetas, sin expresa imposición de las costas causadas en ambas instancias.»

Tercero.-1. El Procurador don Nicolás Alvarez Real, en nombre de don Carlos María y otros, interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección 4? de la Audiencia Provincial de Oviedo con apoyo en el siguiente motivo. Motivo del recurso. Único: Al amparo del número 5? del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia la aplicación indebida del artículo 1.902 del Código Civil .

2. Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día 16 de enero de 1992, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Excmo. Sr. Magistrado don Jesús Marina Martínez Pardo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Para resolver el presente recurso conviene precisar los siguientes hechos probados que constan en la sentencia recurrida: A) El hoy recurrido, que fue concejal del Ayuntamiento de Quirós, en manifestaciones al periódico «Nueva España» de Oviedo imputó a los hoy recurrentes, Alcalde, Concejal y Secretario del mismo Ayuntamiento, «falsedades en certificación de obra y defectuosa construcción de éstas con empleo de materiales de coste menor a los presupuestados, así como la subida irregular del sueldo del Secretario de la Corporación municipal».

Los señalados en las manifestaciones presentaron querella criminal por injuria contra el autor de las mismas, de la que desistieron al practicarse prueba demostrativa de la veracidad de las imputaciones y aportarse un informe del Consejero de Interior y Administración Territorial del Principado de Asturias.

La presentación de la querella y el rumor público que se difundió por el Concejo de Quirós de que podría ir a la cárcel y arruinarse el querellado sumió a éste en una crisis nervioso-depresiva mostrándose huidizo y sin la sociabilidad que le caracterizaba.

Por la certeza de la imputación, por los efectos de la presentación de la querella luego desistida, generadores de daños morales para el demandante, entendió la Sala de instancia que había de condenarse a los municipales demandados, los cuales recurren articulando un solo motivo que a continuación se analiza.

Segundo.-El motivo se ampara en el número 5? del artículo 1.692 y sostiene que el fallo infringió por aplicación indebida el artículo 1.902 del Código Civil, según el cual el que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado.

El desarrollo del motivo sustancialmente sostiene que la presentación de la querella no puede considerarse acción antijurídica ni ilícita, sino ejercicio normal de un derecho como lo es el pretender reparar el ultraje de unas supuestas injurias. Por ello, en su sentir, falta la acción u omisión culposa precisa para que dicho precepto pueda ser aplicado.

El motivo debe prosperar. El cauce para combatir en casación las condenas impuestas por aplicación del artículo 1.902 es doble. La acción y el resultado dañoso son cuestiones de hecho cuyo cauce natural de casación está en el número 4? del artículo 1.692.

La calificación de los hechos como ilícitos, contrarios a Derecho, o abusivos y no justificados, así como la relación de causa a efecto entre la acción y el resultado constituyen materia jurídica y su cauce de contradicción lo proporciona el número 5? del mismo artículo 1.692, que es precisamente el utilizado por los recurrentes. No se discute, pues, ninguno de los hechos probados, pero sí que de ellos surja la aplicación del artículo 1.902.

El proceso en sí es ejercicio de un derecho constitucional a la tutela efectiva, que si no siempre ha de producir el éxito de la acción, no permite en modo alguno extraer y generalizar que el fracaso o el abandono de una acción revele el carácter abusivo de un intento de ejercicio.

La mera posibilidad jurídica de admitir un proceso tendente a obtener la reparación de los daños causados por otro proceso está admitida en la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 11, en el Código Civil, artículo 7.1 y 2, cuando exigen respetar en los procesos la buena fe y proscriben las actuaciones procesales constitutivas de abuso de derecho o fraude procesal. También lo admite la jurisprudencia (sentencia de 23 de noviembre de 1984). Pero la calificación de actuación abusiva ha de ser tomada con exquisito cuidado y riguroso análisis de la conducta procesal supuestamente abusiva, para no coartar el ejercicio de acciones, así como con estricto estudio de las resoluciones judiciales cuyo contenido puede ser esclarecedor. Y en el caso de autos ningún dato abona la afirmación de que la querella fuere tan gratuita e injustificada que mereciera el calificativo de abusiva.

Por todo ello, debe casarse la sentencia sin que sea preciso analizar si hubo o no relación de causa a efecto entre la presentación de la querella y el estado psíquico producido en el querellado.

Tercero.-Las costas no se imponen a ninguna de las partes en ninguna de las instancias en aplicación de los artículos 523, 896 y 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por entender que en las instancias existen razones suficientes para no aplicar el principio del vencimiento dado el hecho objetivo del estado anímico del actor.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

FALLAMOS:

Que dando lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador señor Alvarez Real, debemos casar la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Oviedo con fecha 9 de noviembre de 1989, confirmando la del Juzgado de Primera Instancia de Pola de Lena desestimando la demanda. Todo ello sin condena en costas en ninguna de las instancias.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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