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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 1) de 28 de febrero de 1992


 RESUMEN:

Hipoteca: Ejecución. Nulidad de procedimiento judicial sumario. Falta de legitimación activa. Posibilida de solicitar nulidad de procedimiento en declarativo posterior quienes no hayan sido parte en un juicio en el que se lesionan sus derechos y se vean privados del ejercicio de éstos. Procedimiento: Nulidad. Notificaciones a interventores de la Suspensión de pagos. Desestimación. Citación personal a un empleado que se obligó a ransmitir la citación a quien, en aquellos momentos, ostentaba tal cargo.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-El Procurador don José Espinosa Lara, en representación de doña Clara, doña Elena y doña Fátima, formuló ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de Córdoba demanda de juicio declarativo ordinario de mayor cuantía, contra «Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba», «Sindicatura de la Quiebra de Confecciones Mármol», don Miguel y la entidad «Rodesan, S. A.», sobre nulidad del proceso del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estableciendo los hechos y fundamentos de Derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando sentencia en su día declarando la nulidad del procedimiento ejecutivo especial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria tramitado como autos número 462/77 del Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de Córdoba en base a estimar concurren todas, alguna o una cualquiera de las infracciones de índole procesal expresadas en los números 1 al 6 del hecho V de la demanda, anulando el referido juicio especial hipotecario así como todas sus actuaciones y trámites incluso el auto de adjudicación a la demandada «Rodesan, S.A.», del bien inmueble objeto de ejecución hipotecaria, ordenando la cancelación y anulación de todas las anotaciones e inscripciones practicadas en el Registro de la Propiedad de Andújar (Jaén) en virtud de actuaciones y resoluciones recaídas en el juicio que se impugna, condenando a los demandados a estar y pasar por tales declaraciones y al pago de las costas procesales por su temeridad y mala fe. En las respectivas contestaciones formuladas por los demandados se oponían a las pretensiones de adverso, analizándose los defectos procesales denunciados para llegar a la conclusión de que tales defectos no habían existido, por lo que solicitaban la absolución de la demanda. Sin embargo, la representación de la «Sindicatura de la Quiebra», también demandada, se adhería a las peticiones del actor, por sus mismos argumentos. Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas. Unidas a los autos las pruebas practicadas, se entregaron los mismos a las partes por su orden para conclusiones, trámite que evacuaron en sus respectivos escritos, en los que solicitaron se dictase sentencia, de acuerdo con lo que tenían interesado en los autos. El limo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia número 1 de los Córdoba, dictó sentencia de fecha 21 de mayo de 1986, cuyo fallo es como sigue: Que desestimando la demanda formulada por el Procurador señor Espinosa Lara, en representación de doña Clara, doña Elena y doña Fátima, debo absolver y absuelvo de la misma a los demandados «Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba», «Sindicatura de la Quiebra de Confecciones Mármol», don Miguel y «Rodesan, S. A.», condenando a dichos actores al pago de las costas causadas. En cuanto al otrosí del escrito de conclusiones formulado por la parte actora, no ha lugar, sin perjuicio de ejercitar el derecho a que se crea asistido, dónde y como corresponda.

Segundo.-Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de Primera Instancia por la representación de las demandantes, y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla, dictó sentencia con fecha 23 de enero de 1989, cuyo fallo es como sigue: Que con expresa imposición a los apelantes de las costas originadas en esta Segunda Instancia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada que con fecha 21 de mayo de 1986, dictó en los autos de este rollo el limo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia número 1 de los de Córdoba por la que, desestimando la demanda formulada en nombre de doña Clara, doña Elena y doña Fátima, absolvió de la misma a los demandados «Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba», «Sindicadura de la Quiebra de Confecciones Mármol», don Miguel y «Rodesan, S. A.», condenando a dichos actores al pago de las costas causadas. En cuanto al otrosí del escrito de conclusiones formulado por la parte actora, no había lugar, sin perjuicio de ejercitar el derecho a que se creía asistido, dónde y como correspondiera.

Tercero.-La Procuradora doña Teresa Bustos Pardo, en representación de doña Clara, doña Elena y doña Fátima, ha interpuesto recurso de casación contra sentencia pronunciada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla con apoyo en los siguientes motivos: Primero. Por infracción de normas jurídicas y/o jurisprudencia aplicable a la resolución de las cuestiones debatidas; con amparo en el artículo 1692 número 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Segundo. Por infracción de normas del ordenamiento jurídico y jurisprudencia de aplicación al caso de autos con base en el artículo 1692 número 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Tercero. Por infracción de normas legales y jurisprudencia que son de aplicación para resolver cuestiones debatidas en los autos (artículo 1692 número 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Cuarto. Por infracción de normas legales de aplicación al caso de autos para la resolución de las cuestiones en él debatidas (artículo 1692 número 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Cuarto.-Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, se señaló para la celebración de vista el día 13 de febrero de 1992.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don José Luis Albácar López.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Promovida por doña Clara, doña Elena y doña Fátima, ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de Córdoba, demanda de juicio ordinario de menor cuantía contra el «Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba», la «Sindicatura de la Quiebra de Confecciones Mármol», don Miguel y la entidad «Rodesan, S. A.», sobre nulidad del procedimiento judicial sumario seguido ante el mismo Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de Córdoba a instancia del «Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba» para la ejecución de la Hipoteca concertada entre dicha entidad y «Confecciones Mármol, S. A.», con fecha 23 de enero de 1989 recayó sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla en la que, confirmando la dictada por el referido Juzgado el 21 de mayo de 1986, se desestimaba la demanda, sentencia contra la que por las actoras se interpuso el presente recurso de casación por infracción de Ley y en la que se hace constar que la entidad «Mármol, S. A.», presentó suspensión de pagos y posteriormente la quiebra, en cuyo procedimiento se reconocieron créditos en favor de las actoras recurrentes, que no pudieron, sin embargo, percibir el importe de sus créditos debido a que los únicos bienes que poseían los quebrados eran los que fueron objeto de subasta en el procedimiento del artículo 131, cuya nulidad se procede en las presentes actuaciones.

Segundo.-El primero de los motivos del recurso se ampara en el ordinal 5.° del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y estima infrigido, por inaplicación, el artículo 132.4.°, párrafo sexto, así como la doctrina jurisprudencial que lo interpreta, alegando que de ellos se deduce la legitimación de las actoras, en cuanto interesadas que son para solicitar la nulidad del título de las actuaciones seguidas en el procedimiento del artículo 131, legitimación ésta negada por la resolución recurrida, motivo que deberá ser estimado en atención a las siguientes razones: Primera. Que esta Sala, en sentencia de 10 de abril de 1901, 1 de julio de 1904, 8 de marzo de 1929, 30 de abril de 1930, 22 de diciembre de 1967 y 4 de diciembre de 1980, viene reconociendo la procedencia de solicitar y declarar la nulidad de actuaciones en un procedimiento judicial a través de un juicio declarativo posterior instalado por quien no fue parte en aquél, en cuanto se den los requisitos precisos al respecto, cuales son la de lesión o perjuicio derivado de un resultado desfavorable a quien solicita la nulidad, consecuencia de la violación de un precepto de carácter sustantivo o procesal, explicitando la resolución últimamente citada que según tiene reconocido esta Sala en sentencia de 30 de abril de 1930 debe admitirse la posibilidad de que quienes no fueron parte en juicio anterior en el que se lesionen sus derechos y se vean privados del ejercicio de éstos puedan hacerlo posteriormente en juicio distinto, de tal manera, como admite la también sentencia de esta Sala de 22 de diciembre de 1967, que un tercero que no fue parte en juicio ejecutivo planteado puede instar en procedimiento ordinario la nulidad de actuaciones del procedimiento de apremio para que sea declarada la existencia de una voluntad legal amparada en su derecho, no es más que el lógico reconocimiento de la precisión de arbitrar un adecuado marco procesal para que un tercero en un determinado proceso, y que por no figurar como parte en los autos que lo configura no puede normalmente insertarse directamente en él como parte, pueda actuar en defensa de los atentados que a su derecho pudieran derivarse, dando vida a lo que ya en determinadas modernas orientaciones legislativas se regula expresamente, cual sucede en el Procedimiento Civil Italiano, al prevenir su artículo 404 que «un tercero puede hacer oposición contra la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, o simplemente ejecutiva, dictada entre otras personas, cuando perjudique sus derechos», y que ya viene teniendo acogida en la legislación española, cuando en el párrafo décimo del artículo 132 de la Ley Hipotecaria viene a autorizar el planteamiento por terceros interesados, a través de juicio declarativo, de reclamaciones sobre nulidad del título de las actuaciones de un procedimiento judicial sumario de ejecución hipotecaria del artículo 131 de la misma Ley Hipotecaria, y en igual sentido se manifiestan los párrafos séptimo de los artículos 85 y 93 de la Ley Hipotecaria Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión . Segunda. Que si tenemos en cuenta que en las actuaciones de que dimana el presente recurso se solicita la nulidad de un juicio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria por quienes, aun sin ser parte en el mismo, deben reputarse interesados en obtener la declaración de nulidad de las actuaciones, al haberse quedado sin percibir un crédito contra la demandada «Confecciones Mármol, S. A.», como consecuencia de la insuficiencia de bienes en la masa de la quiebra de la misma, obvio es reconocer que la resolución recurrida, al denegar tal posibilidad, infringió la norma citada, por lo que debe estimarse el presente motivo.

Tercero.-No merecerán, sin embargo, idéntica suerte estimatoria los restantes motivos que aducen una serie de infracciones de procedimiento en base a las cuales pretenden la declaración de nulidad del procedimiento del artículo 131, y que no podrán ser estimados, pues si, por una parte, no cabe entender, con el motivo primero, que se haya infrigido el artículo 131, reglas 3.ª, número 3, párrafo 2, y 4.º, párrafo 1.°, de la Ley Hipotecaria, en cuanto que, como acertadamente razona la resolución recurrida, en el requerimiento de pago se cumplió lo dispuesto en la regla 4.a del artículo 132, en relación con el artículo 266 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al entregarse la cédula a la persona que dijo ser empleado, sin que se advierta infracción alguna imputable al órgano que lo practicó, y, por otra, tampoco cabe estimar la existencia de infracción de la regla 5.ª del artículo 131, en relación con los artículos 266 a 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativa a la notificación a los Interventores de la Suspensión de Pagos, defecto éste denunciado en el motivo tercero, toda vez que consta que se citó personalmente a uno de ellos, quien se obligó a transmitir la citación a quien, en aquellos momentos, ostentaba tal cargo, finalmente, y por lo que se refiere al motivo cuarto, en el que se acusa infracción de la regla 14 del artículo 131, al admitir la prestación de un afianzamiento a medio de un cheque o talón para tener como postor a don Miguel en la subasta pública celebrada el 10 de marzo de 1980, y aun proclamando que la misma debió ser prestada en dinero efectivo, ha de concluirse que tal anomalía en modo alguno reviste una gravedad tal que pueda provocar la declaración de nulidad de una actuación procesal, por lo que al rechazarse estos tres últimos motivos y haberse de producir una resolución que, al igual que la recurrida, deniega la declaración de nulidad solicitada en la demanda, procede, por razones de economía procesal y de acuerdo con una reiterada doctrina de esta Sala, acordar la desestimación del recurso de casación planteado.

Cuarto.-Siendo la presente resolución denegatoria del recurso de casación, deben imponerse a las recurrentes las costas causadas en el mismo, sin perjuicio del derecho a asistencia judicial gratuita que tienen concedido.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por doña Clara, doña Elena y doña Fátima contra la sentencia que, con fecha 23 de enero de 1989, dictó la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla ; se condena a dicha parte recurrente al pago de las costas, y líbrese a la citada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los Autos y Rollo de Sala en su día remitidos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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