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Sentencia T.S. (Sala 1) de 4 de febrero de 1992


 RESUMEN:

Hipoteca: Ejecución. Nulidad de procedimiento. Falta de requerimiento de pago a la deudora. Edictos. Inexistencia de domicilio pactado a efectos de notificaciones y requerimientos.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La Procuradora doña Beatriz González Fernández, en representación de doña Montserrat, formuló ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Avila, demanda de juicio declarativo de menor cuantía, contra la «Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Avila» y la entidad «Visaro, S. A.», sobre declaración de nulidad de actuaciones del juicio ejecutivo hipotecario 225/1987 de ese Juzgado; estableciendo en síntesis los hechos y fundamentos de Derecho que tuvo por conveniente, para terminar suplicando «se dictase sentencia declarando la nulidad de determinada providencia (cuya fecha no se especificaba) dictada en el procedimiento ejecutivo especial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 225/1987, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Avila a instancia de la "Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Avila" contra la actora, y, en consecuencia, todas y cada una de las actuaciones practicadas en dicho procedimiento con posterioridad». Admitida la demanda y emplazadas las mencionadas demandadas, compareció en autos en su representación el Procurador don José Antonio García Cruces, que contestó oponiéndose a la demanda y suplicando su desestimación. Convocadas las partes a la comparecencia establecida en el artículo 691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ésta se celebró el día señalado, con asistencia de las partes sin avenencia. Recibido el pleito a prueba, se practicó la que, propuesta por las partes, fue declarada pertinente. Unidas a los autos las pruebas practicadas se convocó a las partes a comparecencia poniéndolas mientras tanto de manifiesto en secretaría para que hicieran un resumen de las mismas lo que verificaron en tiempo y forma, quedando los autos en poder del Sr. Juez para dictar sentencia. El Sr. Juez de Primera Instancia número 1 de Avila, dictó sentencia de fecha 10 de julio de 1989, con la siguiente parte dispositiva: «FALLAMOS: Que desestimando la demanda entablada por la Procuradora doña Beatriz González Fernández, en representación de doña Montserrat contra "Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Avila" y "Visaro, S. A.", representadas por el Procurador don José Antonio García Cruces, declaró no haber lugar a la nulidad de las actuaciones practicadas en el procedimiento ejecutivo especial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 225/1987, seguido en este Juzgado y condeno al pago de las costas originadas a la parte actora.»

Segundo.-El día 1 de febrero de 1990, el Procurador don Rafael Gamarra Megías, interpuesto recurso de casación directo contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Avila, con apoyo en los siguientes motivos: Primero. Al amparo del artículo 1.692-5.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en él se alega infracción por violación de las reglas 3.a y 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, en relación con el artículo 129 de la misma Ley, y el artículo 1.692-5.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Aplicación indebida del artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, violando lo prevenido en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, en relación con el artículo 129 de la misma Ley, y el artículo 6.°-3 del Código Civil . Segundo. Al amparo del artículo 1.692-5.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Aplicación indebida del artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, violando lo prevenido en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria .

Tercero.-Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, señaló para la celebración de vista pública el día 21 de enero de 1992.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Antonio Gullón Ballesteros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Doña Montserrat entabló demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra la «Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Avila» y «Visaro, S. A.», solicitando la nulidad del procedimiento sumario que al amparo de los artículos 131 y concordantes de la Ley Hipotecaria había entablado la primera entidad en ejecución de una hipoteca, constituida por la actora, sobre un inmueble de su propiedad en garantía de un préstamo que la susodicha «Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Avila» le había concedido. El fundamento de su pretensión radicaba en la falta de requerimiento de pago a la actora en los términos ordenados expresamente por la Ley Hipotecaria . Opuestas la «Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Avila» y «Visaro, S. A.», adjudicataria del inmueble subastado en el aludido procedimiento, el Juzgado de Primera Instancia no dio lugar a la demanda, condenando en costas a la actora.

Contra esta sentencia, doña Montserrat interpuso y formalizó recurso de casación directo al amparo del artículo 1.688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Durante su tramitación, la recurrente instó de esta Sala que por haberse vendido el inmueble afecto a la hipoteca ejecutada por el procedimiento cuya nulidad' se instó, se diese cuenta a los adquirentes don Eusebio y su esposa doña Soledad de la existencia de este recurso al objeto de que comparecieren, si así les conviniere, para defender sus derechos. La Sala así lo acordó en su momento.

Segundo.-El primer motivo del recurso se formula al amparo del artículo 1.692-5.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en él se alega infracción por violación de las reglas 3.a y 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, en relación con el artículo 129 de la misma Ley y el artículo 6.°-3 del Código Civil . En la justificación se dice que la diligencia judicial de requerimiento de pago a la deudora ejecutada se practicó en otro sitio distinto al que se debía de haber hecho, que era la carretera de Humera a Aravaca, número 27; y que se sustituyó el requerimiento personal de pago por una notificación por edictos, en contra de la norma imperativa que manda realizarlo de la primera manera.

El motivo tiene necesariamente que perecer en cuanto al primer argumento, pues el recurso de casación directo que autoriza el artículo 1.688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al que la recurrente ha acudido entendiendo que defiende mejor sus intereses, no consiente que se ventilen en él cuestiones de hecho, sino «estrictamente» jurídicas, según los términos en que aparece redactado. Por tanto, no se puede impugnar en él la afirmación que hace el Oficial sustituto del Secretario, al practicar la diligencia judicial de requerimiento en cumplimiento de la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, y según la cual no encontró el número 27, que fue el pactado en la escritura de constitución de hipoteca acatando el artículo 130 de la Ley Hipotecaria y el que figuraba en el Registro de la Propiedad. En suma, es un hecho que el domicilio pactado para notificaciones y requerimientos (Aravaca, Carretera de Humera, 27) no existía al cumplimentarse la diligencia judicial, de lo que da fe el Oficial como sustituto del Secretario ( artículos 281 y 282 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial ).

Por lo que respecta a la tesis de la recurrente de que el requerimiento ha de ser personal y no por edictos, tampoco puede ser acogida. Ciertamente que la regla 3.ª del artículo 131 de la Ley Hipotecaria así lo exige bajo el presupuesto de que se lleve a cabo en el domicilio que aparece en el Registro (que ha de ser el pactado en la escritura de constitución de hipoteca por imperio del artículo 130 de la Ley Hipotecaria ), lo mismo que determina la regla 4.ª de dicho precepto para el requerimiento judicial sustitutivo del notarial también bajo el mismo presupuesto, pero en el caso de autos nos encontramos con un hecho -que, se insiste, no puede ser revisado en el recurso de casación directo- peculiar, cual es que el domicilio pactado en la escritura de constitución de hipoteca no existe en la realidad. Ante ello, es claro que aquellos preceptos son inaplicables, y el Juzgado ejecutante de la hipoteca pudo correctamente hacer uso de lo prevenido en el artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ordenando la publicación de edictos, pues la regla 4.ª del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, al decir que el requerimiento judicial se acreditará en autos «en la forma dispuesta en la Ley Procesal Civil para las notificaciones por cédula» no excluye en modo alguno la vigencia a estos efectos del artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La inexistencia del domicilio consignado en la escritura de constitución de hipoteca para notificaciones y requerimientos puede perfectamente equipararse a los supuestos contemplados en este último precepto, que son: no constancia del domicilio de la persona que debe ser notificada o ignorancia de su paradero.

Tercero.-El motivo segundo y último recurso, a través del artículo 1.692-5.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia aplicación indebida del artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, violando lo prevenido en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria . En su justificación se dice que el artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no puede ser supletorio de la Ley Hipotecaria, porque el artículo 131 de la misma en ningún momento se remite a la Ley de Enjuiciamiento Civil, y porque en el procedimiento hipotecario no se dan los supuestos de hecho del artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que en él siempre hay un domicilio por imperativo del artículo 130 de la Ley Hipotecaria, y si el deudor está ausente en él, la regla 3.ª, en su número 3, del artículo 131 de la Ley Hipotecaria establece lo que ha de hacerse. El motivo tiene necesariamente que perecer, tanto porque el artículo 131 de la Ley Hipotecaria se remite precisamente a la Ley de Enjuiciamiento Civil en su regla 4.ª, como por formularse con olvido de lo que ha de permanecer inalterado en este especialísimo recurso de casación autorizado por el artículo 1.688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que son los hechos probados, y uno de ellos, el trascendente a estos fines, es que el domicilio pactado no existía. Es evidente entonces que no se puede practicar el requerimiento en los términos previstos legalmente.

Por último, la Sala observa que este recurso de casación no puede tener la finalidad de evitar una hipotética indefensión material a la actora, pues queda suficientemente acreditado en autos que conocía la existencia del procedimiento antes de procederse a la subasta del inmueble hipotecado; que pidió a la entidad ejecutante la suspensión de la subasta, y que ofreció fórmulas para pago del resto de la cantidad que debía.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

FALLAMOS:

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador don Rafael Gamarra Megías, en representación de doña Montserrat, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Avila, de fecha 10 de julio de 1989 . Condenando a dicha demandada al pago de las costas causadas en el presente recurso, sin hacer pronunciamiento sobre el depósito al no haberse constituido. Comuníquese esta resolución a la mencionada audiencia con devolución de los autos y rollo que remitió.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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